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Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.» — Equipo editorial, corrupcionaldia.com
Nos encontramos en el municipio de Planeta Rica, en el suroriente del departamento de Córdoba, corazón ganadero de la subregión del San Jorge y encrucijada obligada de las carreteras que unen Montería con Sincelejo y el Bajo Cauca antioqueño. Vamos a auscultar la gestión municipal de Planeta Rica, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Ramón Eduardo Calle Cadavid, elegido en las votaciones territoriales del 29 de octubre de 2023 con 16.141 votos (43,17%) frente a los 15.449 (41,32%) de Gabriel Méndez Pineda: una victoria por apenas 692 votos que quedó envuelta en demandas de anulación y que el Consejo de Estado solo ratificó en septiembre de 2025. Haremos un estudio de la administración desarrollada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno —las vigencias 2024 y 2025—, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene a su disposición para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una radiografía profunda —de las que duelen— construida con los datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I y II), del FURAG que publica el Departamento Administrativo de la Función Pública, de los reportes del Sistema General de Regalías, del Plan de Desarrollo adoptado por el Concejo Municipal y del pulso que dejan los medios regionales y los estudios de opinión. Cruzamos cinco fuentes, verificamos las cifras línea por línea y, cuando los números no cuadraban, documentamos la discrepancia en lugar de esconderla. Porque cuando los datos públicos se contradicen entre sí, el problema ya no es la contabilidad: es la calidad de la información con la que un pueblo puede fiscalizar a su gobierno.
La pregunta que guía esta investigación es simple y a la vez incómoda: cuando el boletín de prensa dice que todo va bien, ¿qué está pasando por debajo del titular? Detrás de un alcalde con 83,33% de aprobación y de un discurso de «Gobierno de la Gente» identificamos un sistema silencioso que nadie explica en las emisoras: un FURAG congelado en el percentil 1 de un departamento que es el último del país, un plan de desarrollo que se corrigió a sí mismo admitiendo por escrito «inexactitudes», un SECOP II que permaneció vacío durante los dos años evaluados, un impuesto de industria y comercio que el municipio reporta en cero ante el Ministerio de Hacienda pero que en CHIP aparece en millones, y una crisis de agua que sigue cobrando peaje en las comunidades rurales. Ninguno de estos hechos es un escándalo de titulares. Todos, sumados, dibujan la arquitectura de una gestión que brilla en las redes y se apaga en los indicadores.
Esto no es solo información; es claridad transformadora. Este informe le da al lector las herramientas para comprender, con su propio presupuesto en la mano, qué prometió su alcalde, qué ejecutó, qué calló y qué le queda pendiente a los organismos de control. La verdad no solo se lee: se siente. ¿Listo para verla de frente?
Planeta Rica y el hombre que ganó por 692 votos
El terreno: ganadería, carreteras y una sed que no se va
Planeta Rica es —por población y por pesebres— uno de los municipios centrales de Córdoba: más de 50.000 habitantes según las cifras que manejan medios nacionales y la propia administración, una economía montada sobre la ganadería doble propósito, los centros logísticos de la vía al Bajo Cauca y las subastas ganaderas que mueven la plata del San Jorge. El Plan de Desarrollo reconoce ese potencial cuando fija la Visión 2030 como un municipio «ejemplo de gestión pública, gestión social y competitividad territorial», atractivo para la inversión pública y privada gracias a su posición geoestratégica. Es, además, uno de los nodos viales más concurridos del departamento: quien va de Montería a Caucasia o de Sincelejo a Medellín por el oriente cordobés atraviesa su cabecera urbana.
Pero debajo del Ganadero hay otro mapa, el que dibujaron los propios ciudadanos cuando la administración levantó las mesas de participación del Plan: de las 1.153 propuestas recogidas, 280 (24,3%) hablaban de vivienda, ciudad y territorio —y dentro de ellas, del agua—, 145 de transporte y vías, 136 de educación, 134 de salud y 116 de agricultura. Ese es el termómetro real de un municipio que celebra sus fiestas, coronó a su alcalde como el mejor del San Jorge en las encuestas y, al mismo tiempo, en pleno año 2025 todavía tenía 62 familias viviendo de transportar agua en vehículos de tracción animal. Esa contradicción —modernidad en el discurso, sed en la vereda— atraviesa toda esta evaluación.
Ramón Eduardo Calle Cadavid: hoja de ruta de un mandatario con margen estrecho
Calle Cadavid llegó a la Alcaldía con el programa de gobierno «Primero La Gente» y un equipo que bautizó como «Gobierno de la Gente», encabezado por la Gestora Social Ana Margarita Caldera Oyola y por secretarios como Marcela Moreno García (Hacienda), Jorge Isaac Gil Mercado (Infraestructura y Planeación) y Rafael Emiro Ruiz Pacheco (Educación y Cultura). Su elección, el 29 de octubre de 2023, fue la más apretada de las grandes alcaldías del departamento: 43,17% contra 41,32% del exfuncionario departamental Gabriel Méndez Pineda. La diferencia de 692 votos desató demandas de anulación que escalaron hasta el Tribunal Administrativo de Córdoba y terminaron en el Consejo de Estado, que ratificó su elección en septiembre de 2025 —es decir, cuando ya tenía diecinueve meses de gobierno sobre los hombros.
Esa coyuntura judicial no es un dato menor: significa que durante casi toda la primera mitad del periodo el mandatario gobernó con una espada de Damocles sobre el cargo, en un municipio donde el precedente de elecciones impugnadas alimenta la desconfianza ciudadana. La ratificación le devolvió blindaje político, y las encuestas posteriores lo coronaron: en noviembre de 2025, el estudio de Mediciones Estratégicas le dio el tercer lugar departamental en aprobación. Pero este reportaje no califica encuestas: califica gestión. Y la gestión se mide en FURAG, en CUIPO, en SECOP y en agua que llega —o no llega— a la vereda.
La sombra de la administración anterior
Ningún alcalde de Planeta Rica escapa de la vara que dejó Rubén Tamayo, su antecesor, quien se despidió de la Alcaldía en diciembre de 2023 presumiendo —a truenos de radio— 60 kilómetros de pavimento. El dato es la vara de medición implícita de todo el periodo: cuando un antecesor convierte el asfalto en su marca de fábrica, el mandatario entrante se juega buena parte de su imagen en toneladas de concreto. Y aquí está la primera ironía de esta radiografía: de los tres créditos activos que Calle Cadavid heredó y ejecuta, dos son precisamente pavimentos —el de la urbanización Villa Dina y la variante hasta la vereda El Reparo ($10.000 millones) y el pavimento en concreto rígido etapa 1 del OCAD ($10.540 millones)—. Es decir: el alcalde que no fue de los 60 kilómetros tiene que pagar, con intereses, el concreto de los que sí lo fueron.
