Zambrano (Bolívar): la gestión de Gabriel Murillo Argel calificó 3,83/10 🟠— MEDIOCRE, preocupante

Radiografía forense de dos años de gobierno en Zambrano: un crédito de $6.000 millones que hipotecó al 130% las transferencias de la Nación, la mitad destinada a pagar deudas del pasado, regalías que se desplomaron 80%, $4.269 millones dejados diferidos al cierre de 2025 y la calificación que activa el análisis jurídico por prevaricato por omisión.

Por Hipólito Palencia — corrupcionaldia.com · «La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Apertura

Nos encontramos en el municipio de Zambrano, departamento de Bolívar, a la orilla del río Magdalena y en el corazón de los Montes de María. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Gabriel Alberto Murillo Argel. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

No es un balance complaciente ni un libelo: es una radiografía construida con el CHIP (presupuesto), el SECOP I y II (contratación), el FURAG de Función Pública (desempeño institucional), el SGR del DNP (regalías) y el propio Plan de Desarrollo 2024-2027. Cinco fuentes independientes, una sola verdad.

La pregunta aquí no es si el alcalde robó o no robó: es otra, más incómoda y más útil: ¿gobernar es hipotecar el futuro para pagar el pasado, o es construir el presente de un pueblo que vive con un índice de pobreza multidimensional de 62,4?

Entre 2024 y 2025 Zambrano ejecutó cerca de $75.983 millones entre su presupuesto ordinario y el Sistema General de Regalías. Firmó un crédito de $6.000 millones con el BBVA que dejó $7.800 millones de sus futuras transferencias nacionales pignoradas al 130%, recibió giros de regalías que se desplomaron un 80,3% en el segundo año y cerró 2025 con $4.269 millones de obligaciones diferidas entre reservas y cuentas por pagar —veintitrés veces más que el año anterior—. Y sin embargo, el 37,28% de sus campesinos vive en miseria y la cobertura rural de acueducto es del cero por ciento. La calificación final no perdona: 3,83 sobre 10. Mediocre. Preocupante.

El municipio PDET a la orilla del Magdalena y el alcalde del «Gobierno para el Buen Vivir»

Zambrano es un municipio de cuarta categoría con cerca de 10.700 habitantes proyectados por el DANE (el 86,3% en la cabecera y el 13,7% en zona rural), fundado como Villa de San Sebastián de las Playas Blancas y hoy nodo carretero de la Troncal del Caribe entre Cartagena, Magangué y el sur de Bolívar. El propio diagnóstico del Plan de Desarrollo dibuja el punto de partida: un Índice de Pobreza Multidimensional de 62,4 (80,6 en zona rural), Necesidades Básicas Insatisfechas del 39,29% urbano y 65,93% rural, una quinta parte de la población en condición de miseria (37,28% en el campo), cobertura de acueducto del 84,16% que se desploma a 0% fuera de la cabecera, alcantarillado sin cobertura reportada y vías urbanas anegadas por aguas residuales. Es, además, uno de los trece municipios PDET de Montes de María, lo que le garantiza atención prioritaria del Estado colombiano y flujos extraordinarios de recursos de paz.

Y hay una segunda Zambrano, la de las cifras financieras: un municipio que en julio de 2024 se embargó a sí mismo. Para conseguir $6.000 millones frescos entregó como garantía $7.800 millones de sus transferencias futuras —el 130% del valor del crédito— y, según el propio registro del CHIP, destinó $2.960 millones de ese desembolso a cancelar deudas que ya venían de antes. Un pueblo pobre que pidió prestado caro para pagar lo viejo. Esa paradoja es el corazón de esta investigación.

El alcalde Gabriel Alberto Murillo Argel, del Partido de la U, fue electo el 29 de octubre de 2023 con 2.653 votos, según los registros electorales compilados por La República y Alfil. Su programa de gobierno se llamó, igual que su plan de desarrollo, «Gobierno para el Buen Vivir»: una promesa de bienestar integral que el propio documento oficial describe como el compromiso de que «cada zambranero sienta el cambio». Recibió una alcaldía con herencias incómodas —una vigencia futura excepcional de $10.579,5 millones firmada en agosto de 2022 contra la sobretasa de alumbrado público, y una deuda flotante que el registro de deuda pública muestra en cero—. Dos años después, el registro oficial dibuja una hacienda líquida pero hipotecada, y un municipio que sigue esperando el «buen vivir» prometido.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Aplicamos la metodología de corrupcionaldia.com: promedio ponderado de seis componentes en escala 0-10, cada uno evaluado respecto del punto de partida del municipio y sus recursos. La escala no es absoluta —un 7,0 en Zambrano no equivale a un 7,0 en Medellín—, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y legalidad son igualmente exigibles. La metodología es pública y replicable: cualquier lector puede verificar cada cifra con las fuentes del anexo final.

