Verano, el irresponsable. Olmos, el muñidor

En un acto irresponsable por parte de la gobernación del Atlántico, el Comité de Evaluación de la licitación para seleccionar un operador especializado que construirá y administrará por 20 años los acueductos de 4 municipios del sur del Atlántico, seleccionó a dedo al consorcio Aguas del Sur del Atlántico.

Esta irresponsabilidad se manifiesta a todas luces al haber seleccionado a dedo un consorcio que no llena los requisitos de legalidad (establecidos en la Constitución, en especial el Código de Comercio y los principios de la contratación estatal –Ley 80, artículos 23 al 26-).

Muy a pesar de que la gobernación del Atlántico pubilicó en un documento en el Sistema electrónico de Contratación Pública  (Secop) que la propuesta presentada por el consorcio ganador había cumplido con los requisitos exigidos en cuanto a su integración, sus componente societarios, los antecedentes económicos y técnico, exigidos en el pliego de condiciones de la licitación, hemos encontrado en serie de inconsistencias que violan lo reglamentado en la Ley y descartan de tajo la selección y contratación del operador seleccionado.

Veamos por qué.

1. El consorcio Agua del Sur está integrado por las siguientes personas jurídicas: Aguas de Valencia S.A., con una participación del 50%; Naunet S.A E.S.P., con una participación del 49.997%; Hipsitc S.A., con una participación del 0.001%; Hipsitec Latam S.A.S, con una participación del 0.001%; y la Hipsitec Colombia S.A.S, con una participación del 0.001%.

Sabemos que un consorcio es un mecanismo que reglamenta el Artículo 7 de la Ley 80, y sirve para unir a dos o más personas jurídicas para celebrar un contrato con el Estado, respondiendo solidariamente los socios por la celebración del contrato en la misma proporción en que han consignado su participación.

Como se dice que deben ser personas jurídicas legalmente establecidas, encontramos que la sociedad Aguas de Valencia S.A. no tiene registro mercantil en Colombia y por lo tanto es inexistente para cualquier negocio o integración de mecanismos como las uniones temporales, consorcios y la promesa de sociedades futuras.  Se evidencia aquí que el consorcio Agua del Sur no tiene legalidad alguna al violar el Artículo 898 del Código de Comercio, de la Inexistencia.

2. Las cuatro sociedades restantes que conforman el consorcio presentan inconsistencias traducidas en irregularidades violatorias del ordenamiento jurídico de Colombia, en especial lo condensado en el Artículo 19 del Código de Comercio.

LAS INCONSISTENCIAS

–En primer lugar, al no tener la inscripción en el registro mercantil, la firma Aguas de Valencia S.A. viola el Artículo 19 del Código de Comercio, Obligaciones de los Comerciantes, que en el punto uno aclara que todo comerciante debe tener Registro Mercantil, y el punto 6 le prohibe actuar como comerciante si no lo tiene, y dice textualmente:  “abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”.  Lo anterior indica que si la Superintendencia hace una revisión del tema encontrará que se viola la Ley 256 de 1996 y tendrá que imponerle las multas y sanciones a este comerciante, que llegan hasta 70.000 salarios mínimos vigentes, de acuerdo al Código de Comercio Artículo 37 en concordancia con el Decreto 2153 de 1992, en especial el artículo 11, numeral 5, que además establece multas hasta de 17 salarios mínimos al momento de la imposición de la sanción.

Todo lo anterior hace parte de lo reglamentado en la Ley 178 de 1994, y que se acoge al Convenio de París. De otra forma, las cámaras de comercio no tendrían función alguna, estaríamos inmersos en una selva de la ley del más fuerte.

–En Segundo lugar, Naunet S.A. (Sociedad Anónima), tiene una capital autorizado de $1.000.000.000 (1.000.000 de acciones a $1.000 cada una).  Tiene una capital suscrito y pagado por $900.000.000.  Su representante legal (gerente) es el señor Francisco Olmos Fernánez-Corrugedo, con CE 422.796.  Hasta aquí todo parece normal.  Pero si ahondamos y revisamos que fue creada mediante escritura pública No.4.178 del 14 de Agosto de 2013 , otorgada por la Notaría 73a de Bogotá.  No obstante solo hasta el 14 de abril de 2015, esta escritura pública fue inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el número 281.807 del libro respectivo, bajo el nombre NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA) , con la sigla Naunet S.A..

