Las imágenes conocidas en las últimas horas no equivalen a una condena judicial. Pero, puestas al lado del expediente federal en Tampa, de los vínculos de un socio de su bufete y de las respuestas políticas que siguieron, sí revelan algo más inquietante: la comodidad con la que en Colombia la respetabilidad pública vuelve a rozarse con las sombras del narcotráfico sin que nadie crea deber explicaciones suficientes.
En Colombia, la corrupción rara vez se presenta como una irrupción brutal. Casi siempre llega peinada, perfumada y con discurso de orden. Habla de patria, de seguridad, de moral pública. Y cuando alguien pregunta demasiado, responde con indignación, como si la mera exigencia de explicaciones fuera una ofensa. Por eso el revuelo de estas horas no está solo en una fotografía. Está en lo que esa fotografía activa: una cadena de nombres, relaciones y expedientes que vuelven a colocar demasiado cerca a la política, a los bufetes y a las zonas grises del crimen organizado.
En Colombia, el problema no es solo quién aparece en la foto. El problema es por qué siempre terminan apareciendo los mismos mundos en el mismo encuadre
El dato duro no vino de la foto, sino del expediente
La pieza más sólida de este episodio no surgió de un trino airado, sino de la cobertura de Univision Investiga sobre la audiencia federal en Tampa. Allí se reportó que el juicio por lavado de dinero y fraude electrónico contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, fue aplazado, y que además se le notificó un cargo adicional por lavado de activos. Según esa investigación, Hernández habría cobrado sumas millonarias a narcotraficantes a cambio de promesas falsas de reducciones de condena y otros beneficios judiciales que no estaba en capacidad de ofrecer.
Ese mismo reporte introdujo el elemento que volvió políticamente explosivo el caso en Colombia: Boliche trabajó como colaborador legal en la oficina en Miami del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y fuentes citadas por Univision sostienen que el abogado Daniel Peñarredonda, antiguo hombre de confianza del bufete es considerado por la fiscalía como un posible cómplice no acusado y podría ser llamado como testigo. El matiz importa: el expediente reseñado por Univision no menciona participación directa de De la Espriella en la trama de fraude. Esa precisión no exonera políticamente a nadie, pero sí obliga a separar lo que está documentado de lo que todavía pertenece al terreno de las sospechas o las interpretaciones.
Las fotos no prueban un delito, pero sí exigen explicaciones
Ahí entran las imágenes. Caracol Radio informó sobre una nueva fotografía en la que se ve a De la Espriella sonriente junto a alias Boliche, quien aparece abrazándolo y sosteniendo una botella de vino. El mismo reporte añadió otra imagen de Daniel Peñarredonda con Boliche frente a un concesionario de Mercedes-Benz en Florida. No es una prueba penal. No es una sentencia. Pero sí es una señal política de alto calibre, sobre todo cuando aparece amarrada a un proceso federal, a una relación laboral previa y a un socio señalado en esa historia judicial.
La defensa clásica en estos casos suele ser infantil: “una foto no demuestra nada”. Y es verdad, pero incompleta. Una foto sola no demuestra nada. Una foto dentro de una secuencia de relaciones, coincidencias, sociedades, visitas y expedientes demuestra al menos una cosa: que el país tiene derecho a exigir una explicación pública seria. Lo contrario sería pedirle a la ciudadanía que acepte como paisaje normal aquello que, en cualquier democracia mínimamente sana, activaría controles reputacionales inmediatos.
La foto no condena. Pero tampoco absuelve la cercanía, el silencio ni la costumbre de rodearse siempre de las personas equivocadas.
