A la expectativa se mantienen los habitantes de los dos Santanderes (Norte y Sur), sobre la decisión que finalmente tomará el Gobierno en cabeza de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con respecto a la licencia que ha solicitado la empresa minera Minesa para que le permitan explotar oro en el páramo de Santurbán

La preocupación radica en que si bien el pasado 16 de julio, no se conoció la decisión sobre la nueva delimitación, día en que estaba prevista, pero que finalmente no se dio por cuanto no se realizaron las debidas audiencias con las comunidades, la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional que ordenó la delimitación de la zona de páramo, no prohibió de manera explícita otorgar licencias ambientales mientras se concreta esa delimitación. 

De ahí la preocupación que han mostrado habitantes de la región y miles de voces que han advertido el peligro que se cierne sobre este ecosistema. 

Y razones no les faltan. Lo primero por decir es que el Ministerio de Ambiente aplazó para el mes de diciembre cualquier decisión sobre los límites, ante la falta de concertación con las comunidades, las cuales en algún momento pretendió hacer de manera virtual, lo cual los estrados judiciales le negaron. 

Es decir, este tiempo, bien podría ser utilizado para entregar la licencia a Minesa porque desde octubre del año pasado, el presidente Iván Duque nombró como ministro de Ambiente, Ad Hoc al actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al declararse impedido para abordar el tema, el titular Ricardo Lozano.  

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La decisión causó resquemores entre muchos, pues no es precisamente Carrasquilla un aliado del tema ambiental y mucho menos cuenta con la experiencia ni el conocimiento necesario para evaluar con efectiva diligencia los impactos ambientales que se puedan generar, pero en cambio, sí tiene trayectoria en anteponer intereses mucho más económicos a los ambientales, o de salud o de educación. 

Y esto sumado a la declaración que días recientes entregó la viceministra de minas, Carolina Rojas, en el sentido de que la explotación minera en Santurbán traería inversiones y trabajo para el país, han terminado de encender el debate. 

Dice la Viceministra que el proyecto permitiría aumentar la producción de 35 a 65 toneladas de oro en apenas diez años y que dichos proyectos tendrán los más altos estándares de sostenibilidad. 

Rojas agregó que es preciso aprovechar que en la crisis mundial por la pandemia de covid-19 el precio del oro ha aumentado en un 30%. La describió como una oportunidad para “mitigar” los efectos económicos de la pandemia en el país. 

Llegaron los árabes

Pero el camino que han andado los árabes para explotar el oro de Santurbán no es nuevo. 

Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, Arabia Saudita reforzó sus lazos comerciales con Colombia en textiles, confecciones, alimentos y flores. Hasta la exóticas frutas nacionales como pitahayas y uchuvas empezaron a degustarse en los restaurantes de Dubai. 

Entre el 2010 y 2013, unos 8 mil colombianos salieron de Colombia rumbo a los Emiratos Árabes en busca de un mejor futuro. 

Luego el gobierno emiratí fue uno de los aliados internacionales del proceso de paz con las Farc. En la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a Abu Dhabi en 2017, ya firmado el acuerdo, fue recibido por el príncipe heredero Mohamed bin Zayed al Nahyan quien le notificó de los $45 millones de dólares que Colombia recibiría como espaldarazo para ese proceso. También entregaron $7 millones de dólares para atender la tragedia de Mocoa (Putumayo). 

El ex presidente Santos en Abu Dhabi en 2017.

Y esos gestos tan humanitarios se cobran. 

Minesa es una empresa de la que es accionista mayoritaria la monarquía emiratí. 

Días más tarde de la visita de Santos a ese país, en el 2017, se anunció una inversión adicional de cerca de $1 mil millones de dólares en varios proyectos que representarían presuntas afectaciones al Páramo de Santurbán, lo que prendió las alarmas en la sociedad civil de la región. 

Claro que en la puja por el oro del páramo estaba la minera canadiense Greystar, que desistió en el 2011 del proyecto Soto Norte en el municipio de California (Santander). 

Quizás por eso los árabes vieron el camino despejado, quienes ahora en medio de la pandemia han seguido igual o más dadivosos con Colombia. 

Es así como a principios de la pandemia, en abril, llegaron 10 mil pruebas rápidas para la detección del Covid-19 al laboratorio de la Universidad de Antioquia en un Boeing B777 enviado por el primer ministro de Emiratos Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktum. Además, llegaron 5.000 overoles (trajes protectores), 15.000 vestidos médicos, 500 mil guantes, 30 mil cubiertas de zapatos, 20 mil máscaras y 6.000 desinfectantes. 