De inmediato se observa una inconsistencia en cuanto a que pasaron 600 días para registrarla en la Cámara de Comercio, y la Ley estipula 15 días hábiles máximos para el registro.  De todos modos su nacimiento a la vida jurídica es a partir del registro 281.807 del 14 de abril de 2015.

En ese momento esta sociedad sociedad  anónima registró un capital de $900.000.000, pero vemos que a 31 de diciembre de 2016, 20 meses después de su nacimiento, de acuerdo al Registro Mercantil  AQOFBA11FF, del 27 de noviembre del 2017, Naunet S.A. registra un total de activos de $16.529.830.985, o sea un aumento (que es una variación absoluta) de +$15.629.830.985, y un aumento porcentual (variación relativa) de +1.736.55%.  Cifras que superan las ganancias del narcotráfico.

Los entes de control y autoridades competentes deben investigar estos hechos de oficio y dar resultados lo más pronto posible, porque estamos ante la presencia de una possible estafa y actos de corrupción.

La junta directiva de Naunet S.A. esta compuesta de la siguiente manera:

El domicilio principal de esta sociedad anónima está en la Carrera 64D No.86-111, hecho que llama la atención porque es el mismo domicilio de las tres firmas minoritarias del consorcio (Hipsitc S.A., Hipsitec Latam S.A.S, e Hipsitec Colombia S.A.S.), que,  además, tienenal señor Francisco Olmos Fernández-Corugedo como representante legal.

Estamos en presencia de un nuevo juego de sociedades de papel para apoderarse de los acueductos del sur del Atlántico, igual como se hizo en Barranquilla con la Triple A.

De cómo pasó Francisco Olmos Fernández-Corugedo de gerente de empresas de servicios públicos a propietario de ellas

Por: Jan Slodvak

 Es un increíble caso de superación personal la historia del ingeniero español Francisco Olmos Fernández-Corugedo. La revista Semana presenta un panegírico del empresario el 5 de julio del 2001: “Hace seis años que Francisco Olmos llegó al país para posicionarse como gerente de la Empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado de Barranquilla, Triple A. Desde entonces este español, de apenas 38 años, vive enamorado de Colombia y de la gente de La Arenosa. En su país natal se graduó como ingeniero de minas de la Universidad de Oviedo y posteriormente cursó un diplomado en gestión ambiental. Allí conoció su esposa madrileña, con quién hoy tiene tres hijos. Olmos fue el director de la Red de Información y Vigilancia del agua en el arco del Atlántico en la Unión Europea. También se desempeño como gerente general de la empresa de acueducto de las Islas Canarias, así como de la compañía Asturaguas-Degremond”.

Un ejecutivo dedicado a la gerencia de empresas dedicadas al ciclo de gestión del agua, proveniente de un campo de estudios como la ingeniería de minas ciertamente disímil y, en algunos casos –ya se ha visto en Colombia ese proceso de minería vs. aguas – con intereses contrapuestos. Llegó a Colombia, según la fecha de la noticia, en el año 1995 en representación de mando, junto con otros directivos españoles, de la empresa Aguas de Barcelona, más conocida por sus siglas de AGBAR.

Esta empresa catalana fue fundada en 1867 y tiene una historia empresarial interesante. En 1992 la Sociedad de Aguas de Barcelona absorbe la Corporación Agbar y Aplicaciones del Agua. Todos sus empleados se integran en la SGAB que se constituye como grupo gestor en la prestación de servicios públicos relacionados con el agua, empresa a su vez controlada por la francesa Suez Enviroment España. Agbar, desde el año 2008, se encuentra en control de Hisusa (Holding de Infraestructura y Servicios Urbanos SA), que a su vez es controlada por la multinacional francesa Suez Enviroment (con el 45.7% y La Caixa con 24.36%). Por su parte Suez fue agrupada en 1997 tras la fusión de Lynnase des Eaux y la Compagnie Universelle du Canal maritime de Suez, empresa que data desde la construcción del canal del Suez, de allí su nombre.

El 1995, año de llegada de Olmos en calidad de gerente de la Triple A, se estaba tratando de vender una imagen pública de trascendentales cambios en la empresa. Sin embargo, la Contraloría Distrital de Barranquilla, bajo la dirección de Jorge Epalza, en un informe sobre las finanzas del Distrito con sus empresas, publicado en mayo de 1996 –año clave para la Triple A y Barranquilla – señala los siguientes hallazgos: “No existe equilibrio presupuestal de ingresos y egresos…Esta ejecución presupuestal es una prueba más de todas las que hemos realizado en el transcurso de este estudio; los ingresos asignados por la operación del negocio arroja una variación negativa producto de una recuperación nula de cartera y demás políticas equivocadas de cobro. Este déficit fue cubierto con recursos no operacionales, es decir créditos externos”.

