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Tras el escándalo que suscitó la presencia del actual ministro de Justicia, Wilson Ruíz en el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela, que se jugó el pasado 9 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y que contaba con restricciones para la asistencia de espectadores por cuenta de la pandemia del Covid-19, el alto funcionario del gobierno de Iván Duque presentó disculpas por su actuación y de paso renunció a su cargo como integrante de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. 

Según explicó había estado en el partido, con sus dos hijos, por una invitación que le hiciera la Federación. “Actualmente hago parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. Por tal razón, los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol me asignaron tres acreditaciones para ingresar al estadio”, señala el comunicado del ministro Ruiz. 

Sin embargo lo reprochable del caso aparte del corrupto y evidente abuso de poder que ejerció desde sus dos cargos, es decir como integrante de la Comisión y como Ministro de Justicia, radica en haber permanecido en la Comisión, tras ser designado como Ministro de Justicia. 

Ello debido a que dicha Comisión Disciplinaria es la encargada de investigar a los directivos de la Federación involucrados en la reventa de boletas para partidos de eliminatorias del Mundial Rusia 2018, cuyo proceso incluso ha llegado a la Fiscalía General de la Nación.  

Wilson Ruíz fue designado en el cuerpo disciplinario de la Federación de Fútbol el pasado 9 de septiembre en reemplazo de Miguel Córdoba, quedando dicha comisión integrada por Pedro Alonso Sanabria, Juan Camilo Cardona y el suscrito. 

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Apenas 7 días después fue nombrado Ministro de Justicia por el presidente Iván Duque, y en vez de renunciar al puesto en el organismo deportivo, lo que hizo fue aprovechar ambos cargos para asistir al primer partido de eliminatorias, al cual estaba restringido el ingreso de público. 

A Ruíz, no le pareció que había alguna incompatibilidad entre su cargo de ministro y el de la Federación, pero eso no opina el ministro del Deporte, Ernesto Luzena, su compañero de gabinete, quien ayer dijo que había un “conflicto de intereses” por parte del Ministro de Justicia. 

Ruíz insistió en que no vio ningún inconveniente en continuar en la Federación y que “Durante el tiempo en que permanecimos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla cumplimos con todas las medidas y protocolos de bioseguridad exigidos para el manejo y control del COVID-19”. 

El caso de la reventa de boletas tiene que ver con el proceso que sigue la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el cual ha impuesto sanciones por 18.000 millones de pesos contra la FCF, una empresa y 17 de personas naturales por la reventa de boletas para partidos de eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Sólo la Federación tendrá que pagar 16.016 millones. 

Entre los sancionados están Ramón Jesurum, presidente de la Federación; Luis Bedoya, expresidente de la FCF y hoy procesado por recibir sobornos en el ‘Fifa Gate’ y otros miembros de esa corporación. 

Al respecto, el MinJusticia señaló que “En ningún momento he tenido a mi cargo investigaciones relacionadas con la reventa de boletas ni otro proceso disciplinario a los directivos del futbol (…) anuncio que ya presenté la renuncia a esa comisión, respetando la transparencia y los valores éticos y morales que siempre me han caracterizado”, recalcó. 

Pero además de la posible violación a la ética y las responsabilidades que le caben como funcionario de Gobierno e integrante de un cuerpo disciplinario, el comportamiento del ministro Ruíz, se asemeja al del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien también fue cuestionado meses atrás por haber viajado a la isla de San Andrés en compañía de su familia, en plena pandemia y con restricciones de desplazamiento, y en un avión del Estado, argumentando que debía complacer a su hija y que antes que funcionario era padre de familia. 

En resumen, dos de los más altos funcionarios del país encargados de impartir justicia y llamados a ser ejemplo de transparencia, pulcritud y rectitud, lo que han hecho es contrariar tales principios, abusando de sus cargos para recibir favores y cayendo en conductas corruptas y antiéticas. 

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