Cuando nos entregan el pasaporte, sonreímos y festejamos pues se nos abren las fronteras para viajar y conocer nuevos mundos. Para nada nos preocupamos de todos los procesos que tuvo que hacer el Estado para entregar en venta esa libreta de identificación internacional.
No sabíamos nada de quién fabrica los pasaportes, por qué tiene ese contrato y cuánto vale. Y más aún, qué procesos, corruptos o no, se llevan a cabo para obtener ese contrato.
Gracias al enfrentamiento entre la ex directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, y el canciller Álvaro Leyva, los colombianos nos enteramos de uno de los contratos más grande que realiza cada gobierno, por más de medio billón de pesos.
La discordia
La primera semana de diciembre de 2023, presentó la renuncia a su cargo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, tras una petición del presidente Gustavo Petro.
La ahora exfuncionaria reveló en su momento en una entrevista de la sección El Reporte Coronell, en W Radio, que se apartaba del cargo en medio de las grandes diferencias que sostiene con el canciller, Álvaro Leyva, por la licitación para otorgar el contrato de fabricación de los pasaportes.
Más recientemente Zamora calificó como burda la resolución con la que se declaró desierta la licitación de pasaportes y dijo que ese será un pleito por el que el Estado perderá $117.000 millones de pesos.
Sin embargo, en este punto toca mencionar que una vez declarada desierta la licitación, la misma Cancillería el 14 de septiembre, emitió la resolución 7541 de 2023, declarando la urgencia manifiesta por 12 meses para evitar que se vea afectada la producción y distribución de pasaportes en el país.
Bajo esa figura la Cancillería pretende contratar directamente a una empresa para garantizar la producción y suministro de pasaportes en Colombia, sin la necesidad de abrir una licitación. Y en este caso, le propuso este contrato, a la firma mejor evaluada en el fallido proceso licitatorio, es decir, la UT Pasaportes 2023.
En respuesta a la oferta, la UT decidió, en cambio, amenazar con la demanda, alegando daños y perjuicios, y que solo evitaría demandar al Estado, si se le adjudicaba el contrato de los casi $600 mil millones de pesos.
Thomas Greg el mayor accionista de esta UT, reclama $10 mil millones de pesos como indemnización, pues asegura que la Cancillería colombiana le causó serios perjuicios y daño reputacional al declarar desierta la licitación y como propuesta conciliatoria, propuso desistir de esta pretensión, siempre y cuando se les adjudique el contrato.
Además, la multinacional propuso otras variables que cuantificadas sumarían $3.710 millones de pesos a favor de la Cancillería. En primer lugar, la multinacional solicita que la Cancillería le retorne un grupo de bienes de activos que a la fecha se encuentran en comodato, por una suma de $12.388.404, consecuencia de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato al declararlo desierto.
En segundo lugar, Thomas Greg propone otorgar un mes de servicio de formalización sin costo si se autoriza la ejecución del contrato.
Y plantea habilitar de manera permanente la planta de contingencia ubicada en Miami, la cual tiene un costo de $3.000 millones de pesos. Este ofrecimiento se da por la alta demanda de pasaportes que existe en Estados Unidos.
Por último, la compañía ofrece 5.000 libretas adicionales a las pactadas en el contrato, por $339.175.000, para que la Cancillería pueda tener una mayor disposición de documentos de identificación de los ciudadanos colombianos en el exterior.
Desde que usted entró a este artículo los corruptos se han robado esto de nuestro dinero público:
La respuesta de la Cancillería
En la otra orilla, la Cancillería espera dirimir el asunto ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la misma Fiscalía, exponiendo sus argumentos, en el sentido de reconocer que desde la misma elaboración del pliego de condiciones se facilitó la presentación de un único oferente que, «ante las diversas observaciones de los demás eventuales proponentes, en caso de que se adjudicara, se violan los principios de igualdad de trato y de oportunidades de los oferentes o proponentes, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal y que, al decir del Consejo de Estado, se traduce en “la identidad de oportunidades dispuestas para los sujetos interesados en contratar con la Administración”».
Es decir, que el pliego de condiciones estaba diseñado a la medida de un solo proponente, el que por muchos años ha venido manejando ese contrato, Thomas Greg and Sons. Primera bandera roja de posible manejo corrupto.
Y que, «si bien la Administración dio las respuestas a las observaciones que, en principio, fueron las adecuadas a las inquietudes y observaciones de los eventuales proponentes, teniendo en cuenta que al cierre del proceso se presentaron "aparentemente" dos (2) proponentes, la realidad demostró que se trató de un solo proponente, en tanto, uno de los dos, decidió no presentar formalmente la propuesta como tal y subirla al SECOP II. Por este motivo, el Comité Evaluador, solo calificó la propuesta de la empresa UT PASAPORTES 2023».
