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Mientras por un lado le dio la razón en la demanda que interpuso cuando fue destituida de su cargo por supuestamente no entregar el informe de gestión para la vigencia del 2017, por otro, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria a la ex gerente de la ESE hospital Universitario CARI de Alta Complejidad de Barranquilla, Atlántico, Rocío Gamarra, por presuntamente omitir el traslado de retenciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia- DIAN-. 

En el primer caso, la Procuraduría declaró como “no probado el cargo único formulado” a la exgerente, dentro del proceso “en falta disciplinaria” por la presunta omisión de entregar el informe de su gestión de la vigencia 2017 a la Junta Directiva. 

Por este hecho, se generó una batalla jurídica en donde la exfuncionaria intentaba demostrar que había cumplido con entregar este informe, y finalmente fue destituida en diciembre del 2018 por el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, es decir, un años y cuatro meses antes de cumplírsele su período en el cargo. 

Luego de varios meses, el pasado 22 de octubre, la Procuraduría indicó que se demostró que Gamarra cumplió en presentar su informe de la vigencia 2017 dentro de los términos. 

La exfuncionaria manifestó que con este fallo tiene “más peso” la demanda que interpuso en meses anteriores para que se le pague por el salario que no le fue cancelado desde que fue destituida por el exgobernador Eduardo Verano. 

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“En salario, abogados e intereses, podríamos estar hablando entre 500 millones o 600 millones de pesos”, manifestó. 

Otra investigación 

Sin embargo, esta semana la misma Procuraduría, abrió la investigación contra Gamarra y su antecesor, Ramón Quintero, por presuntamente omitir el traslado de retenciones a la DIAN, por $2.817´211.000. 

La Procuraduría Regional del Atlántico busca establecer si la E.S.E. adeuda los gravámenes correspondientes a los periodos 2016 y 2017, a pesar de que aparentemente para la época de los hechos habría realizado las retenciones del orden nacional y distrital de cada uno de los pagos depositados a personas jurídicas y sujetos pasivos. 

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública. 

Gamarra y su paso por el Cari

En cuanto a la decisión final de la Procuraduría frente al informe de gestión del 2017, declarado extemporáneo en su momento por la propia Superintendencia Nacional de Salud y por la junta directiva del hospital, y que Gamarra calificó como una “persecución” en su contra, toca recordar que su gestión al frente del hospital estuvo cuestionada desde el principio. 

Vale decir que su gerencia estuvo todo el tiempo en el ojo del huracán y fue la misma junta directiva que pidió en su momento la intervención del centro asistencial en el 2018, debido a los pésimos resultados financieros que llevaron al Cari a ser una entidad en alto riesgo.  

Para esa época el hospital alta complejidad estaba produciendo una venta de servicios cercana a los 100 millones de pesos mensuales y su sostenimiento costaba 1.000 millones de pesos, lo que generó un déficit de 2.500 millones de pesos mensuales. Mientras que el de Salud Mental alcanzaba pérdidas de 1.000 millones de pesos mensuales. 

A la exgerente se le acusó de dirigir los pocos recursos al pago de obligaciones vencidas del hospital y no al mejoramiento del servicio, lo que generó un detrimento aún más grave en la entidad de salud. 

Y algo debió ser cierto porque en efecto hoy el Cari de Alta Complejidad, que en una época fue modelo y ejemplo de manejo y de servicios de buena calidad de la región Caribe, hoy permanece cerrado.  

La gerente Gamarra, apoyada en el fallo de la Procuraduría, afirma ahora que se le violentaron sus derechos y anunció una nueva demanda para que se le paguen los salarios dejados de percibir durante varios meses tras ser separada del cargo.

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