Por: Diana Durán / Luz Carime Hurtado

TOMADO DE EL ESPECTADOR (Ver artículo original aquí)

Federico Gaviria, Eduardo José Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres.Archivo El Espectador y archivo particular.

No sólo funcionarios acusados de recibir sobornos serán juzgados por los tribunales. Ahora llegó el turno de los dueños de las empresas, acusados de lavar el dinero de las coimas que pagó Odebrecht para obtener contratos de infraestructura. En este propósito, se espera que sus fortunas personales y las de sus empresas sean usadas para recuperar el dinero de la corrupción. (En contexto: A juicio cuatro “cabezas” que habrían participado en los sobornos de Odebrecht).

El primer paso para lograr la condena de Federico Gaviria, Eduardo José Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres está enunciado en el escrito de acusación de 31 páginas radicado el pasado 16 de noviembre y conocido por El Espectador. La Fiscalía concluye que “entre 2013 y 2016, los ciudadanos brasileños Eder Paolo Ferracuti, como representante legal de la Ruta del Sol, y Amilton Hideaky, empleado en Colombia de la firma brasileña, junto a empresarios nacionales, se concertaron para cometer delitos indeterminados, con el objetivo común de asegurar la adjudicación de obras civiles”.

El papel de los acusados

El empresario Federico Gaviria, quien hace pocos años también estuvo involucrado en el carrusel de la contratación en Bogotá, deberá responder por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En su escrito de acusación, la Fiscalía lo destacó como uno de los “alfiles” de la compañía brasileña.( Le podría interesar: La relación de Federico Gaviria con Odebrecht).

“Tuvo la misión de realizar una serie de acercamientos directos o indirectos con funcionarios públicos, con el objeto de buscar que, a través del pago de gruesas sumas de dinero, estos a su vez intercedieran ante los funcionarios públicos que tendrían la posibilidad de decidir aspectos contractuales referentes a la adición del Tramo II de la Ruta del Sol. Logrando así que, con dicha intervención, se obviara la licitación pública”.

Dentro de las versiones recaudadas por la Fiscalía se pudo establecer que los dineros se habrían pagado inicialmente al exsenador Plinio Olano y al exviceministro Miguel Peñaloza Barrientos para asegurar la adición del contrato ya reseñado.

El empresario Federico Gaviria, además, es señalado de tener nexos con el excongresista Otto Bula –quien se encuentra en proceso de colaboración con la Fiscalía–, para lograr que el contrato le fuera entregado a la multinacional. “Se aliaron para buscar el apoyo de parlamentarios y lograr los intereses de la firma. En esta oportunidad, sus acciones se encontraban encaminadas a buscar el mejoramiento de las condiciones contractuales. Fue así como se llegó al senador Bernardo Elías, quien a cambio de una fuerte suma de dinero, accedió a incidir directamente ante la presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El senador actuó con otros congresistas que hacían parte de las comisiones de presupuesto”.

En otras palabras, el ente investigador lo vincula como la persona que terminó por conformar el grupo de senadores, conocidos como los “buldóceres”, por lo que ahora son investigados Armando Benedetti, Musa Besaile, Sandra Villadiego, Alfredo Ape Cuello Baute y Martín Morales, como supuestos receptores de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.

Respecto a Eduardo José Zambrano, el ente investigador lo acusará de lavado de activos y concierto para delinquir. Es señalado de estructurar el plan para lavar dineros de la firma brasileña a través de las empresas Consultores Unidos de Colombia y Consultores Unidos de Panamá. “En virtud del elevado monto de los dineros que se habían ofrecido a los funcionarios, tuvieron la necesidad de buscar otros empresarios que, aunque no hacían parte de la concertación inicial, prestaron sus empresas para realizar contratos ficticios y obtener los recursos que se requerían para pagar dichas coimas”, señala el escrito.

Según esta conclusión, Odebrecht habría enviado US$4,6 millones para sobornar a los funcionarios con influencia en la concesión de la obra.

En concreto, Federico Gaviria buscó al empresario Gustavo Torres Forero, acusado del delito de enriquecimiento ilícito. Según la investigación, Torres Forero habría utilizado la firma Profesionales de Bolsa para realizar un contrato simulado con la Concesionaria Ruta del Sol. Nunca se ejecutó, pero sí recibió el pago del mismo. La firma comisionista firmó un contrato por $9.716 millones para asesoría financiera y la banca de inversión relacionada con el cierre financiero de la adición Ocaña-Gamarra. (Lea: Odebrecht: a la cárcel excomisionista de bolsa, Gustavo Torres).

Gabriel Dumar, otro de los implicados, será acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. El nombre del exrepresentante legal del Consorcio Sion apareció vinculado con el senador del partido de la U Bernardo Ñoño Elías Vidal. “Se realizó un contrato para la realización de una obra civil, la cual no se ejecutó, pero si fue pagada por la multinacional Odebrecht. El dinero de este ilícito contrato fue entregado de manera directa al senador Elías, quien distribuyó los dineros con los otros parlamentarios”.

El escrito de acusación también incluye 159 pruebas documentales y la citación de 69 testigos. Llama la atención que entre las declaraciones figuran las aportadas por Óscar Mauricio Bula Jarava, primo de Otto Bula y dueño de Transportes y Equipos de la Sabana; Juan Claudio Morales González, miembro del comité financiero de las campañas presidenciales de 2010 y 2014 del presidente Santos; Básima Patricia Elías Náder, prima hermana del senador Bernardo Elías, y Gustavo Adolfo Hamann López, Gerente de Costos-‎Estudios y Proyectos del Sol – Episol, entre otros.

Así las cosas, por el momento estas son las evidencias que, sostiene la Fiscalía, apuntan a la responsabilidad de los empresarios en las labores fraudulentas de la firma brasileña Odebrecht y los funcionarios públicos que le ayudaron. La primera audiencia del juicio aún no ha sido programada. Los cuatro acusados podrían verse expuestos a penas de más de 10 años de cárcel. Actualmente, tres de ellos negocian acuerdos de colaboración con la Fiscalía para conseguir beneficios judiciales.

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