Los hechos de corrupción ocurridos en la Universidad Sergio Arboleda, revelados desde hace algunos días por medios de comunicación nacional, se suman a los escándalos de este tipo que desde hace lustros han sacudido a instituciones de educación superior. 

Entidades tanto de carácter privado como público, han estado en el ojo del huracán, bien por malversación de recursos, o corrupción administrativa, injerencias políticas en sus manejos, e incluso, por el control que tuvieron grupos armados ilegales de varios centros educativos. 

El caso concreto de la Universidad Sergio Arboleda, de donde es egresado el ex presidente Iván Duque, lo dio a conocer el periodista Daniel Coronell en W Radio, al revelar que dicha universidad recibió hace poco un oficio del Ministerio de Educación Nacional que le ordena no presentarse más como Universidad Acreditada de Alta Calidad y suspender toda publicidad en la que se promocione de esa manera. 

La suspensión de la acreditación es una consecuencia de las denuncias presentadas por el exdecano Leonardo Espinosa y entre las numerosas irregularidades, se cuentan la contratación de docentes que realmente no dan clase, sino que son nombrados por su influencia política.

Entre ellos el fiscal general Francisco Barbosa a quien le pagaban, pero no dictaba clase; la compra de inmuebles por directivos para arrendárselos a la misma universidad; y el negocio de “yo con yo” de una hacienda del rector Rodrigo Noguera que donó a una fundación de la universidad para que esa fundación le entregara la explotación a una compañía del rector. 

Coronell reveló además que la investigación del Ministerio de Educación determinó que la Sergio Arboleda está incumpliendo las normas contables y financieras legalmente ordenadas y que está en riesgo financiero dada su iliquidez originada por el alto endeudamiento, el pago de altas tasas de interés y la ineficiente gestión de recuperación de su cartera. 

Asegura también que los recursos de la universidad están siendo usados “con fines diferentes al cumplimiento de su misión y función institucional”. 

Ante estas irregularidades –mayúsculas–, el Ministerio de Educación está obligado a tomar medidas preventivas. Por situaciones semejantes fueron intervenidas universidades como la Autónoma del Caribe y la San Martín. 

Según Coronell, en esos casos, las medidas preventivas fueron mucho más severas, pero quizás pesó que el presidente Duque y varios miembros de su gobierno eran sergistas, porque la decisión de la anterior ministra fue la más suave posible. Consistió en ordenar como medida preventiva la adopción de un plan de mejoramiento encaminado a solucionar las irregularidades y anormalidades. 

La resolución fue firmada por la ministra María Victoria Angulo el viernes 5 de agosto, es decir, el último día hábil del gobierno de Iván Duque. Así le expidieron la medida menos grave antes de que llegara el nuevo gobierno a revisar lo que ha venido pasando en esa universidad. 

La Sergio Arboleda no interpuso recurso alguno contra la decisión del Ministerio, quizás considerando que una nueva revisión podría ser más drástica. Ante la ausencia de recursos, la resolución quedó en firme y la acreditación automáticamente se perdió. 

No menos grave fueron los hechos que por años pusieron en la palestra pública a la universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, también de naturaleza privada. 

El caso Uniautónoma 

En la Autónoma de Barranquilla, lo ocurrido fue mucho más oscuro y tenebroso, pues implicó asesinatos, amenazas y vinculación con el paramilitarismo. 

Allí, presuntos “celos” familiares entre hijos y familiares de su fundador, Mario Ceballos y su nueva esposa, la argentina Silvia Gette, por el poder que esta última consiguió al interior de la universidad, terminaron en uno de los más sonados casos de corrupción y criminalidad en la capital del Atlántico. 

En 1983, cuando el conflicto familiar empezaba a coger calibre mayor, Ceballos con 75 años recién cumplidos murió, al parecer de un ataque cardiaco, aunque con el tiempo se ha venido manejando la versión de que habría sido envenenado por orden de Gette. 

Con su muerte heredó su cargo y se posesionó como rectora de la universidad desde donde simplemente se desbocó en los gastos y los lujos y se sucedieron una cadena de episodios violentos de personas cercanas a la cúpula de la universidad 

En el 2004 Fernando Cepeda, el esposo de María Paulina Ceballos (hija del fallecido), fue baleado en plena calle por sicarios. Al asesinato del yerno de su esposo le seguiría el del administrador de la cafetería, quien fue encontrado en plena universidad una madrugada del 2004 amordazado, amarrado y con un boquete rojo en la garganta.  

De ahí en adelante Silvia Gette vio la oportunidad para emplear a su hermano Guillermo quien vivía en Argentina, y lo trajo para que asumiera el negocio de la cafetería. 

Luego le siguió su segundo hermano Luis, a  quien nombró director administrativo; a su sobrina  Mariela, directora del área de Humanidades, y a sus otros dos sobrinos Cristian y Andrés, también los empleó. 

