Por: Jan Slodvak
El Sr. Francisco Olmos Fernández-Corugedo solicita que se rectifique un artículo de prensa de mi autoría. Dice en su libelo: “el contenido es inexacto, incurre en falsedades, hace aseveraciones calumniosas y difamatorias y además carece de una elemental norma periodística de contrastar fuentes”.
Paso a desenmarañar este párrafo. Sobre todo en lo correspondiente a su parte final de “contraste de fuentes”, pues se le solicitó a varias personas los datos personales de ubicación de su persona y todos declinaron u omitieron el suministro de la información. Quizás por las connotaciones que tienen las Operaciones Lezo, de la Fiscalía de España y Acordeón, de la Fiscalía de Colombia con los vinculados en el proceso de toma de control de la empresa Triple A de Barranquilla, la constitución de Inassa como matriz del conglomerado y la función de Canal Extensia, sociedad responsable ante los dueños de Canal Isabel II, a su vez empresa propiedad de la Comunidad Autonómica de Madrid, España, que es, por sus manejos irregulares, el ámbito geográfico en donde surge el escándalo mediático y judicial. Esa cadena de sucesos no se puede negar.
Dice Olmos Fernández: “No tengo vinculación con Inassa y sus empresas hace más de 10 años”. El problema, Sr. Olmos, es que el proceso histórico de investigación de estas operaciones tiene mucho más de ese tiempo y allí, aunque no lo quiera, es protagonista como directivo de esas empresas.
En otro segmento de su carta, sostiene que tiene exoneración de la Fiscalía de Colombia por una falsa denuncia en que el supuesto denunciante afirmó que la firma y el contenido de lo allí expuesto no pertenecía a su autoría. Eso se dice expresa, claramente en el artículo querellado por Olmos y se mencionó por constituir una información histórica ubicada en diversas fuentes periodísticas y relacionadas con varios contextos de la Operación Lezo. En ningún caso se hizo un juicio de valor sobre su persona y si se reprodujo es por pertenecer a un acervo que funciona como enlace de noticias relacionadas. En ese sentido debería impetrar un habeas data en los medios de comunicación que tienen esos archivos para que los borren de manera definitiva. Es mi sugerencia procedimental jurídica.
Pasemos ahora a dirimir aspectos relacionados con el periodismo y su investigación. Como es de público conocimiento, la Operación Lezo ha provocado en su país, España, un verdadero escándalo mediático, judicial y político. Con repercusiones en Colombia, y más concretamente en Barranquilla, ciudad perjudicada con maniobras de control ilegales por la toma de la capacidad accionaria de la empresa de servicios públicos Triple A. Y digo ILEGAL, pues tales hechos no cumplieron una serie de trámites administrativos de rigor, ampliamente mostrados y demostrados en medios nacionales de diversas tendencias ideológicas. No son cuentos para desprestigiar la honra ajena.
Gran parte de las informaciones que se conocen sobre estas maniobras se han originado en la prensa española, que en virtud de este proceso, se ha constituido en invaluable fuente para la elaboración de reportajes y artículos sobre el llamado “despojo de la Triple A”. Allí están, a manera de ejemplo, El Confidencial. También El Diario, El País y OKDiario; al que usted sostiene que la pidió una rectificación concedida. No es cierto: en la edición de OKDiario del 31 de mayo del 2017, al final de un artículo denominado “Canalda (Arturo) cronología de un saqueo” se señala que “Francisco Olmos Fernández-Corugedo, puesto en contacto con OKDiario, quiere realizar una serie de matizaciones sobre la información”. Matizaciones, no rectificaciones. Allí, en síntesis, indica Olmos que Arturo Canal no es su socio, que no tiene relación con las empresas involucradas, no ha sido denunciado por prácticas irregulares (la famosa denuncia fantasma impetrada en la Fiscalía colombiana), el despacho de abogados Sanclemente de Colombia nunca ha actuado a su nombre y que el nombramiento de Luis Arboleda fue una decisión de la Junta Directiva de Triple A de Barranquilla, sin ninguna incumbencia suya.
Veamos la trayectoria del nombre de Francisco Olmos Fernández-Corugedo en artículos de OK Diario, firmados por el periodista Manuel Cerdán, una de las fuentes usadas en la redacción del artículo solicitado en rectificación.
- Titular: El Canal Isabel II de Gallardón desvió 83 millones a Panamá en la compra de la colombiana Inassa | fecha 9 de mayo, 2017
Párrafo pertinente: “Entre los vendedores figuraba así mismo Francisco Olmos Fernández-Corugedo, un ingeniero de minas asturiano que controlaba Inassa en el tiempo que perteneció a Aguas de Barcelona. Todos los indicios apuntan que él fue el cerebro financiero en la sombra de esta controvertida compra”.
