Justicia selectiva y doble moral: El capricho de los pasaportes y la celeridad de la Procuraduría
La reciente destitución del excanciller Álvaro Leyva por la Procuraduría General de la Nación evidencia una preocupante tendencia de celeridad en los procesos sancionatorios cuando se trata de figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro. En menos de un año, Leyva fue destituido e inhabilitado por diez años bajo el argumento de haber incurrido en faltas gravísimas al revocar una licitación pública para la expedición de pasaportes, en la que solo participaba el contratista tradicional, Thomas Greg & Sons.
Este caso pone en tela de juicio la imparcialidad de la Procuraduría, ya que la rapidez y firmeza con la que se procedió contrasta con otros casos emblemáticos de corrupción, como el escándalo de Centros Poblados, donde la Procuraduría tardó meses en actuar y, finalmente, absolvió a Karen Abudinen, exministra de las TIC en el gobierno de Iván Duque. La disparidad en los tiempos y resultados no puede ser ignorada, y llama a preguntarse si la Procuraduría está aplicando una justicia realmente imparcial o si, por el contrario, existe una selectividad al momento de investigar y sancionar.
El capricho de los pasaportes: un proceso con señales de corrupción
La decisión de Leyva de revocar la licitación de pasaportes no fue infundada. Tal como destaca un editorial de El Espectador, el proceso presentaba serias irregularidades, ya que estaba diseñado de tal manera que solo Thomas Greg & Sons pudiera cumplir con los requisitos y adjudicarse el contrato. La misma Fiscalía General de la Nación emitió un informe que subrayaba la falta de competencia y de transparencia en el proceso, cuestionando la conveniencia de que una única empresa monopolizara la expedición de pasaportes.
No obstante, la Procuraduría ignoró estas advertencias y consideró que la actuación de Leyva fue una falta grave, sancionándolo con rapidez y sin mayores matices. En contraste, el organismo absolvió a Leyva por su decisión de declarar la urgencia manifiesta y permitir la contratación directa para resolver el problema de la emisión de pasaportes, una medida que podría haber sido juzgada con la misma severidad.
La debilidad de la administración Petro en la lucha anticorrupción
Si bien la Procuraduría está actuando de manera cuestionable, el gobierno de Gustavo Petro también tiene una gran deuda con la lucha anticorrupción. Desde el inicio de su mandato, las promesas de una transformación profunda han chocado con la falta de políticas y acciones concretas en este tema. La administración Petro no ha logrado implementar estrategias claras y efectivas contra la corrupción, y su respuesta ante los escándalos en su propio gabinete ha sido tibia, permitiendo que organismos como la Procuraduría llenen el vacío en el control disciplinario, aunque con una aplicación aparentemente sesgada.
La justicia como instrumento de ajuste de cuentas
El caso de Leyva se percibe cada vez más como un ajuste de cuentas, especialmente al contrastarse con otros casos en los que la Procuraduría, encabezada por Margarita Cabello, ha mostrado lentitud o incluso indulgencia con figuras de gobiernos anteriores. La destitución e inhabilidad de Leyva envía un mensaje de firmeza, pero también evidencia una peligrosa tendencia hacia la justicia selectiva, en la que las acciones de la Procuraduría parecen responder más a motivaciones políticas que a un verdadero compromiso con la legalidad y la transparencia.
Reflexión final: ¿Dónde está la imparcialidad en la justicia?
La falta de coherencia y el trato diferencial en los casos disciplinarios socavan la confianza pública en los organismos de control, que deberían velar por la transparencia sin sesgos ni favoritismos. La Procuraduría, en lugar de ser un bastión contra la corrupción, corre el riesgo de convertirse en un instrumento político en medio de las luchas de poder en Colombia.
Si el gobierno de Gustavo Petro está comprometido con la transparencia y la justicia, debe no solo implementar políticas anticorrupción efectivas, sino también exigir que la Procuraduría y demás entes de control actúen sin preferencias, porque en un país donde la corrupción sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo, la aplicación sesgada de la justicia es tan peligrosa como la misma corrupción que se pretende combatir.
Llamado a la acción: ¿Hasta dónde llegará la justicia selectiva en Colombia? El caso Leyva plantea serias dudas sobre la imparcialidad en la lucha anticorrupción y sobre el verdadero compromiso del gobierno con la transparencia. ¿Crees que la Procuraduría actúa de manera justa o estamos ante un ajuste de cuentas político? Comparte tu opinión y mantente informado para exigir una justicia sin sesgos.
