Doce billones de pesos robados, 2.094 proyectos muertos y una arquitectura institucional que parece diseñada para proteger a los ladrones, no para detenerlos
Hay un negocio extraordinariamente lucrativo en Colombia. No requiere capital propio. No genera riesgo personal significativo. Y la probabilidad de ir a la cárcel es, estadísticamente hablando, casi nula. Se llama Sistema General de Regalías. Cada bienio maneja entre 30 y 32 billones de pesos, el dinero del petróleo y los minerales que el país extrae de sus entrañas. Y una red criminal organizada, con ramificaciones en ministerios, gobernaciones, alcaldías, órganos de control y hasta en la arquitectura institucional misma del sistema, lleva años administrando ese botín con una eficiencia que la legalidad colombiana nunca ha podido igualar.
Más allá de las capturas y los comunicados de prensa, lo que el Sistema General de Regalías revela es algo más perturbador que un robo: es la radiografía de un Estado capturado. No por la fuerza. No con balaceras. Sino con actas, sellos y firmas. Con reuniones de OCAD donde se deciden miles de millones de pesos y donde los contratistas saben exactamente qué palanca mover. Con proyectos «viabilizados» por ministerios cuyas oficinas de planeación llevan años siendo permeadas por el clientelismo. Con mecanismos de control que replican el sistema que ellos mismos debían combatir.
En Colombia, según la Auditoría General de la República, la corrupción costó más de 50 billones de pesos en 2024 solo, el 4% del PIB nacional. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ubicó al país en el puesto 99 entre 182 naciones. Noventa y ocho países nos superan en transparencia. Y en el fondo de ese abismo, el Sistema General de Regalías funciona como el motor más eficiente del saqueo organizado.
Regalías: El botín más grande de Colombia y la mafia que lo administra en paz
En abril de este año, la Fiscalía General de la Nación anunció con orgullo institucional lo que llamó «el más grande operativo contra la corrupción en regalías en la historia del país«. Nueve capturados. La organización operaba a través de la Asociación de Municipios del Caribe, AREMCA, y había direccionado 101 contratos por más de 496.000 millones de pesos en doce departamentos: Casanare, La Guajira, Bolívar, Arauca y más. Todos territorios con necesidades críticas en agua potable, vías terciarias y educación pública. Sus regalías, el dinero del subsuelo, terminaron en cuentas de una red criminal.
La celebración duró lo que dura un titular en Colombia: veinticuatro horas. Porque AREMCA no es el problema. AREMCA es apenas el nombre que la Fiscalía logró pronunciar en voz alta esta vez.
El Departamento Nacional de Planeación encontró 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencidos y contratos suspendidos. Visitó 146 proyectos directamente y encontró irregularidades en todos los que revisó con detenimiento. Un estudio sistemático de la Subdirección de Regalías sobre el periodo 2020-2024 concluyó que el 30% de los proyectos financiados con recursos del SGR no cumple criterios técnicos ni legales. Sobre una muestra de 83 proyectos con presupuestos aprobados por casi 1,6 billones de pesos, los datos son demoledores: el 65% cubrió menos del 30% de los municipios de su departamento respectivo; el 75% tuvo impacto bajo en las subregiones que supuestamente debía transformar; el 76% se financió únicamente con regalías, sin cofinanciación de ningún otro nivel del Estado, lo que el propio DNP califica como «dispersión y despilfarro en iniciativas pequeñas de bajo resultado».
Solo uno de los 83 proyectos analizados arrojó el 100% de beneficio esperado para su territorio. Uno de 83.
Jhonatan Duque, subgerente de Proyectos del Fondo de Adaptación, lo dijo con la claridad que a veces escasea en el funcionariado colombiano: ineficiencia, ineficacia y corrupción son las características principales del SGR. No una. No dos. Las tres de manera simultánea, estructural, reiterada.
