Se trata de un área de 1.001 hectáreas, conocida como el Distrito Regional de Manejo Integral la reserva El Tablazo, en el municipio de San Francisco de Sales (Cundinamarca) a media hora de Bogotá, donde un solo minero que había conseguido un título minero para explotar la zona, perdió la batalla con los propietarios de dos predios y la comunidad de la zona que los arropó en su lucha por impedir la degradación de esta reserva natural, llamada El Tablazo. 

El título minero le fue conferido a José Elías Yáñez, hace 14 años, en la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que en sus ocho años de mandato, entregó 7.869 títulos mineros, casi 984 títulos anuales, gran parte de ellos en páramos y Parques Naturales. La superficie de hectáreas con títulos mineros pasó de 1,13 millones a 8,53 millones, durante los gobiernos de Uribe. 

Así Yáñez, un años después de conseguir el título, en el 2007, firmó el contrato con Ingeominas y, en 2009, la CAR le entregó la licencia ambiental para explotar a cielo abierto una cantera de 25.8 hectáreas. 

Como contó recientemente el columnista de El Espectador, Alfredo Molano Jimeno, «En ese momento, la CAR dijo que allí no había ningún santuario de fauna, flora y agua, sino que solo se veían “helechos marraneros, vegetación menor y moras silvestres”. Años después, un estudio del Instituto Humboldt demostró la riqueza natural de la reserva. La entidad identificó la estrella hídrica del Gualivá, robles centenarios, un cinturón de protección de una variada fauna propia del bosque de niebla andino y tres especies nuevas. La CAR también desconoció que esta área es un ecosistema que se extiende hasta el Sumapaz y Chingaza y por donde circulan los últimos osos de anteojos que quedan en este mundo». 

Aun así el propietario del título ha buscado por todos los medios entrar al robledal, pero no logró doblegar la terquedad de los propietarios de los dos predios que por década y media han opuesto resistencia. La resolución 626 de 2009 de la CAR está fundada “sobre una falsa motivación y olvida la tozuda realidad con su riqueza de biodiversidad y abundancia de fuentes hídricas”, asegura Ernesto García, asesor jurídico de la Comunidad Salesiana, dueña de uno de los dos predios privados que se oponen al proyecto minero. 

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Con los años, a este par de propietarios se le fueron sumando vecinos de la zona y un sinnúmero de organizaciones ambientalistas que consiguieron finalmente 16 años después, más exactamente el pasado 2 de diciembre, que la CAR revocara la licencia ambiental para la explotación minera en esta reserva. 

Fueron muchas las jornadas de protestas ciudadanas en la región, el movimiento en redes sociales y el papel fundamental de unas 300 organizaciones ambientalistas, para conseguir que ni las amenazas de Yáñez con expropiar las tierras, les hicieran desistir de proteger este ecosistema.  

La CAR declaró a principios de mes la pérdida de vigencia de la licencia ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción, localizado en las veredas La Laja y El Peñón, en el municipio de San Francisco de Sales en Cundinamarca, perteneciente a la cuenca del río Negro y subcuenca del río Tobia. 

De acuerdo con la entidad, durante este año realizó visitas al área y evidenció que no se desarrolla actividad alguna relacionada con la licencia que fue otorgada en abril de 2009, por lo que se procede al archivo de la misma.  

Según explica la resolución, el titular contaba con cinco años de plazo para realizar la fase exploratoria, cumpliéndose así el requisito para archivarla.  

Y aunque suena más a excusa, la CAR señaló que esta licencia se había otorgado en su momento, tras la evaluación de un Plan de Manejo Ambiental que cumplió los requisitos técnicos ambientales, posterior a lo cual la Corporación realizó visitas de seguimiento y control permanente en la zona para garantizar la conservación y cuidado del ecosistema.  

Y reiteró que «no hay ni habrá ningún proyecto de explotación en la zona que pueda afectar la biodiversidad y los recursos naturales».  No obstante, es de amplio conocimiento que las corporaciones autónomas regionales son nidos de corrupción y enclaves politiqueros.

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