Una columna lo llamó gesto del Führer, un presidente lo convirtió en escándalo diplomático y dos magistrados dijeron que no es nada de eso: la anatomía de un saludo que nadie termina de definir a cuatro días de la segunda vuelta
Cuatro días antes de que Colombia elija presidente, el debate más viral de la campaña no fue sobre salud, seguridad o economía. Fue sobre un brazo. Sobre si la mano que Abelardo de la Espriella se lleva a la sien cada vez que grita “firmes por la patria” es un saludo militar inofensivo o el eco de un gesto que el siglo veinte enterró junto a sesenta millones de muertos.
La pregunta no nació en un panfleto ni en un meme de WhatsApp. La escribió un escritor colombiano premiado en El Espectador. La repitió, sin matices, el propio presidente Gustavo Petro, en un trino de dos palabras que acumuló más de 29 millones de vistas y que terminó con el embajador de Israel ante la ONU exigiéndole disculpas. Y la resolvió, en sentido contrario, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que casi nadie leyó completo. Más allá del titular fácil, esto es lo que de verdad está en juego: qué pasa cuando un país deja que sean los tribunales, y no la conversación pública informada, los que definan qué significa un gesto.
El mecanismo expuesto
Empecemos por lo que casi nadie verifica antes de indignarse. El gesto que De la Espriella repite en cada acto, mano derecha llevada a la sien, brazo flexionado, no es el saludo que Hitler impuso en 1926 ni el que Mussolini exigió a sus seguidores desde 1923. Ese saludo, el que la cultura popular llama “saludo romano”, no tiene nada de romano: según ha documentado la historiografía especializada, lo inventó el poeta y caudillo Gabriele D’Annunzio en 1919, cuando ocupó la ciudad de Fiume con dos mil hombres armados y montó ahí el primer ensayo de estética fascista, discurso de balcón incluido. El cine lo popularizó antes que la política: apareció en la película Cabiria, en 1914. Mussolini lo adoptó después como pieza de su fantasía de resucitar el Imperio Romano, y el partido nazi lo incorporó apenas en 1926, en parte para no quedar como una copia barata del fascismo italiano.
El saludo de De la Espriella, en cambio, es el llamado “saludo con visera”, cuyo origen la mayoría de historiadores militares atribuye a una costumbre del siglo dieciocho, cuando los soldados sustituyeron quitarse el sombrero ante un superior por el gesto más práctico de tocarse la sien. Es el mismo saludo que usan, sin que nadie los acuse de fascismo, los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido o Francia. La propia Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 12 de junio con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga, fue explícita: el saludo castrense “no es símbolo patrio ni está prohibido para particulares”.
Aquí está la lógica invisible que casi nadie explica: la comparación con el nazismo no nace del gesto en sí, que técnicamente es genérico y legal. Nace de todo lo que lo rodea. Un candidato que jamás prestó servicio militar saludando como si lo hubiera hecho. Un lema, “Defensores de la Patria”, que convierte el respaldo electoral en lealtad cuasi institucional. Y una escenografía de lanzamiento en el Movistar Arena, con luces, música y presentadores, que el crítico cultural Pedro Adrián Zuluaga describió sin rodeos como una “manifestación mussoliniana”.
Los actores y sus roles
Nadie sale limpio de esta historia, y ese es precisamente el punto.
Abelardo de la Espriella, abogado penalista convertido en candidato presidencial, lidera las encuestas frente a Iván Cepeda de cara al balotaje del 21 de junio con una ventaja que, según AtlasIntel, ronda los ocho puntos. Construyó su marca sobre dos pilares que rara vez fallan en la política latinoamericana reciente: lo militar y lo religioso, una fórmula que ya ensayaron Bukele, Milei y Trump, y que el propio candidato reconoce haber importado: dijo en La FM que Bukele le “tiró línea” en el manejo de cárceles y Milei en economía.
Héctor Abad Faciolince, columnista de El Espectador y una de las firmas más respetadas de la literatura colombiana, fue quien puso en circulación la comparación más incómoda: describió el gesto de campaña como una imitación de la estética del Führer, palma abierta, pulgar doblado, y advirtió que un saludo militar sin autoridad real no produce respeto, sino miedo.
Y luego está Gustavo Petro, el presidente que decidió no quedarse callado. El domingo 7 de junio respondió a una columna favorable a De la Espriella con dos palabras: “Heil Hitler”. El trino llegó a 29,2 millones de vistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel lo calificó de “pérdida total de la brújula moral y mancha indeleble en el legado de Colombia”. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, fue más lejos: “hay límites que no deben cruzarse”. Veinticuatro congresistas latinoamericanos de catorce países condenaron el mensaje. La Liga Antidifamación lo llamó monstruoso. Petro acabó retractándose ante el Consejo de Seguridad de la ONU, atribuyéndolo a “estupidez mía, por falta de conocimientos en comunicación”.