El socio incómodo y el perímetro del bufete
El caso no sería tan delicado si se limitara a una amistad mal explicada. Pero no es así. De acuerdo con Univision y con el recuento de Caracol, Daniel Peñarredonda fue un hombre cercano a la estructura empresarial de De la Espriella y llegó a tener el 3 % de participación en De la Espriella Lawyers, mientras el candidato figuraba como socio mayoritario. Además, Caracol recordó sus visitas a Álex Saab cuando este estuvo detenido en Estados Unidos y su aparición reciente, con papelería del bufete, como apoderado de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Cuando el perímetro de un proyecto político empieza a parecer un catálogo de nombres incómodos, el problema ya no es de relaciones públicas: es de criterio.
Y aquí aparece la gran ironía de esta historia. Una de las banderas públicas de De la Espriella ha sido la mano dura contra el narcotráfico. Pero la política colombiana tiene una tendencia grotesca a moralizar en público mientras explica en voz baja por qué sus cercanos siempre terminan orbitando alrededor de personajes que huelen a expediente, a contrabando, a lavado o a estructuras de poder opacas. La mano dura sirve mucho para los discursos; para las amistades, al parecer, se prefiere el guante de seda.
Petro, Guillén y la guerra por el relato
El episodio escaló cuando Gustavo Petro publicó un collage con varias imágenes y escribió que allí se veía a “mafiosos colombianos en Miami”, relacionando esa escena con el lobby de la extrema derecha de Florida. Poco después, Gonzalo Guillén publicó otra de las fotos y lanzó una acusación más severa todavía. Ambas intervenciones multiplicaron el impacto político del caso, pero también obligan a mantener una disciplina básica: diferenciar entre denuncia pública, interpretación política y prueba judicial. El ruido partidista no puede reemplazar el rigor, pero tampoco puede tapar la pregunta de fondo.
Porque el verdadero problema no es si Petro exageró o si Guillén endureció el lenguaje. El verdadero problema es que el terreno estaba fértil para que esa ofensiva prendiera. Y estaba fértil porque ya existían los elementos previos: el expediente federal, la relación de Boliche con la oficina de Miami, la mención de Peñarredonda como figura clave del caso y las fotografías que exhiben una proximidad que no luce precisamente accidental.
Lo que esta historia revela sobre el sistema
El caso importa por una razón mayor que cualquier pelea electoral: retrata la lógica de la corrupción estructural. No como una secuencia de escándalos aislados, sino como un ecosistema donde la proximidad entre poder formal y márgenes criminales deja de ser excepción y empieza a comportarse como rutina. En ese ecosistema, la impunidad no necesita esconderse demasiado. Le basta con cansar a la ciudadanía, fragmentar la atención y convertir toda exigencia ética en una simple riña entre bandos.
También retrata un viejo vicio mental del debate público colombiano: el sesgo de confirmación. Los partidarios del candidato dirán que todo esto es una conspiración. Sus enemigos dirán que la foto basta para condenarlo todo. Entre esos dos reflejos automáticos se pierde lo esencial: un país serio no absuelve por simpatía ni condena por instinto; exige claridad, contexto, documentos y respuestas. Pero exige respuestas. Y ahí está justamente lo que más ha faltado.
La impunidad moderna no siempre se esconde: a veces posa sonriendo, abraza, brinda y luego se declara perseguida.
La pregunta ya no es si una fotografía basta para destruir una candidatura. La pregunta es por qué en Colombia seguimos tratando como accidente lo que empieza a parecer patrón. Un exinformante con pasado narco acusado en Estados Unidos. Un abogado cercano a un candidato señalado en ese proceso como figura relevante. Un bufete cuyo entorno vuelve a aparecer junto a nombres de alto riesgo. Y una respuesta pública que, en vez de despejar dudas con serenidad, prefiere la épica del agravio.
La foto no es el escándalo. El escándalo es que el país haya aprendido a convivir con estas cercanías como si fueran una travesura de campaña y no un síntoma de deterioro institucional. Porque cuando la política se acostumbra a caminar demasiado cerca de las sombras, el problema deja de ser quién salió en la imagen. El problema es quién terminó normalizando la oscuridad.