- Titular: Aguirre y González ocultaron 3 informes reservados que denunciaban el desvió de 83 millones a Panamá |11, mayo, 2017
Párrafo pertinente: “Según el informe de Cuatrecasas (una firma de abogados asesores), la desinversión de la empresa catalana estaba motivada por el comportamiento de algunos directivos desplazados a Colombia, entre ellos el gerente Francisco Olmos “que podría calificarse de desleales en opinión de un directivo de AGBAR”, según el informe”.
- El informe Cuatrecasas, Goncalvez Pereira
Cuatrecasas es un prestigioso bufete de abogados hispano-portugués conformado por más de 200 socios y que data de 1917. Es uno de los principales despachos de España por facturación con oficinas en España, Portugal, Francia, Bélgica e incluso, en Colombia.
Contratados para un análisis de los procesos de compras de Canal Isabel II, señala, en una parte del análisis, la conducta de los protagonistas:
“b. Entidades y personas
A efectos aclaratorios, conviene destacar el papel desempeñado por determinadas personas y entidades en todo el proceso:
- Francisco Olmos Fernández-Corugedo. El Sr. Olmos es uno de los personajes claves de este proceso. Inicialmente el Sr. Olmos fue la persona que lideraba el equipo directivo desplazado por AGBAR a Colombia con el objeto de gestionar INASSA y TRIPLE A. Si bien su actuación de 1995 a 1996 es calificada como sumamente positiva por AGBAR, parece que a fines de 1999, el Sr. Olmos deja de actuar como representante de los intereses de AGBAR, para pasar a defender los intereses del resto de accionistas de INASSA. A raíz de ello, se genera una crisis interna en INASSA que lleva a la salida de AGBAR del accionariado. Al parecer, el Sr. Olmos estaría, junto con algunos de los empleados desplazados por AGBAR, detrás de algunas de las sociedades socios de SAA, sociedad panameña que acabaría adquiriendo el paquete accionarial de AGBAR.
Posteriormente, el Sr. Olmos sería uno de los impulsores del proceso de venta de INASSA, al cabo del cual CYII acabaría entrando en su accionariado con la particularidad de que el Sr. Olmos participaría en el proceso; además de como vendedor (por su participación en SAA a través de Stanke Investment S.A.) como comprador, dado que según se desprende de un correo electrónico enviado por el Sr. Salvador Cardona, a la sazón Director General de TECVASA en aquellos momentos, al director gerente de CYII con fecha 22 de abril de 2004, en junio de 2011, IAA, sociedad en cuyo accionariado estaba presente el Sr. Olmos, entraría a formar parte de TECVASA, socio de CYII en la inversión”. (Informe: Cuatrecasas; Goncalves Pereira).
- Titular: El Canal tendrá que pagar las plusvalías de la panameña que compró por 83 millones cuando solo vale 7 | 15, mayo, 2017
Párrafo pertinente: “Garrigues (una firma asesora del negocio), antes de la operación desaconsejó la compra de SAA, por las implicaciones fiscales que acarrearía para Canal Extensia. En un principio, la filial de Canal tenía previsto adquirir de manera directa a Inassa en un 75% de su participación, pero finalmente prevalecieron las imposiciones de los empresarios colombianos y sus socios españoles, entre ellos Francisco Olmos”.
- Titular: El Canal pagó otros 5 millones “en metálico” a los españoles que vendieron a Inassa a través de Panamá |24, mayo, 2017
Párrafo pertinente: “Tras una clara disputa entre el Canal y Tecvasa por el control de Extensia, la empresa madrileña decidió adquirir todas las participaciones en el grupo en poder de sus socios españoles, los antiguos directivos de AGBAR (Agua de Barcelona), liderados por Francisco Olmos”.
- Titular: El juez acusa a Olmos, socio del Canal, de malversación, blanqueo y pertenencia a organización criminal | 29, julio, 2017
Párrafos pertinentes: “Francisco Olmos Fernández-Corugedo, el líder del consorcio español que se asoció al Canal de Isabel II para adquirir en Colombia la sociedad Inassa y uno de los muñidores de la ingeniería financiera de la operación seguirá como investigado en las diligencias que se siguen en la audiencia nacional. Así se lo ha comunicado el juez Manuel García Castellón, que sustituyó a finales de junio a su compañero Eloy Velasco al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 y, por tanto, de la conocida Operación Lezo.