Los rumores sobre su nepotismo y corrupción circulaban en Barranquilla pero nadie decía nada. Después vendrían las acusaciones por presuntas relaciones con los paramilitares de Jorge 40 que la convirtieron no solo en un personaje intocable, sino temible. A pesar de que sobre ella caía la sospecha de cuatro asesinatos, Gette llegó a ser tan grande que su nombre alcanzó con fuerza para aspirar a ser gobernadora del Atlántico. 

Sin embargo, en el 2011, su castillo de naipes se derrumbó: cuatro paramilitares la acusaron de haberles dado $150 millones de pesos por matar a Fernando Cepeda. Sin embargo, en el 2017 este delito precluyó y sólo hasta en abril del 2022 la Fiscalia la condenó a seis años de cárcel por abuso de confianza. 

Tras la salida de Gette, y la intervención, tardía por demás, del Ministerio de Educación, aclarando que dicho Ministerio no tiene potestad para adelantar investigaciones de carácter penal, llegó una nueva administración al claustro, la de Ramsés Vargas Lamadrid, que terminó siendo igual de nefasta. 

En el 2017, la W Radio divulgó los documentos que demostraban que los directivos de la Universidad Autónoma del Caribe habían enviado información falsa, insuficiente al MinEducación sobre sus estados financieros. La Universidad aseguró que tenía un patrimonio suficiente para atender cualquier dificultad financiera. Sin embargo, W radio descubrió que la institución había vendido gran parte de su patrimonio y que lo poco que le quedaba estaba hipotecado o embargado. Ante la evidencia de tantas quejas, el Ministerio de Educación realizó otra visita a la institución el 7 de febrero del 2018 y, contrario a la efectuada en agosto de 2017, comprobó que sí existían irregularidades administrativas.  

Testimonios de funcionarios, maestros y estudiantes de la universidad mostraron con extractos bancarios que llevaban 6 meses sin recibir salario o remuneración alguna por su trabajo. Mientras que Vargas y su esposa llevaban una vida de millonarios en los Estados Unidos, a pesar de que él afirmaba que tampoco le estaban pagando su salario. En la investigación La W confirmó que el rector Vargas adquirió varios bienes en la Florida, entre ellos una mansión de 3 millones de dólares, propiedad que no fue comprada a su nombre sino a través de una empresa llamada Dynamic Academic Research Group, empresa que tenía la misma dirección principal y de correspondencia que otras cuatro empresas en la Florida, a las cuales la Universidad le giraba cuantiosas sumas de dinero periódicamente sin justificación alguna relacionada con los temas académicos. Además, otro de los hallazgos, particularmente extraño, relacionado con las empresas en los Estados Unidos fue que Winston Vergara, miembro de la Sala General de la Universidad, también aparecía como directivo de las cinco empresas.  

Otra de las revelaciones de la investigación fue el alto salario que recibía Vargas, y que el Ministerio de Educación hizo reducir. Los documentos publicados demostraron que Vargas recibía mensualmente 197 millones de pesos, 64.000 dólares aproximadamente, sumando el salario, primas y demás bonificaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.  

También se revelaron documentos que demostraban que uno de los mejores amigos del rector, Jorge Vera Kit, era el contratista estrella de la Universidad. Varias de sus empresas gozaban de millonarios contratos con la entidad, al igual que su familia. La W publicó las órdenes de compra de la Universidad con las distintas compañías de Vera Kit.  

A finales de 2019, y tras un año detenido por orden de la Fiscalía, por el delito de desfalco, Ramsés Vargas pidió su libertad por vencimiento de términos, la cual se le concedió. Lo último que se sabe sobre el caso es que hubo una nueva audiencia el pasado 19 de agosto y está programada otra para el 23 de septiembre por el caso de desfalco de la institución académica. 

Las públicas no se escapan 

En el 2019, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital de Bogotá, Wilman Muñoz Prieto, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos que superan los $10.490 millones. 

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales le cuestiona a Muñoz Prieto el presunto desvío de recursos públicos, destinados por la universidad al funcionamiento del instituto, para utilizarlos en beneficio personal y de terceros en el tiempo en que ocupó el cargo, entre julio de 2012 y enero de 2019. 

Entre otras irregularidades, el Ministerio Público encontró que durante su administración el investigado, aparentemente, habría sido el beneficiario de 333 cheques por $10.495.100.000, los cuales habrían sido girados por él con cargo a una cuenta corriente a nombre de la Universidad Distrital. Ese dinero no habría sido retornado ni a la universidad, ni al instituto, y tampoco habría sido invertido, en la ejecución de convenios y/o contratos relacionados con el objeto misional del Idexud. 

Muñoz Prieto presuntamente habría adquirido con esos recursos vehículos particulares para su uso personal, avaluados en más de $211 millones; servicios de televisión por cable, hospedajes en hoteles y pagos de cuentas en restaurantes y almacenes de ropa, así como desplazamientos a otras ciudades que no estaban relacionados con su función. Igualmente, habría adquirido un vehículo de alta gama, marca Mercedes Benz, y equipos electrónicos que, aparentemente, fueron destinados para el beneficio de una empresa particular. 