Metodología: cómo calificamos la gestión municipal
En corrupcionaldia.com no calificamos con el estómago ni con la boleta de votación. Calificamos con una metodología ponderada de seis componentes, cada uno con su fuente oficial verificable, sobre una escala de 0 a 10. La calificación es relativa al punto de partida del municipio: no premiamos al alcalde por un crecimiento que es simple inercia de las transferencias nacionales, ni castigamos problemas estructurales que heredó, aunque sí lo responsabilizamos por no mover la aguja donde tenía las herramientas para hacerlo. Cruzamos al menos cinco fuentes por cada dato (CHIP, SECOP I y II, datos.gov.co/FURAG, el Plan de Desarrollo adoptado por el Concejo y la prensa regional contrastada) y resolvemos las contradicciones por triangulación aritmética, dejando constancia de cada decisión en notas forenses.
Tabla 1. Componentes y pesos de la calificación
| Componente | Peso | Fuente principal |
|---|---|---|
| FURAG / Índice de Desempeño Integral (IDI) | 25% | Función Pública — dataset oficial daed-z4fw (datos.gov.co) |
| Ejecución presupuestal (CUIPO) | 20% | CHIP — CUIPO de ingresos y de gastos, vigencias 2024-2025 |
| Avance del Plan de Desarrollo | 20% | PDM «Primero La Gente» (Acuerdos 06-2024 y 11-2025 del Concejo) |
| Transparencia en contratación (SECOP) | 15% | SECOP I y SECOP II (datos.gov.co), procesos 2024-2026 |
| Cumplimiento de los ODS | 10% | Proxies documentales: calamidades, SGP, obras y prensa contrastada |
| Percepción ciudadana | 10% | Estudios Mediciones Estratégicas y prensa regional |
La escala es la misma que aplicamos en todo el país: de 0 a 2,9 el resultado es PÉSIMO (CRÍTICO); de 3 a 4,9, MEDIOCRE (PREOCUPANTE); de 5 a 6,9, Regular (VIGILAR); de 7 a 8,4, Bueno (BIEN); y de 8,5 a 10, Excelente (BIEN). Y hay una regla adicional que es nuestra firma editorial: la regla del Prevaricato por Omisión. Si la nota final ponderada es igual o inferior a 6,9, el informe activa automáticamente un análisis jurídico del artículo 414 del Código Penal colombiano —la omisión dolosa de los deberes funcionales—, junto con los marcos disciplinarios y fiscales aplicables. Si la nota es superior a 7,0, ese capítulo se omite y el alcalde respira. Este caso no respira: sacó 5,64.
Una advertencia honesta antes de entrar en materia: los datos públicos colombianos no son un espejo limpio. Durante esta investigación encontramos tres contradicciones directas entre las dos extracciones de CHIP entregadas por nuestra fuente y un silencio total del consolidador del Ministerio de Hacienda sobre el impuesto de industria y comercio del municipio. Cada conflicto quedó documentado con su triangulación en el cuerpo del texto. No es un defecto nuestro: es el primer síntoma del sistema silencioso que esta radiografía viene a exponer.
Componente 1 (25%): FURAG — el termómetro que no se mueve
El FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión) es el instrumento con el que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide la capacidad real de las entidades territoriales para planear, contratar, atender al ciudadano y no cometer daño al patrimonio. Su síntesis, el Índice de Desempeño Integral (IDI), es el examen de capacidad institucional de una alcaldía: no mide cuánta plata llega, mide qué sabe hacer el aparato público con ella. Y en ese examen, Planeta Rica lleva cuatro años sentada en la última fila del aula nacional.
Figura 1. Trayectoria del IDI de Planeta Rica 2022-2025 frente a los promedios nacional y departamental. Fuente: Función Pública, datos.gov.co.
Los números son contundentes. La trayectoria del IDI del municipio fue de 35,38 puntos en 2022 (percentil 1), 38,00 en 2023 (percentil 2, la línea base que heredó Calle Cadavid), 37,75 en 2024 (percentil 1) y 37,57 en 2025. En el ranking 2025 del departamento quedó en el puesto 27 de 30 alcaldías —esto, en el departamento de Córdoba, que con un promedio de 53,63 es el último del país, muy lejos del promedio nacional de 70,19—. En dos años completos de gobierno, la administración no movió la aguja un solo punto hacia arriba: de hecho, la movió 0,43 hacia abajo. Traducido a la nota ponderada de esta evaluación: 37,57 sobre 100 es un 3,76/10. MEDIOCRE. PREOCUPANTE.
Desglose 2024: los ceros que duelen
El desglose por índices desagregados del FURAG 2024, descargado ítem por ítem del dataset oficial, revela dónde se rompe la maquinaria institucional. Los ceros no son negligencias menores: son circuitos enteros del Estado municipal apagados.
Innovación digital del Estado (I12): 0,00. Servicios Ciudadanos Digitales (I15): 0,00. Gobierno digital (I16): 0,00. En un mundo donde el ciudadano paga impuestos por línea, en Planeta Rica la digitalización municipal simplemente no existe para el FURAG.
Prevención del daño antijurídico (I70): 0,00. Este es, probablemente, el número más serio de todo este informe. Este índice mide si la entidad tiene sistemas de control para evitar contratos nulos, pagos indebidos y recursos que se pierden. Un cero significa que la alcaldía no monta defensa alguna antes del golpe: el daño al erario, cuando ocurra, será responsabilidad directa y documentable de quienes podían prevenirlo y no hicieron nada.
Accesibilidad para personas con discapacidad (I37): 0,00. Ni planes, ni
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adecuaciones, ni reporte. La mitad de la población vulnerable invisible para la gestión.
Servicio a las ciudadanías (I34: 16,67; I35: 21,21; I36: 8,33). La recepción y gestión de quejas y peticiones funciona a rengas rotas: de cada cien ciudadanos que tocan la puerta, más de ochos se quedan afuera.
Gestión del conocimiento (D6: 9,09) y estadística básica (I56: 5,88; I57: 10,53): la administración aprende poco de sí misma y casi no cuenta lo que hace. Sin datos, no hay gestión: hay improvisación con membrete.
No todo es tiniebla, y la honestidad forense obliga a decirlo. La autoevaluación de contratación es de las mejores del índice (I08: 78,57; I09: 70,00; I10: 83,33), el cumplimiento de sentencias judiciales alcanza un sólido 83,33 (I27) y la racionalización de trámites logró el 100 (I40). También la desvinculación asistida (I04: 100). Es decir: donde la ley obliga a mover papeles entre entidades, Planeta Rica cumple; donde hay que modernizar el servicio al ciudadano y blindar el patrimonio contra el daño antijurídico, el semáforo está en rojo absoluto.
