Apenas 10 años de construido tenía el puente Los Grillos que colapsó el pasado 20 de agosto, y que está ubicado en el kilómetro 81 de la vía Sogamozo – Aguazul (Boyacá), que comunica con los Llanos Orientales. 

Entre las primeras hipótesis que se empezaron aseguraban que el puente se partió por los fuertes movimientos sísmicos que se presentaron en la nación durante esta semana, con epicentro en El Calvario, Meta. 

Sin embargo los habitantes de la zona negaron tal tesis pues desde el año pasado ya habían advertido el deterioro que presentaba la estructura.

La caída de este víaducto se une a otros puentes como el Guayepo en La Mojana, el Alambrado en Quindío o el más recordado de todos, el Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio (puente que colapsó causando la muerte de 9 personas), consideradas megaobras de infraestructura que terminan siendo pero megadesastres durante los últimos 10 años en Colombia. 

¿Y quién responde por toda esta mediocridad de la ingeniería colombiana? ¿Cuánto dinero hemos perdido con estos desastres? ¿Alguna entidad del gobierno ha tomado cartas en el asunto para investigar y sancionar a los responsables?

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Estas preguntas y muchas más debemos exigir que el gobierno responda. No es posible que todavía esten en pie famosos puentes del imperio Romano y los nuestros no alcancen a cumplir diez años.

La inauguración de Los Grillos fue en abril del 2013. También reconocido como Transversal del Cusiana, su construcción estuvo a cargo del Consorcio CC-MPHV-Cusiana, el cual estuvo conformado en un 60 % por Conconcreto, empresa que también estuvo en el proyecto de Hidroituango y que se ganó la licitación para hacer el Transmilenio por la 13. También tuvieron participación de un 20% cada uno las empresas Constructora MP y Horacio Vega Cárdenas. 

Los ciudadanos de Pajarito, el municipio que se vio más afectado por la caída, llevaban meses quejándose de afectaciones en la estructura del puente. Pero ni Invías ni Mario Alberto Huertas Cotes (del mencionado consorcio MHC), encargado de las adecuaciones de la vía Sogamoso – Aguazul y cuyos trabajadores estuvieron en paro hasta hace poco por falta de pagos, escucharon sus reclamos. 

Más allá de que no se reportaron victimas fatales por el incidente, se vio gravemente afectado el acceso a los departamentos de Boyacá, Casanare, Arauca y Vichada, razón por la cual varios alcaldes de municipios cercanos se unieron para pedirle al presidente Gustavo Petro que declare emergencia económica, particularmente en Villavicencio y el Meta, que ya se habían visto afectados por el derrumbe en Quetame y cuya vía de acceso ya había sido cerrada desde el 17 de agosto tanto por la ola invernal como por afectaciones causadas por los movimientos sísmicos de ese día. 

La administración de esta vía estaba sujeta al Invías, por lo que la reparación de dicho puente correría por parte de esa entidad. 

Tan cierto es que la vía tenía peligro de colapso, que permanecía cerrada por una situación de emergencia presentada en el puente Quebrada Negra en el km 84, por lo que no hubo víctimas por este suceso. 

Esto, como consecuencia del fuerte temblor que se presentó sobre el mediodía del 17 de agosto, por lo que en este momento solo hay una vía de acceso hacia el Llano, aumentando la cantidad de tráfico y el tiempo para realizar este recorrido. 

Ahora el consorcio responsable de su construcción, liderado por Concreto, sale a decir que durante la ejecución del contrato de obra había advertido al Invias sobre los movimientos de tierra en la zona. Y que «algunas se ejecutaron en el alcance del contrato. Otras quedaron consignadas como recomendaciones específicas para garantizar la estabilidad del puente Los Grillos»

Y aseguraron que las obras fueron recibidas a satisfacción por el Invias en el 2015. 

Conconcreto también estuvo involucrada en el tema de Hidroituango, cuando colapsó en el 2017, la Galería Auxiliar de Desviación GAD en la respresa de Hidroituango, y desde el 2018 EPM pedía una indemnización por las pérdidas a las empresas encargadas de esas obras. 

Según EPM tras revisar 1.230 registros documentales identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación. 

En el 2020, el consorcio había solicicitado a EPM “reconsiderar la decisión inicial y retirar las pretensiones formuladas (9,9 billones de pesos)”. 

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