Los actores y sus roles
El Sistema General de Regalías no fue diseñado por ladrones. Fue diseñado en 2014 por la consultora Tony Blair Associates, contratada por el gobierno de Juan Manuel Santos para construir la arquitectura institucional del sistema. Lo que quedó fue una red de Órganos Colegiados de Administración y Decisión, los OCAD, que en teoría garantizaban pluralidad y control en la toma de decisiones sobre cada proyecto. En la práctica, se convirtieron en el mecanismo más eficiente para institucionalizar el clientelismo. Porque claro, «pluralidad de decisión» suena mucho mejor que «cinco personas en una sala aprobando contratos para sus amigos».
Los OCAD son el corazón del problema. Los gobernadores votan en ellos. Los alcaldes cabildean ante ellos. Los ministerios «viabilizan» proyectos a través de oficinas de planeación que llevan años siendo operadas como extensiones del poder político regional. Y los contratistas, los verdaderos operadores de la red subterránea, saben con exactitud milimétrica cuánto cuesta cada firma, cada visto bueno y cada aprobación.
Alexander López, director del DNP, lo documentó con precisión quirúrgica en agosto de 2024. Su informe, que cubre el periodo 2017-2024, reveló que cerca de 12 billones de pesos de regalías se perdieron porque los recursos fueron mal ejecutados, ejecutados sin trazabilidad, o simplemente no ejecutados. Doce billones. Para dimensionarlo sin abstracciones: es casi cuatro veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud. Es el equivalente a pavimentar 24.000 kilómetros de vías terciarias. Es agua potable garantizada para todos los municipios de Chocó, La Guajira y Arauca combinados.
López fue más allá e identificó públicamente once grandes «ejecutores» que concentran el escándalo. La Agencia para la Infraestructura del Meta acumula 174 reportes a órganos de control. La Universidad del Valle aparece con 101 proyectos por 770.000 millones de pesos y 12 reportes por presuntas irregularidades. El Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, también en el Valle del Cauca, maneja 85 proyectos por 698.000 millones con 18 reportes de irregularidades. ASOSUPRO del Meta, denunciada públicamente por el director del DNP, siguió recibiendo recursos del OCAD Paz «a manos llenas», según el propio López, gracias al presunto tráfico de influencias de altos funcionarios.
Nadie puede alegar que no sabía. El informe López es público. Los 174 reportes de la Agencia del Meta son públicos. Los 12 billones perdidos están documentados. Los once ejecutores están nombrados. Y la Fiscalía, según lo reconoce el propio informe, «presuntamente no ha realizado hasta el día de hoy una acción judicial contundente contra los autores de todas estas irregularidades».
La impunidad también es pública. Eso es lo nuevo.
El impacto real
Casanare, La Guajira, Arauca, Meta, Chocó. Estos son algunos de los departamentos donde las regalías deberían, según la Constitución y la ley, transformar la vida de las comunidades más vulnerables del país. Son también los departamentos donde la corrupción sobre los recursos del SGR es más escandalosa, más documentada y, paradójicamente, menos sancionada.
La Guajira tiene una crisis hídrica que avergüenza al Estado colombiano desde hace tres décadas. Sus regalías, en lugar de construir los acueductos que la región necesita, financiaron primero los carrotanques fantasma y luego los contratos direccionados de AREMCA. El Chocó recibe recursos del SGR administrados parcialmente por DISPAC, una empresa de energía eléctrica que aparece en la lista de ejecutores irregulares publicada por López, en un departamento donde la electricidad sigue siendo un privilegio. Arauca y Meta, departamentos petroleros por excelencia, productores de la riqueza que el SGR administra, mantienen índices de pobreza que contradicen obscenamente cada peso que el subsuelo entrega.
La directora del DNP, Natalia Irene Molina, lo afirmó en el marco del operativo contra AREMCA: «Los recursos que provienen de las regalías le pertenecen a las comunidades más vulnerables del país. Ninguna entidad ejecutora que bajo prácticas sospechosas esté administrando estos recursos puede estar exenta de investigaciones.»