Lo que el FURAG no dice pero sugiere
La metodología de esta casa califica de forma relativa al punto de partida, y el punto de partida de Planeta Rica era miserable: percentil 1-2 nacional. Un alcalde ambicioso habría tomado ese terreno baldío como oportunidad: con un plan plurianual de mejora, capacitación del personal y migración a gobierno digital, subir de 38 a 50 puntos es técnicamente alcanzable en dos años —municipios de Córdoba lo hicieron—. Calle Cadavid terminó 2025 con 37,57. El FURAG no dice por qué no hubo mejora; pero sugiere que la capacidad institucional nunca fue prioridad de la agenda política, ocupada como estuvo en sobrevivir judicialmente al primer año y en cosechar obras visibles en el segundo. Nota del componente: 3,76/10 — MEDIOCRE.
Componente 2 (20%): CUIPO — la plata, línea por línea
Si el FURAG mide la capacidad, el CUIPO —el consolidador único de la información presupuestal y de operaciones que publica el CHIP— muestra el dinero. Y aquí, por primera vez en este informe, la administración tiene buenas noticias que contar —con dos asteriscos que la propia calidad del dato público obliga a poner.
Tabla 2. Ejecución presupuestal ordinaria de Planeta Rica, vigencias 2024 y 2025 (pesos corrientes)
| Concepto | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Recaudo total de ingresos | $150.180,5 M | $158.784,1 M | +5,7% |
| Compromisos de gasto | $113.200,2 M | $134.891,7 M | +19,2% |
| Obligaciones | $110.325,3 M | $132.228,8 M | +20,0% |
| Pagos efectivos | $89.116,1 M | $127.501,1 M | +43,1% |
| Eficiencia de pago (pagos/compromisos) | 78,72% | 94,52% | +15,8 p.p. |
Los ingresos: la caja crece, pero la mitad no es suya
El recaudo total pasó de $150.180,5 millones en 2024 a $158.784,1 millones en 2025 (+5,7%). Los impuestos propios crecieron con fuerza: el predial unificado saltó de $2.935,4 a $4.126,6 millones (+40,5%) y el impuesto de industria y comercio de $4.701,6 a $7.107,4 millones (+51,1%), movimientos que la administración puede exhibir como fiscalización eficaz —aunque buena parte del salto corresponde a la actualización catastral nacional que el IGAC desplegó en el periodo, un viento de cola que cualquier alcalde de la región recibió—. La sobretasa a la gasolina sumó $2.921,5 millones. Pero la foto completa de la composición del recaudo es menos festiva: el SGP del régimen subsidiado de salud por sí solo ($33.697,5 millones) pesa el 21,2% del total, y sumadas las transferencias —SGP en sus tres ramos más el Sistema General de Regalías— la dependencia del nivel central supera el 80% del presupuesto. Planeta Rica administra plata ajena con foco de autonomía en retroceso.
Figura 2. Composición del recaudo total 2025. *Otros recursos incluye SGP propósito general, SGR régimen anterior y otros ingresos corrientes. Fuente: CHIP.
NOTA FORENSE 1 — El ICA que se infló y el ICA que vale cero. Dos extracciones de CHIP arrojaron dos ICAs distintos para 2025: $20.341,1 millones en una y $7.107,4 millones en otra. La triangulación aritmética zanja el caso: el recaudo total solo creció $8.604 millones; sumando los recaudos identificados (predial +$1.191 M, ICA +$2.406 M, SGP salud +$3.932 M, sobretasa +$235 M, SGP educación +$215 M) la cuenta cierra en cerca de +$7.979 millones, consistente con el ICA de $7.107 M. Si el ICA hubiera subido a $20.341 M, el recaudo total habría tenido que crecer más de $21.000 millones: aritméticamente imposible. Peor aún: consultamos el dataset OVCF-CUIPO oficial del Ministerio de Hacienda en datos.gov.co y el recaudo de industria y comercio de la entidad figura en CERO en todos los cortes mensuales de 2024 y 2025. O el municipio no reporta, o el consolidador duplicó rubros. En cualquiera de los dos escenarios, la calidad del dato presupuestal público de Planeta Rica está en la enfermería.
El gasto: la inversión del 89% y el milagro de la eficiencia
Del lado del gasto, la distribución es difícil de criticar: de los $134.891,7 millones comprometidos en 2025, el 89,0% fue a inversión, apenas 8,3% a funcionamiento y 2,7% al servicio de la deuda. Es una estructura de gasto que cualquier municipio querría. Y el dato más potente de la administración está en la eficiencia de pago: en 2024, por cada 100 pesos comprometidos solo giró 78,72 ($89.116,1 millones de pagos) —un rezago que dejó cuentas por pagar dentro de la vigencia—; en 2025 la cifra trepó a 94,52% ($127.501,1 millones). Ese salto de 15,8 puntos porcentuales es el verdadero logro de gestión del periodo: plata que llegó y plata que se pagó, sin estancarse en trámites.
Figura 3. Destino del gasto 2025: el 89% se destinó a inversión. Fuente: CHIP, CUIPO de gastos.
NOTA FORENSE 2 — La cifra que cambió de apellido. La suma exacta de $110.325.264.409 aparece en una extracción de CHIP etiquetada como «pagos efectivos 2024» y en otra como «obligaciones 2024». Cuando un mismo número aparece con dos nombres distintos, alguien leyó mal la columna. Adoptamos la serie coherente —compromisos $113.200,2 M, obligaciones $110.325,3 M, pagos $89.116,1 M—, que es la única que hace funcionar los porcentajes de eficiencia publicados (78,72% y 94,52%). De nuevo: el problema no es nuestro; es del espejo.
Figura 4. Radar de gestión fiscal 2024-2025 en cinco ejes (0-10). Elaboración propia con datos CHIP. La autonomía financiera (4,5) es el eje más débil.
Puestos en la balanza, los seis sub-indicadores de este componente —crecimiento del recaudo (8,5), eficiencia de pago (7,5), estructura del gasto (8,5), ejecución del SGR (6,0), sostenibilidad de la deuda (8,0) y autonomía financiera (4,5)— promedian 7,2/10. Es la nota más alta de toda la radiografía: BUENO. La administración sabe recibir plata y, sobre todo en el segundo año, sabe pagarla. Lo que no sabe —o no quiere— es dejar de depender: cada peso de sobrevivencia fiscal viene del nivel central, y con la caída de las regalías que veremos más adelante, esa dependencia dejó de ser una estadística para volverse un riesgo.
Deuda pública y vigencias futuras: lo que queda después de la fiesta
La deuda activa del municipio al cierre de 2025 suma $16.258,6 millones distribuidos en tres créditos: la pista de patinaje con Bancolombia ($5.000 millones aprobados), el pavimento de Villa Dina y la variante hasta El Reparo ($10.000 millones) y el pavimento en concreto rígido etapa 1 del OCAD 02-18 con BBVA ($10.540 millones). En 2024 el saldo total era de $19.367,7 millones: la administración amortizó $3.109,1 millones de capital y pagó $1.714,0 millones de intereses —el doble de esa cifra apareció en una de las extracciones, un error de agregación por duplicación de filas que documentamos y descartamos—. Los intereses equivalen a menos del 1,1% del recaudo anual: una carga liviana. Y hay un dato que merece aplauso moderado: la renta pignorada es de $0. Ni el predial ni la sobretasa a la gasolina están hipotecados. Nadie vendió el futuro para pagar el presente.
