La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, en cuantía de $31.261 millones de pesos contra ocho directivos en su momento de Bioenergy Zona Franca S.A.S., firma filial de la empresa Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, por la pérdida de recursos de Bioenergy S.A. (Hoy Bioenergy S.A.S. en liquidación) y la misma empresa petrolera.
Esto con ocasión de la celebración del Contrato de suministro de caña de azúcar ZF No. 0011-10 de noviembre de 2010, celebrado con la empresa Riopaila Castilla S.A., para el suministro de 300.000 toneladas de caña al año, por el término de 22 años, el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol “El Alcaraván”, situada en Puerto López (Meta).
Mediante contrato ZF No. 050-10 de junio de 2010, con la empresa española Isolux Ingeniería S.A., se contrató la construcción de esta planta industrial, con un plazo de 22 meses la cual empezaría a funcionar en abril o mayo de 2012; y para el suministro de la caña de azúcar se celebró el contrato antes mencionado.
Pero el 8 de abril de 2014, Bioenergy Zona Franca S.A.S., terminó el contrato ZF No. 050-10 con Isolux y para continuar con la ejecución del proyecto en su componente industrial, suscribió el 18 de julio de 2014 el contrato ZF No. 0010 -14 con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, que tampoco cumplió, al celebrar 15 otrosíes.
Bionergy vio vida cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vendió la idea de que el país podía embarcarse en la aventura de producir diariamente entre millón, millón 50, millón 100 mil litros de etanol, provenientes de la caña de azúcar.
Con la bendición de su Gobierno, Ecopetrol, en alianza con las empresas cañiculturas (Riopaila), arrancó Bioenergy, donde el Estado inicialmente presupuestó invertir $344 millones de dólares y cuya planta estaría funcionando en tres o cuatro años contados a partir del 2009. Pero lo que pasó en realidad fue que la inversión total ascendió a casi $850 millones de dólares, la planta ubicada en Puerto López (Meta) solo empezó a funcionar en el 2017 y sus operaciones nunca dieron los resultados esperados, lo que afectó el componente agrícola, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.
Tal situación generó un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor, por concepto de reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes Nos. 1 y 2, en cuantía de $24.223.527.390, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25.
No hicieron efectivas cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito
La CGR imputó culpa grave al gerente general de Bioenergy Zona Franca S.A.S. y a su Junta Directiva, para la época de los hechos, por la pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el Contrato de suministro de caña de azúcar ZF No. 0011-10, acciones que debió tomar ante la demora en la entrada en funcionamiento de la planta industrial para el procesamiento de la caña.
Adicionalmente, los directivos suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de la caña de 300.000 a 500.000 toneladas, beneficiando en todo momento al proveedor por un producto que no entregó o no se utilizó para el fin contratado, conociendo de antemano, la demora en la entrada en operación de la planta “El Alcaraván”.
Presuntos responsables
Mediante Auto No. 0049 del 13 de enero de 2021, el Contralor Delegado Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR imputó como responsables fiscales a:
Aleck Remberto Santamaria De La Cruz (Gerente General De Bioenergy Zona Franca S.A.S.), Juan Carlos Roa Márquez, María Helena Velásquez Restrepo, Juan Felipe Múnera Yepes, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverri Campuzano, María Cristina Cortés Arango y Claudia Castellanos Rodríguez, en su calidad de miembros principales y suplentes de la Junta Directiva.
Igualmente se archivó la investigación a los siguientes presuntos responsables, frente a los cuales se surtirá el grado de consulta: Myung – Ho Lee, Luis Arnoldo Cáceres, Adriana Gisela García Molano, Hans Moreno Muñoz, Juan Mauricio López Barbosa, María Fernanda Arango, Felipe Trujillo López, María Catalina Escobar Hoyos, Jhon Gilchrist Bustamante y Julián Fernando Lemos Valero (Miembros Principales Y Suplentes De La Junta Directiva De Bioenergy Zona Franca S.A.S.).
El pasado mes de junio, la Superintendencia de Sociedades aceptó la solicitud de la compañía Bioenergy, para acogerse a la Ley 116 de Insolvencia económica, dejando así sin futuro, un proyecto que se suponía era el más ambicioso que había abordado el Estado colombiano en el desarrollo de la agroindustria.
