Tal y como lo habían advertido varios expertos sobre el tema y la propia Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud reveló recientemente que, con corte a junio de 2023, veinte entidades que operan el aseguramiento en salud (EPS) no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica

Según la entidad de vigilancia, las EPS solo cuentan con $6,3 billones para respaldar la reserva técnica que debería ser de $18,7 billones. 

Tal información confirma que en efecto las EPS podrían estar incumpliendo con la normatividad legal, y al tiempo justificando aparentes crisis financieras para dejar de cumplir con la obligación de atender a los asegurados, es decir a sus afiliados. 

Esto demuestra que la mayoría de las entidades de aseguramiento en salud tienen un faltante histórico que ha venido creciendo por la falta de capitalización o de fortalecimiento patrimonial y no se originan por incumplimientos del actual gobierno en torno al flujo de recursos. Estas situaciones se ven evidenciadas por la acción de una Superintendencia decidida a vigilar el flujo de los recursos públicos del sistema y su uso específico en la atención de los afiliados”, señaló en un comunicado el supersalud Ulahy Beltrán López

Ulahy Beltrán López, Imagen generada con AI

Los análisis técnicos de la Supersalud evidencian que, de las 24 entidades que tienen licencia de funcionamiento para el aseguramiento en salud de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, solamente cuatro de ellas –Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía– cuentan con el respaldo en recursos líquidos (régimen de inversiones) para cubrir sus pasivos (reserva técnica). 

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De acuerdo con la información reportada por las mismas EPS a la Supersalud en sus estados financieros, esta reserva técnica asciende a 18 billones de pesos, de los cuales solo 6.3 billones de pesos están respaldados con inversiones teniendo en cuenta de la metodología establecida”, agregó Beltrán

Las veinte entidades que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica son: SURA, Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Savia Salud, EPS Familiar de Colombia, Mutual Ser, Asmet Salud, Cajacopi, Capital Salud, Capresoca, Comfenalco Valle, Comfachocó, Comfaoriente, Emssanar, EPM, Ferrocarriles Nacionales y SOS

Curiosamente las tres EPS que desde mitad de año vienen advirtiendo una crisis financiera en el sistema que amenazaba con dejar de prestar la atención a sus afiliados, figuran entre las que no tienen cubiertas las reservas técnicas. 

Lo anterior implica que las reservas técnicas tienen como propósito mantener una adecuada provisión para garantizar el pago de las prestaciones a cargo del Sistema de salud y deben estar respaldadas por activos (inversiones) que cuenten con la requerida seguridad, rentabilidad y liquidez. 

Para efectos de seguir dando claridad al tema y establecer la responsabilidad que les cabe entonces a quienes administran los dineros de la salud de los colombianos, la Supersalud hizo traslado de los informes correspondientes a la Corte Constitucional, dentro del seguimiento que le hace ese alto tribunal a la Sentencia T-760 de 2008. De igual forma se envió a los organismos de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República) para sus respectivos análisis e investigaciones de orden disciplinario y fiscal, si a ello hubiese lugar. 

​​El Superintendente explicó que al momento de la entrada en vigor del Decreto 2702 de 2014, las EPS acumulaban un déficit cercano a los $5 billones (patrimonio adecuado), el cual deberían haber ido corrigiendo a través del fortalecimiento patrimonial en un plazo de siete años que venció en diciembre de 2021 para las entidades que no tenían aprobado un Plan de Reorganización Institucional (PRI) y Plan de Ajuste Financiero (PAF). Sin embargo, dicho déficit ha venido creciendo progresivamente hasta alcanzar los 12.4 billones de pesos. 

Es decir, el Gobierno nacional ha dado plazos y alternativas a lo largo de varios años a las EPS para que supuestamente puedan mejorar su gestión financiera y de paso cumplir con la atención oportuna y eficiente a sus asegurados, pero por lo visto, ninguna medida les ha servido. 

La respuesta de las EPS 

En respuesta a lo dicho por la Supersalud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne 11 EPS del régimen contributivo, instó a las EPS, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia a un espacio de diálogo técnico en el que se analice a fondo la problemática que hay de cara a las reservas técnicas, contemplando el punto de vista de las entidades promotoras.  