Fuente: corrupcionaldia.com — metodología de calificación.

Fuente: corrupcionaldia.com — metodología de calificación.

La regla del Prevaricato por Omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico completo del Artículo 414 del Código Penal; si es igual o superior a 7,0, se omite como cuestión de lógica metodológica. Spoiler necesario: la calificación final de Zambrano es 3,83/10 — Mediocre (Preocupante). El análisis jurídico se desarrolla más adelante. Adelante.

Componente 1 (25%): FURAG — Zambrano, entre las peores gestiones públicas de Colombia

El único dato que no admite discusión editorial: la Alcaldía de Zambrano obtuvo un Índice de Desempeño Institucional de 46,85 sobre 100 (Grupo 4), según el Departamento Administrativo de la Función Pública (resultados de la vigencia 2025, publicados en junio de 2026). Es el puesto 81 entre las 1.099 alcaldías con IDI reportado contadas desde abajo: supera apenas al 7,4% del país y queda 24,4 puntos bajo la mediana nacional (71,27). En Bolívar es el séptimo peor municipio de 46, lejos de Cartagena (97,09), de su vecino Turbaco (77,45) y de municipios igual de pobres y despoblados como María la Baja (78,59) o San Juan Nepomuceno (92,84). El contraste dentro de su propia subregión desmonta cualquier excusa geográfica: El Carmen de Bolívar obtuvo 69,15 y San Jacinto 64,23. La diferencia no es de recursos, es de gestión.

Gráfica 1. FURAG/IDI 2025: Zambrano frente a referentes nacionales y departamentales. Fuente: Función Pública, resultados vigencia 2025.

El dato incómodo se duplica en el hospital: la E.S.E. Hospital Local San Sebastián obtuvo un IDI de 44,13, aún más bajo que la propia alcaldía y uno de los más bajos del departamento, en el municipio cuyo mayor rubro de transferencias es precisamente la salud. El consolidado oficial de Función Pública reporta el IDI agregado de la vigencia 2025; el desglose por subíndices no está incluido en el dataset consolidado usado para esta investigación, por lo que este componente se califica con el agregado y los posicionamientos nacionales y departamentales, verificables línea por línea.

Calificación componente FURAG: 3,5/10 — Mediocre (PREOCUPANTE)

Uno de los diez peores IDI de Colombia y séptimo peor de Bolívar; 24,4 puntos bajo la mediana nacional; hospital peor que la propia alcaldía. Ninguna excusa estructural resiste la comparación con municipios vecinos de igual categoría.

Componente 2 (20%): CUIPO — la caja que funciona y la hacienda que se hipoteca

Zambrano recaudó $37.947,7 millones en 2024 y $35.015,0 millones en 2025 (−7,7%). La caída, presentada en las redes oficiales como austeridad, tiene una lectura contable más precisa: en 2024 la caja incluyó $6.000 millones del crédito BBVA; descontado ese préstamo, el recaudo ordinario pasó de $31.947,7 a $35.015,0 millones (+9,6%). El crecimiento real del año dos es un dato a favor que esta investigación reconoce. Pero el detalle del recaudo es el que cuenta la historia.

Fuente: CHIP, formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS, CUIPO, vigencias 2024 y 2025 (cierre de vigencia). Elaboración propia.

Gráfica 2. Composición del recaudo 2024: el crédito BBVA fue el tercer ingreso del municipio. Fuente: CHIP-CUIPO.

Gráfica 3. Composición del recaudo 2025: sin crédito nuevo, tres de cada cuatro pesos vinieron de la Nación. Fuente: CHIP-CUIPO.

Dicho en criollo: de cada $100 que entraron a la caja en 2025, $85,6 fueron transferencias de la Nación y solo $10 fueron impuestos de los zambraneros. La dependencia fiscal del Gobierno central pasó del 70,7% al 85,6% en un año: exactamente lo contrario de la independencia que este portal mide. Dos señales finas completan la radiografía. Primera: los impuestos propios crecieron +31,2% —gestión de recaudo real, reconocible—, pero las multas y sanciones colapsaron −95,8% (de $923,9 a $38,4 millones): un municipio que deja de multar en un año o dejó de cobrar, o condonó, o dejó de registrar. Ninguna de las tres explicaciones es tranquilizadora. Segunda: los rendimientos financieros son exiguos ($26,1 millones en 2025): la plata ociosa no rinde en Zambrano.

Gráfica 4. Composición del gasto por destino (obligaciones): el cierre de 2025 dejó $4.269 millones diferidos. Fuente: CHIP, D_EJECUCION_DE_GASTOS.

