El artículo 8° de la Ley 890 de 2004 adiciona al Código Penal colombiano lo siguiente:
«Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.»

En su artículo 182 indica: – Fraude Procesal. – El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un empleado oficial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años”

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Y el artículo 444A. señala: Soborno en la actuación penal. El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Estos artículos del Código Penal colombiano, fueron los que consideró la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para dictar medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, siendo esta la primera vez en la historia del país que se le impone una medida de este tipo a un exjefe de Estado. 

Al expresidente se le sigue una investigación por los delitos de fraude procesal y soborno, en el caso de una demanda que curiosamente partió por una denuncia que instauró el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda por injuria y calumnia. 

Señala la Corte Suprema que la providencia “fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él”. 

Es decir, de demandante pasó a ser investigado. 

Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos. 

Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. 

Privación de libertad 

Explicó la Corte Suprema que “la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”. 

En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la Sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice. Conducta que legalmente, frente a la eventual pena a imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso. 

Las conductas imputadas al senador Uribe Vélez, por las cuales la Corte resuelve su situación jurídica, fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista. 

En estas condiciones, la investigación respecto a los dos congresistas continúa en el mismo proceso a cargo de la Sala Especial de Instrucción. 

Como se sabe, según el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, “se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”. 

Es decir, para la Corte es real la posibilidad de que el Senador interfiera de manera efectiva en el curso de la investigación y por eso ordena su detención. 

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, trinó en su cuenta de twitter el ex mandatario, una vez conoció la decisión. 

El caso 

El caso que hoy mantiene a Uribe en su casa, tiene que ver con el presunto intento de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que vinculó al expresidente Uribe con la creación del bloque Metro de las Autodefensas que operó en Antioquia.  

El expresidente y senador del Centro Democrático aportó su versión el 8 de octubre del 2019, ante el magistrado César Augusto Reyes. 

Precisamente su actual cargo de senador es una de las razones por las que está en problemas con la justicia, ya que, al ser elegido parlamentario en 2014, perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia. 

Todo comenzó con un primer debate que hizo en el 2012 el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, que se centró en la injerencia del hermano de Álvaro Uribe, Santiago, en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. 

Un segundo debate sobre paramilitarismo en el 2014, también liderado por Cepeda y siendo ya Uribe senador, el militante del Polo, trató de establecer un vínculo entre el expresidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, además de afirmar que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país. 

Para eso presentó una serie de testimonios de exparamilitares, entre ellos el de Juan Guillermo Monsalve, quien era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, quien testificó que en ese lugar y con el conocimiento de Álvaro Uribe, entonces Gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Uribe calificó ese testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos.  

Durante ese proceso la alta corte encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y por el contrario sí las había para hacerlo contra Uribe, quien presuntamente sí habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda había presentado en dichos debates. 

En las investigaciones del caso también investiga al abogado de Uribe, Diego Cadena, y sobre el cual se tiene una serie de interceptaciones en las que se demostrarían los presuntos sobornos a Monsalve y otros exparamilitares para que cambiaran su testimonio y exculparan al expresidente además de señalar que el senador Cepeda los había comprado para incriminar a su contradictor. 

En varias de esas interceptaciones se intuye que el expresidente tenía conocimiento de las actuaciones de Cadena -algo que la defensa de Uribe ha negado categóricamente- y que este operaba como un intermediario bajo las órdenes del hoy senador. 

En dicho proceso Uribe ya rindió indagatoria el pasado 8 de octubre de 2019. 

Mientras esto ocurría en los estrados judiciales, en el Centro Democrático, venía señalando a todo el proceso y la posibilidad de la detención de Uribe como una “persecución política” por sus años de lucha férrea en contra de las guerrillas del país y demás grupos armados. 

Parte de esa defensa reciente se dio en una carta publicada como portada de los principales medios del país. 

Allí el Centro Democrático resaltó que en el Gobierno de Uribe se desmovilizaron más de 40 mil combatientes, entre guerrilleros y paramilitares, y que el expresidente viene siendo víctima de una persecución por parte de la Corte Suprema de Justicia desde que terminó su mandato. 

Cabe destacar que uno de los más grandes escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez tiene que ver con las interceptaciones ilegales a jueces, periodistas y miembros de la oposición, las cuales se orquestaron desde el extinto organismo de inteligencia adscrito a Presidencia y que se conocen como las “chuzadas del DAS”; de las cuales fueron víctimas varios magistrados. 

Medida de aseguramiento contra Uribe. Live con Coronell e hilo en Twitter

La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe mientras lo investiga por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso de manipulación de testigos. Hablamos con el periodista Daniel Coronell sobre esta decisión e hicimos un hilo en Twitter con nuestras investigaciones sobre Uribe, aquí te las dejamos.

Y no te pierdas nuestro hilo de Twitter con las investigaciones que hemos hecho sobre Uribe, su patrimonio, sus negocios con familiares de los capos del Cartel de Medellín y su participación en el caso de manipulación de testigos.

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