En otras palabras, no se estaban aplicando políticas de cobro a los usuarios y ello generaba un déficit que se cubría con préstamos bancarios. Sigamos con el informe de la Contraloría Distrital de Barranquilla sobre Triple A: “El nivel de endeudamiento esta en el 74%, cifra que nos indica que la empresa está en poder de los acreedores por este porcentaje, y la propiedad descendió al 25%, cifra que demuestra que la Triple A es propietaria de sus activos en este nivel. La rotación de la cartera se está haciendo 2.09 veces al año y como mínimo deben ser 8 veces”.

Ese mismo año 1996, lo que ya la empresa tenía perdido entre los acreedores, en el cual figuran algunas instituciones financieras como el Banco Ganadero y Fidugan que después terminaron convertidas en verdaderos accionistas, se pierde definitivamente cuando el Alcalde George y la Junta Directiva, deciden, sin cumplir los respectivos tramites administrativos de ley, cederles a los españoles a través de Inassa y Agbar, el 43% de las acciones. Un regalo de los nativos subdesarrollados a los españoles.

La idea partió en que la empresa Triple A venía con problemas financieros debido a “equivocadas” políticas de cobro de los servicios, como lo señaló la Contraloría, para de esta forma ambientar la necesidad de un socio capitalista que apareció en la empresa Inassa, constituida en Panamá, a través de una entramado de sociedades, para que le hiciese compañía societaria a Aguas de Barcelona.

Es así como el “salvador” recurso llega, que según reporte del diario El Tiempo del 30 de octubre de 1996 “el socio inició operaciones con un aporte inicial de 3500 millones de pesos de un total de 10.481 en un lapso de operación de 17 años”. En la gestión de Francisco Olmos en la gerencia de la Triple A,  se observa, hasta ese momento, los siguientes hechos relevantes: nula política de cobro a los usuarios con la consiguiente iliquidez, alto endeudamiento con bancos, raponazo a la capacidad accionaria del distrito de Barranquilla en el accionariado y la llegada, en circunstancias no muy claras, del nuevo socio Inassa.

Todos hechos suficientemente probados y documentados. Donde empieza a develarse el verdadero perfil de Francisco Olmos es en la segunda administración de Bernardo Hoyos quien arremete, desde el Rincón Latino en una de sus homilías dominicales contra el hasta ahora benemérito hombre público Olmos. La información la presenta el diario El Tiempo en su edición del 20 de abril del 2008: “Durante la alocución dominical que pronunció ayer en el centro comunitario Don Bosco, Hoyos Montoya hizo fuertes críticas al gerente de la Triple A, Francisco Olmos Fernández-Corugedo, por haber subido las tarifas de los servicios públicos en la capital del Atlántico y dijo que estaba dispuesto a un diálogo con el español, pero sólo en presencia de la ciudadanía en el centro comunitario y no en oficinas privadas, con aire acondicionado a espaldas del pueblo, para que este no se entere de lo que se habla”. A renglón seguido le pide a Ernesto Samper, Presidente de la República: “Póngase pilas y saque a todos esos burócratas, incluyendo ministros, que le van a hacer campaña contra usted. Quítele los puestos principales, porque de lo contrario lo van a enterrar a puñaladas. Mira que te lo digo como amigo, abre el ojo con la Triple A. Intervén Ernesto, porque este pueblo que te eligió ahora es víctima del nuevo liberalismo que fracasó en todos los países”.

Más adelante el diario El Tiempo presenta los conceptos del Alcalde Hoyos sobre el gerente de la Triple A Francisco Olmos Fernández-Corugedo: “un chapetoncito, desleal, inserio, morboso e inmaduro, con quien a pesar de todo estaba dispuesto a dialogar”.

