Tanto la defenestrada ministra de minas Irene Vélez como el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda han sido acusados de actos de corrupción. Esos actos de corrupción tienen que ver con el abuso de poder, el más usual comportamiento inadecuado de los servidores públicos de Colombia.
Pero en estos dos casos hay una diferencia abismal, tanto en la proporcionalidad del acto (su carácter ontológico) como en el tratamiento noticioso para cada uno de los protagonistas.
Por un lado, el caso con el que acusan a la ministra Vélez, es un acto de corrupción “normalizado” en el quehacer diario de los funcionarios públicos de Colombia y que generalmente no pasa a mayores, más allá de una severa crítica como cuando el Fiscal General Babosa utilizó el avión de la institución para pasear a su familia en San Andrés, o cuando el mismo personaje no hizo la fila para entrar al estadio a ver un partido de fútbol.
Irene Vélez violó la norma abusando de su poder, aunque no haya generado ningún daño moral ni patrimonial al Estado. Y como la ministra Vélez pertenece a un gobierno que proclama cero corrupción en cada uno de sus actos, debe asumir las consecuencias de sus actos.
Por otro lado, la acusación de abuso de poder por parte del general Zapateiro, cuando era comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que puso de manifiesto el ”narcochofer” de la UNP, es sumamente grave, dolosa, pues raya en los más altos niveles de delincuencia organizada.
Esa acusación de corrupción (abuso de poder ) sí le causó un grave daño moral y patrimonial al Estado. Nada más y nada menos que la organización criminal Clan del Golfo, durante el gobierno del presidente Iván Duque, utilizaba los carros de la UNP para transportar droga y cometer toda clase de fechorías, de la mano con altos mandos militares del Ejército y la Policía.
Según las declaraciones y acusaciones del “narcochofer” de la UNP, el Comandante del Ejército de ese entonces, el general Zapateiro, utilizó su poder para concretar la fuga del peligroso narco Matamba. El mismo “narcochofer” asegura que recogió a Matamba después de la fuga y lo llevó a una finca en el Magdalena medio. Dijo que allí presenció cómo le entregaban a Matamba un regalo de parte del general Zapateiro.
Pero ni la Fiscalía ni la Procuraduría han movido un dedo para iniciar la investigación del caso por este nauseabundo hecho de corrupción. Ni los medios tradicionales de comunicación ni los partidos políticos que gobernaron con Iván Duque, y que hoy dicen luchar contra la corrupción, se han pronunciado.
La disparidad en el tratamiento mediático y político
El tratamiento noticioso y político de ambos casos difiere notoriamente. Mientras que la ministra Vélez fue objeto de fuertes críticas y ataques mediáticos, el caso del general Zapateiro no ha recibido la misma atención ni se han iniciado investigaciones formales. Esta disparidad ha generado preguntas sobre la imparcialidad y el protagonismo de ciertos actores políticos.
¿Por qué a la ministra Irene Vélez sí la atacaron por perros rabiosos y del general (r) Zapateiro no dicen ni escriben nada que no sea para enaltecer su protagonismo como opositor del gobierno actual?
Conclusión: Los casos de corrupción en Colombia ponen a prueba la imparcialidad de las instituciones y los medios de comunicación. La disparidad en el tratamiento noticioso y político entre la ministra Irene Vélez y el general Zapateiro ha suscitado inquietudes sobre la lucha real contra la corrupción y la necesidad de un abordaje más equitativo y transparente. La sociedad exige una respuesta firme y justa frente a la corrupción, independientemente del cargo o posición que ocupe el implicado. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y transparente en la que la corrupción sea combatida de manera efectiva.
