Manzur y Manrique llegaron a la cárcel con el mandato popular todavía caliente. El escándalo de la UNGRD no es un caso aislado: es el retrato exacto de cómo se compra la gobernabilidad en Colombia con dinero que debería estar salvando vidas.
Wadith Manzur obtuvo 134.914 votos el domingo 8 de marzo. El miércoles 11, la Corte Suprema de Justicia lo envió a la cárcel. Karen Manrique fue reelegida el mismo domingo. El miércoles, también tras las rejas. Cuatro días. Cuatro días es lo que tardó el mandato popular en convertirse en medida de aseguramiento. Eso no es una anécdota. Eso es Colombia.
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —la UNGRD, para los que llevamos años siguiendo su rastro— no nació el 11 de marzo de 2026. Nació en febrero de 2024, cuando una fotografía se convirtió en el símbolo más brutal del cinismo institucional: cuarenta carrotanques comprados por $46.800 millones de pesos, destinados a llevar agua a las comunidades indígenas Wayú en La Guajira, pudriéndose en un parqueadero de arena, con las llantas hundidas, las pólizas vencidas y sin un solo conductor. Comprados con sobrecostos superiores al 54%. Comprados a una empresa que tenía como sede una dirección fantasma en Cúcuta. Y parqueados, simplemente parqueados, mientras los niños Wayú seguían muriendo de sed.
Esa foto fue el primer acto visible de un entramado que, según la Fiscalía, movilizó más de $612.000 millones de pesos para comprar apoyo legislativo. No estamos hablando de un robo. Estamos hablando de la compra sistemática, documentada, grabada y confesada del Congreso de la República.
EL MECANISMO EXPUESTO — EL ESTADO COMO CAJA MENOR
Hagamos el ejercicio que los grandes medios evitan porque incomoda a demasiados aliados: entender cómo funciona el Ciclo Secreto que permitió que la UNGRD —una entidad creada para atender desastres naturales, para proteger a los más vulnerables— se convirtiera en la caja chica de una operación de compra de votos de escala industrial.
El esquema, según la Fiscalía, era tan elegante en su sordidez que merece ser explicado con el detalle que se explica un virus: para entender cómo evitar el contagio.
Primer engranaje: la necesidad de reformas. El Gobierno Petro necesitaba aprobar en el Congreso sus reformas insignia: la reforma a la salud, la reforma pensional, la ampliación del cupo de endeudamiento del Estado. Para ello necesitaba votos. Y para conseguir votos, necesitaba moneda de cambio.
Segundo engranaje: los arquitectos. Según la Fiscalía, los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) encabezaron lo que el ente acusador calificó de «organización criminal«. Bonilla, el economista de confianza de Petro, su exsecretario de Hacienda en Bogotá, el cerebro financiero del Plan de Gobierno. Velasco, el estratega político que definía quién recibía qué. Hoy, ambos en la cárcel.
Tercer engranaje: los ejecutores. Olmedo López, director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector, eran los operadores en terreno. López confesaría luego ante la fiscal María Cristina Patiño los detalles de las reuniones en el Ministerio del Interior, los nombres de los congresistas, los proyectos asignados, los territorios acordados. Pinilla, capturado primero, optó por colaborar con la justicia y reveló el mapa completo: 79 contratos intentados, siete firmados.
Cuarto engranaje: el mapa político. La distribución de proyectos no era aleatoria. Era quirúrgica. La Comisión Cuarta de la Cámara recibió 13 iniciativas por $142.658 millones. La Comisión Cuarta del Senado, 19 proyectos por $80.816 millones. La Comisión Tercera del Senado, 14 proyectos por $155.145 millones. Cada peso asignado a una región correspondía al territorio electoral de un congresista específico. La matemática del soborno era perfecta.
Quinto engranaje: la evidencia que no miente. El 15 de diciembre de 2023, a las 8:42 de la mañana, Olmedo López conectó por videollamada a Sneyder Pinilla desde el despacho del ministro de Hacienda, para ponerlo al tanto de las instrucciones. Bonilla estaba presente. María Alejandra Benavides, su asesora, confirmó al concluir la llamada que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a dos representantes a la Cámara. La conversación fue registrada por WhatsApp. El celular de Benavides —hoy colaboradora de la justicia— es la prueba reina del proceso.
LOS ACTORES Y SUS ROLES — EL CASTING DEL ESCÁNDALO
Hagamos la radiografía de los protagonistas, sin eufemismos, porque los nombres importan y porque la amnesia institucional de este país los borra con la velocidad de un ciclo electoral.
Wadith Alberto Manzur Imbett. Abogado, oriundo de Sahagún, Córdoba. Conservador de vieja estirpe que supo montarse en la coalición petrista cuando las circunstancias lo ameritaron. Representante a la Cámara desde 2018, dio el salto al Senado en 2026 con 134.914 votos —el séptimo más votado del país, el tercero de su partido. Su nombre aparece en las confesiones de López como vocero del grupo de congresistas que condicionaron su respaldo legislativo a la asignación de contratos para Córdoba. El proyecto: obras en Cotorra. El precio: apoyo a la ampliación del cupo de endeudamiento. La Corte lo envió a la cárcel el mismo miércoles en que debía celebrar su reelección.
