En Puerto Colombia: ¿Becas a cambio de… votos?
Los recursos que un Estado destina a las poblaciones más vulnerables a través de cualquiera de sus dependencias, instituciones o entidades, de los órdenes nacional, regional o local, deberían ser más que cuidados, sagrados, y controlados para que sean invertidos de manera eficaz y realmente beneficien a quiénes van dirigidos estos programas.
Sin embargo, en Colombia, suele ocurrir todo lo contrario y lo que terminan haciendo políticos, funcionarios y empresarios corruptos es apropiarse de estos recursos a través de artimañas contractuales y así abultar sus billeteras, o aprovechándose de las necesidades de esta población para conseguir réditos políticos.
Tal situación se da de manera recurrente con los programas de ayudas para estudios de cualquier nivel, o como se ha demostrado por parte de los organismos de control del país, hasta con los programas de alimentación escolar.
Y eso podría estar pasando en el municipio de Puerto Colombia, al norte del departamento del Atlántico, donde la administración municipal creó un Fondo Educativo, supuestamente para otorgar ayudas económicas a estudiantes que hayan culminado su bachillerato y que quieran cursar sus estudios de pregrado.
El Fondo Educativo para la Educación Técnica, Tecnológica, Formación Complementaria o Superior en el municipio de Puerto Colombia, fue creado mediante el acuerdo 011 del 2017 y modificado mediante el acuerdo 011 de septiembre del 2022 y se transformó en el Fondo Educativo Municipal para la Financiación de la Calidad Educativa “Fondo Becas a la Excelencia Porteña”, como un fondo especial del presupuesto municipal con autonomía.
En este punto hay que advertir que el acuerdo 011 del 2017, que inicialmente creó el Fondo, no aparece publicado en ningún documento digital por lo que fue imposible saber qué cambios se dieron con la creación del nuevo fondo.
Tras la modificación, en el año 2023 este Fondo realizó convenios por el orden de los $4.307.516.272 con 18 instituciones académicas, de las cuales 17 son privadas y solo una estatal (Universidad del Atlántico). Figuran en el listado entidades como la Universidad Autónoma del Caribe, la Libre, la CUC, la del Litoral, como también otras instituciones académicas que ofrecen carreras técnicas, pero de poco renombre, como el Instituto Centro de Sistemas SAS o la Corporación Universitaria Americana. El convenio más costoso se firmó con la Autónoma, por el orden de los $1.101.016.384.
Este año a partir de marzo, la administración municipal volvió a firmar sendos convenios con distintas universidades por el orden de los $7.602.874.542. El Municipio financia la matrícula en un 70%, es decir $5.322.012.179 y el restante lo aportan las instituciones educativas.
Ahora bien. Resulta que, en el municipio de Puerto Colombia, de acuerdo a información del Ministerio de Educación se gradúan de bachiller en promedio cada año, no más de 1.700 alumnos. Pero, no más de 950 pertenecen a instituciones de carácter oficial. Del total de los 23 centros educativos ubicados en el área de Puerto Colombia, solo 7 son públicos. El resto son instituciones privadas que además, son de los más costosos del Área Metropolitana de Barranquilla, a donde acuden en su gran mayoría estudiantes de estratos 5 y 6.
Entonces, si la administración municipal hubiese aplicado de manera estricta lo que menciona el acuerdo, en el sentido de que los recursos del Fondo se destinarán a jóvenes graduados de escasos recursos o que no cuentan con dinero para acceder a la educación superior, estaríamos hablando de que toda la población estudiantil de Puerto Colombia con esa condición, hoy día, debe estar matriculada en alguna de las 16 instituciones de educación técnica o superior con las que este año firmó convenios, siendo nuevamente el de mayor rubro, el de la Universidad Autónoma del Caribe, por valor de $2.322’257848.
Según los documentos reportados en la plataforma del Secop II, en esta institución fueron matriculados un total de 435 estudiantes a través de este convenio. Otros 25, en la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca; otros 15 en la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud (Uncorsalud) y otros 43 en la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL). Para un total de 518 alumnos que según los listados ya se han beneficiado del programa, y cuyas matrículas suman, $2.600’113.246. De esa suma, el Fondo municipal, entonces, desembolsó $1.820.079.272, correspondiente al 70% del valor de la matrícula.
Sin embargo, en la documentación reportada de los restantes 12 convenios no figura ninguna certificación o listado de estudiantes matriculados, ni de las carreras que cursan, por lo que se desconoce si en efecto, los otros 430 estudiantes que el año pasado culminaron su bachillerato, en alguna institución educativa pública de Puerto Colombia se acogieron a este programa.
Ahora bien, de ser esto cierto, al hacer una división entre el valor total de los convenios firmados y los 950 estudiantes que cada año egresan del grado 11 en Puerto Colombia, estaríamos hablando de que entre el Municipio y las entidades educativas, están supuestamente financiado carreras de 8 millones de pesos por semestre a cada estudiante, lo cual resulta inverosímil, absurdo y falso, pues, por ejemplo, en el caso de la CUL, ningún programa supera los $2.700.000 por matrícula en pregrado.
¿O, es que el municipio de Puerto Colombia está también financiando con recursos públicos la educación superior de jóvenes que no hacen parte de esa población vulnerable a la que se refiere el Acuerdo? Esa pregunta tendrán que hacerla los órganos de control o el propio Ministerio de Educación a la administración de Puerto Colombia, pues no hay documentación reportada sobre qué carreras o a cuantos estudiantes de pregrado o postgrado se están supuestamente financiando con estos recursos.
