En octubre del 2018 en el marco de la operación Guane en Santander, la Fiscalía General de la Nación capturó a Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura departamental del entonces gobernador Richard Aguilar; al esposo de la exsecretaria, Lenin Darío Pulido y a Andrés Mauricio Díaz Herrera, acusados de haber incurrido hechos corruptos en el contrato de obra para el reforzamiento de la Villa Olímpica del Estadio Alfonso López de Bucaramanga. 

Claudia Yaneth Toledo Bermúdez

El ente acusador aseguró que en el mencionado contrato que se suscribió en el 2015, entre la Secretaría de Infraestructura departamental y la Unión Temporal Reforzamiento 2015, por $15 mil millones de pesos y que posteriormente tuvo una adición del 40% para un total de $22 mil millones, Lenin Pulido, esposo de Toledo Bermúdez, habría entregado anticipadamente los pliegos de condiciones de la licitación pública al contratista que posteriormente se quedó con el millonario contrato. 

Según la Fiscalía el material probatorio demostró el cobro de coimas superiores a los $2.900 millones, representados en $2.300 millones que recibió el esposo de Claudia Toledo y los $600 millones restantes fueron entregados al interventor de la obra, Mauricio Díaz Herrera. Los recursos habrían sido girados a los beneficiarios mediante facturaciones falsas y sobrecostos en la obra”, y los cuales justificó la Unión Temporal a través de supuestas inversiones con otros escenarios existentes, como es el caso de las dos piscinas olímpicas. 

En enero del año siguiente, 2019, los esposos intentaron firmar un preacuerdo de principio de oportunidad con la Fiscalía, prometiendo a cambio suministrar toda la información relacionada presuntamente con una red de corrupción que manejó durante su mandato el gobernador Aguilar a través de coimas y comisiones que recibió a cambio de la adjudicación de contratos. 

Sin embargo, la Fiscalía en julio no accedió a dicha petición, en virtud a que la versión de los capturados era contraria a la del contratista Octavio Reyes quien aseguró que los “cerebros” del delito fueron ellos y no el Gobernador Aguilar

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Ante la Fiscalía, Reyes testificó también a cambio de un principio de oportunidad, que Lenin Pardo le pasó una USB con información de los precios unitarios del contrato. Eso ocurrió cuatro meses antes de la licitación en febrero de 2015. Adjudicado el negocio, Octavio Reyes explicó cómo entregó las coimas a lo largo del 2015 con pagos en efectivo de $300 millones y en varias entregas en la casa de Lenin Pardo y la exsecretaria de Infraestructura, a través de transacciones electrónicas para el cobro de facturas ficticias a la fiduciaria que administraba los recursos del contrato. 

Desde esa época el hoy Senador de la República ha desmentido al par de cónyuges argumentando que se trata de un plan orquestado para perjudicar su imagen. 

El caso volvió a sonar este año luego de que se revelaran los videos y chats de WhatsApp que fueron aportados por el esposo de Toledo, Lenín Pulido, a la Fiscalía, entidad que no las entró a considerar, pero que fueron solicitadas por la Corte Suprema de Justicia, en junio del 2019, cuando le abrió investigación al hoy Senador, y al representante a la Cámara Edwin Ballesteros (ex funcionario de Aguilar en la Gobernación), que mostrarían algunas de las negociaciones que debajo de la mesa hacían personas de confianza de Aguilar. 

Noticias Caracol reveló un video, audios y mensajes de chat, donde Julián Jaramillo, el exasesor de Aguilar, les pide a los esposos Pulido Toledo cambiar su versión ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, sobre los hechos investigados por presunta corrupción en los contratos de remodelación del estadio de Bucaramanga y el acueducto de Landázuri. 

Una de esas evidencias es la grabación de una charla que sostienen Julián Jaramillo (hombre de confianza de Aguilar y quien se desempeñaba como director de proyectos en la Secretaría de Infraestructura, es decir el segundo al mando en esa cartera después de Toledo) y la exsecretaria en 2019. El ex-asesor de la gobernación visitó a la señora Toledo en su casa. Allí hablaron de la entrega de $3 mil millones para lograr beneficios ante la justicia. Se escucha en el video que, según Jaramillo, iba a ser aportado por el exgobernador Richard Aguilar Villa y el representante a la Cámara, Edwin Ballesteros del Centro Democrático. 

La otra prueba son pantallazos de una charla por la aplicación de WhatsApp entre el representante a la Cámara y Lenin Pardo. El congresista solicita apoyo de su interlocutor con personas para reuniones. Sin embargo, se haría alusión a dinero en efectivo. 

