Varios días lleva el presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Bruce MacMaster, advirtiendo al Gobierno Nacional sobre el presunto colapso que se puede estar presentando en el sistema de salud, de no adoptar lo que llamó un “Plan de Estabilización Financiera” para el sector salud y así evitar que la atención a pacientes se vea afectada.
Entre otras cosas, el gurú MacMaster, tomándose la vocería y defensa de las EPS, afirmó la también que en este momento son $6,8 billones de pesos que requieren de forma inmediata las EPS para seguir funcionando y que además para el 2024, la Unidad por Capitación (UPC) se les reajuste en un 25%, por una única vez.
Ya con anterioridad, el pasado 12 de septiembre, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, publicó un twit en el que se leía: “Las reservas técnicas de EPS ascienden a los 21 billones. 7,3 billones corresponden a facturas liquidadas. Las EPS que cumplen los requisitos, tienen el respaldo financiero. Son aseguradoras”.
De esta manera buscaba arremeter contra el Gobierno de Gustavo Petro, afirmando que es el actual Gobierno el causante de la crisis financiera que supuestamente padecen algunas EPS, debido a la falta de pago. Y que por el contrario, las EPS, sí cumplían a cabalidad con la normatividad que les exige a estas entidades contar con unas reservas técnicas para garantizar la prestación del servicio de salud a sus afiliados.
Sin embargo, casi de inmediato le salió al paso el experto en temas financieros del sistema, Vicente Calvo, quien le respondió: “Me dejó preocupado ya que dice que son 21 billones y no 13 las reservas técnicas aprovisionadas, si ella tiene datos deben ser mejor que los oficiales que entregan las EPS, pero si tienen 21 que indican que están resguardados y solo aparecen 5 quiere decir que no faltan 8 sino 16, la vaina se pone más grave aún”.
Vicente Calvo
La norma señala que las EPS deben estimar el valor de los servicios, medicamentos e incapacidades que van a demandar sus afiliados para constituir una reserva técnica que debe estar respalda en activos líquidos y seguros, de manera que una vez se materialice la demanda de estos servicios, el asegurador tenga los recursos para responder una vez se le realice el cobro por parte del proveedor, de manera que la reserva técnica no incluye únicamente prestadores de servicios de salud sino también proveedores de medicamentos u otros proveedores asociados a la cobertura en salud, tanto del PBS como de los presupuestos máximos.
Y, resulta que de acuerdo con los estados financieros reportados por la Superintendencia Nacional de Salud con corte al 2022, estas entidades constituyeron reservas técnicas por $14.4 billones. ¿De dónde entonces saca la senadora Valencia dicha cifra?
Calvo también le respondió a MacMaster, diciendo que “Lo extraño es que cuando se consolidan los estados financieros de las EPS, las cuentas por cobrar totales suman 10 billones, y de ellas 7 billones son anticipos y deudores varios, donde están registrados esos 12 billones adicionales por cobrar que dice el señor que le debe el Estado, o serán solo para la entrevista? De los 11.4 billones evidenciado hasta ahora como faltantes en reservas técnicas no dice nada. Por cierto, cierra pidiendo 6 billones más, adicionales a los que cobraron esta semana. Hay un saqueo adicional en marcha”.
En sus reflexiones, Calvo señala que, tras el desfalco encontrado en la EPS Saludcoop y el creciente aumento de tutelas y quejas por el deterioro de la atención de los afiliados, desde el año 2014, el sistema de salud permitió respaldar activos de las aseguradoras con intangibles por más de $1 billón de pesos, lo cual lo convierte en uno totalmente inviable.
Además, destaca la gravedad de que esta “genialidad” haya surgido de la propia Superintendencia Nacional de Salud, y que los entes de control no hayan actuado en consecuencia en ese momento, y que evidentemente ha permitido y ahondado la corrupción en el manejo de los recursos del sistema.
Bruce Mcmaster y Vicente Calvo, imagenes creadas con AI
¿Qué son las reservas técnicas en las EPS?