Tabla 3. Créditos activos y servicio de la deuda, cierre 2025 (pesos corrientes)
| Crédito / proyecto | Saldo 2024 | Amortización 2025 | Intereses 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 6870093334 — Pista de patinaje (deporte) | $4.979,2 M | $414,9 M | $534,5 M | $4.564,3 M |
| 6870093301 — Pavimento Villa Dina y variante El Reparo | $9.996,9 M | $937,5 M | $770,4 M | $9.059,4 M |
| 96600146774 — Pavimento concreto rígido etapa 1 (OCAD 02-18) | $4.391,7 M | $1.756,7 M | $409,2 M | $2.635,0 M |
| TOTAL | $19.367,7 M | $3.109,1 M | $1.714,0 M | $16.258,6 M |
Figura 5. Izquierda: saldo de la deuda activa 2024-2025. Derecha: caída de los ingresos del Sistema General de Regalías. Fuente: CHIP.
El crédito que desapareció del registro
Aquí empieza la caza menor. En el corte de CHIP de 2024 aparecía activo un cuarto crédito —el 6870085742, por $7.000 millones, para la construcción de una ciclovía—. En el corte de 2025, ese crédito ya no existe en el registro: no aparece cancelado, ni reestructurado, ni explicado. Las operaciones de crédito público municipal exigen autorización del Concejo, control de la Contraloría y trazabilidad en CHIP. Un crédito de $7.000 millones que entra y sale del consolidador público sin que quede rastro de su finalización no es un detalle administrativo: es la prueba de que el espejo CHIP, tal como lo alimenta la propia entidad, permite que plata aprobada se evapore de la vista del ciudadano. Preguntamos y no hubo respuesta pública. Queda la pregunta, que es la forma cortés de decir que alguien debería responderla.
Vigencias futuras: compromisos hasta 2032
El municipio autorizó dos ventanas de vigencias futuras en el periodo. En octubre de 2024 (Acto Administrativo 10-2024) reservó $2.931,9 millones para 2025, casi todo del SGP de agua potable y saneamiento básico ($2.691,5 millones) —una reserva coherente con la crisis de abastecimiento—. Pero en diciembre de 2025 el panorama cambió de escala: mediante el Acto Administrativo 14-2022, el municipio mantiene autorizadas $1.994,6 millones de vigencias futuras excepcionales financiadas con ICLD (Ingresos Corrientes de Destinación Libre) para el sector «Gobierno Territorial», con calendario de ejecución que se estira año por año hasta 2032 ($291,4 millones en 2026, $303,1 en 2027, $315,2 en 2028, y así hasta $61,5 millones en 2032). Traducción: una parte de la plata libre del municipio ya tiene dueño para los próximos siete años. No es ilegal —el acto es de 2022, anterior al alcalde—, pero sí es una camisa de fuerza que el gobierno de Calle Cadavid decide mantener, y que reduce su margen de maniobra frente a cualquier emergencia, empezando por la de agua.
Sistema General de Regalías: la caja que se encogió 57,5%
Si hay un capítulo donde el viento de cola se convirtió en ráfaga de frente, es el de las regalías. Los ingresos del SGR que recibió el municipio pasaron de $39.408,1 millones en 2024 a $16.758,0 millones en 2025: una caída de 57,5%. Las asignaciones directas bajaron de $23.496,2 a $10.924,4 millones y la inversión local, de $14.511,3 a $5.745,3 millones. Parte de esta caída es de origen nacional —el comportamiento de los giros del sistema, su ritmo burocrático y el ciclo de los recursos— y en eso el alcalde no es el autor. Pero la otra parte sí es un espejo de gestión: la capacidad del municipio para estructurar proyectos que ganen convocatorias del OCAD y ejecutarlos a tiempo se mide, precisamente, en épocas de caja flaca. Y ahí los números no son generosos.
La ejecución de los gastos de regalías —pagos efectivos sobre ingresos recibidos— fue del 69,7% en 2024 (pagó $27.481,0 de los $39.408,1 millones recibidos) y del 73,0% en 2025 (pagó $12.232,5 de $16.758,0 millones). Dicho en criollo: de cada 100 pesos de regalías que entraron, casi 30 se quedaron dormidos en cuentas sin girar. Para un municipio cuya principal queja ciudadana son las vías, esa lentitud es un lujo que las veredas no se pueden permitir.
Obras con regalías: el pavimento que sí empezó
El proyecto insignia del ciclo fue la pavimentación de 1.200 metros lineales en diez tramos viales de los barrios Las Colinas, La Esperanza, San José (etapas 1 y 2) y Los Ángeles, socializada en junio de 2025 y ejecutada con recursos del SGR. La administración la vendió como «una respuesta directa a las necesidades de nuestras comunidades», y no le falta razón: es obra real, contratada y en ejecución. Pero la comparación es la que muerde: 1.200 metros es el 2% de los 60 kilómetros que presumió el gobierno anterior. A este ritmo de kilometraje anual, para igualar al antecesor el alcalde necesitaría cincuenta años de mandato. La obra es legítima; la escala es insuficiente para un municipio que puso 145 propuestas viales sobre la mesa del Plan.
En los registros de contratistas del ciclo SGR y de obra 2025-2026 reaparecen además los nombres que ya conocemos del SECOP: Consorcio LUARQUING (25 contratos por $4.812 millones en 2026), Consorcio ASA (alcantarillado, $4.198 millones), Red Vial 2 ($3.962 millones), ALC-PR 2024 ($3.618 millones), Malla Vial 2025 ($3.100 millones) y Taller JR ($3.004 millones en maquinaria). Repetición no es irregularidad —consorcios que trabajan bien vuelven a contratar—, pero la concentración de un cuarto de la contratación de 2026 en un solo consorcio es exactamente el tipo de patrón que una veeduría ciudadana con dientes debería estar mirando con lupa.
Componente 3 (20%): el Plan «Primero La Gente» que se corrigió a sí mismo
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, «Primero La Gente», fue adoptado por el Concejo mediante el Acuerdo 06 del 27 de mayo de 2024 —cinco meses después de la instalación del nuevo periodo de gobierno, cuando el estándar de la planeación colombiana exige tener el plan aprobado en el primer trimestre—. Ese retraso inicial ya costó caro: un plan tardío es un presupuesto de primer año que se ejecuta sin brújula. El documento final es, eso sí, uno de los más participativos de la subregión: tres pilares (Equidad, Productividad y Participación), 255 productos de los cuales 210 (el 81%) nacieron de las mesas de trabajo, 11 mesas con 798 participantes y 1.153 propuestas geolocalizadas en corregimientos y veredas. El diagnóstico integró IDF, IDI, índice de pobreza multidimensional, NBI y la estrategia Unidos. En papel, la arquitectura participativa es seria.
