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El procurador Fernando Carrillo denunció que en conjunto con la Contraloría General de la Nación descubrieron entrega de contratos a financiadores de campañas como retribución por sus apoyos económicos a los candidatos, en el marco de la emergencia decretada por el Covid-19.

El procurador Carrillo dijo que se analizaron 117 contratos en medio de la pandemia por más de 12.500 millones de pesos que fueron entregados a 117 financiadores de campaña.

En este análisis, en el que también participó activamente la Contraloría, descubrieron que esos financiadores de campaña, que en su momento llegaron a aportar 47.000 millones de pesos, “recibieron por lo menos 10 veces lo que aportaron”.

Según el Procurador, los contratos se suscribieron por entidades territoriales de los departamentos de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá entre marzo y junio de 2020 y representan el 2% de la contratación para atender la emergencia por la pandemia.

“Vamos a meterle la lupa al financiamiento de las campañas”, ya que también descubrieron “147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones”, dijo.

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Ese organismo disciplinario adelanta además 813 procesos, 82 corresponden a 27 gobernaciones, de esos procesos, 66 están en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y tres funcionarios de la gobernación de Quindío.

Además, están suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

Por su parte, el órgano de control lleva 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 están en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá.

Y ya se dio el primer fallo disciplinario contra un funcionario, la Procuraduría suspendió e inhabilitó por cuatro meses al subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, por irregularidades en el pago de servicios de alimentación a la empresa ‘Guitarra & Coffee’. Se cuestionó, en ese caso, un pago de 538 almuerzos por valor de $8.177.600 por servicios prestados los días 1 y 2 de abril, sin que hubiera un contrato para ello.
Así mismo, se adelantan 138 actuaciones disciplinarias contra 108 entidades. De estas, hay 63 procesos contra 63 Empresas Sociales del Estado (ESE), 25 contra entidades del orden nacional, 18  a entidades territoriales, 17 contra concejos municipales, 9 a establecimientos penitenciarios, 4 contra personerías, uno contra una comisaría y otro la Asamblea Departamental de Arauca.

Nuevas investigaciones 

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió por tres meses al alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, y al personero Mefi Boset Gómez por irregularidades en el traslado de migrantes venezolanos.

También se abrió investigación contra el alcalde de Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo, y otros funcionarios por sobrecostos en la adquisición de mercados para población vulnerable.

La Procuraduria también investiga a la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez Pérez, al secretario de Gobierno del municipio de Galapa, Atlántico, Marco Tulio Rojas Ayala, y al concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz Sarmiento.

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