Son un requerimiento que deben cumplir las EPS desde el año 2014, a raíz de la emisión del Decreto 2702, que establece los requisitos de habilitación financiera de estas organizaciones de la salud, y que básicamente son tres (3): capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas liquidas; particularmente las reservas técnicas líquidas (RTL) tienen como propósito mantener una provisión adecuada para garantizar el pago de la prestación de los servicios de salud.
Esta reserva comprende tanto los servicios de salud ya conocidos por la entidad, como los ocurridos pero aún no conocidos, que hagan parte del plan de beneficios de salud y de los planes complementarios, así como las incapacidades por enfermedad general.
Las RTL tienen dos subtipos: la reserva de obligaciones pendientes y conocidas, que se debe constituir en el momento en que la entidad se entere por cualquier medio, del hecho generador o potencialmente generador de la obligación, y, la reserva de obligaciones pendientes aún no conocidas, que corresponde a la estimación del monto de recursos que debe destinar la entidad para atender obligaciones a su cargo ya causadas pero que la entidad desconoce.
Además la norma señala que esas reservas técnicas deberán invertirse de la siguiente manera:
–En títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la República.
–En títulos de renta fija emitidos, aceptados, garantizados o avalados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
–En depósitos a la vista en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
–En certificados de reconocimiento de deuda por servicios no financiados con cargo a la UPC auditada y aprobada.
El valor de las cuentas radicadas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, cuyo resultado definitivo del proceso de verificación y control, no se tenga o no se hubiese notificado, siempre que no estén siendo utilizadas como garantía de otras obligaciones.
–En participaciones en fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia, cuya política de inversión considere como activos admisibles aquellos distintos a títulos y/o valores participativos.
–O en certificados de los recursos de Unidad de Pago por Capitación — UPC, apropiados por las Entidades Promotoras de Salud y que no han sido distribuidos por la ADRES suscritos por el representante legal de ADRES.
Ahora bien, en junio de 2022, la entonces viceministra de Salud, María Andrea Godoy anunciaba que el Minsalud había habilitado el uso de las inversiones que respaldan las reservas técnicas, para aquellas EPS que la Superintendencia Nacional de Salud evidenciara que la cartera presentaba una concentración mayor al 15% de la deuda en acreencias mayores a 180 días, mediante el Decreto 995.
Para entonces, 9 EPS aprovecharon para desinvertir reservas técnicas que al final giraron a sus redes de prestación de servicios, $848 mil millones, siendo la mayor EPS en usar este recurso, la Nueva EPS con $729 mil millones.
Río revuelto y relajación de medidas de cumplimiento, ganancia de avivatos
En el análisis que hace Vicente Calvo advierte en últimas, la permisividad de las autoridades al relajar las medidas de cumplimiento de indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de reservas técnicas durante al menos 15 años.
Y es contundente al afirmar que esta falta de control por parte de los organismos encargados de velar por la transparencia en el manejo de los recursos, lo que ha tenido un impacto devastador en el sistema: “El resultado final puede derivar que al sistema le han exprimido con otros fines posiblemente más de 50 billones de pesos a valores actuales, un equivalente a más de US$ 10.000 millones. Un golpe brutal al patrimonio público, y quien sabe si una de las mayores estafas conocidas a nivel mundial cuando se relaciona con el PIB del país”.
En otras palabras, el caso de Saludcoop, fue apenas una pequeña muestra de los malabares y tramoyas que por años han venido realizando las EPS para seguir esquilmando la plata de la salud de los colombianos.
El analista financiero también muestra su decepción con empresas que se dicen serias y actúan en el sistema de salud, ya que no han puesto el grito de alarma en el momento oportuno. Calvo señala que esto representa una responsabilidad compartida por todos, ya que permitieron que una ficha cayera, afectando a todas las demás.
¿Billonario desfalco por cuenta de las reservas técnicas?
Calvo sugiere que desde las EPS se ha producido uno de los mayores golpes al patrimonio público, posiblemente una de las mayores estafas conocidas a nivel mundial en relación con el PIB del país. Ante este panorama, se pregunta quién asumirá la responsabilidad de enfrentar esta situación.
