Toda la bancada del Pacto Histórico, y el propio presidente Gustavo Petro, han salido en defensa del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, luego de que la semana pasada la procuradora General de la República, Margarita Cabello, le abriera investigación disciplinaria y lo suspendiera por tres meses de su cargo, por «posibles faltas disciplinarias».
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría explicó: «Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A».
El viceprocurador que suspendió al director de la SAE dice que la entidad ha sido eficiente en todos los casos y denuncias donde se han perdido recursos. Le recuerdo al funcionario que con Centros Poblados no han hecho absolutamente nada y la plata sigue sin recuperarse 🙄
— Paola Herrera (@PaoHerreraC) February 13, 2023
La medida del Ministerio Público también es en contra de Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la entidad, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
La medida no solo ha tomado por sorpresa al funcionario, sino que ha desatado una andanada de críticas contra la procuradora Cabello, de parte incluso de juristas que no se consideran afectos al Gobierno.
Habrá que ver si, al suspender al director de la SAE, @DanielRMed , le fueron respetados sus derechos al debido proceso, a la prueba, a la defensa, y si la medida tiene algún sustento en la ley y en los hechos. @PGN_COL
— José Gregorio Hdez G (@josegreghg) February 11, 2023
Sin embargo, donde más indignación causó fue entre la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, que de inmediato cerró filas alrededor del funcionario de la SAE y calificó de “persecución” la medida de la procuraduría.
Incluso el presidente del Senador, Roy Barreras, señaló que obtuvo información que probaría que «la persecución de la Procuradora contra el Gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico es real, no es jurídica sino política». Sostuvo que estaba confirmando los nombres y los daría a conocer el 13 de febrero, antes de la convocatoria a una manifestación pública por parte del propio presidente.
“La sanción a Daniel Rojas por no regalar el patrimonio de la SAE, como lo venían haciendo sus antecesores, supone el ingreso a una etapa mas descarada de la bandidocracia. Aquella en la q los entes de control actúan de frente en favor de las mafias que se han robado a este país”
Gustavo Bolívar
Escritor, ex senador.
Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, consideró que hay un evidente mensaje con la decisión: «Que no se atrevan a hacer cambios que beneficien a la gente y afecten los grandes conglomerados». Ariel Ávila e Inti Asprilla, senadores de Alianza Verde, coincidieron en su solidaridad hacia Rojas.
“Obviamente, la cuota política de los Char actúa en favor de sus intereses y favorece ese clan político. En su intento de favorecer la corrupción y clientelismo exculpa bandidos y suspende funcionarios”, aseveró Ávila, mientras que Asprilla cuestionó sobre los grupos a quienes beneficiaría su suspensión: “Es el funcionario que más ha incomodado a los ‘traquetos’ en menos de 6 meses. Hoy es suspendido por la procuradora que nos dejó el uribismo. Blanco es y no solamente gallina lo pone…”, dijo el senador.
La SAE privilegió históricamente a narcotraficantes y paramilitares. Su nuevo director, @DanielRMed, le dio un vuelco para hacerla funcionar conforme a su mandato.
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) February 10, 2023
Su suspensión por la Procuraduría solo beneficia a los poderes mafiosos y nos alerta de una persecución.
Como “inaudita” e “injustificada” calificó por su parte la senadora Clara López la suspensión de Rojas y hasta advirtió que es una decisión más política que en derecho. «Bienvenidas las investigaciones, pero suspensión a quien empezó la limpieza de corrupción en esa entidad es injustificada y persecutoria contra el Pacto Histórico».
La solidaridad con Rojas llegó hasta Argentina, donde el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, oficia como embajador. «Podrán utilizar lo que les queda de poder para intentar interrumpir transformaciones de un gobierno de cambio. Pero no podrán detener la voluntad de la ciudadanía», dijo el también exsenador de Alianza Verde.
No obstante, el reclamo no se quedó ahí, porque el mismo presidente Gustavo Petro decidió referirse al tema y proclamar su respaldo a Rojas.
Al expresar su solidaridad con Daniel Rojas, a quien calificó como un funcionario que «encontró la corrupción en la SAE y en la triple A», Petro puso un manto de duda sobre la decisión al considerar que el Ministerio Público tenía que haber descubierto “hace mucho” la corrupción en la entidad “con los bienes del narcotráfico y en la triple A”.
Además, el jefe de Estado, ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos “realizar un estudio de valoración” a la triple AAA con el fin de que se determine si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor, como en efecto consideró la Procuraduría de Cabello, a quien otros miembros del Pacto Histórico señalaron de estar persiguiendo al Gobierno y usando la institución “como herramienta política”.
Y en un evento en Sucre, el presidente Petro aseguró que desde la SAE se había realizado una «operación maravillosa y enorme de lavado de activos que se podría contar por billones y billones de pesos» para que senadores se quedaran con los bienes que se incautaban a la mafia.
«La clase política ordeñó a la mafia de Colombia. Resultó peor la mafia política que el narcotraficante severo Escobar porque se quedaron con sus bienes. Que maravillosa operación en función de sus propios intereses porque usaron hasta a los gringos para hacer coger y matar a los narcotraficantes más poderosos de la historia de América solamente para quedarse con los frutos de la exportación de cocaína, esta vez con títulos legales, apropiándose de los bienes de la SAE», sostuvo el mandatario.
Petro aseguró que denomina a un grupo de funcionarios como “de línea roja”, porque «tienen ante si dos alternativas, o se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción o los matan». Aseguró que Rojas Medellín era uno de esos, por quien temió debido a su juventud, porque requiere que no teman a las amenazas ni se arrodillen al dinero del narcotráfico.
«En el caso de la SAE, escogí a Daniel. Y fíjese el resultado: a las pocas semanas de su posesión, aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación, con algunas excepciones, del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, por los políticos en el poder. Y, en cambio, cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad», señaló el mandatario.
Y agregó: «Miren lo q estamos viendo solo ante este hecho, es el campanazo apenas, y el primer paso que dan para evitar que hagamos lo que prometimos en la plaza pública y por lo cual 11 millones de votantes decidieron hacer. Ya vivimos la experiencia de Ordóñez, ya sabemos que intentan hacer y lo único que podemos hacer es responderles con democracia. Vengan y hablamos, ¿qué tiene de malo que los bienes incautados a la mafia vayan a parar al campesinado cual es el problema de que toda la gente de Colombia pueda tener un lugar en la tierra?», se preguntó el Presidente.
«Nosotros vamos a hacer el cambio, ya vivimos la experiencia de Ordóñez, ya sabemos que pasa con eso, ya sabemos lo que intentan hacer además, y lo único que podemos responder es con más democracia. Venga y hablamos, ¿qué tiene de malo que las haciendas de la mafia vayan al campesinado?», concluyó el presidente.
Mientras que el jurista e investigador de De Justicia, Rodrigo Uprimy consideró que la decisión de la Procuraduría contra el presidente de la SAE carece de fundamento, pues el hecho de «que un organismo de control discrepe sobre la manera cómo un funcionarios enfrenta avatares de un contrato, para evitar un detrimento patrimonial, no justifica la suspensión del cargo».
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