Aquí las Cancillería advierte una segunda bandera roja: todo indica que solo hubo un proponente, por lo tanto la licitación debió declararse desierta.
Los antecedentes
La licitación LP -001 del 2023, por valor de $599,6 mil millones de pesos, fue declarada desierta el 13 de septiembre del 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la resolución 7485 de 2023.
Tal resolución está firmada por el propio canciller Álvaro Leyva, luego de que el 5 de septiembre de 2023, asumiera la representación Legal del Fondo Rotatorio del Ministerio, encargada del proceso, solamente para el caso en concreto de este proceso de Licitación Pública.
Esta determinación se dio luego de las quejas que presentaron varios de los participantes en la convocatoria, tras los resultados dados a conocer el 30 de julio del 2023, por parte de los integrantes del Comité evaluador del proceso, del Fondo Rotatorio de Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esa evaluación (firmada por Willian Alfredo Velásquez Muñoz, componente técnico, perito grafólogo y documentólogo forense de Migración Colombia; Maribel Osorio Mazo, Componente técnico-económico de la dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano; Diana Rivera Torres, del componente técnico de la dirección de Gestiónde Información y Tecnología; Adriana Maritza Ávila Guzmán, del componente financiero de la dirección Administrativa y Financiera; y María Isabel Valencia Aguirre y Karen Lorena Barrera Torres, GIT, del componente Jurídico de licitaciones y contratos) fue la que prácticamente dejó como único proponente válido para ser contratado a la UT Pasaportes 2023.
Pero, al día siguiente, el 31 de julio, el proceso fue suspendido directamente por el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez. Las razones: había serias dudas en la actuación de este comité. Veamos.
El comité evaluador del Fondo Rotatorio rechazó en su totalidad la propuesta de la UT Libretas 2023, y recomendó la contratación de un único proponente habilitado, la UT Pasaportes 2023, integrada por las firmas: Thomas Greg & Sons de Colombia, Thomas Greg & Sons Ltda, Thomas Greg Express SA, Seguridad Móvil de Colombia SA, Thales Colombia SA, Thales Dis Finland OY NIES; sin olvidar que se trata de las mismas compañías que desde el año 2007 han sido contratados por el Estado para el mismo propósito.
Llama la atención que este Comité Evaluador fue integrado el 11 de julio del 2023, y ya el 18 de julio entregaba un primer informe donde de plano rechazaba la propuesta de UT Libretas 2023 y a la UT Pasaportes 2023 le recomendaba “subsanar” los componentes financiero y técnico. Tercera bandera roja.
Valga decir que ya en ese primer informe, dicho Comité tenía en su poder la carta donde la UT Libretas 2023, informaba sobre su no participación en el proceso. De hecho esa Unión Temporal no presentó ninguna oferta, no subió al SECOP ningún documento de los exigidos y solo aparece en la plataforma la carta que dirigió al Fondo Rotatorio donde expone los motivos de su no participación, el mismo 11 de julio.
Entonces, ¿cómo un Comité evalúa o revisa documentos que nunca se presentaron? ¿O solo se trataba de hacer creer que no había un solo proponente para la licitación?
En los últimos párrafos de esa carta de UT Libretas 2023 se lee:
«En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores NO introdujo cambios sustanciales al Pliego de Condiciones publicado el 31 de mayo del año en curso, tardó más de 1 mes en contestar las observaciones formuladas por los interesados, y NO modificó el Cronograma original, considerado en múltiples ocasiones como insuficiente. Por el contrario, lo redujo.
Así las cosas y contrariamente a la pretendida transparencia y a la supuesta pluralidad de oferentes que predica la Cancillería, UT Libretas 2023 se ve forzada a NO participar en la Licitación, a pesar de su reiterado interés, su compromisopermanente y no obstante reunirlas condiciones de experiencia para presentar Propuesta.
Como UT Libretas 2023 lo advirtió personalmente y lo ratificó por escrito tanto al Señor Ministro de Relaciones Exteriores como al Secretario General al comenzar el Gobierno, de nuevo la Entidad acomete una Licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural en igualdad de condiciones».
Además de exponer de manera clara las razones del fracaso de esta convocatoria, la misiva ratifica que finalmente se presentó para evaluación un solo oferente, no dos como supuestamente certificó el comité evaluador del Fondo Rotatorio. Y de hecho, pasados escasos 12 días termina ese comité “recomendando” la contratación de la UT Pasaportes 2023, a pesar de las múltiples quejas de otros participantes.
Y de ese concepto lleno de banderas rojas por presunta corrupción del Comité Evaluador es que se agarra ahora la UT Pasaportes 2023, para amenazar con demandar al Estado colombiano por más de $100 mil millones de pesos.