Bien dicho. Lo que la frase no dice, y lo que los datos de su propia institución hacen irrefutable, es que esas comunidades llevan décadas esperando que alguien les devuelva lo que la Constitución les reconoce. Y que los once ejecutores irregulares identificados por su propio director siguieron, en varios casos, recibiendo nuevos contratos después del anuncio.
El sistema que lo permite
El escándalo del OCAD Paz en el primer semestre de 2022 fue revelador, no porque sorprendiera, sino porque confirmó en escala mayor lo que ya se sabía a escala menor. En los últimos meses del gobierno de Iván Duque, cuando el reloj político marcaba la cuenta regresiva, se denunció el robo de más de medio billón de pesos de los recursos destinados a implementar los Acuerdos de Paz con las FARC. Aparecieron involucrados alcaldes, gobernadores, parlamentarios y delegados de la Contraloría General de la República. El dinero de la paz, robado. La mayoría de los responsables, sin condena.
En diciembre de 2024, el OCAD Paz volvió a reunirse. Y volvió a aprobar recursos para ASOSOPRO, la Asociación Supra departamental de Municipios para el Progreso, una de las entidades que el propio director del DNP había señalado públicamente como problemática. Doscientos mil millones de pesos en obras civiles, entregados a una asociación que acumula denuncias documentadas. Las aprobaciones constan en los Acuerdos 76, 77, 78 y 79 del OCAD Paz. Son actos administrativos públicos. Y nadie en el aparato institucional colombiano ha explicado satisfactoriamente por qué se tomaron.
Los 170 municipios organizados en los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que son los destinatarios legítimos de esos recursos de paz, siguen esperando que «las billonarias partidas asignadas» se materialicen en obras concretas: una escuela, un acueducto, una vía pavimentada. Miles de familias campesinas que siguen sometidas a la pobreza más aberrante mientras poderosos contratistas y funcionarios corruptos, alcaldes, gobernadores, viabilizadores, lobistas e inspectores, se llenan los bolsillos.
El mecanismo de control interno del SGR, que debería funcionar como cortafuegos, replica lo que Duque llamó «el perverso modelo Abadía»: el sistema entronizado en el Valle del Cauca por el ex gobernador Juan Carlos Abadía, condenado en febrero de 2024 por la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 10 meses de prisión por peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ese modelo, que convierte los órganos de control en extensiones del poder político de turno, es el espejo en que se mira el SGR.
La red subterránea no opera en las sombras porque nadie la vea. Opera a plena luz del día, con reuniones programadas y actas firmadas, porque sabe algo que la ciudadanía colombiana todavía no termina de asumir: que el sistema de control, seguimiento e investigación judicial, fiscal y disciplinaria no funciona. No porque esté roto. Sino porque, en muchos casos, también fue capturado.
El Sistema General de Regalías administra 32 billones de pesos en el bienio 2025-2026. El dinero del petróleo y los minerales que el país extrae de su subsuelo. El dinero que la Constitución colombiana destinó a transformar la vida de sus comunidades más pobres.
Esos 32 billones ya tienen proyectos «viabilizados» en las bases de datos de los OCAD. Ya tienen contratistas en lista de espera. Y el aparato institucional que debería protegerlos, el mismo que en siete años no pudo evitar que se perdieran 12 billones, está listo para empezar el ciclo de nuevo.
La pregunta no es si habrá corrupción en las regalías de 2025-2026. La pregunta es quién la va a detener. Y la respuesta honesta, la que los datos hacen irrebatible, es que ninguno de los mecanismos diseñados para eso ha funcionado hasta ahora.
Cada peso robado de las regalías es una familia en La Guajira sin agua. Un niño en el Chocó sin luz. Una vía en Arauca sin pavimento. El silencio cómplice de quienes saben y no actúan es también parte de la red. La diferencia entre el ladrón y el testigo callado, en este caso, es apenas una cuestión de firma.
¿Cuántos billones más necesita Colombia perder para entender que este no es un problema de funcionarios corruptos, sino de arquitecturas institucionales diseñadas para que el robo sea la norma y la rendición de cuentas, la excepción?