Del lado del gasto, la ejecución fue líquida: se pagó el 97,5% de las obligaciones en 2024 ($33.214,5 de $34.056,5 millones) y el 99,1% en 2025 ($33.429,1 de $33.719,7 millones en la administración central). La inversión reportada (90,5% y 87,8%) es alta en el papel, pero está inflada por los convenios interadministrativos que la alcaldía gira y no ejecuta directamente —el hospital ESE, el Fondo Mixto SIER, el propio servicio de la deuda capitalizable como inversión—. En dos años la contratación directa de obra física del municipio fue mínima: 19 contratos de obra por $1.409,5 millones en 2024 y solo 9 por $452,2 millones en 2025, según SECOP.

Y entonces aparece la señal más fina del cierre: las reservas presupuestales se multiplicaron por 23 (de $149,8 a $3.427,4 millones) y las cuentas por pagar por 20 (de $42,5 a $842,0 millones). Sumadas, $4.269,4 millones —el 12,3% de todo el presupuesto de 2025— quedaron diferidos hacia 2026. O el tesoro se quedó corto de caja en diciembre, o la administración deliberadamente pospuso pagos. En cualquiera de los dos casos, el 2026 del próximo zambranero empieza debiendo.

Calificación componente CUIPO: 4,5/10 — Mediocre (PREOCUPANTE)

Caja líquida, tributos propios al alza (+31,2%) y ejecución de pagos casi perfecta; corrigen a la baja la dependencia del 85,6%, el colapso de las multas, el cierre con $4.269 millones diferidos y un crédito caro que solo sirvió para maquillar el año uno.

Deuda pública: el crédito que hipotecó el futuro al 130%

El 11 de julio de 2024, a los seis meses y once días de gobierno, la alcaldía firmó con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia (BBVA) dos contratos de empréstito por $6.000 millones ($4.000 y $2.000 millones), a tasa IBR a tres meses más 1,30 y 3,35 puntos, plazo de 96 meses (hasta 2032), con 12 meses de gracia y pignoración del 130%: por cada peso prestado, $1,30 de transferencias futuras quedaron comprometidas. En total, $7.800 millones del Sistema General de Participaciones —incluidos $1.170 millones del rubro de agua potable— viajan hoy directo al banco antes de llegar a Zambrano, según el formulario de renta pignorada del CHIP.

Fuente: CHIP, formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA, vigencias 2024 y 2025. En SECOP II figuran como dos contratos de empréstito por contratación directa (24-12-14137691 y 24-12-14137747).

El servicio de la deuda ya se siente: intereses pagados por $172,98 millones en 2024 y $698,70 millones en 2025: $871,7 millones en dos años solo de intereses, casi el costo de un paseo peatonal completo. En 2025 apenas se amortizó capital por $214,3 millones y el saldo al cierre es de $5.785,7 millones, con cuotas de $857,1 millones anuales desde 2026 hasta 2031 y una final de $642,9 millones en 2032.

Y está la anomalía contable que el registro no explica: el formulario 2024 reporta $2.960 millones de amortizaciones pagadas en la vigencia, pero el saldo declarado al cierre sigue siendo $6.000 millones y el saldo anterior figuraba en cero (0 + 6.000 − 2.960 ≠ 6.000). La lectura forense más consistente: cerca de la mitad del crédito se usó para cancelar obligaciones previas —una operación de refundición—, no para inversión nueva. El formulario no lo dice: lo delata. Un municipio que se endeuda caro para pagar deuda vieja convierte el crédito en una bola de nieve con sello bancario.

Vigencias futuras: $20.010,7 millones comprometidos contra presupuestos que no existen

El formulario de autorizaciones de vigencias futuras al cierre de 2024 es el más pesado de todos: $20.010,7 millones autorizados, el equivalente al 57,5% de un presupuesto anual, para gastarse entre 2025 y 2040. De ese total, $10.579,5 millones los firmó la administración anterior (acto 008 del 31 de agosto de 2022, contra la sobretasa de alumbrado público, para el sector energía), y $9.431,2 millones los autorizó esta alcaldía entre octubre y diciembre de 2024: $1.100 millones para energía, $3.221,2 millones para educación y alimentación escolar, $3.000 millones para transporte, $1.110 millones para agua, $350 millones para deporte y $650 millones para fortalecimiento institucional. La coincidencia es exacta: los últimos $6.000 millones de esa lista son la contrapartida del crédito BBVA —comprometer hoy lo que se cobrará mañana.

Al cierre de 2025 quedaban $11.832,5 millones por ejecutar en vigencias futuras ($9.334,5 millones de energía heredada y $2.179,1 millones de educación). La autoridad que firma una vigencia futura gasta el presupuesto de un gobernante que todavía no existe: es legal, es instrumental, pero convierte en esclava fiscal a la siguiente administración. El propio Plan de Desarrollo no modela el costo de esa hipoteca.

