PAE Nuestro: la mentirosa «revolución» que la Gobernación de Cundinamarca pagó para que usted la leyera

El Espectador, El Tiempo y Semana publicaron la misma historia con auspicio oficial. El modelo comunal que celebran atiende a ocho de cada cien estudiantes del departamento. Los otros noventa y dos siguen en manos de dos uniones temporales, y una de ellas fue denunciada ante la Procuraduría y la Contraloría por porciones incompletas.

Nos encontramos en el municipio de Zipacón, Cundinamarca, a una hora de Bogotá, donde 744 estudiantes de 13 sedes educativas almuerzan cada día lo que cocinan mujeres de sus propias veredas con papa, yuca, plátano y pollo comprados a campesinos del mismo municipio. La escena es real y merece contarse. Lo que merece examinarse es cómo llegó hasta usted. El 21 de septiembre de 2026 El Espectador publicó la nota titulada PAE Nuestro: el modelo comunal que revoluciona la alimentación escolar. Siete días después Semana publicó PAE Nuestro: el modelo comunitario que está transformando la alimentación escolar en Cundinamarca. Meses antes El Tiempo había publicado El PAE Nuestro que está transformando la alimentación escolar en Cundinamarca. Tres diarios nacionales, tres titulares casi idénticos, una misma fuente de financiación. Sobre el titular de El Espectador aparece una etiqueta que la mayoría de lectores pasa por alto: Gobernación de Cundinamarca le cuenta. En el código de la página, el campo tipo de contenido dice una sola palabra: Comercial. El Tiempo lo confiesa al pie de la nota: Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Gobernación de Cundinamarca. Semana la aloja en su sección Mejor Colombia, el espacio donde las entidades pagan para verse bien. La revolución, entonces, tiene dueño y tiene factura.

Eso no vuelve falso lo que dicen las notas. Vuelve obligatorio revisarlo. Porque un programa de alimentación escolar en Colombia no es un tema cualquiera: es el contrato donde más plata pública se ha perdido usando el hambre de los niños como coartada. La Contraloría General publicó en febrero de 2026 hallazgos fiscales por 53.117 millones de pesos en el PAE de doce entidades territoriales: 46 hallazgos, tres de cada cuatro por sobrecostos, con alimentos pagados hasta un 85 por ciento por encima del precio de mercado. El contralor delegado para el sector educación, Andrey Rodríguez, resumió el año 2025 en una frase: los hallazgos del PAE se triplicaron. En esa lista aparecen Soacha, con el hallazgo individual más grande del país, 3.550 millones, y Facatativá. Los dos son municipios de Cundinamarca. Los dos son certificados, es decir, manejan su propio PAE sin la Gobernación. Ese detalle importa y volveremos a él.

Empecemos por el mecanismo que las notas pagadas describen bien y explican a medias. El PAE Nuestro funciona sobre una figura jurídica concreta: el convenio solidario autorizado por el artículo 63 de la Ley 2166 de 2021, que permite a los organismos de acción comunal contratar de manera directa con las entidades territoriales hasta el tope de la menor cuantía. En el documento técnico del piloto de 2024, publicado por la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, ese tope aparece en 130 millones de pesos por convenio. La Gobernación firma con la Junta de Acción Comunal o con la Asociación de Juntas del municipio, la junta recibe la plata, contrata a las ecónomas de la vereda, compra los alimentos a productores locales y responde por la operación. La Secretaría de Educación supervisa, la Secretaría Jurídica contrata una interventoría y la junta debe presentar catorce documentos: RUT, estatutos, acta de asamblea, antecedentes disciplinarios y judiciales de sus directivos, certificados de seguridad social. El punto de equilibrio calculado por la propia Gobernación exige mínimo 135 estudiantes y seis sedes para que una junta no pierda plata. La ración tipo almuerzo se pagó en 2024 a 5.180 pesos, ciento treinta y cuatro pesos por encima del promedio nacional.

Las cifras de crecimiento son verificables y son buenas. El piloto arrancó el 1 de octubre de 2024 en Medina con 11 municipios y 2.495 estudiantes, con una inversión que las propias notas pagadas fijan entre mil y 1.896 millones de pesos, según cuál de las dos se lea. En 2025 la Gobernación reportó 7.900 estudiantes. En 2026 habla de cerca de 16.000, en 19 municipios, más de 300 sedes, 440 empleos directos, unos 40 productores campesinos y 17.400 millones de pesos movilizados desde el inicio. La meta declarada es llegar a 30.000. Semana agrega que el 71 por ciento de las sedes mejoró indicadores nutricionales, una cifra que la Gobernación entrega sin metodología, sin línea de base y sin evaluador externo. Hasta aquí, el relato oficial. Ahora el dato que ninguna de las tres notas puso al lado.

