El pasado viernes 5 de junio, la Fiscalía General de la Nación, por conducto del Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dispuso proferir medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, en contra de ANÍBAL GAVIRIA CORREA, gobernador de Antioquia, como determinador de los delitos de CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES en concurso homogéneo y heterogéneo con PECULADO POR APROPIACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS, conforme con el análisis expuesto en la parte motiva del pronunciamiento, presumiblemente cometidos con ocasión de la celebración y ejecución del contrato No. 2005-CO-20-335 y sus adiciones, suscrito el 22 de diciembre de 2005 y cuyo objeto fue el “Mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Orlente – Escarralao”, por un valor inicial de $41.663´432.778,00.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, dio a conocer la medida impuesta al mandatario antioqueño y, de inmediato, no se hicieron esperar voces de respaldo en favor del buen nombre, trayectoria y probidad del asegurado y de solidaridad con su familia, lo que deviene normal, enaltecedor y plausible. Lo que sorprende, en medio del revuelo causado por la decisión judicial, son los pronunciamientos de ex Presidentes de la República, Periodistas, Congresistas, Académicos, Empresarios y Gremios, quienes casi al unísono reclamaron al Fiscal General de la Nación la que llamaron “exagerada, desproporcionada y hasta politizada medida” restrictiva de la libertad del gobernante Gaviria Correa, muy seguramente por ser ajenos a la actuación procesal, desconocer los detalles de la misma, carecer de los elementos de juicio necesarios para censurar con objetividad la determinación del operador judicial y por anteponer sus simpatías políticas, sociales y personales para con el detenido mandatario antes que la administración de justicia.

(Ver providencia dictada por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte H. Suprema de Justica https://agenciapi.co/sites/default/files/2020-06/Decisio%CC%81n%20medida%20Gobernador%20de%20Antioquia.pdf)

El procesado gobernador Aníbal Gaviria Correa calificó la medida de privación preventiva de su libertad como una “circunstancia absurda”. Además, Gaviria Correa afirmó: “yo creo que el señor Fiscal (…) se equivocó tremendamente; yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show”.  El gobernador suspendido sugirió que algunos detalles dentro de su proceso demuestran un afán de la Fiscalía.  “Esperamos que vaya destapándose qué hay detrás de esto”, dijo. Según él, no se trata de un tema jurídico, porque dichos argumentos son inexistentes. 

Por su parte, el ex gobernador y ex candidato presidencial Sergio Fajardo dejó conocer su defensa para con Aníbal Gaviria al señalar que “la justicia colombiana se politizó” y, por el contrario, esta debe ser “impecable e implacable y con todo el rigor de la transparencia“. Así mismo, Fajardo dijo que “Eso nos está ocurriendo en Colombia, estamos llenos de suspicacias, no sabemos qué pasa, quién influye en quién, este es amigo de este y le va a ayudar en este proceso (…) La justicia en Colombia se politizó, de eso yo no tengo la menor duda, y son muchísimos incidentes que lo prueban. Yo estoy seguro de que muchas personas en el aparato de la justicia, magistrados, cortes, son personas nobles, honradas, que hacen su trabajo bien hecho, pero el esquema general de la justicia sin duda que está cargado de una cantidad de intereses políticos”.

A su turno, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, manifestó con relación a la decisión de la Fiscalía de privar de la libertad al gobernador Gaviria Correa que “la decisión judicial se produjo para desviar la atención de las arbitrariedades y tape tape de la ‘ñeñepolítica’ ”. Y para tal efecto “hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador”.

Muy a pesar de los pronunciamientos en favor de la honorabilidad del mandatario Gaviria Correa, cierto es que su vinculación a la investigación que hoy determina su detención no fue iniciada oficiosamente por la Fiscalía General de la Nación. Esa investigación se inicia por la actuación de la Contraloría General de Antioquia, en el año 2011, al denunciar ante la Dirección Seccional de Fiscalías, en Medellín, las irregularidades consignadas en el Informe de Auditoría Especial al Contrato No. 2005-CO-20-335.

El proceso que hoy compromete la responsabilidad penal del gobernador Gaviria Correa tuvo su origen por una actuación formal del Contralor General de Antioquia. Cabe preguntar: ¿Esa denuncia del Contralor General de Antioquia fue una actuación política o politizada? Por qué razón o razones, en ese entonces, no hubo pronunciamiento airado, por los medios de comunicación, del hoy gobernador Gaviria Correa? Por qué el proceso penal iniciado por la actuación del Contralor General de Antioquía permaneció 7 años, prácticamente inactivo, en despachos de Fiscales de la Dirección Seccional de Fiscalía de Antioquia sin actuaciones procesales importantes y sin disponer escuchar en diligencia de indagatoria a Gaviria Correa?

A la Fiscalía General de la Nación, a magistrados de la Altas Cortes y a jueces de la República, la sociedad colombiana reiteradamente les reclama una decidida acción contra la corrupción, la impunidad y el imperio de la Constitución, las Leyes y de la Justicia en favor de los ciudadanos. Pero cuando las decisiones judiciales comprometen la responsabilidad penal de personajes de la vida nacional saltan de inmediato los cuestionamientos a los operadores judiciales.

