La Veeduría Ciudadana “No Mas Corrupción en Colombia”, presidida por el investigador y defensor de Derechos Humanos Hernando Escobar Medina, denunció ante el embajador de los Estados Unidos de América en Colombia, Francisco Luis Palmieri, la grave y sistemática violación de los Derechos Humanos que se presenta en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), por cuenta de actos de corrupción y la comisión de Delitos Contra la Administración Pública, cuyo responsable penal sería el mandatario de esa población, Alvaro José Diaz Guerra, quien precisamente habría solicitado asilo político en esa Nación.

EMBAJADA-AMERICANA

En misiva cursada al embajador Palmieri, el investigador Escobar Medina advirtió como, bajo la expresa ordenación del alcalde Diaz Guerra, en la contratación de la alcaldía se incurre en la comisión de las conductas punibles tipificadas como Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito de Particulares, Peculado por Apropiación y Delitos Contra la Administración Pública, derivados de actos de corrupción, cuya autoría  comprometería la responsabilidad penal del alcalde Alvaro José Diaz Guerra y con ello se causa sufrimiento a los grupos y personas desfavorecidos y se genera un impacto desigual en las mujeres, niños, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad y en quienes viven en la pobreza, en San Juan del Cesar (La Guajira – Colombia), por cuanto esas personas, a menudo, dependen más de los bienes y servicios públicos, carecen de medios para buscar servicios privados alternativos, suelen tener menos oportunidades de participar en el diseño y la aplicación de políticas y programas públicos y carecen de recursos para exigir responsabilidades y reparaciones de sus mandatarios.e

Escobar Medina enfatizo, ante el diplomático Palmieri, como esos actos delictivos y de corrupción se constituyen en una flagrante violación de los Derechos Humanos de la población más pobre y vulnerable del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira – Colombia) y deben ser sancionados para evitar el aprovechamiento de la figura de Refugiado o Asilado Político que pretendería Alvaro José Diaz Guerra para eludir el accionar de la justicia colombiana.

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