Uribia, zona declarada de riesgo electoral extremo, protagonizó el salto más inaudito de estas legislativas: multiplicó por 100 su votación indígena en cuatro años. La beneficiaria: Martha Peralta, quien tiene chats con el exdirector de la UNGRD, aparece en videos celebrando contratos cuestionados y niega —con énfasis— cualquier participación en el escándalo más grave del gobierno Petro.
En 2022, el candidato más votado en la circunscripción indígena en Uribia, La Guajira, obtuvo 111 votos. Ciento once. Los que caben en una sala de clases de bachillerato. En marzo de 2026, esa misma circunscripción, en ese mismo municipio — clasificado por la Misión de Observación Electoral como zona de riesgo electoral extremo — registró 11.159 votos para Martha Peralta Epieyú, senadora del MAIS y figura del Pacto Histórico. Eso no es crecimiento orgánico. Eso es un milagro. O es otra cosa.
Colombia eligió Congreso el 8 de marzo de 2026 y, entre todos los resultados llamativos de esa jornada, pocos superan en opacidad y urgencia de escrutinio el de la circunscripción indígena al Senado en el departamento de La Guajira. Una candidata que debuta en esa circunscripción especial. Un departamento donde estalló el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. Unos números que ningún analista serio puede explicar con los patrones históricos de participación. Y una pregunta que, inexplicablemente, aún no tiene respuesta oficial: ¿qué pasó en Uribia?
EL MECANISMO EXPUESTO — LOS NÚMEROS QUE NO CUADRAN
Empecemos con los datos, que son más contundentes que cualquier discurso. En las elecciones legislativas de 2022, alrededor de 4.000 personas votaron en toda La Guajira por la circunscripción indígena al Senado. Cuatro mil. En 2026, esa cifra ascendió a 49.949 votos válidos. Un crecimiento de más de doce veces en cuatro años, en un departamento que no tuvo ningún evento demográfico extraordinario que lo justifique.
De esos 49.949 votos, 33.914 fueron para Martha Peralta: el 67,9% del total de la circunscripción indígena en el departamento. Y eso ya sería inusual. Pero el caso más revelador no es el agregado departamental, sino Uribia, el municipio con mayor concentración de población wayuu en Colombia. Allí, el salto es de 111 a 11.159 sufragios: un incremento de más de 100 veces. Para quienes prefieren las comparaciones tangibles: es como si un equipo de fútbol que normalmente patea tres veces al arco en un partido, de repente tuviera 300 tiros en el mismo encuentro. Sin cambiar de entrenador, sin contratar nuevos jugadores, sin ninguna explicación técnica.
El patrón no se queda en Uribia. En Albania, otro municipio de La Guajira, Aida Quilcué — candidata con trayectoria de décadas en el movimiento indígena — obtuvo apenas nueve votos en 2022. Nueve. En 2026, Martha Peralta concentró el 93% de la votación indígena en ese municipio: 5.064 de 5.428 sufragios válidos en esa categoría. En Barrancas, zona también catalogada por la MOE con riesgo extremo, Peralta se llevó cerca del 65% de los votos de la circunscripción.
Para el analista Carlos Arias, resulta llamativo que un municipio con serias dificultades de acceso vial y logístico registre niveles tan altos de votación. Pero hay otra cifra que aporta contexto: en la consulta anticorrupción de 2018, Uribia registró una abstención de más del 95%. En las elecciones más recientes, esa abstención cayó al 64%. Que la ciudadanía se movilice es, en principio, una buena noticia. Que lo haga de forma tan selectiva y concentrada en una sola candidata salpicada de escándalos, en zonas de riesgo electoral extremo, es una noticia de otro tipo.
LOS ACTORES Y SUS ROLES — LA UNGRD, LOS CHATS Y LOS CARROTANQUES PARQUEADOS
Que Martha Peralta llegue al Senado por la circunscripción indígena no es, en sí mismo, un hecho reprochable. Es wayuu. Tiene derecho a representar a su pueblo. Lo que sí merece escrutinio riguroso es el contexto en que ocurre ese resultado electoral, y el rastro documental que la vincula — sin condena formal hasta la fecha, conviene aclararlo — con el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro.
El caso de la UNGRD es conocido: el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla — ya condenado — orquestaron un entramado en el que los recursos de la entidad para atender emergencias humanitarias fueron utilizados para financiar apoyos políticos a reformas del gobierno Petro. En ese entramado, los carrotanques para La Guajira — vehículos contratados por $46.800 millones de pesos para llevar agua potable a comunidades sin acceso — terminaron parqueados e inútiles, con un sobrecosto de $7.700 millones de pesos que, según las investigaciones, habría sido desviado como soborno.
Martha Peralta aparece en videos públicos celebrando esos mismos carrotanques, junto a Sneyder Pinilla. Aparece en videos agradeciendo a Olmedo López por los jagüeyes construidos en La Guajira — jagüeyes sobre los que, según la representante Catherine Juvinao, habría irregularidades en 16 contratos para gestionar 1.626 obras en cinco municipios guajiros, todos ellos con aliados políticos de Peralta. Aparece en chats con López solicitando priorización de contratos y obras en municipios clave para su consolidación política. En uno de esos mensajes, fechado en octubre de 2023, escribió: «Hola, Doc. Estoy preocupada por Riohacha, nada ha avanzado«.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, la señaló como una de las articuladoras del «carrusel» en el Congreso para direccionar votos a favor de la reforma pensional. Olmedo López declaró ante la Fiscalía que desde septiembre de 2023 Peralta le trasladó peticiones para priorizar municipios en los que consolidaba su apoyo electoral. Mencionó un contrato con los hermanos Cala — presuntamente recomendados por la senadora — por $2.125 millones de pesos. Incluso señaló que Peralta habría pedido contratar a Carmen Domitila Iguarán Suárez en la UNGRD, funcionaria que luego apareció en la matriz de colaboración de la Fiscalía.
