Como viene ocurriendo desde hace muchos años, sin que los órganos de justicia hayan actuado de manera contundente, se volvieron a conocer recientemente presuntos actos de corrupción de funcionarios de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), para favorecer actividades de narcotráfico.
Esta vez la revista Semana dio a conocer un informe en que se denuncia una presunta red criminal donde no solo se cobran millonarias coimas para expedir licencias para los pilotos, sino a través de la cual, se estarían traficando cargamentos de droga.
En esta red estarían involucrados cerca de 100 funcionarios de la Aerocivil cuyos cargos corresponden a directivos, contratistas, controladores aéreos, trabajadores regionales y hasta bomberos.
Y aunque siempre se ha dicho que el transporte aéreo es uno de los eslabones más importantes en la cadena del tráfico de narcóticos, poco o nada han hecho las autoridades colombianas para depurar la Aerocivil y cortar de tajo cualquier vínculo de sus funcionarios con actividades delictivas.
Ahora se conocen estas nuevas denuncias, que, aunque nuevas, se trata de hechos que vienen sucediéndose desde hace décadas al interior de la entidad.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso la publicación bogotana, al interior de la autoridad aeronáutica opera una red de narcotráfico por medio de algunos funcionarios quienes, entre otras cosas, apagan los radares o los sacan de funcionamiento para poder enviar y recibir las aeronaves con los cargamentos de droga.
Básicamente los operadores aéreos regionales aparentemente tienen órdenes de apagar los radares para que las aeronaves puedan entrar o salir del espacio aéreo colombiano, o de establecer lugares en los que los aviones sean ubicados para cargar la cocaína.
“El controlador (se reserva el nombre) quien con el vehículo asignado tumbó la barda de seguridad para pasar, por un lado, sin hacer uso del carné de identificación y autorización del vehículo (…) ese carro es usado entre otras actividades irregulares para facilitar el ingreso de narcotráfico. Tiene una capacidad de carga de dos toneladas”, se lee en el informe obtenido por la revista Semana.
Incluso las fuentes consultadas por la revista afirman que algunos de los radares se dejan fuera de servicio y que, lo más grave, miembros de la Fuerza Aérea han impedido que se les realice mantenimiento a los radares o microondas, para favorecer la circulación de aeronaves cargadas con cocaína.
Y como se dijo, los hechos son algunas veces denunciados pero no pasa nada.
Por ejemplo, Semana logró establecer que el radar Carimagua, que cubre las operaciones aéreas de los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada, lleva fuera de servicio desde el pasado mes de agosto, mientras que, los equipos de comunicaciones, transmisores y receptores tierra-aire en Puerto Inírida, lo han estado desde hace más de un año.
Todas estas zonas están consideradas como de alta incidencia de la actividad de narcotráfico.
“En Pompeya (estación de la Aerocivil en el oriente del país), una ventisca fuerte tumbó la torreta que sostenía las antenas de microondas y equipos de comunicaciones. Además, el suelo del cuarto de equipos se cedió, dañando el sistema de energía. Es urgente que se recupere esta estación que ayuda a la operatividad de la frecuencia de Villavicencio con el tráfico de helicópteros y aviones”, señala el informe obtenido por la revista bogotana.
Licencias para pilotos
Adicional a esta complicidad de funcionarios de la entidad con actividades de narcotráfico, Semana obtuvo una serie de audios que develan cómo en un despacho alterno de la entidad, una mujer -identificada como Adriana Ávila-, “pueden convertir un conductor de camión en un piloto de avión” pagando millonarias sumas de dinero que incluso pueden alcanzar los 10 millones de pesos.
En los audios se escucha como un piloto le cuenta a un funcionario de la Aerocivil como, pese a no cumplir con todas las horas de vuelo que se le exigían en Colombia para obtener su licencia, Ávila logró “dejarlo como un experimentado piloto comercial” pagándole una alta suma de dinero.
Y para completar hay denuncias sobre supuestos funcionarios “fantasmas”, es decir, personas que aparecen en la nómina de la entidad, pero que no tienen puesto y que nadie conoce.
De inmediato, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director (e) de la Aeronáutica Civil, Francisco Ospina Ramírez, dieron declaraciones a la prensa en que la que anunciaron que la Contraloría General, la Fiscalía y la Procuraduría adelantarán una investigación por las denuncias “de corrupción, de malos manejos en los aeropuertos, de contratación, de no cumplimiento de las normas en materia de los concursos” que se han llevado a cabo al interior de la Aerocivil.
En un comunicado, la Aerocivil informó que los textos publicados están relacionados con presuntas denuncias no formales, en algunos casos, con varios años de antigüedad y actividades de vigilancia de la Contraloría General de la República, las cuales se analizaron y clasificaron en tres bloques de información: presunta corrupción en procesos de contratación, presuntas omisiones y vinculación de funcionarios con actividades ligadas al tráfico de estupefacientes y proceso de licenciamiento del personal aeronáutico.
