Entre 2024 y 2025, la administración de Carepa mostró expansión presupuestal, una agenda visible de contratación y avances altos en gobierno, salud y educación. Pero al cruzar los Excel oficiales, el informe de evaluación interna, el rezago PDET, la percepción ciudadana y la contratación pública, aparece una gestión profundamente desigual: fuerte en narrativa institucional, débil en infraestructura, movilidad y cierre de brechas rurales.
La administración de Agapito Murillo no muestra un colapso generalizado, pero sí una gestión profundamente desigual. Donde más avanzó fue en seguridad institucional, salud y parte de educación; donde más falló fue en infraestructura básica, movilidad, cierre rural-PDET y consistencia entre planeación, contratación y ejecución efectiva. Con la metodología que se explica abajo, la calificación global es 6.1/10, equivalente a regular. Ese puntaje no permite sostener, con el estándar jurídico exigible, una tesis cerrada de prevaricato por omisión; sí permite hablar de alertas serias de omisión administrativa, baja trazabilidad y riesgo disciplinario/fiscal.
Metodología transparente
Este artículo combina cuatro capas de evidencia: i) los Excel presupuestales y de regalías entregados en la conversación; ii) el Plan de Desarrollo, el Plan de Acción 2025, el POAI y el informe oficial de evaluación de gestión; iii) la percepción ciudadana y el rezago PDET; y iv) verificación contractual en SECOP/SECOP II. Para puntuar los cinco indicadores usé una regla simple: 50% cumplimiento institucional reportado por Control Interno, 30% soporte presupuestal/ejecución, y 20% alineación con prioridades ciudadanas y rezagos territoriales.
Hallazgos fiscales centrales
Entre 2024 y 2025 los ingresos analizados pasaron de $44.319 millones a $60.154 millones, un salto de 35,7%. Pero el dato más importante no es el crecimiento bruto sino su composición: la participación de los ingresos corrientes de libre destinación cayó de 36,2% a 31,4%, mientras en 2025 aparece una dependencia nueva y pesada del crédito interno, equivalente a 14,8% del total analizado. En otras palabras: la caja creció, pero con menor autonomía relativa y con apalancamiento.
Del lado del gasto, los pagos totales subieron de $90.580 millones en 2024 a $108.331 millones en 2025. La inversión siguió siendo dominante en ambos años, con cerca de 84,6% y 84,7% del total pagado, pero la eficiencia de esa inversión empeoró: los pagos sobre compromisos de inversión bajaron de 88,9% en 2024 a 66,7% en 2025. Es decir, la administración comprometió mucho más de lo que efectivamente pagó, lo que suele anticipar rezagos de ejecución, traslados o cuellos de botella contractuales.
En regalías aparece una de las alertas más delicadas. La hoja 2024 muestra una asignación ligada a Asignación para la Paz y una ejecución completa de esa bolsa; en 2025, en cambio, la estructura de ingresos del SGR crece, pero los pagos sectoriales identificables en la hoja de gasto son mucho menores y se concentran en ambiente y desarrollo sostenible, a través de una línea de transferencias de regalías para ser ejecutadas por otras entidades. Traducido: entra plata, pero la huella de obra o pago directo municipal es mucho más débil, y en 2025 la evidencia del propio archivo apunta más a transferencia que a inversión visible ejecutada por la alcaldía.
Hay una anomalía adicional: los archivos de deuda créditos, renta pignorada y vigencias futuras suministrados para 2024–2025 llegan con las líneas numéricas en cero, mientras el propio gasto sí registra pagos por servicio de deuda de $2.791 millones en 2024 y $3.315 millones en 2025. Eso no autoriza a afirmar que Carepa no tenga deuda; obliga a afirmar algo distinto y más importante: la trazabilidad documental del endeudamiento quedó incompleta o inconsistente en los insumos reportados, y esa inconsistencia ya es, por sí sola, una alerta de control.