Tras la revelación de las pruebas en la Corte, habló el abogado Iván Cancino, apoderado del senador Aguilar Villa. Dijo que debe guardar la reserva de la información sobre el proceso que cursa en la Corte, pero advirtió que será demostrada la inocencia del exgobernador. 

Con respecto de la noticia aparecida en Noticias Caracol –medio que reveló las pruebas- me permito manifestar que confío en que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en derecho, confirmará que nuestro actuar siempre ha sido ajustado a la Ley
Edwin Ballesteros
Representante a la Cámara

Mientras que el representante a la Cámara, Edwin Ballesteros en sus redes sociales aseguró que “con respecto de la noticia aparecida en Noticias Caracol –medio que reveló las pruebas- me permito manifestar que confío en que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en derecho, confirmará que nuestro actuar siempre ha sido ajustado a la Ley“. 

La Fiscalía y la negación del principio de oportunidad a Toledo

De hecho, Richard Aguilar, el poderoso senador de Cambio Radical, e hijo de Hugo Aguilar, el famoso expolicía, condenado por ‘parapolítica’ y ahora preso por ocultar un Porsche y otros bienes dentro de un caso por lavado de activos, es uno de los varios congresistas a los que la Corte Suprema les sigue un proceso. 

Además de solicitar a la Fiscalía las pruebas aportadas por los esposos, en junio del año pasado, la Corte ordenó allanar un lujoso condominio en Bucaramanga, donde vive Julián Jaramillo, el asesor de confianza del hoy senador. 

Mientras Aguilar sigue desmintiendo a su ex secretaria de Infraestructura, tanto ella como su esposo siguen afirmando incluso la existencia de una sede paralela de la Gobernación en donde se cuadraban pliegos licitatorios, requisitos contractuales, oferentes y coimas, que se dieron en contrataciones que hizo la Gobernación por no menos de $500 mil millones de pesos. 

Lo llamativo de la actuación de la Fiscalía en todo este proceso es que el 16 de julio del año pasado, el fiscal Francisco Barbosa finalmente les negó un principio de oportunidad a los esposos detenidos, el cual se venía cocinando desde la administración de Néstor Humberto Martínez.

Pero luego el 8 de octubre, según reveló el periódico El Tiempo, el proceso contra el Aguilar se volvió a mover cuando el magistrado César Augusto Reyes le envió al fiscal Barbosa un documento que lleva el sello de ‘información reservada’ y como asunto: ‘principio de oportunidad’, en el que se hace un recuento de la evidencia que la pareja ha entregado en el alto tribunal y cuya autenticidad ha verificado el alto tribunal. 

El magistrado Reyes le dice al Fiscal Barbosa que, a petición de la defensa de la pareja –en cabeza del penalista Jaime Lombana–, le pone de presente los medios de prueba ofrecidos por los Toledo Pardo, en el marco del proceso de colaboración que están ofreciendo.

Y aquí es donde viene el dato más curioso y es que aparentemente esas pruebas no han llegado al despacho del fiscal Barbosa, el único que puede conceder los principios de oportunidad, porque aún reposaban en la Fiscalía de Santander, y que incluso Toledo y su marido serían una especie de ‘falsos testigos’ contra Aguilar. 

Pero, en cambio, el contratista Octavio Reyes el otro involucrado en el contrato del estadio, el mismo que afirmó que Aguilar no tenía nada que ver con el arreglo de coimas, curiosamente, sí obtuvo un principio de oportunidad, aprobado por el despacho del Fiscal General.

Mientras tanto, una vez se conocieron los audios, notas y videos este principio de año, Aguilar salió en su defensa a solicitarle a la Corte que dé a conocer los pormenores de su proceso, e insiste en que la pareja de esposos miente. 

Lo que se siguen preguntando los santandereanos es ¿por qué en la Fiscalía no avanza la investigación contra Aguilar, y el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, ni se han tenido en cuenta los testimonios de su ex secretaria?  

En lo que tiene que ver con este último, la Corte Suprema lo investiga por presuntas irregularidades y hechos de corrupción, cometidos cuando adjudicó un contrato por $4.346 millones para construir un acueducto en el municipio de Landázuri, obra que seis años después no se ha terminado. 

El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Acueducto Landázuri, cuyo representante legal era Lenin Darío Pulido, el mismo esposo de la ex-secretaria de Infraestructura de Santander, que hoy está denunciando los hechos de corrupción en la Gobernación del hoy senador Richard Aguilar. 

Según la denuncia, el congresista Ballesteros habría solicitado una presunta ‘coima’ por la adjudicación del contrato para construir el acueducto de Landázuri. 

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