Regalías: los giros se desplomaron 80,3% y el paso deprimido no se ha pagado

Zambrano es municipio PDET de la subregión Montes de María (verificado en Renovación del Territorio), y como tal recibe giros del Sistema General de Regalías por asignaciones directas y asignación para la inversión local (AIL). En 2024 recibió $2.794,8 millones ($1.358,0 de asignaciones directas y $1.436,8 de AIL). En 2025, solo $549,8 millones: una caída del 80,3%. Los giros del SGR se pagan contra certificación de avance de proyectos; un desplome de esta magnitud significa que los proyectos dejaron de certificar avance o que el sistema dejó de girar. Ambas cosas son malas.

Gráfica 5. Regalías 2024-2025: giros recibidos frente a pagos ejecutados. Fuente: CHIP, Sistema General de Regalías.

Fuente: CHIP, Sistema General de Regalías, EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS, 2024 y 2025.

Tres señales finas. Primera: el proyecto estrella viajero —la casa de la cultura, un proyecto de 2022 cofinanciado con la Gobernación— ya acumula $5.152,6 millones comprometidos en dos años y $2.187,1 millones pagados: la obra no termina de terminar. Segunda: el paso deprimido de la vía urbana se comprometió por $2.351,9 millones en 2025 y se pagó exactamente $0,00: comprometer sin pagar es la forma institucional de prometer. Tercera: en 2025 se pagaron $67,7 millones de funcionamiento con recursos de AIL —que por ley son de inversión— bajo el rubro «servicios prestados a las empresas». Pequeño en tamaño, grande en la señal: cuando la caja aprieta, el dinero flexible se usa para lo que no debería.

Componente 3 (20%): «Gobierno para el Buen Vivir» — cinco problemas, cinco calificaciones

El Plan de Desarrollo «Gobierno para el Buen Vivir 2024-2027» fue adoptado mediante Acuerdo 001 del 31 de mayo de 2024: cinco meses tarde, cuando el trimestre más importante para contratar ya había pasado. El propio documento arrastra dos descuidos de identidad: en su parte introductoria se autodenomina plan «2023-2027» y anuncia «cinco grandes líneas estratégicas» que luego son siete. No son erratas menores en un plan que nació tarde: son el síntoma de una planeación apurada.

El diagnóstico es, eso sí, devastadoramente honesto: IPM de 62,4, miseria rural del 37,28%, acueducto rural del 0%, alcantarillado sin cobertura reportada y «aulas al aire libre» por falta de infraestructura educativa. Sobre esa base, la agenda pública del plan —veinte mesas con víctimas, jóvenes, campesinos, mujeres y comunidades afro e indígenas— priorizó cinco problemas: agua y alcantarillado, vías, educación, salud y empleo. Son los cinco compromisos que el alcalde firmó en su propio plan, calificados uno a uno contra la evidencia de dos años.

Gráfica 6. Calificación de los cinco indicadores ligados a los problemas prioritarios. Fuente: elaboración propia (PDM, CHIP, SECOP, prensa verificada).

Análisis periodístico de los cinco indicadores

Indicador 1 · Agua potable y saneamiento: 4,5/10. Es el mejor capítulo de este gobierno y no alcanza a ser bueno. El municipio recibió $3.884,8 millones del SGP de agua en dos años, compró $664,0 millones de insumos químicos de potabilización a la asociación ASOGUIMAR (en 2024 y 2025), pagó $297,3 millones de limpieza de alcantarillado con vactor y contrató $650,9 millones de estudios y diseños que incluyen optimización del acueducto. Las redes oficiales celebraron en 2025 la entrega de una planta potabilizadora y el «adiós a la intermitencia». Pero la cobertura rural sigue en 0%, la cobertura de alcantarillado no se reporta, y la obra estructural que el crédito BBVA prometía ($900 millones de agua) convive con un alcantarillado que en el diagnóstico propio «lleva a obras inconclusas y problemas de salud pública». Agua que mejora en la cabecera y que no existe en el campo: la mitad del compromiso.

Indicador 2 · Vías y conectividad: 5,5/10. Aquí hay obra verificada: $5.505,6 millones pagados con regalías AIL para vía pavimentada en 2024 (herencia del proyecto de 2023 ejecutada en este gobierno), un paseo peatonal-boulevard en licitación obra pública por $761,9 millones adjudicado a DGR Proyectos en septiembre de 2024, y el Gobierno nacional anunciando en febrero de 2026 $4.095 millones de conectividad vial PDET para el corregimiento San Francisco —plata ajena que la alcaldía gestiona. La deuda: el paso deprimido comprometido por $2.351,9 millones con $0 pagado, y vías urbanas que el propio plan describe «en mal estado y de difícil acceso» por estancamiento de aguas residuales.

