Luego de presentarse al búnker de la Fiscalía con sus abogados para responder por su orden de captura por interés indebido en celebración de contratos, Carlos Julio Socha, alcalde de Villa del Rosario, en Norte de Santander, fue enviado a la cárcel.
La defensa de Socha solicitó detención domiciliaria pero el juez de la República no aceptó y fue enviado a intramural. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.
La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades que rodearon un contrato celebrado en 2013, para la remodelación del parque Los Libertadores, en el municipio metropolitano.
Al mandatario le imputan una posible participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, violación a los derechos morales de autor y violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
La Fiscalía Quinta Seccional de la Administración Pública le hizo efectiva la orden de detención, por cuanto ya en cuatro oportunidades había evitado presentarse para hacer formal la imputación de cargos y avanzar con el proceso.
Los hechos por los cuales el tres veces alcalde del municipio histórico se encuentra en líos con la justicia tienen que ver con una denuncia que hizo la arquitecta María Consuelo Mendoza, quien fue la encargada de diseñar los planos del nuevo parque principal de Villa del Rosario.
Sin embargo, al parecer, estos fueron utilizados tiempo después por la Alcaldía, pero con la firma de otro arquitecto.
Según contó la afectada a la emisora W Radio, a comienzos del año pasado, ella radicó los diseños en la Secretaría de Planeación Municipal, pero unos meses después se dio cuenta de que los habían utilizado a nombre de otro arquitecto.
El mismo medio de comunicación dijo en su momento que el alcalde Socha había asegurado que la arquitecta Mendoza nunca se presentó a la invitación pública para diseñar los planos que usó la Alcaldía para el proyecto y que, además, los diseños no eran los mismos, pues hasta el Ministerio de Cultura les había hecho algunas modificaciones.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el contrato objeto de investigación tenía un valor de $16 millones y fue suscrito el 28 de junio de 2013, durante la segunda administración del mandatario.
En un comunicado de prensa emitido este sábado en la tarde, el ente acusador confirmó que según los elementos de prueba, en el proceso de contratación se vulneraron varios requisitos legales y se tomaron como propios los diseños hechos por una arquitecta, a quien no se le reconoció la autoría sobre el proyecto.
Y como si se hubiera enterado antes de la orden de captura, Socha había solicitado vacaciones desde el 8 de noviembre, y expidió un decreto encargando de las funciones propias de su despacho a la secretaria de Hacienda, Keilly Yudith Rojas Mise.
Carlos Julio Socha llegó a la Alcaldía de Villa del Rosario por tercera oportunidad en el año 2022, después de que El Tribunal Administrativo de Santander, declarara la nulidad de la elección de su contrincante en las urnas, Eugenio Rangel Manrique.
¿Por qué seguía en el cargo?
Lo que no se explica tampoco es porqué Socha permanecía en el cargo de alcalde, si desde mayo de este año, en un fallo de segunda instancia la Procuraduría General de la Nación supuestamente lo había inhabilitado y destituido.
En efecto el 26 de mayo la Procuraduría confirmó la sanción de destitución contra Carlos Julio Socha Hernández, y le impuso una inhabilidad general de 17 años y siete meses, por irregularidades en la firma de un contrato para el recaudo de las foto-multas y otras operaciones de tránsito del municipio, durante hechos cometidos cuando se desempeñó en ese mismo cargo entre 2012 y 2015.
En el mismo fallo de segunda instancia, adoptado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, también se confirmó la destitución de la exdirectora general del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario – Datrans-, Aleix Johanna Mantilla Rodríguez, a quien se le impuso una inhabilidad general de 15 años.
El órgano de control estableció que el contrato se firmó mediante la modalidad de contratación directa, cuando lo procedente era que la administración convocara una licitación pública que permitiera la participación de múltiples oferentes. Además, se firmó con una sociedad de economía mixta en la que el Estado solo tenía el 20%, cuando lo legalmente establecido es que la participación estatal debe ser superior al 50 %.
“Ni los contratos interadministrativos, ni la constitución de sociedades de economía mixta se puede convertir en atajos para saltarse una licitación pública y limitar la participación de pluralidad de oferentes, máxime cuando el contrato no tenía una correlación entre las obligaciones y la remuneración”, precisó el órgano de control en el fallo de segunda instancia.
Igualmente, la Procuraduría señaló que los estudios previos realizados para justificar la firma del documento fueron deficientes, pues en los mismos no se realizó un análisis del modelo financiero que permitiera establecer la viabilidad del contrato, que finalmente fue adjudicado a la sociedad de economía mixta Empresa de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario S.A.S. –ETTVR-, por un periodo de 30 años.
El Ministerio Público sostuvo que Socha Hernández “estuvo al tanto de las falencias existentes previamente a la celebración del contrato interadministrativo y, a pesar de ello, prefirió pasarlas por alto con la intención de que la directora de Datrans suscribiera el acuerdo sin mayores reparos y sin consideración a las consecuencias que su actuación pudiera provocar”.
En el mismo fallo, la Procuraduría los absolvió del cargo endilgado por presuntamente haber comprometido vigencias futuras, pues se estableció que Datrans no comprometió apropiación alguna del presupuesto de gastos de la entidad territorial, pues quedó consignado que los recaudos por concepto de las sanciones y trámites de tránsito constituirían la fuente de financiación de éste.