En su comunicado la Aerocivil, afirma que sus procesos de contratación están sujetos a permanente vigilancia de los órganos de control competentes y son sometidos a las barreras de control interno, en procura de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
A su vez, precisó que se priorizaron los procesos administrativos para determinar si se aplican sanciones, caducidades o incumplimientos a 14 contratos de obra o interventoría y 4 contratos para la adquisición de bienes y servicios.
“Una de las solicitudes de la Contraloría General de la República (CGR) mencionadas en el medio de comunicación, se trata de un documento de 89 páginas, radicado el 3 de noviembre de 2022 y respondido en su totalidad el 17 de noviembre de 2022 para la evaluación y determinación de las acciones a seguir de la CGR”, agregó la entidad.
Sobre la presunta vinculación de funcionarios públicos con actividades ligadas al tráfico de estupefacientes, la Aerocivil respondió que las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Uaeac) y las áreas directivas están descritas en el Decreto 1294 de 2021, que modificó la estructura de esta.
Seguido, se subraya que si bien la Aerocivil, por su naturaleza, colabora de forma armónica con las autoridades competentes para compartir información, archivos, grabaciones y otros que permitan combatir este flagelo, la entidad advirtió que no tiene funciones relacionadas con la prevención del tráfico de estupefacientes y los delitos conexos, pues estas actividades no se desarrollan en el marco de los acuerdos que rigen la aviación civil internacional.
Y que en la actualidad no se tiene información sobre presunta manipulación de los sistemas a la navegación aérea tendientes a facilitar el tráfico de sustancias ilícitas o similares.
Sobre el licenciamiento de personal aeronáutico señaló que solicitaron su traslado al ente de control correspondiente. Conforme la documentación radicada por los solicitantes, todos los pilotos y demás personal aeronáutico en Colombia, a los que se les tramitó una licencia, habilitación, adición, chequeo, entre otros, cumplen con los requisitos del Reglamento Aeronáutico de Colombia. Todos los trámites que son gestionados a través de sistemas informáticos, guardan trazabilidad en el flujo de aprobación y están a plena disposición de la Fiscalía General de la Nación”, enfatizó.
Por su parte el director encargado de la Aerocivil, Francisco Ospina, reconoció que como entidad la enorme necesidad de intervenir aspectos estructurales, la vinculación de personas con méritos aeronáuticos a la altura de un país con un sistema aeronáutico cada vez más demandante y recuperar la institucionalidad en la organización que permita proyectar la aviación como eje de la economía nacional.
“Como es nuestra obligación, a raíz de las publicaciones, se presentará solicitud a los órganos de control para adelantar las investigaciones que sean necesarias para determinar las responsabilidades a que haya lugar por las denuncias incluidas en los escritos. Somos contundentes en rechazar los señalamientos en contra de toda una entidad por las supuestas acciones ilícitas de algunos de sus colaboradores o excolaboradores”, informó el director encargado.
También aclaró que en la entidad no se tiene información alguna sobre la vinculación en procesos disciplinarios, administrativos, fiscales o penales relacionados con la secretaria general y la jefe de la Oficina Asesora Jurídica durante el ejercicio de la funciones en la Uaeac.
Vale recordar sin embargo que no son nuevas las denuncias y cuestionamientos por el presunto vínculo de funcionarios y exfuncionarios de la Aerocivil con carteles de la droga.
Desde los tiempos en que el expresidente Alvaro Uribe Vélez fue director de esa entidad entre 1980 y 1982, se habla de injerencia del narcotráfico en esa entidad.
Uribe, siendo director de la Aerocivil, otorgó 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves a cientos de personas y empresas. Entre ellos, a 8 vinculadas con el narcotráfico, como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero también relacionado con el tráfico de drogas, señaló en un reciente informe el portal Cuestión Pública.
Martha Upegui de Uribe, obtuvo el 4 de agosto de 1982, luz verde a la importación de un helicóptero Bell 206B. El acta de esta autorización fue firmada por Uribe.
Revela el informe que varios capos del Cartel de Medellín tenían su propia flota de aviones a nombre de familiares, autorizada por la Aerocivil.
El 31 de mayo de 2020, Daniel Coronell reveló que el 16 de junio de 1980, la Aerocivil, en cabeza de Álvaro Uribe, le autorizó a Israel Londoño la importación de un helicóptero Bell 206 de matrícula 2496. Londoño es cuñado de los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. También autorizó un helicóptero Hughes 500D para Antonio Correa Molina, testaferro de Pablo Escobar. La matrícula de Londoño fue revocada por la misma Aerocivil en septiembre de 1983, en el marco de la suspensión de la operación de 57 aeronaves por pertenecer a narcotraficantes, como relata el periodista en su columna en Los Danieles.