El nuevo titular del juzgado, que califica la operación de compra de Inassa de “fraudulenta”, se opone al sobreseimiento y archivo de la causa solicitada por Olmos. El magistrado considera que “los hechos sí revisten una evidencia directa de la participación del investigado en los delitos de malversación de caudales públicos, organización criminal y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que se revelen otros ilícitos en el transcurso de la investigación”.
En un auto fechado el 21 de julio, el juez relaciona a Olmos con “la fraudulenta adquisición en diciembre de 2001 por parte de Canal Isabel II de la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa)”. Le recuerda que fue gerente general de la sociedad Triple A de Barranquilla, una de las filiales de Inassa, presidente de Inassa, director general de Tecvasa –la sociedad que reunía al grupo de empresarios españoles que dio el pelotazo y consejero de Canal Extensia de la que también era socio.
García Castellón, el magistrado que envió a la cárcel a Mario Conde en el “caso Banesto” y que ha sido en los últimos años juez de enlace en París y Roma, confirma todas las informaciones publicadas por OKDIARIO hasta la fecha sobre Olmos y la compra de Inassa. Señala que “el oscurantismo de la operación, la utilización de empresas pantallas, la falta de fiscalización de la compra y las sucesivas inversiones por la Cámara de Cuentas de Madrid y los datos confusos recogidos en la Base de Datos de la AEAT, impedían saber las concretas circunstancias concurrentes en la operación”.
El juez, como ya adelantó OKDIARIO, destaca que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la adquisición de la sociedad de aguas de Barranquilla, Inassa, sin embargo la dirección del Canal, de la que era director gerente Arturo Canalda, el actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, adquirió una sociedad panameña, “con socios desconocidos”*- y destaca el entrecomillado con letra en negrita-denominada Sociedad de Aguas de América (SAA) que detentaba el 75% de las acciones de la sociedad colombiana.
Según el magistrado, “la utilización de dicha sociedad interpuesta permitió indiciariamente el desvío de una ingente cantidad de dinero público de la CAM y consintió un elevado endeudamiento con el BBVA”. Sin embargo, como destaca el juez, el otro socio de Extensia, Tecvasa, controlada por Olmos, no suscribió ninguna deuda.
Lo sorprendente del auto de Manuel García Castellón es que le recuerda que su propia declaración ante el juzgado apoyaba los indicios de su “participación en las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo para desviar dinero de la CAM hacia patrimonios particulares, situándole entre los autores del plan urdido para hacer posible dicho desvió, velando a los intervinientes en los hechos y las cuentas que recepcionaron el capital malversado”.
Olmos, según el auto, también “se colocó detrás de una sociedad pantalla panameña utilizada, SAA, formando parte junto a otros 6 empresarios valencianos de la sociedad Stanke Intvestment”.
Según se desprende de la lectura de esta pieza periodística, la cual NO HA SIDO RECTIFICADA, o por lo menos no ha sido publicada en OKDiario y basada en informaciones procedentes del juez de la causa, se presentan varias posibles conclusiones. Una de ellas es el acomodo al Sr. Olmos del término Muñidor, que según la Real Academia de la Lengua Española significa “Persona que gestiona activamente para concertar tratos o fraguar intrigas, o con cualquier otro fin semejante”.
La primera de estas importantes conclusiones con fecha cercana del 29 de julio del 2017, es que Francisco Olmos Fernández-Corugedo sigue vinculado a un proceso judicial por los siguientes delitos: Malversación de fondos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Y, añade el juez Manuel García Castellón que pueden ser más: “Sin perjuicio de que se revelen otros ilícitos en el transcurso de la investigación”.
A ese segmento del artículo periodístico nos atenemos en lo que concierne a la solicitud de rectificación propuesta por Francisco Olmos Fernández-Corugedo. Y debe presentarlo a OKDiario, de Madrid, y al juez Manuel García Castellón para que aclaren de una vez por todas las difamaciones, calumnias e injurias sobre su buen nombre mancillado con estas informaciones. En esa misma medida y perspectiva en que el citado diario haga la correspondiente rectificación y el juez acepte el sobreseimiento del caso propuesto por Francisco Olmos y sus abogados y negado, procederemos a rectificar lo dicho en todos los sentidos con la debida nota de excusa. Antes no.
A todas estas, Sr. Ingeniero Asturiano Olmos; sería pertinente, en aras de soportar su alegato de inocencia en estas operaciones de manejos de empresas, que usted responda si se encuentra en estos momentos en alguna sociedad que controle o aspire controlar servicios públicos de agua en cualquier parte del territorio colombiano.