La ironía es demasiado perfecta para ignorarla: el mismo día que un columnista compara el saludo de un candidato con el saludo nazi, el presidente que se supone debería estar por encima de esa discusión termina escribiendo literalmente la frase que arruinó relaciones diplomáticas, mientras De la Espriella, beneficiario involuntario del escándalo, solo tuvo que esperar a que el otro se autodestruyera.
El impacto real
Mientras todo esto ocurría, a nueve días de una segunda vuelta presidencial, el país discutía sobre brazos y palmas, no sobre lo que un próximo gobierno hará con la salud, la seguridad o el déficit fiscal. Ese es el primer costo de oportunidad real: cada hora de debate público dedicada a desenredar quién hizo qué saludo es una hora que no se dedicó a exigirle a ningún candidato un plan de gobierno verificable.
El segundo costo es más silencioso y más grave. Cuando un presidente en ejercicio escribe “Heil Hitler” en una red social con el alcance de la suya, no solo insulta a un adversario: banaliza la referencia más seria que existe sobre el exterminio sistemático de seis millones de personas. Y cuando esa banalización se vuelve estrategia retórica habitual, como documentó La Silla Vacía al recordar que Petro ya había vinculado al nazismo al presidente electo de Chile, a una farmaceuta crítica y a empresarios, el insulto deja de tener filo. Se convierte en ruido. Y el ruido es, paradójicamente, el mejor escudo para quien de verdad practique alguna forma de autoritarismo: si todo es nazismo, nada lo es.
El tercer costo lo pagan las instituciones que debían resolver esto antes de que llegara a un tribunal. El Consejo Nacional Electoral, la autoridad que por ley debe sancionar el uso indebido de símbolos patrios en campaña, recibió la denuncia original en octubre de 2025. No la resolvió. Ocho meses después, en plena recta final de la campaña, fue un magistrado de tutela quien tuvo que improvisar una respuesta urgente, equivocada según la Corte Suprema, en menos de 24 horas. La inacción de un organismo de control no es un detalle administrativo. Es, otra vez, el mismo patrón que esta plataforma diseca con cada alcalde y cada contrato: una institución diseñada para vigilar que, por omisión, le entrega su trabajo a otro poder.
El sistema que lo permite
Lo que pasó entre el 4 y el 12 de junio en los tribunales colombianos merece mirarse con lupa, porque expone algo más estructural que un saludo. Una jueza penal le prohibió a De la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia. Otra jueza revirtió esa orden. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le prohibió la bandera, el escudo, el saludo castrense y las frases de campaña, dándole veinticuatro horas para borrarlo todo a nueve días de la elección. Tres días después, dos magistrados distintos de la Corte Suprema, en dos tutelas separadas, tumbaron esa decisión casi en su totalidad. Veinte tutelas más llegaron a la Sala de Casación Laboral pidiendo lo mismo.
Esto no es justicia funcionando con rigor. Es litigación de último minuto llenando el vacío que dejó un árbitro electoral que se quedó dormido. El politólogo James Buchanan explicaba que las instituciones solo limitan la arbitrariedad del poder cuando existen reglas claras pactadas antes de que empiece el juego. Aquí las reglas estaban escritas, pero el árbitro encargado de aplicarlas decidió no jugar su papel a tiempo. El resultado fue previsible: cada actor político, desde el candidato hasta el presidente, encontró en ese vacío institucional un espacio para librar la batalla simbólica que más le convenía, sabiendo que ningún juez alcanzaría a frenarlo antes de que el daño reputacional, o el beneficio electoral, ya estuviera consumado.
Ese es el verdadero mecanismo invisible de esta historia: no un brazo en alto copiando a un dictador muerto hace ochenta años, sino un sistema de control que llegó tarde, y que por llegar tarde, le entregó a jueces de tutela, a un presidente con cuenta verificada y a una cancillería extranjera la tarea de decidir, en tiempo real y sin método, qué significa un gesto político en una democracia.
La pregunta que de verdad importa no es si una mano en la sien equivale a un brazo en alto. Ya lo dijo la Corte Suprema: no equivale, jurídicamente. La pregunta es por qué un país entero necesitó cuatro tribunales, una cancillería extranjera y un presidente disculpándose ante la ONU para llegar a esa conclusión tan simple, en lugar de exigir que el Consejo Nacional Electoral hiciera su trabajo ocho meses antes. Cada vez que una institución llega tarde, alguien más ocupa su lugar, y casi nunca lo ocupa con más rigor. El 21 de junio Colombia elige presidente. La pregunta ética que deja este episodio es si, después de esa fecha, seguiremos dejando que la indignación viral sustituya a la vigilancia institucional, o si por fin vamos a exigirle a los árbitros que arbitren antes de que tengan que hacerlo los jueces, los embajadores o el algoritmo.
