El referendo que sí necesitamos
Colombia carga con la paradoja de tener en curso un referendo que busca tumbar el Acuerdo de Paz, mientras otro sector de la población se esfuerza por sacar adelante el Referendo Anti-privilegios de los congresistas, iniciativa ciudadana que sí responde a una necesidad real: poner freno a los abusos de una clase política que vive como monarquía tropical en un país empobrecido. Resulta grotesco que se promueva un mecanismo de consulta popular para dinamitar un pacto que intenta cerrar las heridas de la guerra, y que, al mismo tiempo, esos colombianos ignoren el clamor ciudadano que exige acabar con los salarios desbordados, las prebendas y los beneficios injustificados de nuestros “honorables” congresistas.
La Registraduría y el nuevo teatro político
Un artículo de El Colombiano reseña cómo la Registraduría Nacional avaló el comité que impulsa la recolección de firmas para convocar un referendo con un único objetivo: echar abajo los acuerdos firmados en La Habana. Este movimiento, promovido por sectores políticos que nunca han creído en la paz, revive la peligrosa práctica de convertir la democracia en un campo de batalla emocional, donde se manipula la opinión pública con banderas incendiarias.
Lo grave no es solo el costo millonario de este tipo de consultas, que se financian con recursos públicos, sino el precedente que deja: la idea de que un pacto de Estado puede ser borrado del mapa según la conveniencia del gobernante o del partido de turno.
El contraste con el referendo que sí nos salvaría
Mientras tanto, el Referendo Anti-privilegios de congresistas —una propuesta ciudadana seria y fundamentada— también se promociona en las calles, pueblos y veredas. Allí no se destinan millonadas en propaganda, porque no cuenta con el respaldo de maquinarias políticas. Su meta es clara: reducir salarios, eliminar prebendas vitalicias, y poner fin al abuso de poder que convierte al Congreso en un club de élite desconectado del ciudadano común.
La diferencia es abismal: un referendo surge de la indignación ciudadana contra los privilegios de los políticos; el otro, de la obsesión de unas élites por mantener vivo el negocio de la guerra.
Una sociedad cómplice del corrupto
Pero nada de esto sería posible sin el papel pasivo —o cómplice— de la sociedad. La corrupción prospera porque los ciudadanos hemos normalizado la trampa y seguimos aplaudiendo al que roba, siempre que “nos ayude en algo”. Hoy, esa misma lógica se traslada a la política: preferimos que nos alimenten con plebiscitos divisivos en lugar de exigir lo que realmente importa, como controlar a un Congreso parasitario.
Civismo y sociedad civil como antídoto
El remedio no vendrá de arriba. Vendrá de una ciudadanía que se organice y recupere el valor del civismo: pequeños actos que construyen confianza social, desde respetar lo público hasta rechazar de plano la trampa. Vendrá de una sociedad civil activa, informada y vigilante, que recuerde a los políticos que el poder emana del pueblo y que los privilegios se acaban cuando la ciudadanía dice basta.
Porque el verdadero referendo que necesita Colombia no es el que tumbe la paz, sino el que tumbe los privilegios de una clase política que ha convertido al Estado en su hacienda personal. La decisión está en manos de la ciudadanía: o seguimos siendo cómplices silenciosos, o despertamos para ser la sociedad civil que discipline al poder.
¿Se puede “derogar” el Acuerdo de Paz como si fuera una ley ordinaria?
No. El Acuerdo Final recibió un blindaje constitucional vía Acto Legislativo 02 de 2017, que lo fijó como parámetro de interpretación y referente de validez para las normas de implementación. No lo volvió “supraconstitucional”, pero sí le dio estabilidad reforzada y lo amarró a la Constitución como política de Estado, de acuerdo con la doctrina de la Corte. Función Pública+1Corte Constitucional
Dicho de otro modo: no se “levanta” con una simple firma o una consulta local. Para alterar ese andamiaje, la ruta es constitucional (art. 378) y, además, cualquier convocatoria, ley o acto estaría sujeto al control de constitucionalidad. Rama Judicial
El contexto político: reabrir heridas tiene costo
La iniciativa llega mientras el país vive tensión preelectoral y recrudece el debate sobre garantías para la oposición y los efectos de la violencia política; voces de los exnegociadores han pedido blindar la democracia, enmarcando el proceso de paz como un dique frente a la política armada. El giro hacia referendos identitarios puede polarizar y distraer del núcleo: seguridad, justicia y cumplimiento. El País
¿Quiénes están detrás y qué buscan?
El vocero del comité, según entrevistas radiales recientes, es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, quien promueve un referendo para derogar el Acuerdo en su integralidad. Esta bandera, más allá del expediente jurídico, es un artefacto de movilización: convierte un pacto de Estado en un plebiscito moral de corto aliento.