Y plantea la pregunta: ¿Qué sucede cuando un sistema integral de intermediación de recursos públicos destinados a la salud tiene un patrimonio negativo de casi $3 billones de pesos debido a la desviación de recursos?
En este caso, la respuesta parece ser que la mayoría de las EPS pecan por acción, mientras que unas pocas cumplen por omisión. Esto solo contribuye a perpetuar un cartel que perjudica el sistema y a los ciudadanos.
Destaca la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas financieras por parte de las EPS, y advierte que si bien una buena posición financiera no necesariamente garantiza la calidad del servicio, la transparencia es fundamental para evitar malos manejos y corrupción en el sistema.
Y pone de ejemplo a Salud Total como una empresa seria que cumple con la norma y la ley perfectamente. Sin embargo, también critica la avaricia y la corrupción que han llevado al colapso de otras EPS, como Coomeva, Medimás y Convida.
Urge el experto que se haga auditoría forense realizada por organismos internacionales serios y avalados para poner fin a este desafío del sistema de salud en Colombia. Destaca la necesidad de transparencia y el cumplimiento de las normas financieras, así como la importancia de que las EPS se sometan a evaluaciones exhaustivas de calidad.
Las cifras hablan por sí solas
Uno de los aspectos destacados es la falta de salvaguardia efectiva de las reservas técnicas requeridas por ley y normas contables internacionales, menciona Calvo en otra de sus publicaciones.
Esta transgresión ha generado costos significativos para las 27 EPS activas, llegando a alcanzar los 8.5 billones de pesos hasta el momento. Aunque aún no se puede determinar el monto total perdido debido a las liquidaciones ocurridas en los últimos años, las estimaciones actuales sugieren que no debería ser inferior a los 35 billones de pesos a valores actuales.
Las siguientes imágenes que soportan los análisis de Vicente Calvo, tomadas de su cuenta oficial de “X” para ilustrar los hallazgos y comentarios, proceden de los estados financieros oficiales de las EPS reportados a la Supersalud:
Al analizar los activos de las EPS en Colombia, se destaca la importancia de estos recursos para garantizar la prestación de servicios de salud. Estos activos incluyen inversiones financieras, cuentas por cobrar, bienes inmuebles, equipos médicos, efectivo y equivalentes de efectivo. Son elementos esenciales que respaldan la operación y la capacidad financiera de las EPS en su labor de asegurar la atención médica a los afiliados.
En cuanto a los pasivos de las EPS, se observa que el 93% se acumula en dos grandes cuentas: Cuentas por Pagar y Pasivos Financieros. Estas cifras revelan la complejidad y los desafíos financieros a los que se enfrenta el sistema de salud en Colombia.
Y el otro foco por donde probablemente se están desviando recursos es a través de las cuentas por cobrar clasificadas como anticipos y deudores varios, que comprometen casi 7 billones de pesos. Este valor supera lo que las EPS reciben en un mes por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo cual es alarmante. En cuanto a las cuentas por pagar por parte de las EPS, se reportaron $9.2 con las IPS privadas y $1.8 billones con la red pública, para un total de cuentas por pagar de $11 billones con la red de prestación de servicios.
Asimismo, reportaron cuentas por cobrar por anticipos no legalizados por $4.7 billones, de los cuales el 78% corresponde a IPS Privadas y el 22% corresponde a las IPS Públicas.
Toda esta discusión se ha dado en medio del debate de la Reforma a la Salud, que propone tácitamente la eliminación del sistema de aseguramiento por parte de intermediarios, es decir las EPS, que están desesperadas por mantener el “negocio”.
Mucho tienen que explicar, todavía más, las mentadas Empresas Promotoras de Salud (EPS) y claro, también sus IPS aliadas, sobre el dudoso manejo que le han dado a los dineros que se supone, su único propósito es garantizar la prestación de un derecho vital como es la salud a los colombianos.