Por esos hechos, el Ministerio Público citó a audiencia a Muñoz Prieto por tres cargos disciplinarios calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de dolo. 

En Unicartagena 

Más recientemente, en abril de este año, en la capital del departamento de Bolívar se reveló un nuevo escándalo que también compromete a directivos de centros universitarios por presuntos hechos de corrupción y contratos que, al parecer, habrían sido amañados.  

Los hechos involucran al actual director de proyectos de la universidad de Cartagena, Venancio Porras, y a Jorge Álvarez, profesor de ingeniería y quien sería muy cercano al rector, Édgar Parra. 

Según las indagaciones de medios de comunicación, la contratación estaría amañada para favorecer a contratistas que posteriormente deberían entregar dinero a cambio de los negocios que se ganan. Presuntamente, para facilitar el proceso acuerdan que se modificará una de las condiciones del pliego para que gane un contratista en específico. “Una de las actividades hay que modificarlas. Usted puso 81 a 1.015, casi todas cumplen, pero yo quisiera poner otra”, le dice Álvarez en el audio a Porras, a lo que este último responde: “No, mándeme el pliego modificado de acuerdo al que va a ganar”. 

En audios revelados, Porras y Álvarez hablan también de quiénes le darían plata al rector de la universidad. 

En los audios los implicados afirman que los contratos pequeños dan más “ganancias”. El director de proyectos de la UdeC le manifestó a Álvarez que estas son del 50%. 

Desde el 2020, el alcalde de Cartagena, William Dau, viene haciendo denuncias contra directivos de la entidad. 

Tras llamar “nido de ratas” a la institución, Dau fue citado por la Procuraduría, pero, nada pasó con las denuncias sobre los presuntos manejos irregulares con los dineros para la educación pública. 

Paramilitarismo en los claustros 

Y finalmente, imposible dejar pasar el macabro fenómeno que representó la penetración de grupos paramilitares en los claustros públicos universitarios, principalmente en la región Caribe. 

Y aunque fueron varias las instituciones que estuvieron bajo influencia paramilitar, la Universidad de Córdoba, es un caso emblemático. 

La Universidad sufrió un terrible periodo de violencia entre los años 1995 y 2008 en donde las instalaciones del campus de Montería fueron dominadas por fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia,​ dirigidas por Salvatore Mancuso.​ Durante este tiempo la violencia dejó al menos 15 víctimas mortales y el nombre e imagen de la universidad quedó ligado al paramilitarismo y la persecución. 

En el año 1995 fue asesinado el docente Francisco Aguilar Madera dando así inicio a la violencia dentro de la universidad.​ En el año 2008 y tras la Ley 975 de Verdad, Justicia y Reparación se comenzó el proceso de reparación de víctimas, entre las que fue también elegida la propia universidad como víctima.  

En 2013 se le cedió a la universidad una de las casas del antiguo líder paramilitar Salvatore Mancuso ubicada en la ciudad de Montería como parte de la reparación colectiva a la universidad. 

Entre las víctimas figuran los profesores Francisco Aguilar Madera, José Alberto Alzate Patiño, Hugo Iguarán Cote, James Antonio Pérez Chimá y Misael Arsenio Díaz Ursula. Y los estudiantes Francisco José Ayazo Gómez, Esteban Manotas Olascoaga, Sheyla María Olascoaga Quintero, Nelson Narváez Romero y Merly María De la Ossa 

Por estos hechos, en noviembre del 2021, tras resolver un recurso de apelación, la Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dejó en firme la acusación en contra del exrector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez Parra, por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos armados al margen de la ley, en calidad de autor. 

Sánchez Parra, estuvo al frente de la Unicor, durante los años 2001 y 2002, y posteriormente, en 2006. Con la acusación en firme, el exrector iría a juicio, por los hechos registrados el 18 de febrero del 2003. 

En esa oportunidad, Claudio Sánchez Parra, habría participado en una reunión convocada por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en Santa Fe Ralito, del municipio de Tierralta, Córdoba, en la que, al parecer, fueron obligados a asistir miembros del sindicato de la universidad e integrantes del Consejo Superior. En el encuentro, se habrían abordado temas académicos, laborales y administrativos que, posteriormente, serían manejados por el grupo paramilitar. 

Entonces, lo que queda claro con lo revelado estos días sobre la Universidad Sergio Arboleda y lo aquí narrado, es quizás la débil o casi que nula vigilancia que el Estado ejerce sobre el funcionamiento y manejo de las instituciones educativas en el país, bien sean públicas o privadas. 

Empezando porque el único que tiene una injerencia directa sobre dichas instituciones es el Ministerio de Educación, que seguramente ni cuenta con herramientas ni personal para ejercer un seguimiento adecuado sobre las mismas. 

De ahí que los claustros universitarios estén a expensas tanto de corruptos politiqueros, pasando por delincuentes de “cuello blanco”, o en el peor de los casos, de grupos armados ilegales. 

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