A pesar de no haber sido juzgada por algún delito de corrupción, los colombianos le pagamos durante cuatro años un sueldo enorme para que nos ayudara a desterrar este mal de todos los ámbitos de la gestión pública. Sin embargo, su legado es precisamente lo contrario.
Hay decisiones que definen una carrera pública. Para Margarita Cabello, su legado como Procuradora General de la Nación no quedará marcado por lo que hizo, sino por lo que se negó a hacer: defender $800,000 millones de pesos que pertenecían a todos los colombianos.
El escándalo de Odebrecht en Colombia no es solo otra historia de sobornos. Es la crónica de un sistema silencioso que opera con precisión quirúrgica: primero corrompen, luego evaden, y finalmente —con la ayuda de quienes deberían defendernos— sepultan cualquier intento de reparación.
La operación sepultura: cómo enterrar $800,000 millones de pesos en tres simples pasos
Mientras los colombianos luchamos por sobrevivir en medio de una economía asfixiante, una élite privilegiada perfeccionó el arte de la impunidad. La historia es tan perversa como metódica:
- El Tribunal de Cundinamarca reconoce el daño colectivo y tasa la indemnización en $800.000 millones de pesos.
- El Consejo de Estado acepta que hubo violaciones a la moralidad administrativa y al patrimonio público, pero misteriosamente «olvida» ordenar el recálculo de los daños.
- La Procuradora Cabello se niega a presentar tutela contra esa sentencia defectuosa, ignorando incluso el ofrecimiento de organizaciones ciudadanas de redactar el documento por ella.
¿El resultado? Una condena de papel. Un monumento a la inutilidad jurídica. Una bofetada para millones de colombianos que transitarán por una carretera construida sobre cimientos de corrupción.
El silencio que vale millones
«Cuando le pedí a Margarita que nos diera a conocer las razones por las cuales la Procuraduría había decidido dejar el perjuicio económico sin reparar, me dijo que hablaría con el delegado Escandón sobre el tema. Más de cinco semanas después seguimos sin conocer su versión.»
— Vivian Newman Pont, autora del análisis original
El silencio de Cabello no es neutral. Es cómplice. Es una decisión activa que beneficia exclusivamente a los poderosos mientras perjudica a millones.
Mientras tanto, Corficolombiana pagaba más de $80 millones de dólares al gobierno estadounidense como sanción por estos mismos hechos. Aparentemente, violar la ley en Colombia sale gratis, pero hacerlo en Estados Unidos tiene consecuencias reales.
La verdadera corrupción es sistémica
Lo verdaderamente aterrador de esta historia no son las coimas pagadas hace años. Es el andamiaje institucional que permite que, incluso cuando se descubren, nadie pague las consecuencias.
Es una red subterránea que conecta despachos judiciales, oficinas de control y corporaciones, que opera con la precisión de un reloj suizo cuando se trata de proteger intereses particulares. Mientras tanto, el interés colectivo queda huérfano de defensores.
Conflictos de interés a plena luz del día
La cereza del pastel en esta historia de vergüenza institucional es el Procurador Delegado Escandón, quien manifiesta abiertamente su conflicto de interés: su esposa estaba cotizando para prestar servicios jurídicos a Corficolombiana, precisamente la entidad que había protagonizado los actos de corrupción.
Este nivel de descaro no solo evidencia la falta de ética individual, sino que retrata un sistema donde los conflictos de interés no son la excepción, sino la regla no escrita que permite que la maquinaria de la impunidad funcione sin interrupciones.
La traición al mandato constitucional
La Procuraduría General de la Nación tiene como misión fundamental defender los intereses colectivos. Sin embargo, bajo la administración de Cabello, no solo abandonó esta defensa, sino que activamente se opuso a las organizaciones ciudadanas que intentaban hacerlo.
Cuando Dejusticia y Transparencia por Colombia presentaron la tutela que la Procuraduría se negó a presentar, esta entidad solicitó al Consejo de Estado que negara sus pretensiones. La guardia pretoriana del interés colectivo se convirtió en el mayor obstáculo para su defensa.
Las preguntas que merecen respuesta
- ¿Por qué Margarita Cabello decidió activamente oponerse a la reparación económica de un daño colectivo ya reconocido por los tribunales?
- ¿Qué intereses específicos se protegieron con esta decisión?
- ¿Cómo es posible que un organismo de control actúe directamente en contra del interés colectivo que está obligado a defender?
- ¿Quién se benefició realmente con la sepultura judicial de este caso?
El verdadero costo de la corrupción
Los $800.000 millones de pesos que quedaron sin cobrar no son una abstracción. Son hospitales no construidos, escuelas sin dotación, vías rurales sin pavimentar, niños sin alimentación escolar.
La verdadera tragedia es que mientras en Colombia se normalizan estos montos astronómicos como «el costo de hacer negocios», millones de ciudadanos viven las consecuencias directas de estos recursos desviados.
La verdad como primer paso hacia la justicia
Este caso ejemplifica a la perfección por qué la corrupción en Colombia parece invencible: no es solo un problema de individuos aislados que violan la ley, sino de un sistema silencioso donde instituciones enteras se han diseñado para garantizar que, incluso cuando se descubre la corrupción, los responsables queden impunes y el daño sin reparar.
La vergüenza no debería recaer solo en Margarita Cabello, sino en un diseño institucional que permite estas perversiones del mandato constitucional y en una sociedad que ha normalizado estos comportamientos como «la forma en que funcionan las cosas».
Desentrañar esta red subterránea es el primer paso para cambiarla. Nombrar lo innombrable, señalar lo que todos ven pero nadie menciona, es el inicio de cualquier transformación real.
Porque la verdad no solo se lee, se siente. Y esta verdad duele profundamente a cualquier colombiano con un mínimo sentido de justicia.
Este artículo forma parte de la serie «La Red Subterránea: Anatomía de la Gran Corrupción en Colombia», una investigación especial que busca exponer los mecanismos que permiten que los grandes escándalos de corrupción queden impunes y sin reparación para la ciudadanía.