De hecho, el pasado mes de febrero el alcalde de Puerto, Plinio Cedeño Gómez, habría asegurado que este programa ya beneficiaba a más de “1.850 nuevos estudiantes”. Y Que habían renovado las matrículas de 1.694 estudiantes.
Un hueco por donde se escapan los recursos
Otro detalle del acuerdo del 2022 que genera suspicacia y que evidentemente se presta para hacer un manejo irregular de estos recursos, es el artículo Tercero relacionado con los Objetivos del Fondo.
“Su objetivo es la financiación con becas o subsidios, de la calidad educativa del municipio de Puerto Colombia-Atlántico, promover y fortalecer los procesos educativos para el acceso a la educación técnica laboral por competencias laborales (Formación para el trabajo), técnica profesional, tecnológica, formación superior y complementaria de los niñas, niños y jóvenes residentes en Puerto Colombia, que hayan realizado su ciclo de secundaria y media en los colegios oficiales del municipio y tengan acceso a la educación en institutos técnicos de formación para el trabajo, corporaciones educativas o universidades del orden nacional o local”.
Pero, a renglón seguido pasa a describir en cuatro puntos que el apoyo representado en subsidios o becas, será también para “pasantías y prácticas estudiantiles de educación técnica, tecnológica, pregrado y postgrado de educación superior”. Para la “formación docente y apoyo a proyectos de calidad educativa” y “apoyo a educación para adultos”.
Adicionalmente, en el mismo artículo Tercero, parágrafo segundo, se señala que los beneficiados tendrán acceso a las ayudas en dos modalidades o una beca o un subsidio que equivale a un “Apoyo económico para financiar gastos de manutención, transporte, alimentación, alojamiento, libros, actividades académicas, extracurriculares, diplomados, cursos de lenguas extranjeras, intercambios estudiantiles, dentro o fuera del país, congresos, foros asambleas y eventos en que se exalte la investigación”.
O sea, palabras más, palabras menos, el tan cacareado interés de subvencionar a los jóvenes porteños de escasos recursos, termina siendo la excusa perfecta para financiar con recursos públicos, el postgrado o la formación profesional a cualquier persona, que incluso cuente con recursos económicos propios para hacerlo, pues en ninguno de los apartes del acuerdo se especifican las condiciones para acceder a las ayudas, solo que los estudiantes de pre o postgrado deben cumplir con un promedio mínimo en sus calificaciones a partir del segundo semestre.
Por último en su artículo Quinto se indica que el Comité Técnico Operativo del Fondo estará integrado por el Alcalde, y los secretarios General, de Hacienda, de Gobierno, de Educación y Jurídica, que entre otras funciones define las condiciones y requisitos de la población beneficiada.
Y aquí surgen varias preguntas ¿por qué no se conocen los listados de los estudiantes supuestamente ya favorecidos con becas o subsidios económicos? ¿por qué un fondo creado supuestamente para favorecer a estudiantes de grado 11 de los colegios oficiales y su inclusión en la Educación Superior, termina modificando su objetivo? ¿Bajo qué criterios se les dan las ayudas con dineros públicos a otras personas no estudiantes para que adelanten postgrados o cualquier otro tipo de capacitación?
En este punto vale recordar cómo los programas de becas o subsidios para estudios, o para viviendas, y otro tipo de necesidades, son utilizados para el constreñimiento al elector donde se ofrecen estas subvenciones a cambio de votos.
Manipulación de objetivos y falta de claridad
La modificación del Fondo para el educación Superior fue aprobada durante la administración del anterior alcalde William Vargas Altahona, y el actual Plinio Cedeño Gómez fue quien materializó los actuales convenio, y destinó para el Fondo, $7 mil millones de pesos.
Tanto Vargas como Cedeño fueron apoyados por el llamado Clan Torres conocidos como los zares del alumbrado público en Atlántico y Santander, pero además de contratistas, han logrado posicionar a varios miembros de esa poderosa familia en la política.
La esposa de Camilo Torres, la cabeza visible del grupo político, es la exrepresentante a la Cámara Martha Villalba, llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia por un caso de corrupción en un contrato de malla vial cuando fue alcaldesa de Puerto Colombia en 2011. Mientras que Camilo Torres fue vinculado a una investigación por los mismos delitos cuando fue alcalde de ese municipio, pero en 2003.
La sobrina de los Torres es la actual diputada del Atlántico Karina Llanos. Su esposo, el senador Pedro Flórez, obtuvo una posición privilegiada en la lista del Pacto Histórico al Congreso en las pasadas elecciones por encima de figuras representativas de la izquierda. Y hoy mantienen el control de la Alcaldía de Puerto Colombia.
También tienen su ficha en la asamblea del departamento con Camilo Torres Villalba, hijo de Martha y Camilo.
Con todos estos antecedentes valdría la pena saber a ciencia cierta a dónde es qué se están destinando los casi $2 mil millones de pesos que restan de los $7 mil millones de pesos que le fueron asignados para la vigencia 2024 a este Fondo Educativo y que ya ha ejecutado más de $5 mil millones, supuestamente para beneficiar a la totalidad de los graduados de 11 grado en colegios oficiales de Puerto Colombia.
Conclusión
La corrupción en la administración de fondos educativos en Puerto Colombia, uno de los municipios con mayor índice de drogadicción juvenil, es una muestra más de cómo los recursos destinados a los más vulnerables son desviados para beneficios personales y políticos. Es imperativo que los órganos de control investiguen a fondo y aseguren que estos fondos sean utilizados correctamente para beneficiar a los estudiantes necesitados y no para enriquecer a unos pocos.
