Por: Héctor Tordesilla
En la Universidad Autónoma del Caribe no ha cesado la horrible noche, tal como reza un verso del himno nacional. Por el contrario, las sombras se acentúan en tono dramático con retiros, paros, media marcha en las labores, renuncias y toda una incertidumbre sobre el futuro de uno de los más prestigiosos e importantes centros de educación superior del Caribe colombiano.
La última. Tras la cobertura casi absoluta de la familia de Ramsés Vargas de diversas posiciones en la directiva de la Universidad, y ante los reparos generales que produce en la comunidad universitaria su presencia tras la salida del rector, lentamente, a gotas, han ido cayendo cada uno de sus integrantes, quienes escriben, para tan solemne ocasión de despedida, largas y emotivas cartas en donde aprovechan, como se dice en la costa, “para sacarse el clavo” señalando traiciones y formulando denuncias a sus antiguos aliados.
Es el caso de la sesión de la sala general del 9 de abril de 2018, que tal y como estaba pronosticado, salió de la Sala General la señora madre de Ramsés Vargas, ex rector, Sonia Lamadrid. Todavía es la hora en que nadie sabe a ciencia cierta que meritos tenía –aparte de engendrar su vástago- para ocupar una posición de ese talante en una academia. Pues bien la señora Lamadrid presentó una carta de “renuncia” que tiene exactamente el mismo tono y estilo de redacción de la que presentó Ramsés en su renuncia, tirando pullas, enunciando que la universidad estaba en un proceso inmejorable de reconstrucción y que una horda de mediocres echaron al piso tan noble desempeño.
Eso es una negación de la realidad. Dice la señora que “ojala no le desaparezcan la carta de los archivos” y pasa enseguida a una especie de encendida defensa de su hijo digna de una antología maternal sobre el hijo caído: “Como no evocar al que fuera hasta hace pocas semanas rector, quien con valentía, audacia, inteligencia y jornadas laborales interminables logró no solamente posicionar la universidad en espacios antes impensables, sino que la pericia de su gestión la combinó con un tono de elegancia y generosidad con los funcionarios de la universidad que permitió la promoción, el sustento económico y la defensa judicial de muchos, varios de ellos sentados en esa Sala”.
Pasemos, de tan lindo ditirambo, a lo importante de la comunicación de la señora Lamadrid, ex integrante de la Sala General de la Universidad Autónoma: “Funcionarios y contratistas de cuarta categoría que ya habrán de estar repartiendo hojas de vida, porque eso sí, den por descontado que hace meses trabajamos activamente para que no haya un senador o representante de las Comisiones Sextas de Senado y Cámara que no conozca de su mediocridad. Y ni que decir de la ministra de las vías de hecho, esa proclive a firmar resoluciones ilegales e inconstitucionales, quien a esta hora hará cuentas alegres con la improbable elección del candidato que representa el clientelismo y la incompetencia de este gobierno; no señora ministra, no les va alcanzar, a usted no la van a ratificar, usted es un problema para cualquier gobierno, más allá de su reconocida impericia, no va querer exponerse usted al escarnio de reconocer públicamente al país que tres consanguíneos suyos son contratistas y se han beneficiado de los recursos de la Universidad Autónoma del Caribe que hoy usted investiga. Ya nos ocuparemos de esto el ocho de Agosto”.
Lo que dice allí hay que descifrarlo. Por partes. Habla de las comisiones Sextas de Senado y Cámara lo que parece un elegante despiste para no mostrar los verdaderos padrinos políticos de su hijo que se encuentran en otras comisiones, los mismos que impusieron a la Ministra Giha, en consulta con la presidencia de la Republica y les dejaron usufructuar el centro de estudios superiores como si se tratase de un botín a repartir a cambio de favores legislativos.
Por ello el Ministerio fue tan displicente a la hora de escudriñar las denuncias que le formulaban desde diversos sectores sobre las irregularidades en la Universidad Autónoma del Caribe ante los cuales respondía, tras el envió de una comisión, que todo se encontraba en perfecto orden y que nada había que temer. Hasta que la cosa pasó de castaño a oscuro y ante la falta de pagos y el deterioro general de la universidad en todas sus áreas se vio obligada la ministra a tomar correctivos ante una bomba de tiempo que venía en ignición con el consabido disgusto del rector Vargas quién se sintió traicionado por sus padrinos ante los cuales había servido y ahora le pagaban con esta humillación pública de investigado por “malos manejos”.