Se ha vuelto costumbre escuchar y ver a los mandatarios territoriales, funcionarios públicos de relevancia y, aún, hasta magistrados, cuando son indiciados, imputados o disciplinados, argumentar ser objeto de una persecución o conspiración política. Las actuaciones procesales y la defensa técnica, en procuración de su defensa, han sido reemplazadas por ruedas y titulares de prensa, declaraciones, editoriales y noticias para descalificar la actuación judicial que les compromete.

En julio de 2018, la Corporación Excelencia en la Justicia preguntó al mandatario Aníbal Gaviria Correa, en una encuesta con dirigentes de la vida nacional: Si usted fuera Presidente, ¿procuraría cambiar el mecanismo para escoger al Fiscal General? Su respuesta: “No, es absolutamente innecesario. Lo que es necesario es enviar una buena terna, independientemente de cual sea su origen. Pienso que el actual mecanismo funciona si el Presidente envía una terna que reúna las características, como la debería haber enviado”.

Esa respuesta implica que, para el procesado Aníbal Gaviria, el Presidente Duque presentó a la consideración de la Corte Suprema de Justicia una terna, de la que resultó escogido el Fiscal Francisco Barbosa, que reunía las características como la debería enviar, pues en ese entonces no cuestionó el nombre del hoy Fiscal General ni ningún otro.

Después de las primeras reacciones ante la noticia que dio cuenta de la imposición de la medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, el gobernador Aníbal Gaviria Correa comprendió que la defensa técnica de sus derechos tenía que ser ejercida procesalmente ante los despachos judiciales competentes que no a través de los medios de comunicación.

Es así como, ayer 9 de junio, Gaviria Correa interpuso, por conducto de apoderado judicial, una demanda en acción constitucional de HABEAS CORPUS ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Justicia de Medellín, radicada bajo el No. 05001221000020200008900 y cuya ponente es la H. Magistrada Martha Lucia Henao Quintero, con la pretensión de que se revoque la decisión dictada en su contra por el señor Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justica.

 Con el caso de Aníbal Gaviria Correa nos queda una enseñanza sustentada en lo expuesto por la Corte Constitucional, pero que es desdibujado por sentimientos, opiniones y argumentaciones políticas, sociales y personales subjetivos:

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que “el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho (CP art. 1º) que se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas insustanciales, carentes de contenido (…)”. Así, “no es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo”.

 Adicionalmente, el incumplimiento de las decisiones judiciales es un “atentando contra (…)  los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente”.

 Cuando la orden judicial está dirigida a un funcionario público la Corte ha sido particularmente enfática en indicar que “todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde (…)  tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales”. (Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-388 de 2009. Expediente T-1.569.183. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

¿QUE VA DE ANIBAL GAVIVIRIA CORREA, GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, AL “MELLO” COTES, EX GOBERNADOR DEL MAGDALENA?

 El Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que “Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Por ello, con ocasión de la medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario impuesta al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resulta válido solicitar al señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, disponga revisar el proceso penal que se sigue contra Luis Miguel “Mello” Cotes, ex gobernador del Magdalena, en el despacho del señor Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia con radicación 110016000102201800052, que está pendiente de ser acumulado por conexidad procesal y al que se ha vinculado a la ex gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, tía del “Mello” Cotes, con ocasión del desventurado y cuestionado proyecto de la “VIA DE LA PROSPERIDAD” que grave detrimento causó al erario nacional y departamental con indebida apropiación de los recursos públicos.

Así mismo el Fiscal Barbosa debiera solicitar, ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, se dé inicio al juicio penal en el proceso con radicación No. 11001600010220170018102 para juzgar al ex mandatario “Mello Cotes” por los delitos cometidos, con ocasión de la adjudicación de la licitación pública del Chance en el año 2012 y celebración del correspondiente contrato de concesión con APOSMAR S. A.

De igual manera, es necesario requerir del señor Fiscal Barbosa Delgado el impulso a los procesos penales que cursan ante los despachos de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, con los radicados Nos. 110016000102201800052, 110016000102201700498, 1100160001022017

00181, 110016000102201600108, 10016000092201500194, 110016000102 201500179, 110016000102201400196, 110016000102201400092 y 110016000102201300011, en los que se investiga la comisión de conductas punibles que determinarían responsabilidades penales imputables al ex gobernador del Magdalena Luis Miguel “Mello” Cotes por la probable comisión de Delitos Contra La Administración Pública, Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito de Particulares.

Es necesario que el Fiscal Barbosa disponga de las acciones que resulten procesalmente válidas para que no queden en la impunidad la comisión de los delitos por los que se investiga a la ex gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga en los procesos con radicación No. 110016000102201900039, 110016000 102201800277, 110016000102201800162, 110016000102201700498, 110016000102201700378 y 1100160000102201700623.

Señor Fiscal General de la Nación: Usted tiene la palabra para que en el Magdalena deje de reinar la corrupción y la impunidad.

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