El pasado 16 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-614, que ordenaba a la empresa Carbones del Cerrejón Limited controlar sus emisiones contaminantes en el Resguardo Indígena Provincial. Cuatro años después, una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que Corpoguajira, la máxima autoridad ambiental del departamento, destina apenas el 1.1% de sus recursos al control del aire, un hecho alarmante que evidencia la ineficiencia de esta entidad.
En este contexto, el reciente convenio interadministrativo firmado entre Corpoguajira y el municipio de Barrancas por $3.421 millones de pesos ha generado graves sospechas sobre su legalidad y pertinencia. Este convenio delega en Barrancas la responsabilidad de implementar estrategias para el monitoreo de la calidad del aire y el agua en el resguardo indígena. ¿Por qué Corpoguajira, entidad encargada por ley de gestionar estos temas, está delegando tareas fundamentales?
La sentencia que no se cumple
En la sentencia T-614 de 2019, la Corte Constitucional había ordenado específicamente a Corpoguajira, al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) implementar un sistema independiente de monitoreo de la calidad del aire y del agua en el Resguardo Indígena Provincial. Sin embargo, cuatro años después, la entidad sigue sin cumplir a cabalidad con esta obligación, y ahora decide delegar funciones misionales a un municipio sin experiencia en temas ambientales.
Este convenio millonario, firmado apenas en octubre de 2023, destina recursos para el monitoreo de un área habitada por apenas 222 familias. Comparado con el costo de equipos de medición en otras ciudades como Medellín, donde tres equipos similares costaron menos de $3 mil millones de pesos, este acuerdo levanta serias sospechas sobre un posible desvío de fondos públicos.
Un municipio con historial de corrupción
Barrancas, el municipio encargado de ejecutar el proyecto, es conocido por los casos de corrupción en su administración. Esto agrava aún más las sospechas sobre la transparencia de este convenio. ¿Por qué Corpoguajira, en lugar de contratar expertos en temas ambientales, decide confiar en una administración municipal que no tiene conexión directa con estos temas?
¿Negligencia o corrupción?
Este convenio deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Corpoguajira, una entidad con más de una década bajo la dirección de Samuel Lanao Robles, no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones legales? ¿Por qué se siguen tomando decisiones que parecen desviar recursos y responsabilidades a terceros sin la experiencia necesaria? ¿Estamos ante otro caso de corrupción que pone en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades indígenas?
Los organismos de control deben intervenir con urgencia para revisar las actuaciones de Corpoguajira y del municipio de Barrancas. Este acuerdo millonario parece ser un claro ejemplo de cómo las entidades públicas, en lugar de proteger el medio ambiente y a las comunidades vulnerables, se enredan en prácticas cuestionables que perjudican aún más la situación.