Por eso en la carta de renuncia de la señora Lamadrid lleva a la Ministra Giha a la suspicacia sobre sus actuaciones ministeriales –reconociendo de paso que su hijo la subvencionaba de alguna manera- con el propósito de llevarla al “escarnio” público con el vengativo objetivo buscado de acusarla de tener “tres “consanguíneos suyos contratistas de la Universidad Autónoma del Caribe”. En otras palabras, la señora Lamadrid acusa de Cohecho a la señora Ministra Giha –y a su hijo, de paso- si nos atenemos a los artículos 141, 142 y 143 del Código Penal:
Art. 141. – Cohecho propio. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 22. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) o ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
Art. 142. – Cohecho Impropio. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 23. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término.
Art. 143. – Cohecho por dar u Ofrecer. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que de u ofrezca dinero o otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término.
En medio de la rabieta de la señora Lamadrid, acusó de Cohecho a la Ministra de Educación Janet Giha y a su propio hijo por Cohecho por dar u ofrecer. Increíble cuando las personas se dejan llevar de la ira y la sed de venganza. Ahora veamos un ejemplo de los consanguíneos de la Ministra, que según la señora Sonia Lamadrid han sostenido contratos con la Universidad Autónoma del Caribe. Según un informativo del centro de estudios titulado “Las quejas no son compatibles con la felicidad” aparece la foto de Shirley Giha, rodeada de estudiantes en la Casa Club, con lleno total. Dice el primer párrafo de la noticia: “La coach barranquillera Shirley Giha visitó las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe para compartir su charla “Lunes para ser feliz”, cuyo tema central estuvo enfocado en cómo superar las adversidades y trabajar con pasión. Fue un encuentro lúdico y reflexivo en el que participó Ramsés Vargas Lamadrid, rector de la universidad, juntos con diferentes integrantes de la comunidad académica”.
Hasta este momento la Ministra de Educación no ha dicho nada sobre las graves acusaciones de la señora Sonia Lamadrid. Ni Ramsés, su hijo, el otro implicado en el cohecho denunciado en el escrito, nada. Pero las acusaciones vienen a acumularse a todo el terrible proceso de insolvencia financiera de la universidad que la tiene en grave situación de estabilidad y que según fuentes que pidieron reserva de la información, se encuentra ad portas de una intervención definitiva del Ministerio de Educación en donde se borraran, mientras este hecho jurídico se adelante con todas sus consecuencias, las actuales instancias administrativas de la universidad.
Esas mismas fuentes que pidieron reserva manifestaron que los padrinos políticos que se quedaron con la universidad, fueron advertidos de este hecho y de la necesidad urgente del Ministerio de encontrar un rector especialista en crisis universitarias ante los cuales respondieron, según estas mismas fuentes, postulando el nombre de Ana Sofía Meza, ex Rectora de la Universidad del Atlántico, vieja conocida de ellos y con una fama inmerecida –como muchas cosas en Barranquilla- de eficiente y pulcra. Los estudiantes y profesores de esa universidad que conocen los vericuetos de su historia podrán ilustrar sobre esas supuestas bondades de salvadora apaga fuegos. No se conoce la posición de la señora Meza al respecto, pero sin dudas la ocupación en intervención de la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe mejoraría sustancialmente su pensión de jubilación dado el monto de $90 millones que pagan en esa universidad por el alto cargo y que constituyen una oferta nada desdeñable.
Lo cierto, lo esencial de este proceso, es que el Ministerio de Educación cada vez parece más enredado y participe en la debacle de este centro de estudios superiores con toda la responsabilidad administrativa que ello significa.
espero me escriban muy pronto y me puedan dar respuesta a mi denuncia o algo,estamos muy confundido en puerto tejada cauca,debió a que los entes departamentales solo saben defender al corrupto y uno se desgasta haciendo denuncias,aportando pruebas y no pasa nada