Relata en su página el veterano periodista santandereano Héctor Gómez Kavarik, que “después, en junio, 18 toneladas de insumos sanitarios llegaron al país provenientes de los Emiratos Árabes Unidos. El embajador de Colombia en Emiratos Árabes, el barranquillero Jaime Amín, se puso la camiseta por su ciudad y le envió al alcalde Pumarejo 50.000 pruebas rápidas, 20.000 máscaras, 200.000 guantes y alimentos para 2.000 familias. 

“El pasado 28 de julio llegó la tercera donación en vuelo directo de los EAU. Ventiladores, pruebas, instrumentos médicos y de seguridad biomédica llegaron a bordo del mismo avión de Etihad que en todas las ocasiones ha transportado las toneladas de donativos y también ha repatriado cientos de colombianos atrapados en el Medio Oriente”. 

Y llama la atención en que las buenas relaciones colombo-árabes han llegado a un punto que, por orden del Ministerio de Interior de los Emiratos, la bandera colombiana se tomó el edificio más alto del mundo en la noche del 20 de julio, Día de la Independencia, la cual se celebraba en medio de estricto confinamiento en todo el territorio colombiano. 

Frente a este panorama de “favores”, y conociendo el poco interés que este y los gobiernos anteriores le han dado al tema ambiental, la amenaza de la licencia de explotación de oro en Santurbán, no es tan irreal. 

La ANLA, finalizando 2017, hizo 83 requerimientos al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minesa, y la minera emiratí desistió de su proyecto, en 2018. La ANLA aceptó enseguida el desistimiento de Minesa, pero le negó la licencia, desconociendo así el antecedente de la otrora Greystar que, aunque desistió de su proyecto en 2011, el Ministerio de Ambiente lo rechazó, y negó la licencia ambiental al proyecto.  

Dado que no se le negó, Minesa presentó un segundo estudio en enero de 2019, y en noviembre de ese mismo año la ANLA hizo 107 observaciones a este, pero tampoco le negó la licencia. 

Mientras que la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, autoridad ambiental regional, el pasado 9 de septiembre, emitió un concepto técnico negando cinco permisos solicitados por Minesa. 

Y apenas hace diez días, en plena pandemia, la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía de California presentaron un primer informe de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Explotación de Minerales Auroargentiferos Soto Norte.  

En el estudio, compuesto por 386 páginas y elaborado por una comisión técnica conformada por varias organizaciones y especialistas en biótica, hidrogeología y socioeconomía, dio cuenta, por ejemplo, de que existe una conexión entre las aguas afectadas por el proyecto minero y las aguas que arriban y abastecen al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, a través del río Suratá.  

“Minesa ha venido diciendo que hay un basamento cristalino, es decir, una roca que no permite la filtración del agua, que la zona del proyecto está aislada y no afecta las aguas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Eso es un cuentazo”, comentó Sotomonte Carlos Sotomonte, asesor de temas ambientales de la Alcaldía de Bucaramanga al diario Vanguardia.  

El informe también advierte sobre las afectaciones que traería el megaproyecto en la biodiversidad del Páramo de Santurbán, teniendo en cuenta que ese ecosistema alberga 450 especies de flora y 290 de fauna, en su gran mayoría endémicas. Según el informe, la ejecución del proyecto impactaría por lo menos a 60 tipos de especies de flora y fauna, al igual que 10 nacimientos de agua.  

Además, de que no respeta los instrumentos de planificación y áreas prioritarias de conservación y protección, como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (Pomca) del río Suratá y los Esquemas de Ordenamiento Territorial de la región.  

Y plantea el estudio que el 81 por ciento de los impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto son negativos. 

Según el documento, Minesa propone construir un depósito de relaves secos para 34.000 de toneladas de desechos por encima de predios de protección del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Para desarrollarlo, advierte, el Estado colombiano tendría que expropiar al acueducto de estos predios de protección de fuentes hídricas para convertirlos en una zona de basura minera. 

El tema económico 

En lo referente al impacto económico, una de las principales preocupaciones, el estudio indica que por regalías de acuerdo a lo proyectado por explotación y producción, a Santander solo le llegarían anualmente entre $10.000 y $16.000 millones de pesos, una cifra que, al parecer de las autoridades, no generará ni riqueza ni desarrollo productivo para la comunidad.  

