Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Pueblo colombiano en 1991, dada su condición de Constituyente Primario, concibieron la creación de la Fiscalía General de la Nación, en remplazo de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con el esencial propósito de brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia, habida consideración de lo que se llegó a considerar, en su momento, elevados niveles de impunidad.
Esa reforma constitucional determinó que el Fiscal General de la Nación sería escogido de una terna que presentaría el señor Presidente de la República ante la H. Corte Suprema de Justicia.
Así, el primero de julio de 1992 entró a funcionar lo que se concibió como la panacea contra el crimen, la corrupción, el delito y la impunidad. Treintaiún años después de haber iniciado su funcionamiento, se ha podido establecer que a la Fiscalía General de la Nación le quedo grande la labor encomendada, por cuanto, en la actualidad, la sociedad colombiana está sumida en la mayor crisis de su historia ante la inoperancia de la justicia.
En la Nación campea la criminalidad y la corrupción, a tal punto que el 94% de las denuncias por corrupción terminan en la más absoluta impunidad, tal como lo ha denunciado el señor Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, tomando como sustento de su acusación los indicadores de la propia Fiscalía.
¿Por qué reina la impunidad en Colombia?
Muchas son las causas de la debacle en la administración de justicia y por ende de los inaceptables niveles de corrupción e impunidad: somos una “sociedad de teflón” que contemporiza con el dinero fácil y mal habido, genuflexa ante el delincuente, proclive al soborno, la dadiva o la coima; carente de lo que fueron cimentados valores familiares y ciudadanos, desafectada e irreverente frente a la autoridad y el orden; nos hemos convertido en una colectividad insensible y desinteresada por el bien común.
Sin embargo, es necesario advertir que la causa medular del imperio de la impunidad en Colombia es la politización de la justicia que sojuzga a los operadores judiciales y nos lleva a bochornosos episodios como el llamado “Cartel de la Toga” con el procesamiento y juzgamiento de tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Jamás hemos conocido otro caso igual en el mundo. Somos un Estado fallido.
El peor de nuestros males es la corrupción, más peligrosa y grave que el narcotráfico. Para conjurar el calamitoso estado de criminalidad y violencia que hoy nos agobia se requiere convocar al pueblo a una nueva Asamblea Nacional Constituyente plural y democrática con la exclusiva finalidad de reformar la administración de justicia y dictar nuevas normas que impidan el atajo, la ventaja, el aprovechamiento y los desbordados niveles de corrupción e impunidad, pues estamos sucumbiendo como Estado frente al delito y la impunidad.
En Colombia la impunidad por delitos de corrupción sobrepasa el vergonzoso 94%
Así lo dio a conocer el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, durante la presentación del primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.
Y como ha venido ocurriendo siempre, el funcionario Idárraga, representante del gobierno del cambio, se quedó en meros anuncios, y mero diagnóstico, pues hasta el momento no conocemos ningún programa, ninguna estrategia institucional, para combatir la corrupción, para establecer controles medibles del ejercicio público en favor de la transparencia, para educar en ética pública a funcionarios y estudiantes de todos los niveles. Por ello invitamos de nuevo al gobierno central a debatir con nosotros el programa ZONAS LIBRES DE CORRUPCIÓN.
Andrés Idárraga explicó que la investigación inició hace varios meses y comprende el periodo comprendido entre el año 2010 hasta 2023, y que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y o han prescrito, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% no han producido ninguna captura, y el 77.15% de los casos están en indagación.
El peculado por apropiación representa el principal delito de corrupción que se da en Colombia, con un 26% de los casos; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.
En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, con un 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97%, y Sucre, 96.8%.
En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.
El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.
De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.
En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.
Por esto, la presencia aquí, de gran parte del Gobierno, es para enviarle un mensaje inequívoco a los colombianos: “el presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord”.
Agregó que “Estamos en la obligación de cuidar cada peso que se invierte de forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y no que ayude a los que más tienen, no seremos cómplices de la desigualdad. La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”.
Por último anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Está conformada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros ”.
Conclusión: La impunidad y la corrupción siguen siendo los mayores obstáculos que enfrenta la justicia en Colombia. Superar esta crisis requiere un esfuerzo conjunto, con una verdadera voluntad política y la participación activa de la ciudadanía. Una reforma profunda y una nueva Asamblea Nacional Constituyente se presentan como la esperanza para construir una sociedad más justa y transparente, en la que el bien común prevalezca sobre el interés particular. Solo así se podrá salir de la sombra de la impunidad y lograr una administración de justicia eficaz que proteja los derechos de todos los ciudadanos.