¿Y la defensa de Peralta? La senadora ha negado categóricamente cualquier vínculo con el esquema corrupto. Citó el testimonio del propio Sneyder Pinilla, quien ante la magistrada Cristina Lombana respondió que Peralta «no tuvo ninguna injerencia» en los carrotanques. También denunció que es víctima de persecución política. «Yo no voy a permitir que callen mi voz ni la de mi pueblo«, dijo. Son descargos que merecen ser consignados con la misma rigurosidad que los señalamientos. Lo que no se puede hacer, periodísticamente, es ignorar el peso acumulado de chats, videos, testimonios y vínculos contractuales que rodean su figura. Ese es el material que las autoridades competentes deben investigar. Y el que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
EL IMPACTO REAL — EL AGUA QUE NUNCA LLEGÓ Y LOS VOTOS QUE SÍ LLEGARON
Para entender por qué importa este escándalo más allá del juego de cifras electorales, hay que poner nombres y condiciones al costo humano de lo que ocurrió en La Guajira. Los carrotanques contratados por la UNGRD debían llevar agua potable a comunidades wayuu en zonas de alta sequía. En un departamento donde la mortalidad infantil por desnutrición y deshidratación ha sido una emergencia humanitaria documentada durante décadas. Esos vehículos — $46.800 millones de pesos del erario — terminaron parqueados mientras las comunidades seguían sin acceso al agua.
No es abstracto. Cada peso desviado de esos contratos es agua que no llegó a una ranchería. Es un niño wayuu que siguió bebiendo agua contaminada mientras los responsables negociaban reformas pensionales en Bogotá. Es la brecha obscena entre el discurso del «gobierno del cambio» y la mecánica del poder real: la misma de siempre, con otras siglas en las camisetas.
Y mientras eso ocurría, la empresa MC&I Americas SAS — cuyo representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera, concuñado de Peralta — registró un incremento notable en sus ingresos desde el inicio del gobierno actual, según investigaciones publicadas por El Colombiano. No es un delito tener un pariente empresario. Pero sí es información relevante en el contexto de una investigación por corrupción en contratos públicos.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE — EL ESTADO PROFUNDO TAMBIÉN SE DISFRAZA DE RESISTENCIA
El caso Peralta no es un fenómeno aislado. Es la expresión más nítida de lo que en ciencia política se describe como «captura institucional en contextos de vulnerabilidad territorial«: cuando los recursos del Estado que deberían atender emergencias humanitarias se convierten en herramientas de construcción de maquinaria política. Y lo más perverso del mecanismo es que funciona especialmente bien en comunidades históricamente abandonadas, donde el Estado solo aparece en forma de proyectos clientelistas y las organizaciones independientes tienen poca capacidad de auditoría.
La MOE advirtió sobre el riesgo extremo en Uribia y Barrancas antes de las elecciones. Incluyó factores como presencia de actores armados, posibilidad de fraude y compra de votos. No es paranoia institucional: es el reconocimiento de que en zonas con esas características, las cifras deben ser objeto de verificación reforzada. La pregunta es si la Registraduría activó esos mecanismos de verificación, y si los resultados del preconteo serán objeto de una auditoría rigurosa antes de la declaratoria definitiva.
Aquí aplica con claridad el concepto de Estado Profundo: no es una conspiración de sala oscura, es una red de intereses — contratos, aliados locales, líderes cooptados, instituciones debilitadas — que sobrevive a cualquier cambio de gobierno porque no opera en los titulares, sino en las mesas de contratación, en las licitaciones, en las nóminas de las entidades. El escándalo de la UNGRD reveló que esa red opera también dentro del propio gobierno que prometió desarticularla. Lo que los datos electorales de La Guajira sugieren es que esa red supo convertir los recursos de emergencia humanitaria en votos. Con o sin participación directa de Peralta — eso lo determinará la justicia — el patrón es el mismo de siempre: el Estado llega tarde al agua potable, pero llega rápido al tarjetón.
Martha Peralta llega al Senado con 61.098 votos. La Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones. La Registraduría tiene en su poder datos que no cuadran con ninguna tendencia histórica de participación. Y las comunidades wayuu de Uribia siguen sin agua potable suficiente.
La pregunta no es si Martha Peralta es culpable. Eso lo decide un juez, no un periodista. La pregunta es si Colombia va a investigar por qué un municipio de riesgo electoral extremo multiplicó su participación por 100 en cuatro años, o si vamos a seguir celebrando la democracia mientras la votan en nombre de los que nunca fueron al tarjetón.
Porque si no lo investigamos, si no exigimos que los números sean auditados y que la justicia avance con la misma velocidad con la que los votos aparecen, estaremos siendo cómplices del mismo sistema que denunciamos. Y eso, ciudadano, también es corrupción. La corrupción del silencio. La corrupción de la normalización.
Entra a corrupcionaldia.com y no permitas que los números imposibles se conviertan en historia oficial.