“Digamos que fueran $20.000 millones lo que llegará de regalías, dividido en los dos millones de habitantes, serían $10.000 pesos al año, aproximadamente para cada uno. Ni siquiera así es significativo para la economía regional. Pero si se hace el proyecto y nos quedamos sin agua, tendríamos que ejecutar una nueva iniciativa que costaría $200 millones de dólares, y de dónde lo sacaremos”, enfatizó Sotomonte. 

En ese sentido, el economista y magister en Ciencias Políticas, Emiro Arias Bueno, señaló en una columna del portal 2020 Noticias Hoy de Santander, que la explotación del proyecto tendrá una duración de 21 años, en este tiempo se extraerán según sus cálculos, 9 millones de onzas troy de oro, 20 millones de onzas troy de plata y cerca de otros 10 millones de onzas troy de otros minerales. 

“En el momento de hacer los cálculos se proyectaba un negocio de 40 billones de pesos totales de los cuales se desprendían 1.8 billones de pesos en costos de explotación y 1.2 billones de pesos en regalías para la Nación. Es decir, tendrían unos costos operativos de 4 billones de pesos y se llevarían una utilidad neta cercana a los 36 billones de pesos durante todo el periodo de explotación”, reveló  

Y paso seguido se pregunta: ¿si siendo nosotros los dueños del oro, del territorio, porqué un negocio tan desventajoso. Por qué solo recibimos una migaja mientras la multinacional se alza con una inmensa utilidad donde solo invierte un 5% de recursos del total del proyecto, para obtener tamaña utilidad. Por qué no se ha planteado desde el Congreso de la República como se ha hecho en otros países un ajuste a esos porcentajes de regalías? 

Y advierte que a cambio de recibir 1.2 billones de pesos que divididos en los 21 años de explotación representan cerca de 60.000 millones de pesos que irán a parar al Gobierno central y que si les fuera muy bien y les retornarán el 50% de esos recursos, Santander recibiría 30.000 millones de pesos por año.  

Y pasa a decir que el 65% de los 87 municipios que lo conforman no poseen saneamiento básico ni agua potable, es decir, 57 municipios requieren una inversión oportuna en este rubro. Eso en términos monetarios suma cerca de 2.5 billones de pesos.  

“Tenemos cerca de 2.000 aulas escolares por reconstruir. Con centros de cómputo, laboratorios de investigación, con conectividad que permita una mejora sustancial en la calidad de la educación. Las vías terciarias y secundarias requieren una inversión aproximada a los 10 billones de pesos que permita que nuestras provincias se conecten con el desarrollo vial departamental y nacional y nuestros campesinos garanticen la movilidad de sus cosechas y que termine el calvario que significa el movilizarse en las condiciones actuales. Nuestra red pública hospitalaria tiene un déficit cercano al billón de pesos, el HUS tiene un déficit de cerca de 260.000 millones que lo tienen al borde de su liquidación y que decir del resto de hospitales de los demás municipios, como el del Socorro que tiene su UCI cerrada al día de hoy. Entonces, ¿En esa perspectiva y tomando otros referentes, cuál sería el “gran negocio” que se le plantea al país y en especial a nuestra región?, se pregunta Arias Bueno. 

Finalmente si se toman como referencia, grandes proyectos mineros en el país, como la mina a cielo abierto de carbón de El Cerrejón en La Guajira o la de níquel de Cerromatoso en Córdoba, no han dejado recursos cuantiosos en esas regiones y por el contrario sí han generado daños ambientales y de salud a las comunidades circunvecinas, dada la laxitud que prima en la normatividad ambiental en Colombia. 

En el caso del Cerrejón por ejemplo solo el 10% de los contratos y compras que se ejecutan al año se dan en nuestro país, y una porción muy pequeña en el departamento de la guajira, solo el 1% allí. El aporte al PIB es en promedio del 55% pero en empleo solo el 2,9% mientras la agricultura en el PIB sumaba solo el 7.5% pero en empleo el 17.6%. Hoy en la Guajira el 65% de sus habitantes están en la pobreza, 37 de cada 100 guajiros están en la indigencia, personas con NBI alcanzan el 91.89% y su indicador gini es uno de los más desiguales no solo del país, sino del mundo, con un coeficiente de 0,656. 

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