En el 2018, el Ministerio de Vivienda y la EDAT (Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima), adelantaron una contratación cuya finalidad era la “optimización” del acueducto del municipio de Armero, que tuvo una inversión de casi $11 mil millones de pesos.
El contrato de obra No. 128 de 2018 se suscribió con el consorcio Acueducto TMS. La cuantiosa inversión estaba dirigida a hacer ajustes a las estructuras del acueducto, para que cumpliera con la norma técnica que indica que, para una población de ese tamaño, (12 mil habitantes) «no se requieren los 65 litros por segundo que venía captando, sino que tan solo se requieren unos 40 litros por segundo».
En ese orden, se procedió a modificar su bocatoma, desarenador, línea de aducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y la red de distribución.
Sin embargo, tras liquidar el contrato, lo que hoy vive la población de Armero-Guayabal es una evidente desmejoría del servicio.
Según la veeduría Agua para Ibagué (Vapi), «Como resultado, el rediseño del acueducto de Armero – Guayabal, la oferta hídrica del acueducto resulta insuficiente para atender una demanda totalmente distorsionada por semejante volumen de pérdidas, fenómeno este que no fue considerado en los parámetros de diseño, ya que se partió de creer que se estaba frente a un sistema con un volumen de pérdidas aceptable, es decir en los márgenes de la normalidad».
Un estudio realizado por la misma EDAT en 2019 (un año después de celebrado el contrato de obra, y varios años después de la formulación de los diseños), el indicador de pérdidas de agua tratada (en red de distribución), puede alcanzar hasta un 85%.
El gerente de la empresa de servicios públicos de Armero-Guayabal Espag, Harrison Acosta, ha venido denunciando que las obras realizadas están camino a convertirse en un elefante blanco y que «no asumirá los errores en la ejecución de la obra para la planta».
El consorcio acueducto TMS, al que le fue adjudicado el contrato por $10.225 millones de pesos, está integrado por Miguel Camilo Castillo Baute, Separco, Inversiones y Construcciones SAS y Técnicas y Construcciones Civiles.
Según las denuncias hechas tanto por Vapi como por el mismo operador del sistema, la reducción del diámetro de la tubería que conecta a la bocatoma con la planta de tratamiento obliga a tratar menos litros por segundo; lo que ha ocasionado fallas en el servicio.
También aseguran que se han reportado daños en los micromedidores instalados por el contratista, filtraciones en el cuarto de máquinas y presurización, entre otros.
En efecto, antes de que el consorcio interviniera el acueducto, se podían tratar hasta 65 litros de agua por segundo, y resulta que, en la actualidad, con la nueva red solo se pueden tratar 48 litros de agua y si se intenta más de esa cantidad, empieza a operar mal la planta.
«Además se buscaba que la empresa operara el sistema por distritos hidráulicos y se planteó la creación de 14, pero ninguno funciona y cuando se necesita hacer una reparación, toca suspender el servicio en todo el municipio», afirmó Acosta.
El consorcio TMS debía instalar 1.100 contadores y según el catastro solo hay 450 medidores y algunos ya están averiados. Razón por la cual, en las inversiones proyectadas para la red de distribución, aunque se consideró la reposición de redes, estas inversiones, al parecer solo se ejecutarían parcialmente; la instalación de micromedidores es otra labor que solo cubrirá en parte las necesidades.
Recalca Vapi que «otra notable consecuencia de esta mal proyectada y hasta hoy fallida inversión, es que habiéndose instalado una nueva red de conducción, para reemplazar la vieja y obsoleta red de asbesto cemento de 12 pulgadas, la planta de tratamiento sigue siendo alimentada por la vieja red, ya que sin ella, el agua que llega a la PTAP es insuficiente para atender la demanda antes referenciada; es decir, que ante la mirada impávida de Cortolima, se sigue captando un volumen de agua muy por encima de lo concesionado».
‘En síntesis, los 10 mil 400 millones de pesos que el Gobierno pagó supuestamente para mejorar el suministro del preciado líquido a esta población del Tolima, sirvieron, pero para mejorar el patrimonio de los contratistas y como suele ocurrir en el país del ‘Sagrado Corazón’, la obra quedará a medias y sin quien responda por los perjuicios causados.
