La corrupción no es un producto exclusivo de gobiernos de derecha. La corrupción es un producto del ser humano deshonesto, mediocre, incapaz, egoísta, desalmado, inútil, manipulador, malvado, depredador, etc. Y estos seres humanos están en todas partes, en todos los partidos, en todos las esferas sociales, y por lo tanto, en todos los ámbitos del Estado.
La administración regentada por el izquierdista Gustavo Petro jamás estará libre de este flagelo, por mucho que este presidente de la nación diga que no permitirá actos de corrupción en su gobierno. En Colombia la corrupción es endémica y en gran parte se debe a la calidad de ser humano que somos. Solo con analizar la calidad de políticos que tenemos es suficiente para sustentar esta argumentación.
Además, y en esto hemos insistido, el gobierno Petro no tiene un programa, y menos aún, una estrategia anticorrupción aplicadas en cada una de las instancias gubernamentales. La oficina de transparencia de la Presidencia no ha dado la talla para generar una lucha frontal contra la corrupción.
Un programa anticorrupción es crucial en cualquier gobierno en Colombia, aunque su ausencia parece proteger a los corruptos con poder político. Por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tierras, funcionarios involucrados en la compra de fincas presuntamente se embolsillan al menos $5 millones por hectárea en cada negociación, además de los sobreprecios.

Las denuncias de María Jimena Duzán
Una andanada de críticas ha recibido el presidente de la República, Gustavo Petro, por sus reparos a las preguntas que le formuló la periodista María Jimena Duzán a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia y a su hermano, Andrés Sarabia, a quienes se les involucra con una red de tráfico de influencias y por presunto enriquecimiento ilícito.
Duzán hizo una especie de derecho de petición público en su podcast A Fondo, en el que cuestiona a los dos hermanos sobre las acusaciones relacionadas con el aprovechamiento que viene haciendo Andrés Sarabia del cargo que ocupa su hermana para conseguir contratos con el Estado, y cobrar comisiones de un 30% a los beneficiarios.
Los rumores sobre este supuesto entramado de corrupción comenzaron a sonar con más fuerza a mediados de junio cuando según revelaron algunos periodistas, el propio director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habría denunciado tales movimientos e intereses por parte del hermano de Sarabia.
Sin embargo no hay constancia de que haya sido Rodríguez el autor de las denuncias.
Tales cuestionamientos fueron revelados también por el medio alternativo Desigual, que aseguró que a través de varios chats de whatsapp se señala al hermano de Sarabia y a su asesor Jaime Ramírez Cobo, de estar
direccionando contratos con funcionarios públicos y congresistas en diferentes entidades estatales, entre ellas, la Fiduprevisora, donde hasta hace pocos días fungió como vicepresidenta de contratación, Daniela Valencia, novia de Ramírez.
Y no parece ser casualidad que sea la Fiduprevisora la entidad que estuvo envuelta recientemente en escándalos de corrupción por la compra de los carrotanques para el departamento de La Guajira, así como con el cuestionado proceso de contratación del operador de los servicios de salud para el magisterio.
En respuesta, Ramírez y Valencia interpusieron una denuncia ante la Fiscalía y calificaron las versiones en su contra como “propaganda negra”.
“Respondo por mis actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses”, trinó la alta funcionaria a propósito de las denuncias.
En cuanto a Duzán, se limitó a preguntar a los hermanos Sarabia si eran ciertos tales versiones. Entre otras, le pregunta a Laura Sarabia si es verdad que cuando recibe a empresarios que quieren hacer negocios con el Gobierno los remite a que se entiendan con su hermano Andrés.
Si es cierto que Andrés a cambio de hacer de lobista les exige a esos contratistas el 30% de comisión por todos los negocios que se concretan con el Estado.
La interroga sobre si conoce la oficina en que se concertan esas reuniones. Si sabe de una jugosa suma que le habría pagado por la gestión que su hermano habría hecho en la consecución de un contrato millonario con Ecopetrol.