El PAE departamental de Cundinamarca cubre los 108 municipios no certificados del departamento, 2.374 sedes educativas y una matrícula que la propia Gobernación situaba por encima de los 200.000 estudiantes cuando en 2022 declaró desierta la licitación y dejó a 52 municipios sin comida escolar durante el primer mes de clases. Dieciséis mil sobre doscientos mil da ocho por ciento. La revolución cubre a ocho de cada cien niños. Los otros noventa y dos almuerzan lo que sirven dos uniones temporales seleccionadas por la misma Gobernación: la Unión Temporal CUNDIPAE 25, conformada por Hub Integral Colombia y la Asociación Desarrollo Integral, que opera en 52 municipios, y la Unión Temporal Porvenir de la Sabana, conformada por Alimentos Provercol y Profuturo Colombia Zomac. Es como si un hospital anunciara que revolucionó la medicina porque una de sus doce salas dejó de usar jeringas oxidadas. Y pagara tres páginas de periódico para decirlo.

El gobernador Jorge Emilio Rey tiene una frase para cada ocasión. El 22 de abril de 2026, mientras entregaba 23 motocargueros por 700 millones de pesos a quince asociaciones de juntas y ocho organizaciones campesinas, dijo: El PAE no puede ser negocio. Y agregó que el programa siempre ha estado estigmatizado por hechos de corrupción relacionados con firmas megacontratistas. Lo dijo el jefe de la administración cuya Secretaría de Educación firmó, en enero de 2025, los contratos con las dos uniones temporales que alimentan al 92 por ciento de sus estudiantes. Un año antes de esa frase, en marzo de 2025, padres de familia de La Calera denunciaron porciones incompletas, menús que no correspondían al aprobado y leche en polvo que, según ellos, enfermó del estómago a varios niños. El operador era CUNDIPAE 25, con un contrato que la prensa regional cifró en 19.195 millones de pesos. La representante a la Cámara Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, llevó el caso a la Procuraduría y a la Contraloría. La respuesta de la Gobernación no fue una auditoría. Fue un comunicado titulado La Gobernación de Cundinamarca desmiente información falsa sobre la calidad de los alimentos del PAE en La Calera. La secretaria de Educación, Genny Padilla, declaró que las porciones son las correctas, que había hecho trece visitas sin novedades y que no había recibido quejas. La misma entidad que defiende a su operador con trece visitas paga después tres notas para celebrar la alternativa a ese operador. Dos discursos. Una sola chequera.

El historial de la Gobernación con sus operadores no empieza en La Calera. En febrero de 2022 la licitación del PAE se declaró desierta: de tres oferentes, uno fue rechazado por incumplir requisitos legales y los otros dos no alcanzaron el puntaje de calidad. Resultado: 52 municipios y cerca de 100.000 estudiantes sin alimentación escolar durante el primer mes de clases presenciales después de la pandemia. En abril de 2023 la Unión Temporal Por un Mejor PAE 2023 dejó sin pagar a las ecónomas del segmento uno durante febrero y la Secretaría tuvo que citar al contratista para que se comprometiera a pagar. Estos son los antecedentes que la nota de El Espectador resume en una línea elegante: el contrato se quedaba en el papel. La línea siguiente dice que la Contraloría alertó en 2025 que más de 49.000 millones de pesos estaban bajo la lupa por sobrecostos, retrasos en pagos y miles de niños perjudicados sin alimentos. La nota no dice de quién eran esos 49.000 millones, ni en qué departamento, ni qué pasó con ellos. Buscamos ese documento. No lo encontramos. La cifra pública más cercana es la nacional: 53.117 millones en doce entidades territoriales, publicada en febrero de 2026. Si la Gobernación tiene un informe de la Contraloría sobre 49.000 millones de su propio PAE, que lo publique. Si no lo tiene, que explique de dónde salió el número que pagó por imprimir.