Indicador 3 · Educación: 5,5/10. Lo mejor gestionado del cuatrienio. El PAE se contrató por licitación pública en los dos años ($746,9 millones con CAPRODE en 2024; $1.042,1 millones con el Consorcio Alimentando Sonrisas en 2025), el transporte escolar salió a subasta ($219,996 millones en 2025, $163,5 millones de mobiliario en 2024), y la alcaldía autorizó una vigencia futura de $3.221,2 millones en diciembre de 2024 para asegurar alimentación y educación de 2025 a 2027 —inteligente para el PAE, costosa para el tesoro futuro. El SGP educativo creció de $631,5 a $893,0 millones. Contra ese balance pesa el diagnóstico propio que sigue vigente: infraestructura deteriorada, aulas insuficientes para bachillerato y deserción rural por falta de transporte en veredas donde el bus no llega todos los días.

Indicador 4 · Salud: 4,0/10. El municipio giró ordenadamente a su hospital: $1.467,2 millones en convenios interadministrativos con la E.S.E. San Sebastián en dos años (subsidio a la oferta y Plan de Intervenciones Colectivas). Pero girar la caja no es gestionar el servicio: el hospital obtuvo un IDI de 44,13, peor que la propia alcaldía, y la mesa participativa de salud del propio PDM denunció «capital humano insuficientemente capacitado», «falta de equipos médicos» y —la frase que debería mantener despierto al alcalde— muertes prevenibles. Sin ampliación verificable de capacidad instalada en dos años.

Indicador 5 · Empleo y desarrollo económico: 3,0/10. Es el desierto del gobierno. En 5.109 contratos SECOP analizados no aparece un solo programa municipal estructurado de generación de empleo o desarrollo productivo contratado en 2024-2025; la señal más visible es externa —el proyecto FAO/ART de agosto de 2025 con 100 familias campesinas—, no municipal. Con un 20,87% de población en miseria y una economía de mototaxistas y comerciantes que la agenda pública describió con crudeza, el componente del plan «Zambrano con Desarrollo Económico y Rural» quedó, en dos años, en el papel con que se escribió.

El promedio de los cinco indicadores es 4,5/10. Con el ajuste por el plan adoptado cinco meses tarde y sus inconsistencias internas, la calificación del componente Plan de Desarrollo es 4,4/10 — Mediocre (Preocupante): hay gestión visible en agua, vías y educación, pero el empleo brilla por su ausencia y la planeación llegó cuando el año ya había empezado a gastarse.

Componente 4 (15%): SECOP — el 93% de la contratación se firmó a puerta cerrada

Gráfica 7. Evolución de la contratación SECOP de la Alcaldía de Zambrano 2022-2025. Fuente: datos.gov.co, dataset SECOP Integrado (extraído el 9 de septiembre de 2026).

Los números del SECOP Integrado (SECOP I + SECOP II) para la Alcaldía de Zambrano: 517 contratos por $22.424,5 millones en 2024 (+40,6% frente a 2023) y 417 contratos por $8.575,0 millones en 2025 (−61,8%). Pero la cifra que define el componente es otra: el 90,9% de los contratos de 2024 y el 95,9% de los de 2025 se firmaron por contratación directa, la modalidad sin competencia donde el funcionario elige al contratista. En dos años hubo 11 procesos competitivos (dos licitaciones públicas, cuatro selecciones abreviadas, un concurso, una subasta en 2024; una licitación, tres selecciones abreviadas y una subasta en 2025). La discrecionalidad no es el refugio de la contratación zambranera: es su idioma oficial.

Hay que decirlo con justicia: los procesos más grandes y sensibles sí salieron a competencia. El PAE se adjudicó por licitación pública en los dos años, el transporte escolar por subasta, el paseo peatonal por licitación de obra pública y el complemento alimentario de 2024 también por licitación. El problema no son esos. Es la masa discrecional que los rodea.

Las tres anomalías que exigen escrutinio

Primera · La parcelación en el techo de la mínima cuantía. La asociación ASOGUIMAR recibió 14 contratos por $1.134,7 millones en dos años, y al menos ocho de ellos en 2024 tienen valores entre $36,38 y $36,40 millones: exactamente el techo de la mínima cuantía fijado para esa vigencia. Suministro de insumos químicos en febrero ($323,6 millones aparte), rocerías, cercados, pedestales, pintura de estación de policía, mantenimiento de instituto educativo: una docena de objetos distintos, un mismo contratista, un mismo valor. Dividir la demanda en contratos que caben justo bajo el techo es la forma clásica de evadir la publicidad de los procesos competitivos; la Ley 80 la llama infracción, el callejón la llama parcelación, y aquí tiene patente de corso.

