Un municipio con brillo falso

En La Estrella, Antioquia, las cifras fiscales relucen en los informes, pero detrás de los números se esconde una realidad que ningún boletín oficial quiere admitir.
Los datos contables de 2025 muestran un municipio atrapado en la misma lógica que corroe al Estado colombiano, una estructura administrativa que gasta más en sostenerse que en servir.

El gasto público creció 32,7 por ciento, pero la inversión apenas alcanzó el 11,9 por ciento del total.

La maquinaria local se alimenta a sí misma, burocracia, deuda y contratos de funcionamiento devoran los recursos que deberían transformar el territorio.

Presupuesto inflado, obras invisibles

Dos cuentas revelan el truco del ilusionista presupuestal. Los rubros destinados a “institutos de desarrollo departamental y municipal” pasaron de cero pesos a más de diez mil millones en cuestión de meses. No existe documento público que detalle su origen ni los resultados obtenidos. Este tipo de movimientos son el ADN del clientelismo, adiciones sin sustento, decretos de último minuto y favores disfrazados de inversión.

El municipio aparenta solvencia, pero su estructura financiera cuenta otra historia, por cada peso en activos, 65 centavos son deuda. La administración se endeuda para pagar su propio peso muerto, hipotecando el futuro fiscal de sus habitantes.

Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de La Estrella. Foto:Archivo particular.

Funcionamiento, el verdadero pozo sin fondo

De cada cien pesos ejecutados, 46 se destinan a funcionamiento y 42 al servicio de la deuda. Quedan migajas para la inversión.
Esta composición refleja una gestión que prioriza el gasto político sobre el bienestar ciudadano. El resultado es un municipio que crece en nómina, asesores, contratos y deuda, pero no en infraestructura, servicios o empleo.

El aparato burocrático se ha convertido en un organismo autófago que se alimenta de sí mismo para sobrevivir. Los informes financieros, más que un registro de transparencia, parecen una guía de cómo perfeccionar la ineficiencia.

Contratación 2025, señales que confirman la mezcla tóxica

Los procesos publicados en SECOP II durante 2025 muestran prioridades discutibles y uso amplio de contratación directa. Aparecen, entre otros, estos procesos y montos de referencia cargados en el sistema, gestión de espectáculos públicos para las Fiestas del Romeral por más de cuatro mil millones, actividades de dependencias y bienestar laboral cerca de tres mil ochocientos millones, alumbrado navideño por mil novecientos noventa y nueve millones, representaciones judiciales por más de novecientos millones, además de compras de papelería, aseo y ferretería por cientos de millones. Todos figuran en 2025 como convocados o adjudicados y varios bajo contratación directa. Estas líneas de gasto refuerzan el sesgo hacia funcionamiento y logística, no hacia inversión social o de obra pública.

La etiqueta presupuestal “institutos de desarrollo departamental y municipal” puede vincularse a operaciones con entidades como el IDEA, por lo que conviene revisar cruces de fuente, objeto y proyectos asociados. El IDEA publica sus listados de contratos y vínculos al SECOP, útiles para verificar eventuales transferencias, administración delegada o convenios que involucren recursos del municipio.

La lógica invisible del control ausente

Los órganos de control cumplen su papel de espectadores.

No hay evidencia de auditorías independientes publicadas en el portal municipal ni reportes ciudadanos de seguimiento con trazabilidad presupuesto–contrato–resultado. La página de presupuesto en ejercicio presenta vacíos de información y el módulo de contratos conserva listados desactualizados, lo que dificulta el escrutinio público y favorece la opacidad.

El jurista Alejandro Nieto, en El desgobierno de lo público, lo explicó con crudeza, el Estado capturado opera como casta parasitaria. La Estrella reproduce ese patrón en escala local.

Extorsión al poder, un síntoma del ecosistema enfermo

El 31 de octubre de 2025, medios regionales y nacionales informaron que el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, denunció haber sido víctima de extorsión. Un abogado habría exigido dinero para no divulgar supuestos hechos de corrupción en la administración. La Fiscalía reportó la captura y un juez impuso medida de aseguramiento. La noticia confirma que alrededor del poder local operan redes que usan información y presión para obtener rentas, y que las tensiones por el manejo del erario ya rebasaron la frontera institucional.

Santiago Suárez Morales durante las audiencias de legalización e imputación. Foto:Suministrada.

Las cifras analizadas muestran una enorme probabilidad de prácticas irregulares en la administración del gasto, concentración en funcionamiento, adiciones súbitas y prioridad en logística sobre inversión. Eso amerita control ciudadano y auditorías técnicas. Aun así, la extorsión no es el camino para desnudar la corrupción. La extorsión es delito y contamina cualquier denuncia, además de abrir la puerta a montajes y chantajes cruzados que dañan la posibilidad de una investigación seria. El camino correcto es documentar, pedir soportes, cruzar SECOP con presupuesto y resultados, y entregar los hallazgos a los entes de control.

La ciudadanía ausente

La corrupción no sobrevive por falta de leyes, sino por falta de indignación.
En La Estrella, la apatía ciudadana se ha convertido en la mayor aliada del desvío de recursos.

El miedo, la resignación y el “todos son iguales” mantienen el sistema intacto.

Mientras el alcalde celebra balances contables, los barrios más humildes siguen esperando alcantarillado, pavimentación y programas de empleo. La gestión pública se mide en cifras, no en resultados. Y los resultados, cuando existen, son mediocres.

Conclusión, la corrupción ya no roba, administra

La Estrella no necesita otro escándalo para confirmar su diagnóstico. El municipio padece un problema estructural que se convirtió en método de gobierno. La reciente extorsión solo fracturó la fachada, no corrige el fondo.
La salida exige tres movimientos en paralelo, auditoría independiente sobre las adiciones y compras de 2025, publicación mensual de trazabilidad presupuesto–contrato–producto con metas físicas, y control ciudadano organizado con veedurías que radiquen hallazgos ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
La transformación no vendrá de un comunicado, vendrá del ciudadano que exija documentos, cruce datos y denuncie con pruebas. Porque la corrupción no se esconde en las sombras, se mueve a plena luz de las cifras y los contratos.

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