Los cinco problemas que más le dolieron a la comunidad —vivienda, ciudad y territorio con el agua a la cabeza (280 propuestas); transporte (145); educación (136); salud (134) y agricultura (116)— deben ser, en la metodología de esta casa, el eje de los cinco indicadores de gestión con los que se juzga al alcalde. No se juzga a un mandatario por los boletines que firma: se juzga por lo que pasa en las cinco cosas que su propia gente dijo que dolían.
Tabla 4. Los cinco problemas priorizados por la comunidad y sus indicadores de gestión (2024-2025)
| Problema priorizado y número de propuestas | Indicador de gestión sugerido | Lectura 2024-2025 |
|---|---|---|
| Vivienda, ciudad y territorio (agua y servicios públicos) — 280 propuestas (24,3%) | Continuidad y cobertura del acueducto; avance del acueducto regional del San Jorge | Crisis documentada: carrotanques por sequía (feb-2024), calamidad pública (jun-2024), 62 familias cocheros acarreando agua (abr-2025), conflicto con Aqualia (2026). El acueducto regional sigue en «concepto favorable». |
| Transporte y vías — 145 propuestas (12,6%) | Kilómetros de pavimento entregados por vigencia | 1.200 metros contratados con regalías (jun-2025): el 2% del referente de 60 km del gobierno anterior. Créditos viales activos por más de $19.000 millones heredados. |
| Educación — 136 propuestas (11,8%) | Cobertura oficial, resultados Saber e inversión SGP de calidad | SGP de calidad pasó de $1.535 a $1.750 millones (montos mínimos); exaltación pública de bachilleres y alianza cultural con Unisinú. Sin proyecto educativo estructural visible. |
| Salud y protección social — 134 propuestas (11,6%) | Oportunidad de atención y obras de infraestructura hospitalaria | SGP régimen subsidiado creció de $29.765 a $33.697 millones; ninguna obra pública de infraestructura de salud aparece en los procesos SECOP 2024-2025 del municipio. |
| Agricultura y desarrollo rural — 116 propuestas (10,1%) | Familias con asistencia técnica y acceso a mercados | Diagnóstico y mesas rurales sólidos; la evidencia pública de ejecución agropecuaria en los dos primeros años es escasa y dispersa. |
La autoconfesión del Acuerdo 11 de 2025
El 10 de octubre de 2025, a punto de cumplirse el segundo año de gobierno, el Concejo aprobó el Acuerdo 11-2025, que modificó el plan —el Plan Estratégico, el Plan Plurianual de Inversiones 2025-2027, el capítulo de Regalías y el Plan Indicativo—. Y aquí el documento vale por un interrogatorio completo. Dice textualmente en su considerando 13:
«…diferentes secretarías han solicitado a la Secretaría de Infraestructura y Planeación las modificaciones, ajustes y correcciones al Plan de inversiones y plan Estratégico, en lo que tiene que ver con INEXACTITUDES EN LA PROYECCIÓN DE ALGUNAS METAS DE PRODUCTOS, determinación exacta de las metas para el cuatrienio en relación con los recursos asignados y el objetivo esencial de las metas, SUPRESIÓN DE UNA META por encontrarse incluida en el contenido programático de otra meta, y capítulo independiente de Regalías en lo concerniente al Plan Plurianual de inversiones y plan estratégico para la inclusión de metas que no se contemplaron inicialmente.» — Acuerdo 11-2025 del Concejo Municipal de Planeta Rica, considerando 13 (mayúsculas del original)
Léase despacio, porque el oficialismo no lo leerá: el propio Concejo de Planeta Rica reconoció por escrito que el plan que rige el destino de $130.000 millones anuales se formuló con inexactitudes en la proyección de metas, con metas sin «determinación exacta» frente a los recursos y con productos duplicados que hubo que suprimir. Un plan de desarrollo que se corrige a sí mismo a los diecisiete meses de vigencia no es una «actualización técnica»: es un pase de factura contra su propia formulación. Y como todo error de planeación tiene precio, el precio aquí se pagó en metas infladas que nunca se pudieron medir y en un año y medio de inversión guiada por un mapa defectuoso.
Avance medible: cero tablero, mucho boletín
La pregunta que cualquier ciudadano debería poder responder con un clic es: ¿cuántas de las 255 metas de productos se cumplieron en 2024 y 2025? La respuesta, después de revisar rendición de cuentas, página web municipal y registros del DNP, es: nadie lo sabe, porque no existe un tablero público de cumplimiento de metas del Plan. La rendición de cuentas de la vigencia 2024 se presentó en marzo de 2025 y la de 2025 en 2026 —con anuncios como el gas natural para los nueve corregimientos—, pero sin reporte consolidado de cumplimiento de los 255 productos que permita contrastar prometido contra ejecutado. Lo verificable, cruzando SECOP y prensa, es modesto pero real: la pavimentación con regalías ya citada, el parque lineal de la calle 44 (entregado en enero de 2026), y la piscina semiolímpica con $5.500 millones de la Gobernación cuya licitación estaba prevista para marzo de 2026 —es decir: anunciada en el segundo año, ejecutable en el tercero—. Nota del componente: 5,9/10 — REGULAR (VIGILAR): participación ciudadana de verdad (8,0) y un diseño completo (7,0), minados por la adopción tardía, la autoconfesión de inexactitudes (4,5) y la ausencia de medición pública (4,0).
Componente 4 (15%): SECOP — publica mucho, en la plataforma equivocada
La transparencia en la contratación es el corazón de esta casa editorial, y aquí el caso de Planeta Rica es una paradoja digna de estudio: un municipio que publica todos sus procesos… pero en la plataforma que el país dejó de usar. Consultados ambos sistemas, el resultado es elocuente: en SECOP II —la plataforma única, estructurada y interoperable que la Ley 2213 de 2022 ordenó consolidar como estándar nacional— la Alcaldía de Planeta Rica registró cero procesos en 2024 y cero en 2025. Toda su contratación de los dos años evaluados (117 procesos por $18.610 millones en 2024 y 185 por $43.755 millones en 2025) se publicó en el antiguo SECOP I, el sistema de primera generación con menor estandarización y menor capacidad de cruce de datos. Solo a partir de 2026 la entidad migró: 111 contratos por $18.018 millones, de los cuales el propio alcalde Ramón Calle Cadavid firmó 94 como ordenador del gasto.