Sobre el comportamiento desleal de Olmos lo corrobora el informe del bufete de abogados más prestigioso de España, Quatrecasas Goncalvez Pereira en un análisis sobre los negocios desarrollados por la empresa Canal Isabel II y su filial Canal Extensia: “A efectos aclaratorios, conviene destacar el papel desempeñado por determinadas personas y entidades en todo el proceso:

1. Francisco Olmos Fernández-Corugedo. El Sr. Olmos es uno de los personajes claves de este proceso. Inicialmente el Sr. Olmos fue la persona que lideraba el equipo directivo desplazado por AGBAR a Colombia con el objeto de gestionar INASSA y TRIPLE A. Si bien su actuación de 1995 a 1996 es calificada como sumamente positiva por AGBAR, parece que a fines de 1999, el Sr. Olmos deja de actuar como representante de los intereses de AGBAR, para pasar a defender los intereses del resto de accionistas de INASSA. A raíz de ello, se genera una crisis interna en INASSA que lleva a la salida de AGBAR del accionariado. Al parecer, el Sr. Olmos estaría, junto con algunos de los empleados desplazados por AGBAR, detrás de algunas de las sociedades socios de SAA, sociedad panameña que acabaría adquiriendo el paquete accionarial de AGBAR.

Posteriormente, el Sr. Olmos sería uno de los impulsores del proceso de venta de INASSA, al cabo del cual CYII acabaría entrando en su accionariado con la particularidad de que el Sr. Olmos participaría en el proceso; además de como vendedor (por su participación en SAA a través de Stanke Investment S.A.) como comprador, dado que según se desprende de un correo electrónico enviado por el Sr. Salvador Cardona, a la sazón Director General de TECVASA en aquellos momentos, al director gerente de CYII con fecha 22 de abril de 2004, en junio de 2011, IAA, sociedad en cuyo accionariado estaba presente el Sr. Olmos, entraría a formar parte de TECVASA, socio de CYII en la inversión”. (Informe: Cuatrecasas; Goncalves Pereira).

Vemos que el citado informe, pese al peso jurídico del bufete madrileño, también fue víctima de un engaño. En efecto, ya dilucidamos el periodo 1995-1996 con el concepto emitido por la Contraloría Distrital de Barranquilla que fue casi una antítesis de cómo no se debe manejar una empresa de servicios públicos: sin gestión de cobro a los usuarios, causando iliquidez, apelando a altos endeudamientos y cediéndoles su patrimonio.

La revista Semana insiste en sus reportajes en el papel de héroes públicos de los españoles. El 20 de noviembre del 2000 titula Alerta en Barranquilla. A continuación presenta su punto de vista: “Si algún consenso existe en Barranquilla es sobre la eficiencia de la Triple A: Acueducto, Alcantarillado y Aseo que funciona a maravilla desde su creación hace 7 años. Y especialmente cuando los españoles entraron como socios. La Alcaldía pagó sus acciones mediante la concesión de uso por 20 años (hasta 2013) de las instalaciones físicas. En 1996, cuando fue necesario capitalizar la empresa, se escogió como socio al consorcio Inassa, conformado por la española Aguas de Barcelona y el Fideicomiso Fidugan, inversionista vinculado al Banco Ganadero”.

Más delante de la noticia de la revista Semana aparece una curiosidad: “Aunque la administración de la Triple A sigue siendo idónea e incluso algunos de los españoles se han quedado a título personal, no es claro de quién es hoy la empresa. Según el Alcalde Hoyos en 1998, los propietarios mayoritarios de Inassa serían Enrique Gerlein, padre e hijo; Julio Gerlein, padre e hijo, Luis Nicolella de Caro, Julio Jacome, Luis Cardenas Gerlein y Juan Pablo González.  La participación de Julio y Enrique Gerlein fue confirmada por el gerente de la empresa Francisco Olmos, quien dijo que estos socios, no tenían relación con la política de Barranquilla ya que son empresarios”. Hasta ahí la noticia de Semana.

Ese mismo año 2000 fue el de la salida de Aguas de Barcelona de la Triple A, por conflictos accionarios, aunque otra versión señala que los directivos que envió la empresa catalana, Olmos Fernández-Corugedo decidieron alinearse con otros accionistas en contra de sus intereses. La deslealtad que menciona Hoyos Montoya y el bufete de abogados españoles Quatrecasas Goncalvez Pereira.

Olmos, tras la salida de la Triple A, hace más de 10 años, como bien lo señala en una carta exigiendo rectificaciones sobre informaciones injuriosas y calumniadoras, decidió pasar, en un salto cuántico increíble, de gerente de empresas del sector agua a accionista y propietario de varias. Pasemos a enunciarlas.

