Ahora en la otra orilla
y con grandes retos
Apenas se conoció el nombramiento del médico barranquillero Ulahy Beltrán, como Superintendente Nacional de Salud del gobierno de Gustavo Petro, comenzaron a llover una avalancha de críticas y recordatorios de su paso por el Hospital Cari de Barranquilla.
Curiosamente los primeros rechazos a su designación salieron de ahí, del seno de “encumbrados” columnistas de Barranquilla, vaya uno a saber haciéndole el favor a quién.
Lo cierto es que evidentemente son varios sectores, y para nadie es un secreto que entre esos se cuenta el de la actual gobernadora Elsa Noguera, nada complacidos con la designación del médico en ese cargo, pues fue con ella y su secretaria de Salud, Alma Solano, con la que libró una batalla que llegó hasta los estrados judiciales y de los órganos de control, por el manejo del hospital Universitario Cari de Barranquilla y que es de resorte departamental.
Por un lado, Beltrán, siendo gerente de la entidad de salud, la más importante de toda la región, justo cuando pasaba una aguda crisis que lo mantenía casi cerrado, le apostó a crear un gestor hospitalario, que haría alianza con dos o tres EPS para garantizarle pacientes (en carta blanca usuarios) al hospital y de esta manera se garantizarían los recursos que tanto urgía al centro asistencial.
En medio de un tira y afloje, de pujas, de denuncias de parte y parte, el gerente firmó un contrato por $12 mil millones de pesos, con el Gestor Hospitalario del Caribe, que integraban interesados en sacar adelante el hospital, varios de ellos, en efecto procedían de clínicas privadas.
Pero, una vez dejó la Gobernación Eduardo Verano de la Rosa, y se posesionó en el 2020 Elsa Noguera De La Espriella, su secretaria de Salud, Alma Solano, quien ha trabajado en todas las administraciones de los Char, es decir en las de Alex y Noguera, echaron para atrás el contrato, alegando inconsistencias en su ejecución y otras cosas.
A Beltrán le iniciaron procesos en la Contraloría Departamental y la Procuraduría. Aunque la Gobernadora y su Secretaria de Salud Departamental intentaron suspenderlo del cargo de Gerente del Hospital CARI, tratando de instrumentar para ello a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, ninguna de esas 3 entidades del orden nacional lo hizo porque no habían causales para ello.
Solo lo pudieron hacer a través de la instrumentación de la Contraloría Departamental del Atlántico, sin causa justa ni fundamento técnico-jurídico a tal punto que en esa entidad no reposa ningún proceso al respecto contra Beltán.
Mientras tanto, el contrato que hubiera rescatado al hospital, hasta el momento ningún juez de la República ni ningún Tribunal lo ha suspendido y sigue vigente y legal.
Los meses corrieron y tanto sindicalistas del Cari, como el propio Beltrán alegaban que esta figura buscaba salvar al Cari del cierre definitivo y que detrás de las denuncias había un claro interés por liquidar el hospital.
Pasados unos meses, ya sin Beltrán al frente del Cari, pasó, lo que tanto advirtió: en plena pandemia, el Cari prácticamente murió. El 12 de noviembre del 2021, ahí sí, sin la mayor crítica de los medios, sin columnistas que pusieran el grito en el cielo, en el más completo silencio y sin asomo de vergüenza por parte de las autoridades, el Cari, el hospital que llegó a ser un referente en buena atención, en toda la Costa Caribe, fue liquidado por orden de la Gobernación.
Sus deudas lo asfixiaron, su falta de pacientes, la indolencia de quienes fueron mezquinos y por supuesto la rampante corrupción, llevaron a la muerte al que fuera el hospital público donde acudían pacientes de los 8 departamentos de la región. Atrás quedaron esos días en los que administración de Jorge Segebre le dio otro aire al hospital.
Pero no solo fue el Cari, sino tres hospitales más los que liquidó Noguera, alegando que sus deudas eran impagables y que la crisis financiera que atravesaban, no daban espera para su liquidación. Tras la cual se creó una figura jurídica que bautizaron como Ese Universitaria Departamental del Atlántico UNA y que inició actividades en noviembre del año pasado.
El otrora boyante y reconocido hospital Niño Jesús, que incluso en su última rendición de cuentas, presentó un balance óptimo de sus finanzas, pasó de ser materno infantil para convertirse en un Hospital Pediátrico.
La atención de gestantes quedó referenciada solo en el hospital de Sabanalarga, lo cual ha generado numerosas quejas por parte de los usuarios, que antes podían ser atendidos en el Niñó Jesús.