El hijo de Álvaro Leyva
En medio de todo este embrollo jurídico, la exdirectora Zamora ―quien también fue fiscal general de la Nación temporalmente y secretaria general de Petro en la Alcaldía de Bogotá― contó también a medios de comunicación, que semanas atrás en un hotel de París se estaban llevando a cabo reuniones en las que se trataban temas relacionados con la nueva licitación de los pasaportes.
Y afirmó al periodista Daniel Coronell que supuestamente asistieron a esas reuniones en la capital francesa, Juan Carlos Losada Perdomo, Álex Vernot y Jorge Leyva.
Este último es hijo del canciller, fue embajador en Noruega y dirigió la empresa Portulive, encargada de tramitar ciudadanías portuguesas, posición por la cual se acusó al ministro de incurrir en un conflicto de intereses. Losada es el director de asuntos internacionales del Ministerio. Álex Vernot es un abogado que fue muy cercano a Petro y tuvo una fallida aspiración a la Alcaldía de Bogotá en 2015.
Zamora dijo tener, además, el nombre del hotel. Anunció que presentará esa información a la Fiscalía y al director de la Unidad de Anticorrupción de esa misma entidad, para que se encarguen de corroborar los datos e indagar en el contenido del encuentro.
Los ganadores de siempre
Sobre el conglomerado Thomas Greg & Sons, lleva ganándose esta licitación para fabricación de pasaportes desde el 2007.
El portal de periodismo investigativo Cuestión Pública pudo revisar al menos catorce licitaciones o selecciones que TG&S se ganó en los últimos 16 años para el suministro de pasaportes, bien de manera individual o bien dentro de una unión temporal. Solo en tres ocasiones debió competir con otro proponente, lo que indica que en las demás fue escogido siempre como proponente único.
El contrato en 2023 valdría más de medio billón de pesos. Hace cuatro años, en 2019, el monto fue de $332.018.554.517, lo que representa un incremento del 80%, más de dos veces el valor de la inflación en el mismo periodo.
El experto en contratación consultado por Cuestión Pública, Rodrigo Fernández afirma que “las licitaciones de un solo oferente suelen suceder porque los pliegos se diseñan de tal manera que quedan a medida de las características de una empresa en específico, que terminan por llegar sin competidores y gana”. La falta de participación, dice, suele suceder porque “la gente que siente que la licitación está amarrada, ni siquiera hace observaciones y no participa”.
Dentro de las uniones temporales con las que ha participado desde el año 2018, esta empresa ha logrado quedarse con más de $2,5 billones de pesos ($2.583.742.537.021) repartidos en doce contratos.
Desde el año 2005, Thomas Greg & Sons registró 473 contratos por $386.467.312.292. Esto con más de 100 entidades de orden nacional y regional. Desde el 2016, TG&S ha participado como empresa individual en al menos 28 licitaciones, selecciones abreviadas o procesos de mínima. En doce de ellas participó como único oferente. Con el Fondo Rotatorio de la Cancillería fue con quien más veces recibió el contrato sin competir contra nadie: en cinco oportunidades. Desde ese mismo año recibió 29 contratos directos por $18.277.801.632.
Señala Cuestión Pública que dentro de las uniones temporales con las que ha participado desde el año 2018, ha logrado quedarse con más de $2,5 billones de pesos ($2.583.742.537.021) repartidos en doce contratos. En estos últimos, se destaca que en cinco de ellos terminó quedándose con el negocio después de no competir contra ningún otro oferente.
TG&S se ha quedado también con los contratos para la realización de todo tipo de elecciones, desde las atípicas y de revocatoria de mandato, hasta la organización de las elecciones de 2021 y 2022.
Para este contrato, TG&S se alió con empresas reconocidas en una unión temporal conocida como Disproel 2021. Se ganó este contrato junto a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC —Telefónica—. Esta estuvo recientemente envuelta en un escándalo con la Fiscalía General, por otro contrato, después de que la entidad presentara una denuncia penal porque la unión temporal de la que hacía parte la empresa no cumplió sus funciones, lo cual generó una filtración masiva de las comunicaciones de funcionarios de la entidad.
Para el mismo contrato con la Registraduría, TG&S también unió esfuerzos con la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. Esta empresa estuvo implicada en un formulación de cargos que hizo la Superintendencia de Sociedades en marzo de este año, por no reportar su relación con un conglomerado empresarial que incluye más de treinta sociedades en Colombia y España.
En Disproel 2021 también hacía presencia la Sociedad Operadora S.A.S., conocida como Opesa. Una empresa que hoy es dirigida por Mercedes Amelia Pretelt de la Vega, hermana del exministro del Interior condenado Sabas Pretelt de la Vega. A su vez, la matriz Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. y Opesa son socios en Seguridad Móvil de Colombia S.A., una empresa dedicada al transporte, custodia y manejo de valores que también suele acompañar en las mismas uniones temporales.