A raíz del proceso de licitación para la operación del acueducto del sur del Atlántico, Olmos Fernández-Corugedo dio unas declaraciones felices al diario La Libertad de Barranquilla hace unos días, el 22 de noviembre del 2017. Dice allí que la empresa Aguas de Valencia de España participa “en consorcio, con la empresa colombiana Naunet S.A., que ha venido creciendo en el sector de prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en Colombia con resultados muy satisfactorios y es, a su vez, controlante de las empresas prestadoras Aguas de la Península S.A. E.S.P., Aguas de Albania S.A.S. E.S.P., Aguas de Aracataca S.A. E.S.P. y Aquamag S.A. E.S.P., cuya mejoría del servicio es notable y reconocida”. No mencionó allí otro de los accionistas del consorcio, la empresa Hipstec, de Ingeniería y urbanismo, con oficinas en Oviedo, España en 7, 1ª, 33008 y en Barranquilla, en la carrera 64D #86-111 en Barranquilla según se desprende de la información colgada en la página web en donde indican que los responsables son Esteban Palacio y Francisco Olmos con el correo [email protected].

La sede de Hipstec, sin ningún aviso que la identifique, es una casona blanca tipo español, y la misma sede de Naunet, la empresa holding que menciona Olmos al diario La Libertad como propietarias de varias empresas de servicios públicos, declarada sociedad anónima y ubicada en la carrera 64D #86-111 de Barranquilla. La misma sede.

Hipstec ha tenido contratos con diversas entidades territoriales. Una de ellas con la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Por ejemplo, en su página web tienen uno con la siguiente descripción: “Estudios de factibilidad para subproyecto de acopio y priorización de la información. Realización de estudios técnicos (incluyendo hidrología, ingeniería y estudios financieros) para determinar la solución más factible y rentable para el problema de las inundaciones urbanas de Barranquilla (cuenca occidental)”. Consultados varios expertos en ingeniería ambiental determinaron que el objeto de este contrato era absolutamente difuso, irrealizable por tanto y fantasmal: estudio de factibilidad para subproyecto de acopio y priorización de la información.

Otro contrato de Hipstec con la Alcaldía de Barranquilla es “Prestación de los servicios de apoyo a la gestión del distrito de Barranquilla en el desarrollo de las actividades de índole operativa y misional de la entidad”. La descripción del objeto del contrato: “Evolución de los consumos: mantenimiento y gestión de software Konkons para el control de los servicios públicos domiciliarios con cargo al distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla para los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo y gas natural”. Loable servicio de colocar a tono a Barranquilla con este software pero con una causa fallida: la ciudad no es propietaria –solo en pequeña parte de Triple A- de ElectriCaribe, Aseo Técnico y Gases del Caribe. Así que contar con esta herramienta solo le sirve para efectos estadísticos, verificables en las mismas base de datos de las empresas de servicios públicos y en los archivos centrales del catastro y el predial.

Aparece también una empresa con el nombre de Triple A Norte, realizando contratación directa con el municipio Guajira, de Albania, registrada en la página de contratación Secop con la identificación CDIR-064-13. Objeto del contrato: “aunar esfuerzos institucionales, financieros, logísticos, operacionales y de control para la planta en marcha y operación del relleno sanitario de Albania, Guajira”. El monto total: $166.129.826. Nombre similar a Triple A de Barranquilla, excepto en la ubicación de norte.

Por su parte, Hipstec, la empresa controlada por Olmos, cuelga en su página web la siguiente información relacionada con la empresa Triple A Norte: “servicio de consultoría para realizar  el estudio de diagnostico de empresa Triple A Norte que opera en el municipio de Albania y la actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio mediante la formulación de los planes de gestión para el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2013-2014”.

Sobre Aguas de Valencia, empresa que tiene el 50% del negocio del acueducto del sur del Atlántico –la otra parte la tienen empresas de Olmos- fue creada en 1840 centrando su actividad en el ciclo y gestión del agua, trabajando en Valencia y su área metropolitana y en algunos países. Pese a la transparencia administrativa que se supone debe tener este proceso para la junta directiva de la empresa valenciana, no hay ninguna información al respecto en su página web.

Tampoco parecen darse por enterados que tienen de socio en el contrato a un personaje cuestionado por el juez español Manuel García Castellón, de la causa relacionada con la Operación Lezo, quien negó un sobreseimiento propuesto por Olmos al considerar que fue pieza fundamental en el engranaje de defraudación a la Comunidad Autonómica de Madrid acusándolo de malversación de fondos y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que sea acusado por otros delitos. En asuntos empresariales relacionados precisamente con la gestión integral del agua.

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