Segunda · El convenio-marco de $6.300 millones con objeto invisible. El 29 de octubre de 2024 —el mismo día en que se firmaban actos de vigencias futuras— la alcaldía suscribió por contratación directa el convenio interadministrativo CI-005-2024 con el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social SIER, por $6.300 millones: el contrato más grande del bienestar reciente del municipio después del crédito BBVA. Su objeto, tal como está registrado: «aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros que permitan una alianza estratégica para elaborar, desarrollar, ejecutar, gerenciar e implementar proyectos en el municipio de Zambrano». Ni un proyecto nombrado, ni un monto por obra, ni un plazo. $6.300 millones para «implementar proyectos» es un cheque en blanco con membrete; en un municipio donde el crédito completo fue de $6.000 millones, el convenio vale más que la deuda.

Tercera · El lote de fin de año. El 29 de diciembre de 2025 —un día antes de cerrar la vigencia— la alcaldía compró por contratación directa un lote en la carrera 18 con 17A por $299.997.000 a la señora Evedith Terán Lora: exactamente $3.000 por debajo del redondo de los $300 millones. Comprar inmuebles el último día hábil del año, por la modalidad discrecional y con un valor calibrado al milímetro, es el patrón que la experiencia colombiana asocia a la conveniencia del vendedor más que a la urgencia del municipio. ¿Qué planea construir la alcaldía ahí y por qué con esa premura contable? El SECOP no lo dice.

A eso se suma un proveedor-fábrica: la Fundación para el Desarrollo Social y Económico de las Regiones, que en dos años firmó 49 contratos por $1.665,1 millones, casi todos de «prestación de servicios profesionales» para formular planes, diagnósticos (ASIS), cargues de información y manualizaciones —la burocracia en latas de una alcaldía que tampoco planeó a tiempo—. Y una multiplicación de estudios y diseños: $650,9 millones a la Institución Universitaria Mayor de Cartagena para proyectar vías, escenario deportivo, acueducto y control de inundaciones… cuyas obras, salvo el paseo peatonal, siguen siendo estudios.

Calificación componente SECOP: 2,5/10 — Mediocre→Pésimo (PREOCUPANTE/CRÍTICO)

Más del 93% de contratación directa, parcelación en el techo de mínima cuantía, un convenio-marco de $6.300 millones sin objeto específico y una compra inmobiliaria calibrada a fin de año. Los pocos procesos competitivos fueron bien orientados —eso es lo único que evita la nota mínima.

Componente 5 (10%): ODS — los objetivos que la hipoteca no puede pagar

Zambrano no publica territorialización formal de los ODS, así que este componente cruza la Agenda 2030 con la evidencia local. ODS 6 (agua y saneamiento): bajo — la planta potabilizadora y los insumos químicos mejoran la cabecera, pero 0% de cobertura rural y alcantarillado sin reporte mantienen el objetivo más elemental en deuda. ODS 3 (salud): bajo — los convenios se giran, pero el hospital tiene un IDI institucional de 44,13 y el propio plan documenta muertes prevenibles. ODS 4 (educación): regular-bajo — PAE y transporte escolar funcionaron sin interrupción, con infraestructura que sigue «al aire libre» en algunas sedes. ODS 1 (fin de la pobreza): sin evidencia — con IPM 62,4 y miseria del 20,87%, no existe medición intermedia pública de dos años de gestión. ODS 16 (instituciones sólidas): crítico — IDI 46,85, dependencia fiscal del 85,6% y un 93% de contratación discrecional no describen instituciones sólidas.

Fuente: Agenda 2030, PDM 2024-2027, CHIP, SECOP, Función Pública. Elaboración propia.

Calificación componente ODS: 3,5/10 — Mediocre (PREOCUPANTE)

Programas sociales que funcionan (PAE, transporte, adulto mayor) y objetivos estructurales —pobreza, instituciones, saneamiento rural— que retroceden o no se miden.

Componente 6 (10%): Percepción ciudadana — agua que vuelve, promesas que esperan

La percepción se mide con la cronología de lo que la gente vive y comenta. Julio de 2024: el alcalde anuncia con el Concejo los proyectos del crédito BBVA y la comunidad responde en redes con bendiciones y expectativa. Mayo de 2024: el plan de desarrollo se adopta cinco meses tarde sin que la agenda pública tuviera la visibilidad que un proceso participativo exige. Febrero de 2025: las redes oficiales celebran la entrega de la planta potabilizadora —«Zambrano le dice adiós a la intermitencia del agua potable»—; el dato es real en la cabecera, donde el recuerdo de 2017, cuando 6.000 habitantes se quedaron sin agua por obras inconclusas, sigue vivo. Agosto de 2025: la alcaldía difunde que Zambrano está «entre los municipios con mejor imagen de sus alcaldes en Bolívar» según la firma Mediciones Estratégicas —un dato sin ficha técnica pública que este portal no puede verificar pero registra. Agosto de 2025 también trae la noticia del proyecto FAO con 100 familias campesinas, gestionado fuera de la alcaldía. Febrero de 2026: Caracol Radio anuncia los $4.095 millones nacionales para la vía PDET de San Francisco.