Karen Astrith Manrique Olarte. Representante por la curul de paz de Arauca. Reelegida con 5.640 votos. Señalada por López como el primer enlace entre el Gobierno y el Congreso para el direccionamiento de contratos. Habría gestionado obras en Saravena por más de $90.000 millones de pesos. Durante su indagatoria ante la Corte, guardó silencio. Su defensa sostiene que los contratos nunca se ejecutaron. La Corte no encontró eso suficientemente tranquilizador.
La fórmula: 20-20-20-10-10-10. Según revelaciones de la Semana, ese sería el esquema de distribución porcentual de los contratos entre los congresistas beneficiados. Una licitación pública nunca tuvo esa elegancia matemática.
Y los que siguen en libertad. Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, todos acusados de cohecho impropio, continúan el proceso sin medida de aseguramiento. Aun así, la Corte los llamó a juicio. El proceso apenas empieza.
EL IMPACTO REAL — LO QUE NO SE COMPRÓ CON ESE DINERO
Hablemos de lo tangible. De lo concreto. De lo que duele cuando se pone en perspectiva.
Los $46.800 millones pagados por cuarenta carrotanques que nunca llevaron una gota de agua a La Guajira habrían alcanzado para construir varios hospitales de primer nivel en el departamento con mayor mortalidad infantil de Colombia. Los $92.000 millones comprometidos en los tres contratos de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar habrían podido financiar años de programas de alimentación escolar para decenas de miles de niños en esas mismas regiones. Y los $612.000 millones que la Fiscalía estima como el volumen total del esquema equivalen, aproximadamente, al presupuesto anual de salud de varios departamentos del Caribe colombiano.
Cada peso destinado a comprar un voto en el Congreso fue un peso que no llegó a quien lo necesitaba. Eso no es un análisis abstracto. Eso es un niño Wayú sin agua. Un campesino en Arauca sin vías. Una familia en Bolívar sin el proyecto que les prometieron y que nunca fue para ellos.
Y hay otro costo que los titulares no cuantifican: el costo de la confianza perdida. Manzur fue reelegido con 134.914 votos. Ciento treinta y cuatro mil novecientas catorce personas que marcaron su tarjeta creyendo en él. Esa fe, esa expresión de soberanía popular, quedó suspendida por una medida de aseguramiento cuatro días después. Y según la Constitución, ningún suplente puede reemplazarlos mientras estén presos. Las sillas, simplemente, quedan vacías. Los ciudadanos que los eligieron, sin representación directa.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE — LA LÓGICA INVISIBLE DEL PODER
¿Por qué ocurre esto? La respuesta fácil es: por la codicia de unos cuantos. La respuesta real es más incómoda: porque el sistema está diseñado para que pueda ocurrir.
La UNGRD tiene una característica que la hacía perfecta para ser instrumentalizada: por su naturaleza de respuesta a emergencias, puede contratar sin licitación pública, sin publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, sin los controles ordinarios que —imperfectos como son— al menos ralentizan el saqueo. La urgencia fue el velo detrás del cual operó el entramado durante meses.
Lo que el politólogo James Buchanan llamaría el Estado Profundo —esa red de intereses enquistados en las instituciones que sobrevive a los gobiernos y disciplina o neutraliza a quienes intentan cambiar las reglas— opera aquí de manera inversa: no para resistir el cambio progresista, sino para colonizar las mismas instituciones que deberían garantizarlo. El escándalo de la UNGRD no es petrista ni uribista. Es colombiano. Es el Ciclo Secreto que se recicla con cada administración porque las estructuras que lo permiten nunca se reforman.
Y está la resignación ciudadana. Ciento treinta y cuatro mil votos para un congresista cuyo nombre ya aparecía en investigaciones judiciales. Cinco mil seiscientos cuarenta votos para una representante que guardaba silencio ante la Corte. El eslabón más débil de la cadena no siempre es el funcionario corrupto: a veces es el electorado que, harto de un sistema que percibe como imposible de cambiar, vota por quien conoce aunque ya sepa lo que hay.
El 11 de marzo de 2026, Colombia tuvo la poco envidiable distinción de enviar a la cárcel a dos congresistas recién reelectos, en una sesión extraordinaria de la Corte Suprema que transcurrió mientras el país todavía contaba los votos de la jornada del domingo.
La pregunta no es si Manzur y Manrique son culpables o inocentes. Eso lo decidirá el juicio. La pregunta es por qué un sistema que lleva años documentando este tipo de entramados tarda tanto en actuar; por qué los partidos que sabían de las investigaciones los incluyeron en sus listas; y por qué, en año electoral, la ciudadanía no tuvo acceso a esa información de manera oportuna, clara y sin filtros políticos.
Porque el escándalo de la UNGRD no terminará con las capturas del 11 de marzo. Quedan otros 28 congresistas bajo la lupa de la Fiscalía por un esquema similar en el Invías. Queda una red de contratistas, asesores y intermediarios que construyeron el andamiaje. Queda la pregunta sobre hasta dónde llegó el conocimiento en Casa de Nariño.
Y queda, sobre todo, la imagen de cuarenta carrotanques parqueados en la arena de La Guajira, con las llantas hundidas, mientras los niños Wayú esperaban el agua que nunca llegó.
La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona. Y lo que vemos aquí, bajo cada capa, es siempre lo mismo: el Estado convertido en botín. Y una ciudadanía que tiene el derecho, y la obligación, de saberlo.
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