Plan, Acción y comunidad: dónde coincide y dónde se rompe
El Plan de Desarrollo “Un plan siempre con el pueblo” organiza las promesas en cinco grandes frentes: seguridad, salud, educación, vivienda/servicios públicos y desarrollo rural-sostenible, todos vinculados con ODS y con la lógica PDET. En el papel, la arquitectura estratégica es coherente: seguridad y convivencia conectan con ODS 16; salud, con ODS 3; educación, con ODS 4; agua, saneamiento y hábitat, con ODS 6 y 11; y desarrollo rural con ODS 2 y 8. Plan de Desarrollo 2024–2027
El problema aparece al cruzar esa promesa con el informe oficial de evaluación 2024. Gobierno reportó 95,7%; Salud, 98%; Educación, 82,1%–82,5%. Pero Planeación y Obras se quedó en 40%, y Tránsito en 33%. Es decir: la administración sí logró mover frentes sociales e institucionales, pero falló donde la ciudadanía suele medir el gobierno con el cuerpo: vías, acueducto, alcantarillado, movilidad y entorno físico. Informe de Evaluación a la Gestión 2024
La percepción ciudadana no contradice ese diagnóstico; lo afina. La encuesta de satisfacción de 2025 da 91% de respuestas positivas, pero las inconformidades se concentran en tiempos de espera, lentitud en respuestas, mala señalización, comunicación interna deficiente y condiciones físicas de atención. O sea: la gente no está diciendo “todo está mal”; está diciendo algo más corrosivo para un gobierno local: “me atienden bien, pero el sistema no fluye”. Encuesta de Satisfacción 2025
En PDET la fractura es todavía más nítida. Carepa tiene 118 iniciativas; avanzan mejor educación rural, infraestructura y tierras, vivienda/agua/saneamiento, reactivación económica y alimentación, pero están rezagados ordenamiento de la propiedad rural, salud rural y reconciliación-paz. Ese rezago importa porque desmiente cualquier lectura triunfalista del municipio: donde el territorio más necesita cierre de brechas, el avance sigue siendo parcial. Informe PDET 2023
Contratación: lo que sí se ve y lo que no termina de cerrar
La contratación visible de 2024–2025 muestra una apuesta fuerte por alimentación escolar y obras urbanas. En los hallazgos más altos aparecen el convenio PAE 2024, la licitación PAE 2025 y varios contratos de pavimentación y mandato interadministrativo de 2025, entre ellos el gran convenio con VIVA/EDURHA para mejoramiento de vivienda rural y varias intervenciones viales urbanas. La administración además exhibe como logro político la gestión de $7.000 millones ante la UNGRD para protección de la margen izquierda del río Carepa, un proyecto necesario por el desplazamiento de 15 familias en Brisas del Río. Boletín oficial río Carepa, SECOP II Antioquia
Sobre los contratos “relacionados con Carepa”, la revisión arroja un resultado mucho más modesto de lo que sugeriría una gran línea de inversión: en 2024 y 2025 aparecen contratos del IMDER Carepa para mantenimiento, jardinería y embellecimiento de zonas verdes, por $7,86 millones y $19,6 millones. No aparece, en los hallazgos revisados del período, un macrofrente de inversión municipal 2024–2025 denominado “Jardín” que altere la lectura fiscal de fondo; lo que sí hay es gasto menor asociado a jardinería y un antecedente 2023 sobre placas deportivas en el sector El Jardín, fuera del bienio analizado. SECOP II Antioquia
Cinco indicadores de gestión
Con la metodología ya explicada, propongo esta matriz:
| Problema prometido | Evidencia principal | Puntaje 0-10 |
|---|---|---|
| Seguridad y convivencia | Gobierno 95,7%; buena respuesta institucional, pero rezago PDET en paz | 8,0 |
| Salud | Salud 98%; buen aseguramiento, pero rezago de salud rural y 0% anticorrupción sectorial | 7,5 |
| Educación | 82,1%–82,5%; avance alto, aún incompleto | 7,0 |
| Agua, saneamiento e infraestructura | Planeación y Obras 40%; rezagos críticos en acueducto/alcantarillado | 3,5 |
| PDET, ruralidad y empleo | SAMA 73%, pero rezagos PDET y baja contundencia de cierre rural | 4,5 |
El promedio es 6,1/10, que clasifico como regular. La foto es la de una administración que puede mostrar logros administrativos, pero no todavía una transformación territorial equilibrada. Su mayor debilidad no es la ausencia absoluta de gestión, sino la asimetría: gobierna mejor los frentes de oficina que los frentes de territorio.
Cumplimiento con ODS
En ODS, Carepa exhibe un desempeño parcialmente favorable en ODS 16 por el resultado de Gobierno, aceptable en ODS 3 y ODS 4 por salud y educación, y débil en ODS 6 y ODS 11 por los rezagos de agua, saneamiento, vivienda e infraestructura. En ODS 2 y ODS 8 el balance es intermedio: existe discurso de reactivación y ruralidad, pero el PDET muestra que la deuda territorial sigue viva.
¿Alcanza para hablar de prevaricato por omisión?
Jurídicamente, no basta con que haya mala gestión, lentitud o desorden documental. El artículo 414 castiga al servidor público que “omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”, pero la propia dogmática penal exige algo más que ineficiencia: el deber omitido debe estar claro en la Constitución o la ley, y la conducta debe ser dolosa, es decir, deliberada. La Corte Suprema ha sido explícita en distinguir entre falta disciplinaria y delito: un incumplimiento administrativo sin prueba de voluntad deliberada de omitir no basta para condena penal.
Por eso, con lo que hoy existe, nuestra conclusión responsable es esta: no hay base suficiente para afirmar en firme que la administración de Carepa constituye prevaricato por omisión. Sí hay base para sostener que existen indicios de omisión administrativa relevante, sobre todo si obras priorizadas no pasan del papel a la ejecución, si las áreas críticas de infraestructura siguen en 40% o menos, y si los archivos de deuda/vigencias no dialogan con los pagos presupuestales. Eso merece auditoría fiscal, control disciplinario y revisión de cadena documental, no una imputación penal automática. Informe de Evaluación 2024, Corte Suprema SP11235-2015
La conclusión incómoda no es penal sino ética y territorial. Carepa no exhibe un gobierno inútil; exhibe un gobierno insuficientemente coherente para las brechas que prometió cerrar. Seguridad, salud y parte de educación avanzan. Infraestructura básica, movilidad y cierre PDET siguen respirando por debajo de la promesa. Y cuando un alcalde logra comunicar mejor de lo que logra transformar, el riesgo no es solo financiero: es democrático. Porque la corrupción, a veces, no entra por la puerta del escándalo; entra por la normalización de la brecha entre lo que se anuncia y lo que el territorio alcanza a tocar.
La pregunta final, entonces, no es si Carepa tiene cifras para defenderse. Las tiene. La pregunta es otra: ¿tiene resultados territoriales suficientes para que esas cifras merezcan confianza pública?