Pregunta María Jimena Duzán si es cierto que Jaime Ramírez (padrino de matrimonio de Laura Sarabia) y actual enlace de Presidencia con el congreso (nombrado por ella), sirve también de correo humano para incidir ante las entidades por los contratos que estaría pedaleando su hermano.
También la cuestiona sobre el nombramiento de Daniela Valencia, esposa de Jaime Ramírez, en la Fiduprevisora y ¿si fue ella la que firmó todos los contratos corruptos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo?
También la periodista le increpa sobre si es cierto que Sarabia despide funcionarios y ministros que intentan investigar lo que ella hace.
Y si ha tenido que ver con el nombramiento de los directores seccionales de la Dian en Barranquilla y Buenaventura.
Mientras que a su hermano Andrés le pide que responda a qué se debe el salto en su nivel de vida y el incremento en su tren de gastos y de ingresos.
También sobre su relación con el empresario David Cure de la empresa Método y Derecho SAS, de la cual fue fundador hace 3 años y si es verdad que desde la oficina de esa empresa situada en el Parque de la 93 cuadra bonificaciones y honorarios con empresarios mandados por su hermana y que les pide a ellos el 30% de todo lo que ganen.
La respuesta de Andrés
Varios medios de comunicación han replicado lo que respondió el hermano de Laura Sarabia a Duzán, y al resto de periodistas q los que decidió denunciar por injuria y calumnia.

Responden los hermanos Sarabia
Sarabia, de 25 años, refuta categóricamente las acusaciones vertidas en el reportaje. Asegura que toda la información difundida carece de fundamento real y se basa únicamente en rumores y especulaciones. “No existe ni ha existido ninguna evidencia de mi intermediación en asuntos del Estado”, declaró Sarabia, enfatizando que los supuestos lujos y adquisiciones mencionadas, como una lujosa casa en el parque de la 93 y vehículos de alta gama, son completamente falsos.
“Mi estilo de vida no ha experimentado cambios drásticos, mis ingresos provienen de mi trabajo en el sector privado
“, afirmó el joven empresario, quien desmiente haber realizado viajes lujosos o adquirido propiedades costosas. Según él, todos sus gastos son acordes con sus ingresos actuales y no reflejan un enriquecimiento ilícito como se insinuó en el reportaje.
Además, Sarabia se defendió de las acusaciones relacionadas con sus supuestos vínculos con empresarios beneficiados por contratos con el Estado. Aclaró que su relación con figuras como David Cure y Carlos Niño es exclusivamente profesional y transparente, centrada en proyectos legales y éticos. Así como negó rotundamente la realización de reuniones inapropiadas en la oficina de su abogado, Andrés Ávila, perteneciente a Método y Derecho S.A.S, propiedad de Ávila y ligada a David Cure.
La empresa ALA Consulting S.A.S, fundada hace dos años con un capital inicial de 6 millones de pesos, ha sido objeto de críticas por un presunto crecimiento exponencial sin justificación clara. Sarabia se defendió indicando que la compañía no ha tenido transacciones comerciales significativas desde el año pasado y mucho menos con el Gobierno.
A su turno Laura Sarabia emitió un comunicado en el que niega los hechos denunciados. Y en cambio posa de víctima por ser joven y mujer. Pero no da respuestas claras sobre los cuestionamientos que se le hacen.
Este nuevo episodio de supuestos hechos de corrupción entre los funcionarios de Petro, viene a enrarecer aún más el ambiente que rodea al primer mandatario.
Pero además aumenta más las dudas sobre el porqué mantiene en el Gobierno a una funcionaria como Laura Sarabia, quien ha sido cuestionada por sus actuaciones aparentemente en contravía de los ideales progresistas.
Además de que Petro, en vez de pedir explicaciones a sus funcionarios, termina arremetiendo contra la prensa y pasando por alto las denuncias de posibles hechos de corrupción.