Ahora las juntas. En Cundinamarca se posesionaron más de 78.000 dignatarios comunales en el último ciclo de elecciones de juntas. No existe en Colombia una maquinaria política de grano más fino que la Junta de Acción Comunal: conoce cada casa, cada apellido, cada deuda de favores de la vereda. El convenio solidario es contratación directa. No hay competencia, no hay puja, no hay pliegos abiertos: la Gobernación abre una convocatoria y decide qué junta recibe hasta 130 millones de pesos, un kit de cocina de unos 30 millones y, si tiene suerte, un motocarguero. Una junta que recibe eso es una junta que debe algo. El economista Fabio Sánchez, de la Universidad de los Andes, lo dijo sin rodeos cuando el gobierno nacional propuso el mismo modelo: Una JAC no está preparada para la manipulación de alimentos, sin neveras, sin transporte, sin protocolos de higiene para cientos de estudiantes. Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander, cuestionó la idoneidad y capacidad operativa y administrativa de las JAC para manejar sumas que en el agregado nacional superan el billón de pesos. Martha Patricia Arango, nutricionista que acompaña un piloto comunal en Yolombó, Antioquia, lo resumió desde adentro: Son juntas muy limitadas en recursos y el PAE requiere un músculo financiero muy grande.

Aquí aparece la simetría que este portal exige aplicar sin importar el color político. El modelo comunal no es una idea del gobernador Rey. Es la bandera del gobierno de Gustavo Petro para el PAE, impulsada desde la Unidad de Alimentos para Aprender, cuyo director, Luis Fernando Correa Serna, asistió al lanzamiento del piloto en Medina y aparece citado en la nota pagada de 2024. Un gobernador de centroderecha y un presidente de izquierda coinciden en entregar la alimentación escolar a las juntas comunales. Cuando todo el espectro político coincide en pasarle plata a las estructuras que más votos mueven en el territorio, el ciudadano hace bien en contar su billetera. Los motocargueros se entregaron el 22 de abril de 2026, cinco semanas antes de la primera vuelta presidencial. El gobernador no era candidato. Las juntas votan. Este portal no afirma que exista un uso electoral de los convenios. Afirma que el diseño del programa no contiene ninguna barrera que lo impida, y que nadie ha publicado la lista de juntas beneficiarias con sus dignatarios, sus valores y sus resultados.

Volvamos a la mesa del almuerzo, que es donde se mide todo esto. Wilson Correa, presidente de la Asociación de Juntas de El Colegio, dijo en la nota pagada la frase más honesta de las tres publicaciones: En muchos casos, la única comida que reciben al día es la del PAE. Tómelo en serio y haga las cuentas con el precio de la ración de la propia Gobernación. Los 53.117 millones que la Contraloría encontró en hallazgos en un solo año equivalen a diez millones de almuerzos escolares a 5.180 pesos: un año lectivo completo de 200 días para 51.000 niños, tres veces todo el PAE Nuestro. Con un sobrecosto del 85 por ciento, de cada 100 pesos pagados por un alimento, 46 no compraron comida. Los 700 millones de los motocargueros son 135.000 almuerzos. El contrato de 19.195 millones que operaba en La Calera equivale a 3,7 millones de raciones, y los padres denunciaron que llegaban incompletas. En la vereda, esa diferencia no es un porcentaje: es un niño que almuerza medio plato y vuelve a comer al día siguiente a la misma hora.

El costo de oportunidad tiene otra cara. Si el modelo comunal es tan bueno como dicen las tres notas, la pregunta obvia es por qué la Gobernación lo mantiene en el 8 por ciento y proyecta llegar apenas al 15 por ciento con su meta de 30.000 estudiantes, mientras renueva año tras año los contratos de dos uniones temporales para el resto. La respuesta oficial es técnica: las juntas no tienen capacidad para 200.000 raciones diarias. Es una respuesta razonable. Pero entonces la palabra revolución sobra, y lo que queda es un programa piloto bien intencionado que la Gobernación usa como vitrina mientras el grueso del dinero sigue circulando por el mismo tubo de siempre. Nadie pagó una nota sobre los 184.000 niños del tubo de siempre.

