La reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil pone sobre la mesa una problemática crítica en la administración pública colombiana: el bloqueo de investigaciones internas que buscan garantizar la transparencia. La SIC ha acusado a estos funcionarios de obstruir las investigaciones durante una serie de visitas administrativas, lo cual representa un intento de ocultar posibles irregularidades en los contratos de la entidad.
En esta inspección, que tuvo lugar entre el 12 y el 22 de marzo de 2024, los delegados de la SIC encontraron una preocupante falta de cooperación por parte de los funcionarios, quienes se negaron a entregar documentos y dispositivos electrónicos esenciales para esclarecer las condiciones de contratación en la Registraduría. A raíz de esta falta de colaboración, la SIC inició una investigación por posibles violaciones a la libre competencia, un principio fundamental en la contratación pública.
La opacidad como obstáculo
Este incidente revela una profunda contradicción en los valores que deben guiar a las instituciones públicas. A pesar de que estas inspecciones fueron solicitadas por la propia Registraduría, la falta de respuesta de sus funcionarios sugiere una estructura institucional donde la opacidad y la falta de rendición de cuentas limitan los procesos de control interno. Esto no solo afecta la legalidad de los procedimientos, sino que también impacta negativamente la confianza pública.
Transparencia y cooperación: un deber legal y ético
La directora de la SIC, Cielo Rusinque, ha señalado que el objetivo de la inspección no es cuestionar el manejo de datos de la Registraduría, sino asegurar la transparencia para proteger a empresarios y contratistas de posibles prácticas corruptas. Sin embargo, la renuencia de los funcionarios para cumplir con los requerimientos de la SIC plantea serias preguntas sobre la ética en el manejo de los contratos estatales y pone en tela de juicio la responsabilidad de los servidores públicos en la lucha contra la corrupción.
Este caso refuerza la urgente necesidad de que todas las entidades del Estado no solo estén dispuestas a cumplir con la normatividad, sino que demuestren un compromiso auténtico con la transparencia. Sin una cooperación decidida de todas las partes involucradas, el sistema de contrataciones públicas seguirá siendo vulnerable a los intereses particulares en detrimento del bien común.