Tabla 5. Contratación pública de la Alcaldía de Planeta Rica por plataforma (corte: septiembre de 2026)
| Vigencia | Plataforma | Procesos | Valor (millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECOP I | 117 | $18.610 |
| 2025 | SECOP I | 185 | $43.755 |
| 2024-2025 | SECOP II | 0 | $0 |
| 2026 (corte sep.) | SECOP I | 10 | $11.221 |
| 2026 (corte sep.) | SECOP II | 111 | $18.018 |
¿Por qué importa la plataforma? Porque SECOP II no es un capricho tecnológico: es donde la interoperabilidad permite que las veedurías, la Procuraduría, la Contraloría y cualquier ciudadano crucen contratos con facultades de los oferentes, multas, tiempos y precios de referencia. Publicar en el SECOP I durante los dos años más intensos de contratación de obra del municipio es difuminar deliberada o negligentemente la lupa. No es que no se publicara: es que se publicó donde menos se ve. Y cuando la migración llegó, en 2026, la modalidad dominante en conteo fue la contratación directa: 66 de los 111 contratos (59%).
Modalidades 2024-2025: la buena noticia de las licitaciones
El desglose por modalidad deja, por primera vez en este informe, un positivo que la administración puede enmarcar. En 2024, la contratación directa dominó el conteo (52 procesos, 44%) pero solo el 22,1% del valor ($4.118 millones), mientras las licitaciones —incluida la obra pública— concentraron $6.530 millones (35,1%) en apenas 7 procesos. En 2025 la tendencia se acentuó en lo que importa: cinco procesos de licitación de obra pública por $17.330 millones (39,6% del valor contratado) y nueve licitaciones públicas por $10.554 millones (24,1%), mientras la contratación directa, aunque siguió siendo el 44% del conteo (81 procesos), se redujo a apenas el 12,1% del dinero ($5.292 millones). Dicho sin tecnicismos: las obras grandes se sometieron a competencia abierta. En la escalera de la transparencia colombiana, licitar la obra grande es el peldaño más difícil y el que más plata protege. Bien ahí.
El riesgo no está en las licitaciones sino en el patrón de proveedores: los consorcios de obra —LUARQUING, ASA, Red Vial 2, ALC-PR 2024, Malla Vial 2025, Taller JR— reaparecen ciclo tras ciclo, y en 2026 un solo consorcio (LUARQUING) se lleva 25 contratos. También hay gestión interinstitucional que este componente no registra: la piscina semiolímpica y la intervención vial de cuatro barrios ($8.500 millones) fueron financiadas por la Gobernación de Córdoba en noviembre de 2025, y esos procesos se publican en el SECOP del departamento, no del municipio. Al sumarlo todo, la nota del componente es 6,0/10 — REGULAR (VIGILAR): publica sí, en la plataforma correcta no; licita lo grande sí, permite concentración de proveedores sí.
Componente 5 (10%): los ODS — la Agenda 2030 en tiempo real
Planeta Rica no publica un informe municipal de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ya lo quisiéramos—, así que este componente se evalúa con proxies documentales verificables: calamidades decretadas, comportamientos del SGP, obras contratadas y cobertura de prensa contrastada. El resultado es un cuadro donde el desarrollo social camina despacio y el institucional casi no camina.
ODS 6 (agua y saneamiento): la deuda social número uno
La cronología del agua en Planeta Rica durante y después del periodo evaluado es un quebranto repetido. En febrero de 2024, la sequía obligó a entregar carrotanques para abastecer zonas del municipio, en el marco de la emergencia hídrica que la Defensoría del Pueblo venía alertando para Córdoba. En junio de 2024, el municipio decretó calamidad pública por desbordamiento de arroyos que colapsaron entre cuatro y cinco puentes —La Fortuna, Los Azules, La Arena—, dejando veredas incomunicadas y viviendas y cultivos arrasados. En abril de 2025, un caso difundido por la prensa regional documentó que 62 familias todavía vivían del transporte de agua en vehículos de tracción animal —la imagen más cruda posible de un ODS 6 rezagado—, y el alcalde respondió proponiendo con la Gobernación un plan de transición hacia el reciclaje y los motocargueros: paliativo digno para una herida estructural. En diciembre de 2024 el acueducto regional del San Jorge recibió un «concepto favorable» para reanudar obras que siguen esperando. Y en julio de 2026, ya fuera de la ventana evaluada, el alcalde tuvo que «plantarse» públicamente ante el operador Aqualia y anunciar que no girará subsidios hasta que mejore el servicio. Un municipio que aspira a ser «ejemplo de gestión pública» no puede tener el agua como crónica de un anuncio: por eso este sub-indicador vale 3,5/10.
ODS 3, 4, 11 y 8: avance tibio
Salud (ODS 3): 5,5. El SGP del régimen subsidiado creció de $29.765 a $33.697 millones, lo que sostiene la operación del aseguramiento, pero en los procesos SECOP 2024-2025 del municipio no aparece ninguna obra pública de infraestructura de salud: los puestos de salud de las veredas siguen siendo promesa de plano. Educación (ODS 4): 6,0. La exaltación pública de los bachilleres con mejores puntajes en Saber y la alianza cultural con la Universidad del Sinú —que trajo la Orquesta Sinfónica al municipio en noviembre de 2025— son señales de vida, aunque el SGP de calidad ($1.750 millones) es de los montos más bajos del presupuesto y no hay proyecto educativo estructural visible. Ciudades sostenibles (ODS 11): 6,0. El pavimento de 1.200 metros, el parque lineal de la calle 44 y la piscina semiolímpica financiada por la Gobernación apuntan en la dirección correcta, con la advertencia de escala que ya conocemos. Trabajo decente (ODS 8): 5,5. El plan de transición para los 62 cocheros y el emprendimiento departamental son paliativos puntuales; el dato estructural —la compra del Parque Solar Planeta Rica por parte de Terpel, en septiembre de 2025— es inversión privada que cambia el entorno económico local pero que ningún alcalde puede reclamar como mérito de gestión.
ODS 16: la piedra en el zapato
El ODS 16 —instituciones sólidas, justicia e instituciones eficaces— es donde el FURAG y este informe se dan la mano: IDI de 37,57 en el percentil 1 nacional, digitalización estatal en cero, prevención del daño antijurídico en cero, servicio al ciudadano en mínimos. A ello se suma una relación tensa con expresiones culturales como las corralejas —donde el alcalde se declaró «con las manos atadas por la ley» en 2026— y con la operación del servicio de agua. Un municipio que quiere atraer inversión por su posición geoestratégica empieza perdiendo el argumento cuando sus instituciones internas están en el percentil 1 del país. Sub-indicador: 3,5/10. La nota del componente ODS, promediando los seis ejes (3,5 + 5,5 + 6,0 + 6,0 + 5,5 + 3,5 sobre 6), es 5,0/10 — REGULAR.
Componente 6 (10%): percepción ciudadana — la popularidad y su letra pequeña
Aquí llega el dato que el oficialismo exhibirá enmarcado. Según el estudio de Mediciones Estratégicas con corte al 6 de noviembre de 2025, la aprobación ciudadana de Ramón Calle Cadavid alcanzó el 83,33% —58,33% la calificó como «buena» y 25% como «excelente»—, que lo ubicó en el tercer lugar de los alcaldes de Córdoba y el primero de la subregión del San Jorge. En agosto de 2026, la misma firma lo tendría entre los alcaldes mejor valorados del Caribe. Es, sin discusión, el activo político más fuerte de la administración, y coincide con el despliegue de obras visibles del segundo año.
