En este artículo, analizaremos el reciente fallo con responsabilidad fiscal en contra de Guillermo Grosso Sandoval, quien se desempeñó como Agente Especial Interventor de la EPS Saludcoop. El caso involucra una suma significativa de $297.630 millones y está relacionado con anticipos, giros irregulares, falta de seguimiento y control en los recursos de la empresa.
Además, se identificó que se excedieron los gastos de administración permitidos para el año 2015. Este fallo, emitido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, no es el primero que enfrenta Guillermo Grosso, ya que ha sido objeto de investigaciones anteriores que también resultaron en su contra.
El Caso de Corrupción: Proceso de Intervención y Liquidación de Saludcoop EPS
El proceso de intervención y liquidación de Saludcoop EPS fue objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República. El Auto No. 1095 del 12 de julio de 2021, reveló irregularidades en dicho proceso que resultaron en una responsabilidad fiscal por un monto total de $219.734.473.262,78.
Guillermo Grosso Sandoval fue señalado como el Agente Especial Interventor responsable de estas irregularidades.
Reincidencia en Actos de Corrupción
Guillermo Grosso Sandoval no es un desconocido en casos de corrupción. Previo a esta investigación, ya había enfrentado tres procesos en los que los órganos de control y fiscalización habían fallado en su contra.
Uno de ellos, ocurrido en marzo del año anterior, resultó en una condena por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, emitida por el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá.
Contratos y Sobornos
En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía identificó que Guillermo Grosso habría otorgado dos contratos por un valor total de $52.600 millones de pesos a un conocido, con el propósito de crear y poner en funcionamiento una Institución Prestadora de Salud (IPS) para atender a 70.000 pacientes en Bogotá. Estos contratos, firmados en 2016, tenían un plazo de ejecución de tres años y contemplaban diversos servicios médicos.
Además de los contratos, la investigación arrojó que Guillermo Grosso habría recibido sobornos entre mayo de 2016 y junio de 2017, sumando un total de $664 millones de pesos en efectivo. Estos pagos irregulares, junto con sus socios Jhon Alexander Colmenares y Javier Peña, también se destinaron a sobornar a la exsuperintendente delegada para la vigilancia Eva Katherine Carrascal, con el fin de obtener beneficios indebidos.