Los anuncios de que en el Cari se atendería pacientes de alta complejidad, con Unidad de Cuidados Intensivos, y ortopedia, por ahora quedaron en eso, solo anuncios.
Y en cuanto al municipio de Soledad, la segunda ciudad más poblada del Atlántico, su hospital quedó reducido a la atención de consultas externas y urgencias, mientras, esté listo el nuevo Hospital, en el año 2023.
Cabe deducir entonces, que muchos de los usuarios de los hospitales liquidados, están ahora siendo atendidos por la red privada, clínicas que sí cuentan con todos los niveles de atención médica habilitados. ¿A quién ha beneficiado entonces realmente, la liquidación de hospitales y cacareada “transformación” de la red pública en el Atlántico?
Hasta ahí pareciera que la cosa pintaba “color de rosa”. Pero, a estas alturas el gobierno departamental, tras pagar y liquidar a los empleados de planta de esos cuatro entidades públicas, lo único que ha hecho es nombrar un gerente, que tiene a su cargo las cuatro instituciones. Aún no ha dicho cómo va a hacer para pagar los pasivos que rondan los 200 mil millones de las 4 ESE, que al ser liquidadas, ahora figuran como ESE en liquidación, que obviamente demandan el pago de agentes liquidadores por separado.
En junio pasado la Asamblea citó a debate de control político al supragerente Luis Posso, otro de la cuerda de los Char, pues según los citantes, hay inconsistencias en el informe presentado por la entidad frente al proyecto que fue respaldado por la corporación en su momento.
Y aunque Posso ha asegurado que con la figura creada los resultados financieros han sido favorables, los diputados lo niegan pues en el informe no se incluyó la facturación, que respalda tal afirmación, es decir no se sabe qué ha facturado la famosa ESE, por lo tanto se desconoce si el experimento es sostenible, ya que no individualiza el gasto de las sedes.
Adicionalmente, señalaron que la centralización del servicio no cumple con lo que se presentó inicialmente, por lo que analizarán el desarrollo y cumplimiento de metas de la ESE.
Corrupcionaldía.com, pudo establecer que en un semestres el Cari de alta complejidad solo facturó $1.000 millones de pesos, es decir unos 166 millones de pesos al mes, cifra ridícula y absurda.
Y aquí vuelve a jugar entonces Ulhay Beltrán y lo que puede pasar en adelante, teniendo en cuenta que una de las funciones del Supersalud es precisamente «Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del Sector Salud», es apenas lógico que sus antiguos detractores estén algo “asustados” con su llegada a este organismo.
Lo cierto es que Beltrán, quien durante su paso por el Cari, insistía en salvar el hospital, se tranzó en una dura batalla, de la que salió mal librado.
Beltrán defendía el proceso del operador, y aseguraba que entre las ventajas de contar con esta figura para la sede de Alta Complejidad del Cari habría inversión en infraestructura y dotación, que permitiría que la sede volviera a contar con el portafolio pleno de servicios de alta complejidad, y convertirse en «cabeza de red hospitalaria del departamento».
Y que además preservaba su naturaleza jurídica como Empresa Social del Estado, manteniendo su esencia como actor público del sistema.
Durante su trayectoria en el sector público, como asesor y como funcionario de la Contraloría General de la República, Beltrán mantuvo un alto perfil, de hecho es quizás uno de los opinadores del sector salud con cierto prestigio, que se ha ganado por conocedor del funcionamiento del mismo.
Por eso ocupó también de vicepresidente de la junta directiva nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla), de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y de empresas sociales del estado.
Desde diferentes tribunas se le ha visto más inclinado a la defensa de los hospitales públicos y al cuidado de los recursos del sector, por parte de los diferentes actores del sistema.
Será por eso una de sus tareas principales, la recuperación de los dineros públicos, derrochados por la corrupción y la ineficiencia, y el avanzar en un plan de reconocimiento de las deudas al personal y a los prestadores públicos y privados de servicios de salud.
Y ahí será determinante el manejo que le dará a las relaciones con las EPS, y si mantendrá el actual modelo.
Además que tendrá que procurar una superintendencia autónoma e independiente, con presupuesto propio, con presencia y funcionamiento en todo el territorio nacional, como máximo órgano de inspección, vigilancia y control del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.
Pero por sobre todo, quizás su principal desafío será garantizar a la población, el pleno disfrute del Derecho Fundamental a la Salud velando por que se cumpla lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Estatutaria de Salud – LES.