La narrativa oficial convive con la realidad del diario: un municipio donde cuatro de cada diez hogares rurales viven en miseria, donde el transporte rural sigue siendo trámite de una vez al mercado, y donde la promesa del «Buen Vivir» se juzga en la llave de agua y en el bus escolar tanto como en los titulares. No hay evidencia pública de crisis de gobernabilidad ni de protestas contra este alcalde; tampoco hay señales fuertes de transformación sentida más allá de la cabecera. Un empate técnico entre la propaganda y la paciencia.

Calificación componente Percepción ciudadana: 4,5/10 — Mediocre (PREOCUPANTE)

Obra de agua visible y aval del Concejo pesan a favor; la miseria rural, el recuerdo del abandono hídrico y una encuesta sin ficha técnica no alcanzan para aprobar la sensación térmica del municipio.

Radar integral: la calificación final ponderada

La fórmula es: Calificación final = Σ (puntaje componente × peso). Aplicando los puntajes: (3,5 × 0,25) + (4,5 × 0,20) + (4,4 × 0,20) + (2,5 × 0,15) + (3,5 × 0,10) + (4,5 × 0,10) = 0,875 + 0,900 + 0,880 + 0,375 + 0,350 + 0,450 = 3,830/10. Redondeando: 3,83/10.

Gráfica 8. Radar integral de los seis componentes: la gestión queda bajo el umbral Regular en los seis ejes. Fuente: elaboración propia.

Fuente: metodología corrupcionaldia.com; elaboración propia.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal)

La calificación de 3,83/10 — Mediocre activa la regla metodológica: el análisis jurídico del Prevaricato por Omisión (Art. 414, Ley 599 de 2000). Este análisis no acusa: examina. No condena: indaga. No es un requerimiento fiscal: es un ejercicio periodístico de verificación de los deberes funcionales del alcalde.

El Artículo 414 del Código Penal establece: «El servidor público que omita, retarde o rehúse la realización de un acto propio de sus funciones, será acusado penalmente con pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de trece punto treinta y tres (13,33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses, si por razón de su conducta se causare daño o lesión a la administración pública o a un particular». Para que se configure el delito deben concurrir los siguientes elementos:

— Ley 599 de 2000, Artículo 414

Fuente: Art. 414 CP; análisis periodístico propio.

Omisión 1: el deber de vigilar la contratación que ellos mismos diseñaron

El alcalde es el supremo director administrativo del municipio y los contratos por mínima cuantía y contratación directa se firmaron bajo su vigilancia directa. Ocho contratos a un mismo proveedor (ASOGUIMAR) calibrados entre $36,38 y $36,40 millones —el techo legal de la mínima cuantía— componen el patrón de parcelación que la jurisprudencia del Consejo de Estado y los pronunciamientos de la Procuraduría califican de evasión de modalidades selectivas. El deber de organizar y controlar la contratación es un acto propio e indelegable de las funciones del alcalde; permitir que el patrón se repita durante toda una vigencia podría configurar la omisión del Art. 414 si se demuestra dolo o culpa grave.

Omisión 2: el deber de certificar y ejecutar los proyectos que traen el agua y la plata

Los giros del Sistema General de Regalías cayeron 80,3% en 2025 porque los proyectos dejaron de certificar avance o quedaron estancados. El paso deprimido —comprometido por $2.351,9 millones con destino a una vía urbana— no registró un solo peso pagado en todo el año. La gestión de recursos de cofinanciación y la certificación oportuna de proyectos son actos propios de la administración que no requieren de ley especial para ser exigibles: requieren voluntad. Su omisión convirtió $1.977 millones menos en el flujo de inversión del municipio más pobre de su entorno inmediato.

Omisión 3: el deber de cierre presupuestal limpio

Dejar $3.427,4 millones en reservas y $842,0 millones en cuentas por pagar —el 12,3% del presupuesto— no es solo una decisión de tesorería: es la diferencia entre un municipio que liquida su año y uno que empapa en deudas al que viene. La Ley 819 de 2003 y los principios de publicidad presupuestal exigen que el cierre se explique, se publique y se controle. Un cierre veintitrés veces más pesado que el anterior, sin explicación pública, es la omisión administrativa más fácil de verificar en este caso: está toda en el formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS que la propia alcaldía reportó al CHIP.

Sobre el abuso de autoridad y el favorecimiento ilícito, y conclusiones

No existe evidencia documental directa de abuso de autoridad (Art. 416 CP) ni favorecimiento ilícito de particulares (Art. 422 CP). Lo que existe es un contexto que obliga a formular la pregunta: el 93% de contratación directa, un proveedor con ocho contratos calibrados bajo el techo, un convenio de $6.300 millones sin proyectos identificados y una compra de lote el 29 de diciembre con valor ajustado al redondo. Si la evidencia llegara a existir, esas figuras serían objeto natural de indagación formal. El periodismo señala el humo; el fuego es asunto de los fiscales.

