Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del alcalde (e) de Ocaña (Norte de Santander), Wilmar Bayona Ibáñez, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración indebida de contrato.

El ente acusador investiga al mandatario por las presuntas irregularidades en el contrato suscrito con la empresa Semsa ESP, que tiene por objeto la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por un monto de 720 millones de pesos mensuales.

Bayona Ibáñez, quien asumió el encargo como alcalde de Ocaña el pasado mes de julio, siendo titular de la secretaría de Hacienda, fue capturado el lunes 16 de diciembre por miembros del CTI de la Fiscalía.

El fiscal especializado de Cúcuta, Miguel Arturo Bueno Ayala, explicó los delitos contra la administración pública y que hubo fraude al decretar una urgencia manifiesta con una falsa motivación, pues no existía crisis en la prestación de los servicios públicos. 

A través del Decreto No 092 de 2019 del 30 de septiembre el alcalde encargado declaró al urgencia manifiesta y retomó la propiedad de la infraestructura para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado. De forma inmediata contrató para la operación temporal de los servicios a la empresa costeña SEMSA ESP por 720 millones de pesos mensuales, “mientras se adelanta una licitación pública que permita adjudicar la prestación de estos servicios y contratar un el operador definitivo”.

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Por estos hechos se la abrió investigación por presuntas irregularidades en la contratación sin cumplimiento de requisitos legales y fraude a resolución judicial al no acatar una orden del Juzgado Penal Oral Municipal de la Ciudad de Cúcuta. 

El abogado, Henry Pacheco Casadiego, quien entabló la denuncia, manifestó que el mandatario, Bayona Ibáñez, deberá responder en los entes de control por delitos administrativos cometidos por la contratación indebida. 

Explicó que igualmente se enreda la situación de los 14 concejales quienes aprobaron la urgencia manifiesta sin existir emergencia sanitaria. Además, involucrados en un concierto para delinquir ya que cometieron el delito de prevaricato por acción.

Ante la Fiscalía deberán responder desde el punto de vista penal, disciplinaria ante la Procuraduría quien debe ordenar la destitución fulminante y detener el proceso de licitación que está viciado desde un comienzo, fiscal donde la Contraloría debe exigir la devolución de los dineros cancelados a la nueva empresa contratada por detrimento al patrimonio municipal y la intervención de la Superintendencia de los Servicios Públicos ya que se realizó la contratación de manera inconsulta.

“Nosotros vamos a hacer un frente común para que el municipio recupere los 2 mil 400 millones de pesos que se cancelaron a esa empresa SEMSA que no era idónea, ni cuenta con la infraestructura para prestar los servicios. No es justo que se lleven esa plata que nosotros pagamos a través de los impuestos. Se ha hecho un daño patrimonial”, exclamó.

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