La Alcaldía de Riohacha ha vuelto a sacar a relucir el viejo truco de la contratación pública: destinar millones a un estudio para una problemática ya sobreanalizada y sin resolver. En esta ocasión, ha abierto un concurso de méritos para contratar un estudio de “Estudios y diseños para garantizar el acceso al agua potable para comunidades wayuu”, asignándole la exorbitante cifra de $748 millones de pesos. El proyecto, supuestamente enfocado en resolver la grave escasez de agua en comunidades indígenas, parece ser, una vez más, una justificación encubierta para disponer de recursos públicos con poco o ningún resultado tangible.
Un mal que sigue y una solución que nunca llega
Este contrato no es el primero de su tipo en la región. Desde la sentencia T-302 de la Corte Constitucional en 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por la falta de acceso al agua en comunidades wayuu, millones han sido invertidos en estudios y proyectos que, en teoría, debían garantizar este derecho fundamental. Tanto el gobierno de Iván Duque con el proyecto de Guajira Azul, como el actual gobierno, con convocatorias internacionales lideradas por el Ministerio de Vivienda, han intentado avanzar en la estructuración de soluciones integrales. Sin embargo, los resultados son mínimos y, en varios casos, las iniciativas se han estancado o suspendido.
En esta ocasión, la Alcaldía de Riohacha justifica la contratación basándose en información de hace siete años, ignorando los diagnósticos y estudios actualizados que ya existen. Es incomprensible que, teniendo a la mano estudios completos y detallados, se siga recurriendo a licitaciones para estudiar “nuevas soluciones” cuando lo que hace falta es ejecutar las obras pendientes.
Un contrato con fines cuestionables
El contrato, además, contiene cláusulas que generan serias dudas. En los mismos pliegos de condiciones, la Alcaldía incluye actividades de “producción de material digital para la promoción turística y cultural del Distrito de Riohacha”. ¿Qué relación tiene la promoción turística con el acceso al agua potable para las comunidades wayuu? Este agregado solo parece una estrategia para justificar un gasto que nada tiene que ver con las necesidades urgentes de estas comunidades.
La opacidad en la contratación pública: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios?
Mientras tanto, la pregunta que persiste es: ¿a quién realmente beneficia este contrato? La contratación de fundaciones y entidades sin experiencia en el manejo de proyectos de infraestructura para el agua potable en zonas de difícil acceso se ha convertido en una práctica común de los gobiernos locales. Contratar a organizaciones sin historial ni experiencia en el sector solo genera dudas sobre la eficacia del proyecto y alimenta la sospecha de corrupción y malversación de fondos públicos.
Por su parte, la administración local sigue emitiendo justificaciones vacías que en poco benefician a los ciudadanos. En lugar de invertir en acciones efectivas que permitan mejorar el acceso al agua, el gobierno distrital parece más enfocado en añadir un nuevo capítulo a la larga lista de promesas sin cumplir.
Reflexión final: el costo de la indiferencia
La situación de las comunidades wayuu en La Guajira sigue siendo precaria. La falta de agua potable en una región marcada por la sequía y el abandono estatal no debería ser objeto de nuevos estudios, sino de acciones concretas que prioricen la vida y el bienestar de estas poblaciones. Mientras se sigue destinando dinero a estudios redundantes, las comunidades siguen sufriendo una crisis humanitaria que no admite más demoras.
El alcalde Genaro Redondo Choles deberá responder ante sus gobernados y ante la ley sobre el destino de estos recursos. Cada peso destinado a proyectos innecesarios es un peso que se le niega a la posibilidad de una vida digna para las comunidades wayuu.