Primera: existen omisiones documentadas —vigilancia de la contratación, gestión de proyectos SGR, cierre presupuestal— que merecen examen disciplinario y penal de la Procuraduría y la Fiscalía. Este artículo no acusa: exige que esos organismos actúen. Segunda: la configuración plena del tipo requiere demostrar dolo o culpa grave, lo cual excede el alcance periodístico; pero los indicios documentados bastan para activar la acción disciplinaria y penal de oficio. Tercera: calificar esta gestión como MEDIOCRE — PREOCUPANTE no equivale a una condena penal, sino a una advertencia ciudadana: si el patrón de omisiones no se corrige, podría escalar a responsabilidad penal individual.

Conclusiones: Zambrano, la verdad diseccionada

Lo que la administración de Murillo hizo bien

La caja funciona y el recaudo propio despierta. Los impuestos propios crecieron +31,2% (de $2.662,2 a $3.493,1 millones), el 99,1% de las obligaciones de 2025 se pagó y no hubo parálisis de tesorería en el día a día.

Los programas sociales se contrataron bien. El PAE salió dos años seguidos por licitación pública ($1.789,0 millones en total), el transporte escolar por subasta, y el programa de adulto mayor por selección abreviada: los rubros más sensibles de la gente tuvieron competencia.

El agua de la cabecera mejoró. La planta potabilizadora se entregó, los insumos químicos se compraron sin interrupción ($664,0 millones) y la intermitencia retrocedió en el casco urbano, con un crédito que sí asignó $900 millones al sector agua.

Lo que la administración no hizo, o hizo mal

Hipotecó el futuro al 130% para pagar el pasado. $6.000 millones prestados con $7.800 millones de SGP pignorados y —según el propio registro del CHIP— $2.960 millones del desembolso usados para cancelar deudas previas: la mitad del crédito no fue inversión nueva, fue bola de nieve.

Contrató a puerta cerrada. 93% de contratación directa en dos años, parcelación calibrada en el techo de mínima cuantía, un convenio de $6.300 millones sin objeto específico y una compra inmobiliaria de $299.997.000 el 29 de diciembre.

Abandonó el empleo y el campo. Ni un programa municipal estructurado de desarrollo productivo en 5.109 contratos analizados, con un 37,28% de miseria rural y un componente económico del plan que vive en el papel.

Dejó el 2026 debiendo. $4.269,4 millones en reservas y cuentas por pagar (23 y 20 veces más que el cierre anterior), $11.832,5 millones de vigencias futuras por ejecutar hasta 2040 y cuotas de crédito de $857,1 millones anuales desde 2026.

No levantó su gestión institucional. IDI de 46,85 (percentil 7,4 del país) y hospital con 44,13: los indicadores objetivos de la calidad de la gestión pública colocan a Zambrano en la cola de Colombia.

3,83 / 10

MEDIOCRE — PREOCUPANTE

La administración de Gabriel Murillo Argel no es, en dos años, una crónica de saqueo: es algo más silencioso y más difícil de combatir. Una crónica de plata que entra y de futuro que se empeña, de contratos que se firman a puerta cerrada, de proyectos que se comprometen y no se pagan. La caja funciona; el municipio, apenas. Y el Buen Vivir prometido sigue siendo, para la mitad rural del municipio, una frase en un PDF que llegó cinco meses tarde.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

Volvemos a la pregunta inicial: ¿gobernar es hipotecar el futuro para pagar el pasado, o es construir el presente? Zambrano eligió, de hecho, lo primero: cambió $7.800 millones de sus transferencias futuras por $6.000 millones de hoy, de los cuales $2.960 millones se fueron en cancelar lo viejo, y cerró 2025 dejando $4.269 millones por pagar a quien venga. Mientras tanto, el 37,28% de sus campesinos vive en miseria y la mitad del municipio sigue sin alcantarillado. En un municipio donde el agua llegó dos años tarde y el empleo aún no ha llegado, pedir prestado para pagar deudas no es gestión fiscal: es postergar la promesa con intereses.

Al alcalde le quedan dos años para desmentir esta calificación: abrir la contratación a la competencia, explicar el convenio de $6.300 millones, pagar el paso deprimido, devolverle proyecto a las regalías y hacer que el «Buen Vivir» llegue a la vereda. La calificación puede subir a 7,0 si eso ocurre, o bajar hacia el 2,9 si los patrones que este portal documenta terminan en aulas de la Procuraduría. El reloj corre. La comunidad vigila. La prensa observa.

La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y la disección de Zambrano muestra un cuerpo administrativo que paga sus cuentas, pero no construye su futuro.