Y afirmaron que sí han hecho un uso “serio y responsable de los recursos de la salud de los colombianos”. 

Según Acemi las reservas buscan garantizar el acceso a servicios de salud y se definen como pasivos con los que cuentan las EPS por servicios facturados, por aquellos que ya fueron autorizados, pero no han sido facturados y por imprevistos que se puedan presentar. 

Para poder responder a todos estos escenarios, las entidades están obligadas a invertir las reservas en «activos financieros con características de alta liquidez y seguridad». Sin embargo, el documento de la Superintendencia Nacional de Salud explica que solo cuatro EPS cuentan con dinero suficiente para respaldar las reservas. Es decir, solo esas entidades cumplirían con la normativa. 

Tras admitir que en efecto hay un faltante en las reservas técnicas, pero intentando justificar el incumplimiento de la norma, Acemi afirma que hay tres aspectos que influyen en el no cubrimiento de los $12 billones de pesos faltantes.  

El primero de ellos corresponde al hecho de que de las reservas técnicas está permitido deducir por conceptos como cuentas por cobrar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) de los servicios que no están contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). También por pagos de giro directo y por anticipos. 

El segundo, para 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social autorizó el pago de obligaciones de las EPS con la red de prestadores del servicio con dinero de las reservas invertidas. En consecuencia, se gastaron $1.7 billones de pesos en los respectivos pagos a la red, que se descuentan de las reservas. 

Por último, el respaldo de las reservas se dificulta debido al pago de Unidad de pago por Capitación (UPC), que otorga el Ministerio de Salud a las EPS por cada usuario, el cual Acemi considera insuficiente. A esto le suma las demoras en pagos de deudas por servicios que no están en el PBS, que, además, también califica de insuficientes. 

Una prima insuficiente acarrea pérdidas técnicas para las EPS, acumula pérdidas y diezma los patrimonios de las EPS. En la actualidad, el patrimonio agregado de las EPS es de -$2,7 billones y las pérdidas acumuladas alcanzan los $5,6 billones”, detalló Acemi en el comunicado. 

Según el gremio de EPS, esta falta de recursos se presenta a pesar de que los accionistas de diversas compañías han aportado un capital de $1,5 billones a las Entidades Promotoras de Salud durante los últimos cinco años. 

No es posible desvincular la discusión sobre reservas técnicas del llamado reiterado que hemos hecho sobre la realidad presupuestal del sector salud. La conversación nacional debe orientarse a asegurar que los recursos de la salud sean suficientes para garantizar el plan de beneficios en salud garantizado”, sostuvo Acemi. 

No obstante, parece que se le olvida a Acemi los hechos de corrupción que a lo largo de los últimos 20 años han puesto en la mira a varias EPS, algunas ya desaparecidas y que también aseguraban que los recursos del sistema de salud, no eran suficientes para garantizar la atención de sus afiliados. 

Y que precisamente hace dos semanas el propio Contralor de la República,  Carlos Mario Zuluaga Pardo, afirmaba que las EPS, no pueden decir que están desfinanciadas, cuando el Estado ha girado de manera regular los recursos por UPC. Y que desde la Contraloría se está investigando el destino de los recursos de la UPC y realizando hallazgos fiscales por el orden de los $88 mil millones de pesos, por el uso irregular de recursos.  

De la misma manera que acusó a las EPS de utilizar estos recursos en el pago de intereses moratorios y sanciones, lo que les está prohibido hacer. «Las EPS no pueden coger recursos públicos para pagar la ineficiencia en su gestión administrativa».  

Sobre el mismo tema el Ministerio de Salud publicó la semana pasada para comentarios el borrador de un decreto que busca permitir que el Estado gire directamente la mayor parte del dinero a las clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios, sin necesidad de que pase por las EPS.  

Contempla cuatro circunstancias para ello: cuando las EPS incumplan la normativa del flujo de recursos, no tengan el patrimonio necesario, estén en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación por parte de la Supersalud, o cuando no garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud en las regiones apartadas de Colombia. 

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