El caso del “Cartel de la Hemofilia” representa uno de los más grotescos abusos al sistema de salud en Colombia. La condena de 15 años de cárcel para José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud de Córdoba, resalta la implacable corrupción en la que altos funcionarios, médicos y empresarios tejieron una red para saquear los fondos destinados a pacientes vulnerables. Este entramado, al igual que tantos otros en la historia reciente del país, demuestra el peligroso maridaje entre funcionarios y empresarios dispuestos a lucrarse a costa de la salud pública.
Fraude al sistema de salud: Un desfalco en nombre de los enfermos
Este cartel operó entre 2013 y 2017, un periodo en el cual se inflaron diagnósticos y se inventaron pacientes “fantasmas” que supuestamente padecían hemofilia y otras enfermedades. En esta estructura, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), como San José de la Sabana y Unidos por su Bienestar, crearon historiales clínicos y falsificaron exámenes para justificar cobros millonarios. Con respaldo de altos funcionarios, como el exgobernador Alejandro Lyons Muskus, lograron que Córdoba pagara por medicamentos y tratamientos que nunca se suministraron.
La investigación de la Fiscalía reveló que, de 14 supuestos pacientes aprobados por Pareja Alemán, ocho nunca recibieron tratamiento alguno. En cambio, el dinero fluyó a cuentas privadas, desviando fondos que originalmente debían financiar otros programas esenciales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Gobernadores, médicos y empresarios: La red de complicidad
La corrupción no fue obra de un solo hombre. Además de Lyons, otros actores, como el exgobernador Edwin Besaile Fayad, también facilitaron y se beneficiaron del desfalco. Besaile, quien aceptó haber recibido $2.350 millones de pesos para financiar su campaña, es un claro ejemplo de cómo estos actores usaron su poder para enriquecerse de forma ilícita, mientras el sistema de salud y los más vulnerables sufrían las consecuencias.
La estructura piramidal de corrupción incluyó a Sami Spath Storino, conocido como “el hombre de la tula”, quien distribuía sobornos, y a Adalberto Carrascal, un médico encargado de autorizar tratamientos costosos fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS). Carrascal también fue condenado a prisión por participar en la falsificación de documentos para autorizar tratamientos inexistentes.
Impunidad y justicia a medias
Aunque varios de estos personajes han sido procesados y condenados, como en el caso de Pareja Alemán, que también recibió una multa de $1.525 millones de pesos y una inhabilitación para ejercer funciones públicas, la cadena de complicidades y la cantidad de recursos desviados sugieren que queda mucho por investigar y sancionar. La extradición de Lyons, aún en proceso, podría significar el fin de la impunidad para algunos de los involucrados, pero el problema de fondo persiste: la vulnerabilidad del sistema de salud frente a redes criminales que encuentran en la corrupción una fuente segura de riqueza.
Reflexión final: La deuda del Estado con la transparencia
Este caso pone en relieve la urgente necesidad de medidas efectivas de control y transparencia en la administración pública, especialmente en sectores críticos como la salud. ¿Cómo es posible que, en un país donde tantas personas no tienen acceso a servicios médicos básicos, se pierdan millones en fraudes orquestados por quienes deberían proteger el bien común? Mientras estos hechos no se castiguen de manera ejemplar y se implementen sistemas de control sólidos, la puerta para nuevos casos de corrupción seguirá abierta.
