La corrupción sigue dejando su huella en uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio TIC: la conectividad en zonas rurales. En un nuevo capítulo de este escándalo, la Contraloría General de la República ordenó el pago de $87.027 millones a los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados por incumplir el contrato de llevar internet a las zonas más apartadas del país. Lo que comenzó como una promesa de conectividad, se convirtió en un ejemplo de la ineficacia y, posiblemente, complicidad de funcionarios públicos en la adjudicación de contratos a firmas corruptas.
En consecuencia el fallo de primera instancia cobija a:
Todos los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, es decir, la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros S.A.S; Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building Constructora S.A.S.
El representante legal de la UT, Luis Fernando Duque Torres.
A los miembros del Consorcio Pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y que lo conforman, PMO Solycom sas, Eurocontrol SA Sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.
Así mismo a Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona (Representante Legal empresa proveedora de equipos).
El contrato fallido: millones perdidos y promesas incumplidas
La Contraloría determinó que el daño fiscal se materializó en la falta de entrega de los equipos necesarios para cumplir con el contrato de instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos de Colombia. A pesar de que el contrato estipulaba la entrega de infraestructura clave para llevar internet a zonas rurales, muchos lugares se quedaron sin conectividad.
La responsabilidad fiscal recae no solo en los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, sino también en la firma interventora y la empresa proveedora de equipos. Pero, lo más grave es la aprobación de pagos sin verificación adecuada, lo que permitió el desembolso de $70.000 millones de anticipo, todo sustentado con una garantía bancaria falsa. La falta de supervisión efectiva y la negligencia en la gestión de este proyecto son evidentes.
Mintic: ¿negligencia o complicidad?
El escándalo va más allá de la irresponsabilidad de la Unión Temporal. El Ministerio TIC, en cabeza de la exministra Karen Abudinen, adjudicó este contrato a una firma cuyos antecedentes de corrupción eran más que evidentes. De acuerdo con investigaciones, la empresa Novotic, parte del consorcio Centros Poblados, era en realidad la misma Funtics, una empresa con un historial cuestionable en la ejecución de contratos de conectividad en varias regiones del país.
Así mismo, la empresa Intec de la Costa S.A.S. había entregado documentos falsos relacionados con el revisor fiscal.
El Ministerio TIC, en lugar de verificar el oscuro pasado de estas empresas, permitió que se adjudicara un contrato de más de 2 billones de pesos. ¿Cómo es posible que un equipo de auditores y abogados del Ministerio pasara por alto la información disponible sobre las irregularidades de esta firma? ¿Se trató de mediocridad o, peor aún, una adjudicación premeditada para beneficiar a corruptos?
Consecuencias millonarias y una infraestructura fantasma
El contrato fue rescindido tras los escándalos, pero el daño ya estaba hecho. No solo se perdieron miles de millones de pesos, sino que las comunidades rurales que esperaban conectividad gratuita aún siguen sin el servicio prometido. Mientras tanto, las empresas responsables se llenaron los bolsillos con dinero público.
A pesar de la evidencia, el Ministerio TIC optó por adjudicar este billonario contrato a una firma con dudosa experiencia y un pasado lleno de irregularidades. La pregunta que queda en el aire es: ¿fue un acto de mediocridad o un plan concertado para desviar fondos públicos a manos corruptas?
Una pregunta inevitable que surge es: ¿a quiénes le va a cobrar el Estado los $87.027 millones ordenados por la Contraloría? Actualmente, la Unión Temporal Centros Poblados se ha convertido en un verdadero fantasma jurídico, una entidad que, tras el escándalo, ha desaparecido de la escena legal y administrativa, dejando una maraña de responsabilidades repartidas entre empresas y contratistas que se esconden detrás de razones sociales cambiantes y maniobras legales. Siendo así, ¿cómo se hará efectiva esta orden de cobro? Las autoridades enfrentan el reto monumental de recuperar estos recursos, especialmente considerando que muchos de los involucrados han evadido su responsabilidad o se encuentran en situaciones jurídicas complejas que dificultan su localización y la ejecución efectiva de la deuda. La falta de respuestas claras en este sentido solo alimenta la sensación de impunidad.
