La salud en Colombia se tambalea nuevamente, esta vez bajo la sombra de la Nueva EPS. Con más de 11 millones de afiliados, la mayor EPS del país se enfrenta a acusaciones de negligencia y mala gestión que evidencian una posible red de corrupción. Mientras los colombianos claman por medicamentos y servicios médicos, la Nueva EPS deja sin reclamar recursos por más de $300.000 millones, prolongando una crisis que parece diseñada para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos.
Cinco meses de inacción y $300.000 millones en el limbo
Desde mayo hasta septiembre, la Nueva EPS no presentó facturas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Este descuido no es un simple error administrativo; es un crimen contra sus afiliados y los proveedores de salud que dependen de estos recursos para operar. Lo más indignante es que esta omisión ocurre mientras la Superintendencia Nacional de Salud mantiene una intervención sobre la EPS, lo que debería garantizar un control más estricto.
De no gestionarse estos recursos antes del 31 de diciembre, los $300.000 millones deberán devolverse al Ministerio de Hacienda. Esto no solo refleja la incompetencia de la Nueva EPS, sino también un desprecio absoluto por la salud de millones de colombianos. ¿Negligencia o un plan bien orquestado para permitir el colapso de un sistema que beneficia solo a unos cuantos?
Proveedores y usuarios: las verdaderas víctimas
Las consecuencias de esta negligencia se sienten en todos los niveles del sistema de salud. Las droguerías, clínicas, hospitales y laboratorios que trabajan con la Nueva EPS están al borde del colapso financiero debido a los retrasos en los pagos. Esto se traduce en la falta de medicamentos, órdenes médicas y cirugías para millones de colombianos. Mientras tanto, la EPS se excusa con problemas administrativos y “dudas” sobre el proceso, dejando a sus afiliados atrapados en un limbo.
El interventor y su papel en la debacle
Giovanny Rubiano García, director de la Supersalud, destituyó recientemente a Julio Alberto Rincón, interventor de la Nueva EPS, por incumplimientos reiterados en la presentación de estados financieros y la transparencia en el manejo de recursos. En su reemplazo nombró a Bernardo Armando Camacho Rodríguez. ¿Cómo es posible que bajo intervención se permita tal nivel de desorden? La respuesta parece ser la misma de siempre: falta de compromiso y, probablemente, corrupción.
Indicadores de gestión: un fracaso monumental
Los resultados de la Nueva EPS bajo el sistema de medidas especiales Fénix son vergonzosos. Hasta julio de 2024, la entidad solo cumplió con el 33% de los indicadores establecidos. Este desempeño pone en evidencia que la intervención no solo ha sido ineficaz, sino que podría estar contribuyendo al deterioro de la entidad.
Además, las reclamaciones por deficiencias en el servicio aumentaron un 12,88% en el régimen subsidiado y un 26,53% en el contributivo. Las cifras son un grito de desesperación de los usuarios, quienes ven en esta EPS un monumento a la ineficiencia y la desidia.
La negativa de Rincón a entregar los estados financieros de la Nueva EPS durante 2024, a pesar de los requerimientos tanto del Congreso como de la misma Superintendencia, señala una actitud de opacidad que resulta inaceptable en una entidad que maneja recursos públicos y que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud. Esta situación llevó a que la Procuradora General de la Nación anunciara estricta vigilancia a las intervenciones.
Conclusión: negligencia como herramienta de corrupción
El caso de la Nueva EPS no es solo un reflejo de mala administración; es un espejo de la corrupción que permea el sistema de salud colombiano. La falta de gestión y transparencia no son accidentes, sino herramientas que facilitan el saqueo de recursos públicos. Mientras los responsables se escudan en excusas, millones de colombianos pagan con su salud y sus vidas.
La pregunta es inevitable: ¿quién supervisa a los supervisores? Hasta que no haya consecuencias reales para los que orquestan este desangre, el sistema de salud seguirá siendo un negocio para los corruptos y una tragedia para el país.