Pero la curva tiene historia, y la letra pequeña también. En diciembre de 2024 —al cierre del primer año—, la Cuarta Gran Encuesta del Caribe de la misma firma medía la imagen de los alcaldes cordobeses y Planeta Rica no apareció entre los destacados: lideraban Momil (63,49%), Lorica (62,50%) y Cereté (59,38%). El salto de fuera-del-radar a 83,33% en once meses es notable y se explica, en gran parte, por el efecto de obra pública y por la ratificación del Consejo de Estado que cerró la incertidumbre. Conviene, además, subrayar dos salvedades de método: la ficha técnica del estudio no es pública, y la aprobación no borra los hechos: las denuncias de los cocheros y del maltrato animal (abril de 2025), la gestión de la calamidad de junio de 2024 que dependió del apoyo nacional y departamental, el frente abierto con el operador del acueducto y la sensibilidad social por las corralejas siguen siendo parte del estado de opinión. Ponderando el estudio formal de 2025 con doble peso y las señales negativas y positivas de prensa, la nota del componente es 6,8/10 — REGULAR-ALTO: la segunda mejor calificación de esta radiografía, con la advertencia de que la popularidad mide aplausos, no resultados.
Radar integral: la calificación final ponderada
Hora de sumar. Multiplicamos cada nota por su peso y el resultado, componente por componente, es el que sigue. No hay trucos: cada cifra está sustentada en las secciones anteriores.
Tabla 6. Cálculo detallado de la calificación final ponderada
| Componente | Peso | Nota (0-10) | Aporte |
|---|---|---|---|
| FURAG / IDI | 25% | 3,76 | 0,940 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 7,20 | 1,440 |
| Avance del Plan de Desarrollo | 20% | 5,90 | 1,180 |
| Transparencia en contratación (SECOP) | 15% | 6,00 | 0,900 |
| Cumplimiento de los ODS | 10% | 5,00 | 0,500 |
| Percepción ciudadana | 10% | 6,80 | 0,680 |
| TOTAL | 100% | — | 5,64 |
Figura 6. Radiografía ponderada por componentes. La nota final de 5,64 sitúa a la administración en la franja REGULAR (VIGILAR), por debajo del umbral de 7,0.
La nota final es 5,64 sobre 10: REGULAR — VIGILAR. Leída de forma relativa al punto de partida, la foto es esta: Calle Cadavid recibió un municipio con FURAG en el percentil 1-2, dependencia fiscal superior al 80% y una crisis de agua estructural, y lo entrega —al cierre del segundo año— con mejor recaudo propio y mejor eficiencia de pago (sí), con obras visibles y 83% de aprobación (sí), pero con la capacidad institucional intacta en el fondo nacional (no se movió), la contratación todavía en la plataforma vieja, el plan de desarrollo confesado con inexactitudes y el agua tan pendiente como el primer día. No es la gestión de un desastre. Es la gestión de un aplauso que se compra barato mientras los indicadores de fondo, esos que no salen en los reels, siguen en rojo.
Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 del Código Penal)
Como la nota final ponderada es 5,64 —inferior al umbral de 7,0—, se activa la regla editorial del Prevaricato por Omisión. Cumplimos con ella. Y lo hacemos con precisión de cirujano y con la advertencia que separa el periodismo del linchamiento: este análisis es jurídico-descriptivo, no es una imputación, y ningún servidor público es culpable hasta que la autoridad competente lo declare responsable.
El marco. El artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000, penas incrementadas por la Ley 890 de 2004) sanciona al servidor público que «incumpla u omita conductas propias de sus funciones», con penas de prisión de 32 a 144 meses, suspensión e inhabilidad. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema exige tres elementos: la existencia de un deber funcional claro (de norma, reglamento o mandato legal), la capacidad real de cumplirlo y la omisión dolosa —consciente y voluntaria— de ese deber. Lo complementan el artículo 416 (abuso de autoridad por omisión), el régimen disciplinario del Código General Disciplinario (Ley 270 de 2022) y la responsabilidad fiscal que investiga la Contraloría General de la República. En paralelo, el deber de mando y control del alcalde sobre su administración está en el artículo 86 de la Ley 489 de 1998, el deber de publicar en SECOP II en la Ley 2213 de 2022, el deber de planeación en la Ley 152 de 1994 y el deber de rendición de cuentas en la Ley Estatutaria 1909 de 2018.
Los cinco episodios que activan las alarmas
Prevención del daño antijurídico (I70) en cero. El FURAG 2024 registra 0,00 en el índice que mide exactamente si la entidad monta controles para evitar contratos nulos, pagos indebidos y daño al erario. Un alcalde que no implementa sistemas de prevención omite un deber funcional de dirección (Ley 489/1998) cuya finalidad es proteger la plata pública antes de que se pierda.
SECOP II vacío durante 2024 y 2025. La Ley 2213 de 2022 ordenó la transición plena a la plataforma SECOP II como mecanismo de publicidad activa. Publicar toda la contratación del bienio en el SECOP I —117 y 185 procesos, $62.365 millones— mientras la plataforma estándar permanece en cero es, como mínimo, un incumplimiento documentable del deber de transparencia que facilita la evasión del control social.
Inexactitudes confesadas en el Plan de Desarrollo. El Acuerdo 11-2025 admite textualmente errores de proyección de metas y recursos en el instrumento que ordena toda la inversión. Formular el plan con inexactitudes —y corregirlo 17 meses después— apunta a una omisión en la fase de formulación, cuando la Secretaría de Planeación y el propio despacho del alcalde debieron validar la coherencia metas-recursos.
El reporte presupuestal ante el Ministerio de Hacienda. El dataset OVCF-CUIPO oficial muestra el recaudo de industria y comercio del municipio en cero durante todo el bienio, mientras CHIP registra entre $4.700 y $7.100 millones anuales. Un reporte fiscal contradictorio o ausente vulnera el deber de calidad de la información pública y le roba a los organismos de control la base para detectar irregularidades.
La crisis del agua y el crédito que desapareció. Calamidades reiteradas (sequía 2024, inundaciones 2024) con soluciones estructurales —el acueducto regional del San Jorge— sin materializar, junto con un crédito de $7.000 millones para ciclovía que entra y sale del consolidador CHIP sin rastro de su finalización, configuran el patrón de omisión en deberes de seguimiento y de información que el artículo 414 castiga cuando se prueba la dolosidad.