Quedan las preguntas que el modelo comunal debe responder para dejar de ser pauta y convertirse en política pública. Primera: ¿dónde está la lista pública de convenios solidarios con el nombre de cada junta, el valor de cada uno, el número de estudiantes y los informes de la interventoría? No la encontramos publicada de forma consolidada. Segunda: ¿quién audita a las juntas? La supervisión comunitaria que celebran las notas consiste en que la comunidad se vigile a sí misma. La confianza es una virtud. No es un mecanismo de control. Tercera: ¿cómo están contratadas las 400 ecónomas y quién paga su seguridad social? En el modelo de operadores, en 2023, pasaron meses sin salario. En el modelo comunal la responsabilidad laboral recae en una junta con presupuesto de 130 millones y sin departamento de recursos humanos. Cuarta: ¿cuánto pagó la Gobernación por las tres notas? Los contratos con Comunican S.A., Casa Editorial El Tiempo y Publicaciones Semana deberían estar en el SECOP con su objeto y su valor. El artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, limita la publicidad oficial a fines informativos y prohíbe usarla para promover la imagen de los funcionarios. Las tres notas citan al gobernador como protagonista. Que el lector juzgue si eso es información o imagen.

El sistema que produce este caso tiene tres capas y ninguna es exclusiva de Cundinamarca. La primera es la arquitectura del contrato: el PAE colombiano se diseñó como una licitación gigante, de decenas de miles de millones por segmento, que atrae a uniones temporales armadas para cada convocatoria y que en el país entero se adjudica con un solo oferente en cerca del 88 por ciento de los procesos, como documentó este portal en el caso del Atlántico. El modelo comunal es una válvula de escape que deja intacta la máquina grande. La segunda capa es la arquitectura de la narrativa: la publicidad institucional disfrazada de periodismo, con byline de redactor, en secciones que el lector asocia con noticias y con una etiqueta que exige mirar el código fuente para entenderla. El mismo diario que en febrero publicó los 53.117 millones de la Contraloría en su sección judicial publicó en septiembre, en su sección Cundinamarca, que el problema está resuelto, y cobró por la segunda nota. La tercera capa es la arquitectura del control: los hallazgos de la Contraloría son presuntos, los procesos de responsabilidad fiscal tardan años, los operadores cambian de razón social entre una licitación y otra y la Gobernación responde a las denuncias con comunicados que las califican de falsas. Cambiar de operador no cambia el control. Y sin control, la junta comunal de hoy es el operador denunciado de mañana.

Este portal reconoce lo que hay que reconocer. Que las ecónomas de Zipacón cocinen con productos de sus vecinos es mejor que un camión de comida industrializada que llega de Bogotá con la fruta podrida. Que 440 personas del campo tengan empleo es mejor que una nómina en una oficina de la capital. Que un campesino venda su papa a la escuela de su vereda es economía real. Si el 71 por ciento de las sedes mejoró la nutrición de los niños, hay que celebrarlo con la evaluación externa en la mano, no con una pauta. Y hay que exigir que la Gobernación de Cundinamarca haga cuatro cosas que no cuestan un peso de publicidad: publicar cada convenio solidario con su valor y sus resultados, publicar los informes de interventoría del PAE Nuestro y del PAE de los operadores, someter el modelo comunal a una auditoría de la Contraloría de Cundinamarca con resultados públicos, y explicar de dónde salieron los 49.000 millones que pagó por imprimir.

Ninguna de las personas nombradas en este artículo ha sido condenada por autoridad judicial o disciplinaria en relación con los hechos descritos. El gobernador Jorge Emilio Rey, la secretaria Genny Padilla y los integrantes de las uniones temporales CUNDIPAE 25, Porvenir de la Sabana y Por un Mejor PAE 2023 gozan de la presunción de inocencia. Las denuncias sobre La Calera son denuncias en trámite, y la Gobernación las negó públicamente. Los hallazgos de la Contraloría General son presuntos detrimentos, no fallos. Lo que este artículo afirma con documentos es otra cosa: que tres notas de prensa nacional sobre el PAE Nuestro fueron financiadas por la entidad que elogian, que el modelo cubre al 8 por ciento de los estudiantes del PAE departamental y que las preguntas de fondo siguen sin respuesta.

La próxima vez que lea que un programa público revoluciona algo, busque la etiqueta pequeña, mire quién paga y haga la división. Ocho de cada cien. Si la revolución es real, no necesita pauta. Necesita auditoría. ¿Vamos a seguir dejando que el Estado nos cuente su propio cuento con nuestra plata, o vamos a exigir la lista, el valor y el resultado de cada peso que dice haber convertido en almuerzo?

Si la revolución es real, no necesita pauta. Necesita auditoría.