La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a 5 años y 3 meses de cárcel contra el exjefe de prensa de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velásquez y de su exsecretario jurídico, Edmundo del Castillo por su responsabilidad en el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS.
Los conjueces de la Sala dejaron así en firme el fallo emitido el 8 de septiembre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, en el que condenó a ambos como partícipes en los seguimientos ilegales realizados durante el gobierno del expresidente Uribe, por el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El fallo fue tomado por conjueces, pues los magistrados titulares consideraron que, por tratarse de un caso en el que la misma Corte Suprema era víctima, no podían conocer la casación de la condena en segunda instancia.
En el fallo se lee que, entre 2007 y 2008, varios funcionarios de alto rango del gobierno del expresidente Álvaro Uribe concertaron acciones con otros empleados de menor nivel, especialmente aquellos adscritos al DAS y a la Uiaf (Unidad de Análisis e Información Financiera). “El objetivo era perseguir y desacreditar a los opositores del Gobierno, centrándose en la Corte Suprema de Justicia debido a sus investigaciones sobre políticos vinculados paramilitarismo, así como en algunos de sus magistrados auxiliares y en Yidis Medina, quien alertó sobre las coimas recibidas para votar a favor de la reelección presidencial”, se lee en la decisión.
La sentencia describe que el exsecretario de Presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, recientemente condenado por el mismo caso, “formuló varias exigencias a los servidores del DAS, en particular las labores de inteligencia sobre la Corte Suprema de Justicia“.
También reitera, como ya lo había determinado el Tribunal Superior de Bogotá, que el DAS montó un plan para desprestigiar a Yidis Medina, protagonista del escándalo de la compra de votos para eliminar la prohibición de la reelección presidencial y que terminó aceptando cargos y señalando a altos funcionarios del gobierno Uribe.
Del Castillo
Sobre Edmundo del Castillo, quien fue secretario jurídico del Palacio de Nariño, la decisión señala que fue partícipe del plan para desprestigiar a magistrados de la Corte y que incluso llevó en su carro a un falso testigo con el que se pretendía enlodar a Yidis Medina una vez decidió romper su silencio.
“Respecto al procesado se detallan actuaciones concretas que incluyen la recepción de información reservada y privilegiada, así como su participación en actividades encubiertas de filtración de dicha información e intermediación de una fuente humana“, detalla la sentencia.
Velásquez
Sobre César Mauricio Velásquez, quien fue jefe de Prensa de Palacio, dice la decisión que “de acuerdo con lo expuesto por los funcionarios del DAS involucrados, “había una clara presión por parte del alto Gobierno para que se recopilara información destinada a desacreditar a la Corte“. Y agrega que Velásquez fue uno de los destinatarios de esa información.
En su momento, la Fiscalía General de la Nación acusó a Castillo y Velásquez de usar durante el Gobierno Uribe al DAS para intentar desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes en ese entonces investigaban los nexos de varios congresistas uribistas con los paramilitares.
Desde que estalló el escándalo, hace ya más de 15 años, Velásquez y Del Castillo han sostenido su inocencia y la legalidad de sus acciones, que, afirman, nunca estuvieron enmarcadas en un supuesto plan para enlodar a la Corte Suprema o a la testigo Yidis Medina.
La Corte desechó esos argumentos y también el de una supuesta prescripción (vencimiento) del caso.
Así, consideró que “dentro del máximo círculo de la Presidencia de la República” existió “una relación final que ató todas las actividades ejecutadas por el DAS ejecutadas contra la institución o personas mencionadas“. Y señalan los magistrados que “la finalidad no era otra que afectar y deslegitimar a quienes, como la Corte y su investigación conocida como parapolítica, que afectaba a políticos y familiares cercanos al Presidente de la República de la época, se consideraban opositores del Gobierno”.
Uribe, incólume
Sobre el testimonio del expresidente Álvaro Uribe en favor de César Mauricio Velásquez, de quien dijo que por su función como secretario de Prensa podía solicitar información a diversas dependencias oficiales en cumplimiento de sus funciones, la Corte consideró que “tiene poco peso respecto a lo que ha sido demostrado“. Y concluye: “Esto se debe no solo a que la declaración proviene de quien presumiblemente se benefició de las acciones ilegales, sino también a que esa función legítima se desvió hacia comportamientos manifiestamente ilícitos“.
Esta ratificación de la pena se da justo luego de conocerse la presunta compra por parte del gobierno de Iván Duque (ungido por Álvaro Uribe), del software espía Pegasus. En concreto los dos casos, muestran una sospechosa coincidencia de la intención desde el Gobierno central de perseguir a sus contradictores.
Ahora, el asunto es que a pesar de los no menos de 10 altos funcionarios de los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, condenados por conductas corruptas y delictivas, al expresidente no se le ha logrado vincular a ninguno de los casos y sigue saliendo incólume, pues ninguno de los afectados ha declarado haber recibido órdenes directas del exmandatario.