La frontera jurídica — aclaración obligada
Ninguno de estos episodios, por sí solo, constituye prueba de delito: probar la dolosidad, el perjuicio y la atribución personal corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General (disciplinario) y a la Contraloría General (fiscal, Ley 610 de 2000 modificada por la Ley 1474 de 2011 y el régimen vigente). Este periodismo no juzga: documenta, calcula y alerta. Lo que la calificación de 5,64 sí permite afirmar bajo estándar periodístico es que existen omisiones institucionales documentales, persistentes y verificables en deberes funcionales de transparencia, prevención y planeación, y que corresponde a los organismos de control —y a las veedurías ciudadanas— convertirlas en expedientes. La presunción de inocencia no es un tecnicismo: es la línea que separa a esta casa de sus fotografías. Pero la omisión, en la ley colombiana, también se paga. Y empieza por explicarse en público.
Conclusiones: la verdad diseccionada
Dos años de gobierno de Ramón Eduardo Calle Cadavid en Planeta Rica suman esta aritmética: 5,64/10, REGULAR — VIGILAR, con el análisis jurídico activado. Queda claro que el oficialismo preferirá contar otra historia —la de la encuesta al 83% y las obras inauguradas con listón y banda—, y esa historia no es falsa: es incompleta. Las conclusiones que siguen pretenden completarla.
El aparato institucional no se movió. El IDI pasó de 38,0 (línea base 2023) a 37,57 (2025), con digitalización y prevención del daño antijurídico en cero. La administración dedicó su energía a sobrevivir judicialmente y a producir obra visible, no a modernizar el Estado municipal que administra.
En lo fiscal, la administración funciona. Recaudo propio en crecimiento (+40,5% predial, +51,1% ICA), eficiencia de pago que saltó de 78,72% a 94,52%, gasto con 89% de inversión, deuda amortizada sin pignorar rentas. Es la mejor nota del informe (7,2) y merece decirse sin ironías.
La transparencia se practica a medias. Se licitó la obra grande (positivo), pero la totalidad de la contratación del bienio se publicó en el SECOP I dejando vacío el SECOP II, y el reporte del ICA ante MinHacienda aparece en cero. Publicar sí; donde se pueda fiscalizar, no.
El Plan «Primero La Gente» es participativo en su origen y defectuoso en su ejecución. Las 1.153 propuestas y las 11 mesas son un activo democrático real; las inexactitudes confesadas en el Acuerdo 11-2025 y la ausencia de un tablero público de las 255 metas son su contrapeso. Sin medición, la participación se convierte en escenografía.
El agua es la cuenta pendiente que define el periodo. Ninguna calificación de popularidad cancela 62 familias acarreando agua en 2025 ni un acueducto regional en «concepto favorable» desde 2024. Si el alcalde quiere ser recordado por algo más que por las encuestas, ese es el frente.
Y las recomendaciones, porque esta casa no llega a rejonear: llega a construir.
A la Alcaldía (2026): implementar el sistema de prevención del daño antijurídico (I70) y un plan de gobierno digital verificable en el FURAG 2026; migrar y republicar retrospectivamente la contratación 2024-2025 en SECOP II.
A la Secretaría de Hacienda: conciliar y publicar las cifras contradictorias de CUIPO/OVCF (ICA 2025, pagos 2024, intereses) y explicar en un acto público el destino del crédito 6870085742 de la ciclovía.
A la Oficina de Planeación: publicar antes del informe de fin de gobierno un tablero ciudadano con el estado de las 255 metas del Plan, alineado con los reportes del DNP.
Al Concejo y a las veedurías: auditar el ciclo integral del agua (contrato con Aqualia, subsidios, avance del acueducto regional) con informes trimestrales públicos, y vigilar la concentración de contratación en consorcios repetidos.
A la ciudadanía: usar este informe como guía: cada tabla tiene su fuente oficial. La veeduría no requiere título profesional; requiere, sobre todo, inconformidad organizada.
Veredicto final
5,64/10 — REGULAR (VIGILAR)
La gestión de Ramón Eduardo Calle Cadavid en sus dos primeros años califica REGULAR — VIGILAR (5,64/10) y, por mandato de la regla editorial, queda sujeta al análisis del Prevaricato por Omisión del artículo 414 del Código Penal. La vigilancia ciudadana empieza hoy y este informe es su punto de partida.
Anexo: fuentes, metodología y limitaciones
Fuentes documentales
CHIP — Consolidador de Hacienda e Información Pública (chip.gov.co): CUIPO de ejecución de ingresos y gastos 2024-2025, FUT de deuda pública y renta pignorada, FUT de vigencias futuras y ejecución SGR. Extracciones de 2024 y 2025 contrastadas entre sí.
Departamento Administrativo de la Función Pública — dataset oficial FURAG/IDI en datos.gov.co (identificador daed-z4fw): 262 registros de la Alcaldía de Planeta Rica, vigencias 2022-2024, con desglose de 63 índices desagregados; ranking IDI 2025 de Córdoba con corte a 1.099 municipios puntuados.
SECOP I y SECOP II (datos.gov.co, datasets f789-7hwg y jbjy-vk9h): NIT 800096765; 1.266 procesos del SECOP I clasificados por vigencia, modalidad y contratista, y 111 contratos del SECOP II 2026 con identificación del ordenador del gasto.
OVCF-CUIPO del Ministerio de Hacienda (datos.gov.co, datasets 9axr-9gnb y 4f7r-epif): verificación cruzada del recaudo de ICA (resultado: reporte en cero) y de la estructura de compromisos, obligaciones y pagos.
Plan de Desarrollo Municipal «Primero La Gente» 2024-2027: documento oficial (370 páginas, Acuerdo 06 del 27 de mayo de 2024) y Acuerdo 11 del 10 de octubre de 2025 que lo modifica, con el considerando 13 citado textualmente.
Prensa regional y nacional contrastada: Chicanoticias (ranking de Mediciones Estratégicas 6-nov-2025; encuesta Caribe dic-2024; pavimentación jun-2025; piscina semiolímpica nov-2025; cocheros abr-2025; Aqualia jul-2026), La Razón (calamidad pública por falta de agua), Defensoría del Pueblo (emergencia hídrica de Córdoba) y El Meridiano (emergencias de invierno).
Limitaciones declaradas
Este informe declara sus límites, porque un análisis que no los declara es propaganda. Primero: tres cifras de CHIP presentaron contradicciones entre extracciones (ICA 2025, pagos 2024, intereses 2025) y fueron resueltas por triangulación aritmética, dejando constancia de cada decisión en notas forenses. Segundo: no existe ficha técnica pública del estudio de aprobación de Mediciones Estratégicas, por lo que su resultado se ponderó con cautela. Tercero: el Plan de Desarrollo fue analizado a partir del PDF oficial escaneado, sin tablero SISPT público que permita medir el cumplimiento de las 255 metas —esa ausencia es, precisamente, uno de los hallazgos—. Cuarto: los procesos contratados por la Gobernación de Córdoba ejecutados en el municipio (piscina, vías) no se auditaron en este informe por pertenecer al SECOP departamental. Quinto: corte de datos al 29 de septiembre de 2026. Sexto: este análisis no constituye imputación jurídica ni calificación disciplinaria; la presunción de inocencia prevalece sobre cualquier cifra.
